Guerra del Salitre: Especuladores antes e industriosos después

¿Especuladores o industriosos? La política chilena y el problema de la propiedad salitrera en Tarapacá durante la década de 1880

SERGIO GONZÁLEZ MIRANDA
HISTORIA No 47, vol. 1, enero-junio 2014: 39-64
ISSN 0073-2435

RESUMEN
La propiedad salitrera fue uno de los problemas más complejos que enfrentó la administración chilena cuando anexó la provincia de Tarapacá en el contexto de la Guerra del Pacífico, determinando lo que sería la política salitrera en la década de 1880. La existencia de certificados o bonos no solo dificultó la restitución de esa propiedad, sino que permitió la especulación en medio de un proceso de industrialización. En este artículo se analiza el caso de las Compañías Salitreras formadas por J. T. North. La política salitrera diseñada en la década de 1880 resultó fundamental para asegurar una expansión de la economía del nitrato, puesto que estructuró no solo un tipo de industria en todo el territorio comprendido entre Pisagua y Taltal, sino también un tipo de organización empresarial que llegó a constituirse en un trusteconómico hasta 1910.

Palabras clave: Propiedad salitrera, especulación, industrialización, trusteconómico, política salitrera.

INTRODUCCIÓN

La década de 1880 fue decisiva para el desarrollo posterior de la industria del salitre, no solo por la incorporación de la provincia peruana de Tarapacá al territorio y a la economía de Chile, sino porque en ese periodo se definió la política salitrera nacional y el grupo empresarial que se organizó en torno al Comité Salitrero y a las Combinaciones Salitreras.
Aunque Chile hubiese diseñado concienzudamente una política salitrera hacia 1879, previendo la ocupación de Tarapacá, nadie habría imaginado la complejidad del problema que le heredaba la política peruana de expropiación, ya que la propiedad salitrera se transformó en el principal nudo gordiano. Una de las hebras del problema fueron los certificados o bonos emitidos por el gobierno peruano para la compra de las salitreras, a través de la banca de ese país. Existieron certificados al portador, nominales con el nombre de la oficina e intransferibles, que pertenecían a quienes se mantenían en posesión del establecimiento vendido, siendo los primeros los más numerosos.

El ordenamiento de la propiedad salitrera que debió realizar el gobierno de Chile en la provincia de Tarapacá y en el cantón del Toco (provincia de Antofagasta), a partir de 1880, fue una de las tareas administrativas más arduas en esa década y en la siguiente. En primer lugar, para lograr reconocer y transferir las propiedades a sus verdaderos dueños y, en segundo lugar, saber cuándo realizar remates de nuevos estacamentos, tarea que, además, debía ejecutarse con rapidez, atención e incluso recelo. Tenía que actuar con prisa, porque la autoridad debía tratar de restaurar la economía del nitrato lo antes posible, debido a las urgentes necesidades de recursos que el Estado requería para solventar los gastos de la guerra. Debía hacerlo con atención y recelo, porque el proceso de expropiación iniciado por el gobierno peruano fue enmarañado y dificultoso, a tal punto que circularon certificados falsos [1], debido al clima de incertidumbre que generó el conflicto bélico y por el desconocimiento que las nuevas autoridades tenían sobre la propiedad salitrera. No es extraño que, bajo ese clima, el primer jefe político de Tarapacá, Patricio Lynch, recomendara al inspector fiscal de salitreras del gobierno peruano, el ingeniero inglés Robert Harvey, para que cumpliera la misma función bajo el gobierno chileno. Por esta medida, durante ese periodo de incertidumbre, Harvey quedó bajo sospecha de haber utilizado el cargo para su beneficio y del grupo empresarial al que pertenecía: J. T. North y Co.
[2], lo que será analizado más adelante. Bastaría solamente observar la frase de un contemporáneo de Harvey: “Fácilmente se concibe que siendo el Inspector Harvey extranjero, y penetrado como estaba de que su posición oficial no podía ser sino enteramente transitoria, procurase trabajar pro domo suaen el desempeño de su comisión” [3]
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A pesar de la complejidad del problema de los certificados salitreros, las autoridades chilenas, tales como jefes políticos de la Provincia de Tarapacá, delegados fiscales, comisiones consultivas, directores del tesoro, entre otros, restablecieron rápidamente la economía salitrera en la década de 1880, ya que al exigirles a los empresarios el cumplimiento de los contratos firmados con el gobierno del Perú, consiguieron que la exportación de salitre se expandiera desde 4.590.684 quintales en 1881, a 10.797.530 quintales en 1883, año que marcó el término de la Guerra del Pacífico. Al año siguiente la exportación cayó en 383.759 quintales, producto de la crisis internacional del azúcar.
La política salitrera chilena se vio necesariamente determinada por Tarapacá, pero terminó afectando a todo el territorio salitrero ubicado al sur del río Loa. En Taltal, por ejemplo, donde se habían instalado con mucho esfuerzo oficinas salitreras que debían trabajar caliches de menor ley, y con una infraestructura caminera y portuaria más precaria, se debió asumir el mismo impuesto sugerido en 1880 por la Comisión Consultiva de Salitres. Esos industriales debieron levantar su voz para que se les respetaran las condiciones de excepción que tenían antes de la Guerra del Pacífico.

Salitrera en Tarapacá 

El gobierno chileno se preocupó tempranamente de establecer un tributo a la exportación de salitre. Incluso antes de la ocupación de Tarapacá, el 12 de septiembre de 1879, se promulgó una ley con el número 750, que estableció un impuesto sobre el salitre equivalente a cuarenta centavos por cada quintal métrico. También, rápidamente, el 3 de enero de 1880 se creó una Comisión Consultiva del Salitre, para que recomendara la forma de organizar esta industria y practicar “los estudios convenientes para su mejor explotación, bajo el punto de vista fiscal como el de los intereses legítimos radicados en esas localidades”[4]. La forma en que se resolvería este problema sería determinante para el futuro de esta industria y de las economías nacional y regional. El 28 de marzo de 1882 “se dictó por primera vez una resolución Suprema encaminada a resolver radicalmente el problema legado por el Gobierno del Perú i a restablecer sobre sólidas bases la propiedad privada que el estanco del salitre había destruido” [5]. En base a este decreto, se devolvieron oficinas a los tenedores que le entregaron al Fisco el total de su valor en moneda corriente o su equivalente en certificados –numerados– iniciándose, además, las primeras subastas públicas de salitreras que no fueron rescatadas. Sería este decreto del 28 de marzo de 1882 el que provocaría, por una parte, las principales demandas en contra del Fisco chileno por parte de los tenedores de bonos o certificados salitreros –al portador– emitidos por el gobierno del Perú [6] ; y, por otra, permitió la conformación del grupo empresarial que determinaría el destino de esta industria hasta las postrimerías de la Primera Guerra Mundial[7].

LOS CERTIFICADOS Y LA PROPIEDAD SALITRERA

El origen de los certificados salitreros se debió a una política peruana del nitrato construida sobre la base de un probable préstamo internacional. Este empréstito fue definido en el artículo 4° de la ley de expropiación del 28 de mayo de 1875, que no superaría la suma de siete millones de libras esterlinas, y cuyo destino era la adquisición de la industria salitrera, concluir trabajos ferroviarios pendientes y gastos generales del Estado peruano [8]. La decisión del gobierno peruano de aplicar esta ley de expropiación sin tener el efectivo para la compra de las oficinas, tuvo consecuencias especulativas incluso antes de la administración chilena del territorio de Tarapacá, como bien lo señala O’Brien: “En este caso, la nacionalización fue un esfuerzo desesperado de un gobierno sin peculio e inestable para mantener un contradictorio y en ese entonces tambaleante sistema, construido sobre la base de un enclave de exportación extranjera” [9]. La contradicción surge de inmediato, porque este proceso de nacionalización fue en directo beneficio de las grandes casas salitreras como la casa Gibbs y la compañía Gildemeister, entre otras, como bien lo apunta O’Brien: “La expropiación, como fue calificada, se había convertido en una posibilidad atractiva para los salitreros de Tarapacá”[10]; pero en ningún caso se trataba de los pequeños salitreros peruanos originarios de Tarapacá o de los chilenos que llegaron antes de la primera expansión salitrera en la década de 1870 [11].

El fracaso peruano de conseguir el préstamo internacional, en cierta forma, fue heredado por Chile a partir de 1880, pues se encontró con tenedores de bonos o certificados que no necesariamente eran empresarios salitreros, sino especuladores. D. W. Graña fue representante de la Compañía Salitrera del Perú, continuadora de los bancos a través de los cuales el gobierno del Perú implementó su política expropiatoria [12]. En su demanda contra del fisco de Chile, D. W. Graña señala que “los certificados salitreros emitidos por el Gobierno del Perú en pago de los terrenos y oficinas salitreras que adquirió de particulares en la provincia de Tarapacá, se convirtieron en títulos de deuda permanente con 6% de interés y 4% de amortización anuales” [13]
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Efectivamente, según Pedro Nolasco Gandarillas –director del Tesoro durante el gobierno de Domingo Santa María– los certificados salitreros “devengaban interés a razón de ocho por ciento anual”[14]; por tanto, continuaban siendo un negocio para los portadores mientras esta economía estuviera en auge, gracias a la organización empresarial e industrial de quienes ellos vieron como sus adversarios y los beneficiarios de la política chilena.
Según Graña esos bonos se emitieron en Lima porque su servicio se había radicado en esa ciudad y casi todos eran “al portador”. El problema es que no todos fueron emitidos con referencia a alguna oficina salitrera, pues pudieron ser emitidos por otros motivos, por ejemplo, por simples maquinarias o herramientas. Graña indica que “consta en los talones de esos mismos bonos, que el gobierno tomó en las oficinas de la Compañía Salitrera, que más de la mitad de esos bonos se entregaron a ciudadanos peruanos dueños de salitreras y terrenos salitreros” [15]. Sin embargo, los demandantes –durante el gobierno de J. M. Balmaceda– no eran precisamente de esa nacionalidad, sino mayoritariamente europeos.
Este es el centro del problema de la propiedad salitrera que encontró la autoridad chilena: al ser la gran mayoría de los certificados “al portador”, imposibilitaba la devolución de una salitrera en particular, pues la cantidad de certificados superaba a la cantidad de salitreras y estacamentos reconocidos. Billinghurst afirma que el Congreso peruano aprobó todas las acciones del gobierno de ese país para la adquisición de salitreras, incluyendo las del Toco boliviano, “con excepción del temerario abuso de emitir certificados salitreros para darlos en préstamo a los contratistas de obras públicas” [16]. Contradictoriamente, en las postrimerías del gobierno de Domingo Santa María, el director del Tesoro de Chile, Pedro Nolasco Gandarillas, había podido identificar  certificados salitreros por un total de novecientos setenta mil soles que fueron emitidos para la construcción de obras públicas [17]. El problema se volvía más complejo debido a que los nombres que aparecían en los talonarios no necesariamente eran de los tenedores. Por otra parte, como los certificados circularon rápidamente en un mercado donde proliferaron los especuladores, las nacionalidades de quienes posteriormente demandaron al Estado chileno no fueron ni la peruana ni la chilena, como habría podido esperarse.
¿Por qué la mayoría de los tenedores optó por los certificados “al portador”? Consideramos que se debió a las siguientes razones: 1) evitar quedar vinculados con una salitrera que podría estar siendo ocupada por terceros, como aquellas que fueron arrendadas por el gobierno peruano después de la compra y continuaron en esa condición bajo el gobierno chileno; por lo tanto, al recibirlas por devolución su precio sería más bajo, porque su capacidad productiva habría disminuido; 2) el gobierno peruano, supuestamente, habría dejado en prenda toda la provincia de Tarapacá al comprar las salitreras a través de bonos o certificados; por ende, teóricamente, se podría acceder a nuevos mantos calichales; 3) hubo certificados que fueron entregados, más que por la calidad y/o cantidad de estacas salitreras, por el valor de maquinarias y herramientas, las que se habrían depreciado aceleradamente; entonces, no era conveniente poner la referencia a dicha operación en los certificados; 4) como los certificados o bonos eran un buen negocio que generaba intereses bancarios, el que fueran “al portador” no afectaba su valor; incluso podía ser más fácil su venta.
Como hemos adelantado, el decreto del 28 de marzo de 1882 fue el que más afectó a los tenedores de certificados, porque señalaba que:

“El Jefe Político de Tarapacá procederá a otorgar títulos de propiedad definitivos a las personas que, en virtud del decreto de 6 septiembre de 1881, estuvieren en la tenencia provisoria de establecimientos salitreros de aquel territorio y hubieren enterado en las arcas fiscales el total de los certificados o vales provisionales emitidos por el Gobierno del Perú, en representación del precio de venta de los referidos establecimientos” [18].

El plazo que se les otorgaba a los tenedores era de noventa días a partir de la promulgación del señalado decreto. Es decir, quienes estaban ocupando físicamente las oficinas salitreras, si acreditaban los certificados  suficientes, podían transformarse en sus dueños definitivos, mientras quienes no estaban en posesión de una salitrera y poseían certificados “al portador” se consideraban en una condición de exclusión.
Estar produciendo y exportando salitre entre 1880 y 1883 era fundamental para un gobierno que estaba en plena actividad bélica. Muchos tenedores solo estaban desempeñando un papel especulativo, esperando un giro a su favor en la política salitrera chilena, como fue el caso del canciller chileno Melquíades Valderrama durante las Conferencias en la bahía de Arica a bordo del USS Lackawannaentre el 22 y el 27 octubre de 1880, quien afirmó que “la cesión de territorio que Chile reclamaba habría importado para nuestro país el reconocimiento de los gravámenes hipotecarios constituidos por el Gobierno del Perú a favor de los acreedores extranjeros” [19]. Esta frase fue empleada por los tenedores para exigir esos derechos; sin embargo, para la Comisión Consultiva, Chile no debía reconocer hipoteca alguna a favor de los tenedores de certificados.

Los tenedores que iniciaron la demanda señalaron, entre otros aspectos, que:

“Esto es precisamente lo que ha sucedido con los títulos fiduciarios del salitre. Todos se cotizaron, sin distinción, al mismo tipo, mientras que, conforme a la lei i según su testo estuvieron todos i cada uno de ellos garantizados con la riqueza fiscal de Tarapacá. Solo después de ocupada esta provincia por las Fuerzas de Chile, empezó a sentirse en la plaza la demanda por especiales numeraciones, solicitadas por los especuladores que habían sorprendido el secreto pensamiento del Gobierno de Chile i poseían las claves necesarias para saber el número i estado de las oficinas. Desarrollóse entonces una especulación tan vasta como inicua, i el más alarmante pánico cundió entre los que ignoraban esos secretos […] [20]

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Analizando esta argumentación caben varias precisiones:
1.  Supuestamente el gobierno peruano habría dejado en prenda toda la riqueza salitrera de Tarapacá por la emisión de los certificados o bonos, según la ley de expropiación de 1875. ¿Debería entenderse, según los tenedores, que los certificados emitidos para obras públicas también estarían respaldados por el patrimonio salitrero de Tarapacá? Como sabemos, se emitieron certificados sobre salitreras del Toco [21]; ¿estaba, para los tenedores, también hipotecado el territorio salitrero
de esa provincia, entonces boliviana?
2. Sostenían que el gobierno chileno habría introducido “especiales numeraciones” en los certificados y que habrían sido “solicitadas por los especuladores”. ¿Quiénes serían esos especuladores que tenían tanto poder como para presionar al gobierno de Chile en pleno desarrollo de la Guerra del Pacífico? Al parecer no eran chilenos, puesto que no aparecen entre los tenedores de bonos o certificados que terminaron rescatando oficinas salitreras. Las nacionalidades de aquellos que rescataron oficinas salitreras con arreglo al decreto del 28 de marzo de 1882, se distribuyen de la siguiente forma:

Oficinas salitreras rescatadas según nacionalidad de los tenedores de bonos




El decreto del 31 de julio de 1882 permitió la primera subasta de salitreras, donde observamos la siguiente distribución




Los empresarios que rescataron más oficinas fueron de nacionalidad inglesa y alemana, y la casa Gibbs fue notoriamente la más destacada, incluso, por sobre las compañías creadas por North Co.[22]. Este grupo empresarial fue la base de aquel que formó el Comité Salitrero en 1884, y que actuó como un trust–o sindicato– económico, al organizar las Combinaciones Salitreras a partir de ese año.

3. Los tenedores demandantes afirmaban que los “especuladores” conocían “el secreto pensamiento del Gobierno de Chile i poseían las claves necesarias para saber el número i estado de las oficinas”. El informe de la Primera Comisión Consultiva de Salitres –presidida por Álvaro Covarrubias– fue presentado el 8 de junio de 1880 al ministro de Hacienda, Augusto Matte Pérez, y publicado en Santiago por la Imprenta Nacional. Es decir, estuvo al alcance de todo lector, cuya conclusión fue:

“Al proponer la abolición del monopolio fiscal que el Gobierno peruano había establecido en Tarapacá i la sustitución de ese sistema por el réjimen de absoluta libertad, tanto para la constitución de la propiedad cuanto para la elaboración i estraccion de los salitres, i al recomendar el establecimiento de un impuesto de exportación igual sobre esa sustancia y sobre el yodo que salgan para el estranjero de puertos de jurisdicción chilena, la Comisión cree servir los intereses lejítimos i bien entendidos del país […]”[23]

No fue un secreto, desde 1881, el deseo del gobierno de Chile de restituir la propiedad salitrera expropiada por el gobierno peruano; pero no era posible satisfacer a todos los tenedores, porque había más certificados que oficinas salitreras disponibles. Por lo tanto, se priorizó a quienes estaban en posesión de las salitreras –mejor si estaban produciendo– y tuvieran certificados que pudieran estar relacionados a la oficina respectiva. A lo anterior se sumaron todos los litigios en torno a los estacamentos que fueron declarados en despueble de acuerdo a los decretos peruanos del 13 de julio de 1876, 16 de agosto de 1877 y 15 de marzo de 1879 [24]

4.  Los tenedores afirmaban que “los especuladores” también “poseían las claves necesarias para saber el número i estado de las oficinas” [25]. Aquí, por fin, podemos identificar claramente a un supuesto “especulador” según el criterio de los demandantes que, sin bien no es nombrado, se trata del ingeniero inglés Robert Harvey, inspector general de salitreras tanto del gobierno del Perú como del gobierno de Chile. Trataremos más adelante este caso específico. De todos modos, sigue pendiente la pregunta respecto de ¿qué entienden los tenedores de certificados al portador por “especuladores”? En definitiva, ¿quiénes fueron especuladores y quiénes industriosos?, ¿hubo momentos de especulación y otros de inversión e innovación?.

¿Serían estos tenedores de bonos empresarios industriosos que trataban de proteger la economía del nitrato de especuladores que pretendían comprar certificados baratos, supuestamente aprovechándose de un pánico que se habría generalizado entre los tenedores, para después venderlos más caros a quienes efectivamente levantarían la industria del salitre?; o ¿eran ellos los especuladores, esperando recibir beneficios de sus operaciones financieras y, por ello, demandaban al gobierno de Chile? [26]

Años después, el gobierno de José Manuel Balmaceda terminará reconociendo esos supuestos derechos e indemnizando a los tenedores, más por presiones políticas ejercidas por los países europeos –como Francia, Alemania, España e Italia– que por convicción de justicia.
Durante el gobierno de Balmaceda se promulgó la ley n° 2984, del 21 de abril de 1887, que autorizaba al presidente “a pagar los certificados emitidos por el Gobierno peruano en conformidad a la ley de 28 de mayo de 1875” [27], para lo que fue necesario contratar en el extranjero un empréstito de 1.113.781 libras esterlinas [28]. El presidente de Chile pudo haber pensado que con esa medida la propiedad salitrera pasaba al Estado, sin esa sombra de supuesta hipoteca heredada por el gobierno peruano de Manuel Pardo, pudiendo rematar nuevos mantos de caliche para beneficio del empresariado nacional.
Cabe señalar que la crítica realizada desde la perspectiva chilena a la política salitrera peruana por haber utilizado bancos para la operación de compra –expropiación– de las oficinas salitreras, pudo expresarse en el fracaso de la Compañía de Salitres del Perú en alcanzar una indemnización similar a la de los tenedores europeos de certificados por parte del Estado nacional. Sin embargo, poco se ha estudiado el papel que tuvo el Banco de Valparaíso en el rescate de salitreras de Tarapacá en beneficio de los capitalistas ingleses, y tampoco el monto de los intereses que pudo obtener este banco chileno de esas operaciones. Cuando se afirma que el capital nacional estuvo ausente en el rescate de salitreras de Tarapacá en la década de los años de 1880, solo se refiere al capital industrial, no así al financiero. Billinghurst nos recuerda que “de las 35 máquinas que había en explotación en 1880, solamente las correspondientes a Gibbs & Co., Gildemeister & Co., J. D. Campbell & Co., y Fölsch y Martin, trabajaban con capital propio. Todas las restantes se explotaban con capital suministrado por el Banco de Valparaíso” [29].

INDUSTRIOSOS EN LA REACTIVACIÓN POSBÉLICA

La tecnología de la industria salitrera experimentó un cambio relevante entre 1876 y 1878. Aquel cambio se produjo en las oficinas salitreras San Antonio de Zapiga y Agua Santa, ambas pertenecientes en esos años a Campbell, Outram & Sayers Jones. Después esta compañía pasó a denominarse “Salitres y Ferrocarril de Agua Santa”, incluyendo a un grupo de salitreras –Abra, Napried, Irene, Tres Marías, Democracia,etc.– que tuvieron por puerto de embarque a Caleta Buena, el que fue diseñado por J. T. Humberstone, el mismo ingeniero que introdujo el sistema de lixiviación Shanks. Después de finalizada la Guerra del Pacífico este sistema comenzó a ser utilizado por otras compañías salitreras, provocando un salto productivo. En el periodo anterior a la guerra, la exportación de salitre alcanzó los 7 millones de quintales españoles, la que, por cierto, en los años más difíciles de este conflicto, bajó ostensiblemente a poco más de 3 millones en 1879. Sin embargo, en 1883 ya se alcanzaba la impensada cifra de 12.820.000 quintales españoles; y a fines de la década ya se podía exportar sin problemas 20 millones.
Fue tan importante esta innovación tecnológica que no se modificó  sustancialmente por cuatro décadas, con la consecuente obsolescencia técnica y el aumento de los costos de producción. Empero, a fines de la década de 1880 y comienzos de la siguiente se llegó a un óptimo de la capacidad industrial salitrera en Chile. Por ejemplo, en 1892, Alejandro Bertrand, a la sazón delegado fiscal de salitreras, intentando calcular el precio en cancha de un quintal de salitre, realiza una separación de costos:

1) trabajo de la calichera y acarreo; 2) pólvora, dinamita, gastos de herramientas, operarios, auxiliares, etc.; 3) carbón; 4) elaboración en cachuchos y bateas, administración; 5) gastos de casa; 6) ensacadura, hilo carguío. Llegó a un costo total del quintal español que oscilaba entre 16,0 y 22,3 peniques. Había notorias diferencias entre las oficinas salitreras –algunas eran más eficientes porque poseían tecnología de mejor calidad– y también hubo diferencias en la infraestructura caminera y en la calidad del caliche. Bertrand descuenta 0,5 peniques por las ganancias obtenidas en la pulpería [30].

En 1904 los ingenieros alemanes Semper y Michels calcularon el costo del salitre en cancha en 22,3 peniques, lo que consideraba los costos de explotación del caliche, de elaboración y los gastos generales, que a su vez incluía: sueldos, salarios, materiales diversos, carbón y forraje. Estos autores le descuentan a ese precio las ganancias de la pulpería, que estiman en 1,2 peniques; por lo tanto, el precio del quintal en cancha llegaría a los 21,1 peniques [31]. Ese precio sería un promedio entre las distintas salitreras, que tendrían costos en cancha entre 36 peniques como máximo y 14,4 peniques como mínimo [32].
Cabe agregar que los traductores de los ingenieros alemanes –Javier Gandarillas y Orlando Ghigliotto– indican en una nota al pie de página que para 1907 se debía ajustar el cálculo de Semper y Michels, llegando a los 28,84 peniques, como consecuencia de la escasez de brazos y el alza en algunos insumos[33].
Si comparamos el rango señalado por Semper y Michels para 1904 entre 36 y 14,4 peniques, con el establecido por Bertrand para 1892, que fluctuaba entre 16,0 y 22,3 peniques, sin duda que en el periodo más temprano habría tenido una mayor eficiencia promedio.
El costo total al costado del buque no lo consideramos relevante porque el transporte –como el derecho de exportación–[34] se mantuvo relativamente estable; por lo tanto, el costo del quintal de salitre en cancha nos ha parecido el mejor indicador de la eficiencia industrial. La conclusión es que la mayor eficiencia se logró en los años del primer impulso industrial y tecnológico posterior al término de la Guerra del Pacífico.

El problema de la caída en la productividad de esta industria estuvo en el rendimiento por operario que, como lo demuestra Alejandro Bertrand, comenzó a caer de modo más acentuado a partir de la década de 1890. Este autor define de este modo el rendimiento: “quintales de salitre producidos por operario, calculado en vista de la producción y del número de operarios de cada oficina”, agregando que “el rendimiento máximo (2.200 quintales por operario) ocurrió en 1884 y el mínimo (1.050) en 1907” [35]. La cifra de 1907 pudo verse afectada por la huelga obrera de ese año, pero el propio Bertrand entrega el rendimiento para 1908 (1.950) y para 1909 (1.214). ¿Por qué esa baja en la productividad en el momento de mayor auge salitrero? El argumento de la disminución de la calidad de caliche no tiene mayor sustento, pues todavía se estaba explotando la flor de los mantos calichales de Tarapacá y Antofagasta. Posiblemente, la rigidez de las oficinas salitreras, con plantas y campamentos fijos, hizo que el costo del transporte entre las calicheras y la máquina de elaboración fuera inevitablemente creciente, empero no fue determinante.



Hemos señalado que la mayor innovación tecnológica en la industria salitrera fue la planta de elaboración del salitre Shanks; es decir, en el proceso de lixiviación. Sin embargo, el principal costo de producción nunca estuvo allí, sino en el proceso de explotación del caliche; es decir, su extracción y transporte, donde la mano de obra fue extensiva y de baja calificación. En el cálculo realizado por Semper y Michels para 1904, vemos que el costo de explotación del caliche alcanzaba los 12,3 peniques, mientras los costos de elaboración ascendían a 8 peniques y los gastos de administración a 2 peniques [36]. En otras palabras, la mano de obra que trabajaba en la pampa –empleados y obreros– y sus insumos superaban el 50% del costo total de un quintal de salitre. Por tanto, más que en el cachucho, la clave de esta industria estaba en la calichera. El talón de Aquiles era la organización del trabajo, que se sustentó en contratos precarios, especialmente en las calicheras, donde se laboraba a trato o destajo y se pagaba en fichas, lo que generó protestas sociales tan referidas en la historia social. En vez de capacitar a los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, se optaba por reemplazarlos a través de un sistema de enganches, que proporcionaban mano de obra nueva pero sin los conocimientos técnicos necesarios. Mientras, los patrones se esmeraron por instalar grandes plantas de lixiviación, pensando que allí estaba la palanca de desarrollo de esta industria, como veremos más adelante al describir las primeras oficinas salitreras de John Thomas North, en la que claramente se trató de una gran inversión industrial, pero donde se descuidó el proceso de extracción.

Sin perjuicio de lo anterior, los salitreros enfrentaron un desafío relevante en el desierto de Atacama, lo que no habría sido posible de no haber tenido un espíritu industrioso. Además de la inversión de las plantas de lixiviación y la construcción de campamentos, los empresarios asumieron la construcción de escuelas y el financiamiento de la policía, entre otros gastos propios del Estado nacional. En los Memorialesde los patrones de 1907, como respuesta a lo presentado por los gremios de obreros del salitre, calculaban la inversión que debieron realizar en la adquisición de terrenos salitrales, la implantación de maquinarias y establecimientos de elaboración, la construcción de ferrocarriles, muelles de embarque y propiedades en los puertos para el servicio de bodegaje, alcanzando la suma de “20.750.000 libras esterlinas, equivalentes más de $287.000.000 de 18 peniques” [37]. Adicionalmente esta industria dinamizaba la economía consumiendo productos del país [38]. Respecto de la economía del guano, Shane Hunt afirma que “el ingreso generado por el guano debe haber creado una demanda sustancial por bienes y servicios producidos por la economía doméstica”[39], y podríamos decir lo mismo respecto de la economía del nitrato. Y, como corolario, podemos recordar que el porcentaje con que la industria salitrera contribuyó al erario nacional subió, en solo una década, de un 4,7% en 1880 a un 48,15% en 1890 [40], lo que es notable. Shane Hunt señala respecto de la economía del guano que “este sector extraordinario fue casi un monopolio que no tenía costo, pero no fue un enclave”[41]. Parafraseando al autor, el salitre fue casi un monopolio y tampoco fue un enclave; pero aún más, a diferencia del guano, fue una industria en toda la extensión moderna del término, incluyendo el riesgo para sus inversionistas.

EL CASO DE NORTH YCO.

Hemos mencionado la crítica que los tenedores de bonos o certificados “al portador” le hicieron al Estado de Chile por haber favorecido a algunos personajes bien informados sobre las decisiones políticas de gobierno entre 1880 y 1884. Todas las miradas apuntaban hacia Robert Harvey y, por añadidura, hacia John Thomas North y John Dawson, un triunvirato exitoso que organizaría diversas compañías en Londres para financiar numerosas oficinas salitreras [42].

Tanto la historiografía peruana como la chilena apuntan a J. T. North como el principal empresario que se habría beneficiado de la especulación comercial en los años de incertidumbre que generó la Guerra del Pacífico, debido a la información privilegiada que le habría entregado su socio Robert Harvey, y también gracias al apoyo financiero que le habría entregado su otro socio, John Dawson, gerente del Banco de Valparaíso en Iquique. Como lo afirmara Bermúdez, “las oficinas adquiridas mediante la compra y entrega de los certificados, Primitiva, Buen Retiro, Jazpampa, Ramírez y Peruana, serían las perlas del collar con que se iban a engalanar los dos ciudadanos ingleses (North y Harvey)” [43]. ¿Es realmente efectiva esta visión? ¿Fueron North, Harvey y Dawson simples especuladores o también fueron industriosos? ¿La principal especulación realizada por estos personajes estuvo centrada en la compra a vil precio de salitreras de propiedad de empresarios salitreros peruanos o en realidad especularon en la bolsa de Londres?

Aníbal Pinto Santa Cruz, siguiendo a Francisco Encina, apunta hacia la figura de J. T. North [44], señalando que

“[…] para colmo de ironías, realizó fantástica especulación que lo transformó en el ‘rey del salitre’ con capitales chilenos, provistos por el Banco de Valparaíso. Esta institución y otros prestamistas chilenos facilitaron a North y sus asociados $6.000.000 para acaparar los certificados salitreros, y los ferrocarriles de Tarapacá” [45].

Para aumentar más el mito en torno al personaje, se pudo haber agregado su propiedad de la Compañía de Aguas, que generó una ácida crítica de parte de Billinghurst, debido a la forma como adquirió este negocio[46]. Esta es la imagen que ha quedado arraigada en la historiografía salitrera de North: un especulador más que un industrioso.
En cambio, sabemos que North pudo ostentar esa corona de “rey del salitre” solo alrededor de una década, pues, como veremos más adelante, sus compañías solo lograron consolidarse con el boomsalitrero de fines de la década de 1880 y, especialmente, en la década siguiente, después de concluida la revolución de 1891; y North falleció en 1896, en el punto más alto de su gestión. Podemos afirmar que antes de la Guerra del Pacífico y durante los años que duró este conflicto bélico, North, Harvey y Dawson estaban lejos de aproximarse al poder económico y a la influencia política que tuvieron, por ejemplo, las Compañías Gibbsy Gildemeisteren Perú y Chile.
Con el propósito de demostrar la forma autoritaria de trabajar de Harvey, Guillermo Billinghurst cita una carta que Harvey le envió a Domingo Vernal, respecto de la intención de vender los derechos de su oficina Rosario. En una de las partes de la misiva dice:

“Si ahora ha perdido Ud. toda esperanza de trabajar mientras que no haya paz […]. Si Ud. hubiera sido guiado por mí, muy bien podía haber hecho la solicitud de otra manera con el fin de conseguir el permiso pedido […]. Ud. tiene toda la culpa […] sin embargo, hablaré con el señor North y otros amigos y veré si es posible vender o arrendar siquiera sus derechos o esperanzas. Ud. sabe muy bien que su oficina fue considerada ilegal y confiscada por el Gobierno Peruano […]” [47].

Solamente para transparentar la relación de Billinghurst con Harvey, recordemos que este se casó en 1881 con una ciudadana peruana, teniendo por testigo de bodas precisamente a Guillermo Billinghurst [48].
Enrique Amayo utiliza esta carta para demostrar la estrategia depredadora inglesa en concomitancia con la autoridad chilena, y específicamente apunta hacia Patricio Lynch. Para explicar la rápida fortuna de J. T. North, Enrique Amayo, señala que

“Apenas los territorios peruanos fueron invadidos, su ayuda [la de Lynch como jefe político de Tarapacá [49] convirtió al otro aventurero, Robert Harvey, en el todopoderoso Inspector General. En ambos casos, Lynch actuó para premiar la ayuda de esos británicos a las tropas invasoras. El cargo de Harvey le permitió no solo información de primera mano para saber que Chile reprivatizaría, sino, también, poder para influenciar en esa dirección” [50].

Amayo se refiere a una supuesta ayuda de Patricio Lynch, pero olvida mencionar que Harvey ya era Inspector General de Salitreras bajo el gobierno del Perú [51], cuyo cargo dependía directamente del Agente de los Bancos Asociados de Lima. ¿Por qué Lynch confió en Harvey, considerando que, si bien era inglés, también era un funcionario del gobierno del Perú?
Sobre este cargo de Harvey, el punto crítico es la acusación –como lo hemos visto respecto de los tenedores de bonos “al portador”– de informarle a North sobre el decreto del 11 de junio de 1881 del gobierno de Chile que, en lo sustancial, señala que las oficinas salitreras compradas por el gobierno del Perú, y por cuyo precio se expidieron certificados, serían regresadas provisionalmente a quienes depositaran a lo menos tres cuartas partes de dichos certificados [52]. Thomas O’Brien afirma que, si bien “el comportamiento ético no era una de las cualidades sobresalientes de Harvey, probablemente no podía comunicarle acerca del decreto con más de unos meses de antelación, debido a la incertidumbre de los círculos del Gobierno sobre qué política salitrera ejercer” [53]. Bermúdez afirma que la aseveración de Billinghurst respecto que Harvey, en su calidad de Inspector General de Salitreras, conoció la decisión política de devolución antes que el gobierno chileno expidiera el decreto del 11 de junio de 1881, “se ha hecho famosa” [54]. Quizás esto se refiere, precisamente, a que se ha utilizado más como un recurso literario que historiográfico, para explicar un fenómeno complejo, relativo a la propiedad salitrera y la política chilena durante los años del conflicto del Pacífico.
Revisando algunas de las principales adquisiciones de North y Co., se pueden extraer algunas conclusiones interesantes. Con relación a la oficina Ramírez, Billinghurst nos dice que “North y Harvey adquirieron esta oficina más o menos en £5,000, organizaron en Londres una sociedad por £150,000, a la cual se la traspasaron por £50,000”[55]. Algo similar ocurrió con las demás salitreras que compraron; es decir, “inflaron” el precio en Londres y no en Tarapacá. Por barata que haya sido la compra, el negocio estuvo en la constitución de las sociedades anónimas; en otras palabras, en la venta. Sin embargo, para despejar esta afirmación es bueno analizar la “compra” de las primeras tres salitreras de North y sus socios, plataforma sobre la cual el “rey del salitre” montó su imperio. En 1872, la oficina Ramírez era solo una “parada”, pero el ferrocarril salitrero procedente de Iquique terminaba allí su ruta, lo que la hizo más atractiva, porque se aseguraba la exportación. Era de propiedad de Simeón Castro, con doscientas estacas salitreras y una capacidad productiva de nueve mil quintales españoles mensuales.

Fue comprada por el gobierno peruano, por lo cual Castro recibió cuatro certificados
serie A y treinta y cinco serie B, para después pasar a manos de la Liverpool Nitrate Company, compañía creada por J. T. North. Según Billinghurst, Ramírez y Primitiva no estaban en operaciones para 1879 [56], es decir, North y sus socios debieron transformar productivamente las instalaciones, levantando una oficina Shanks para iniciar actividades. El álbum de Louis Boudat, de 1889, señala que Ramírez poseía un capital social de 200.000 libras esterlinas divididas en 40.000 acciones de 5 libras cada una; es decir, muy lejos de las 5.000 libras esterlinas que le pagaron a Simeón Castro. Pero ya no se trataba de la misma tecnología; ahora tenían una capacidad productiva de 140.000 quintales españoles mensuales, con unos 15 empleados y 420 trabajadores [57]. Poseía alumbrado eléctrico para trabajar de noche, carros a vapor para el transporte de caliche y ripios, además de vías férreas desmontables para trasladar a los trabajadores a las faenas. Tenía 3 locomotoras y 70 carros, una planta de elaboración que –afirma Boudat– fue traída desde Inglaterra, con 12 cachuchos, 6 calderos, 90 bateas y 4 acendraderas. También poseía una máquina para el beneficio de yodo, además de 22 carretas y 140 mulas [58]. Es decir, el boom salitrero de fines de la década de los años 1880 fue el momento más industrioso de J. T. North.
¿Quién era Simeón Castro? La administración chilena lo destaca por un pleito de deslindes con José Devéscovi, propietario de la salitrera Constancia, mientras él era dueño de Rosario de Huara [59]. En realidad se trataba de deslindes de estacamentos.
En referencia a Rosario de Huara, Bermúdez sostiene que “Harvey y North habían tratado, sin éxito, comprar a Castro sus yacimientos. Schmidt tuvo la suerte de inspeccionarlos, en un recorrido a caballo para convencerme de la buena calidad de los mismos. Propuso a Castro la venta a la casa Gildemeister de 162 estacas al precio de $ 200.000, o £ 30.000 al cambio de 36 d.”
[60]. Al parecer, Simeón Castro tenía la capacidad de litigar bajo la temprana administración chilena y también de negarse a vender sus propiedades a North o Harvey. Bermúdez señala que Gildemeister consideró excesivo el precio de venta solicitado por Castro, pero igual lo compró porque sabía que podía obtener mucho más. La venta de la “Parada Ramírez” al grupo de North no debió ser una negociación tan distinta.
No creemos que Vernal Hnos.haya tenido menos capacidad de negociación que Simeón Castro durante la venta de los estacamentos de Primitiva, permitiéndole a North especular con su valor al formar The Primitiva Nitrate Co.La máquina moderna de Primitiva fue una de las de mayor capacidad productiva de la pampa salitrera de la época. Fue construida por James Thomas “Santiago” Humberstone, el más reputado ingeniero que introdujera el sistema de lixiviación Shanksen Tarapacá. Producía 300.000 toneladas de nitrato anual, lo que significaba un rápido agotamiento de los terrenos calichales de sus 219 estacas originales y las de Abra de Quiroga, que sumó posteriormente, llegando a abarcar 374 hectáreas, notoriamente insuficiente, lo que fue un certificado de defunción de esta gran salitrera.
Nada se compararía con Primitiva. Según Boudat, su capital social en 1889 era de 200.000 libras esterlinas, podía elaborar 330.000 quintales españoles al mes. Tenía 14 empleados y 1.070 trabajadores, con una planta de elaboración con 24 cachuchos, 12 calderos, 160 bateas, 6 acendraderas, 20 estanques, 37 carretas, 350 mulas, 3 coches, 10 caballos y 4 locomotoras con 50 carros y líneas férreas portátiles [61].
En 1886, North formó en Londres la Primitiva Nitrate Company [62], su más emblemática compañía; por tanto, debía dar a conocerla en la city, y para ello contrató al más importante periodista de su época: William Howard Russell[63]. El libro que escribió como resultado de su viaje al desierto de Tarapacá, además de ser una pieza notable de diario de viaje, también fue una joya de propaganda para promover el nitrato chileno en el mercado internacional de la época. En otras palabras, este “especulador” entendía perfectamente la importancia de la publicidad para el desarrollo de la industria. Curiosamente, años después, Alejandro Bertrand, fiscal de propaganda en Europa, debió emprender una dura tarea para que el Estado chileno y la Asociación Salitrera de Propaganda comprendieran la importancia de esta actividad para asegurar el mercado internacional de los fertilizantes para el nitrato de Chile [64].
De las salitreras que adquirió North y Co.,la que tuvo una historia más compleja fue Buen Retiro –que incluía además los terrenos de la Peruana y Nueva Carolina– a tal punto que el historiador tarapaqueño Óscar Bermúdez la analiza como un caso especial [65]. A partir de estos estacamentos, en 1885 North formó The Colorado Nitrate Co. Siguiendo a Bermúdez, “la oficina Buen Retiro había pertenecido 50 años antes al peruano Hermenegildo García Manzano. Era una oficinita de paradas, vecina al lugar en que se desarrolló más tarde el pueblo de Pozo Almonte, y solo constaba de 22 estacas”[66]. El problema surgió con la viuda de García Manzano, quien demandó a todos quienes detentaron los papeles de esta salitrera, hasta llegar a North y Harvey. Es decir, esos papeles pasaron por varias manos antes de ser comprados por el grupo de North y Harvey. En 1889, ya tenía un capital social de 120.000 libras esterlinas, divididos en 24.000 acciones de 5 libras cada una. Silva Narro, en su Guía de 1917, señala que Buen Retiro paralizó sus faenas el 21 de julio de 1910 [67].
Louis Boudat señala que The Colorada Nitrate Company tenía como capital social 120.000 libras esterlinas, con una capacidad productiva de 60.000 quintales españoles mensuales. Tenía un personal administrativo de 13 personales y 400 trabajadores, contaba con 9 cachuchos, 4 calderos, 60 bateas, 25 carretas, 200 mulas, 3 caballos, 2 acendraderas, además de bombas, estanques, carros, pozos, etc. También contaba con una máquina de elaboración de yodo. Esta salitrera tenía alumbrado público para trabajar de día y de noche, pulpería, bodegas, casas para empleados y campamento para los trabajadores [68]. No cabe duda que todas las salitreras del grupo North estuvieron dotadas con los adelantos técnicos más modernos de la época, con el propósito de ser las más productivas de Tarapacá.
Estas fueron las primeras oficinas salitreras que adquirieron North y sus socios, quienes rápidamente sumaron otras propiedades, incluyendo el ferrocarril salitrero, con el que pretendió el monopolio del transporte de salitre y pasajeros. Este concepto fue, al parecer, el más repetido en las bocas de quienes pensaron en usufructuar de la economía salitrera desde 1873 en adelante, pero no fue un objetivo exclusivo de North y sus socios, sino de todos los salitreros organizados.
Volviendo a la carta que Harvey le enviara a Domingo Vernal, cabe señalar que la oficina Rosario de Negreiros no salió de las manos de la familia Vernal, tarapaqueños peruanos [69], sino continuó en su poder hasta la cuarta combinación. Vernal Hnos.eran los dueños de esa salitrera para la gran huelga obrera de 1907; cambió de nombre por el de Slavia en 1911, cuando pasó a ser de propiedad de Baburizza y Cicarelli Co., con capitales croatas.
Francisco Riso Patrón nos dice que Rosario era una “salitrera del cantón de Negreiros, con 27 estacas, tasada por el Gobierno del Perú en 27.000 soles de plata y vendida a este por Marcelino Luza, recibiendo en pago un certificado serie A y 5 serie B. Pertenece a Juan Vernal y Castro, por devolución de los certificados salitreros” [70]. En otras palabras, los hermanos Vernal también se beneficiaron de la venta de certificados en ese periodo de incertidumbre. Además, rescataron salitreras que fueron de propiedad de otros tarapaqueños peruanos, como Rosario de Huara. Los hermanos Vernal participaron como salitreros durante todo el auge de esta economía, formando parte del trustde las Combinaciones Salitreras.
Como bien nos recuerda Thomas O’Brien, no fue fácil para North y Harvey llevar adelante todas las operaciones que requerían para consolidar sus industrias, ya que ellos no habían acumulado capital durante el periodo del guano como las casas nombradas. Incluso tuvieron serios problemas para conseguir créditos: en 1881 Robert Harvey “le escribió a Gibbs explicando que él y North carecían de fondos suficientes para construir una oficina en la propiedad Ramírez y le ofreció a la empresa la agencia de envío si podía suministrar el capital necesario. Cuando Gibbs rechazó la propuesta, North fue a Inglaterra para buscar una solución alternativa”[71]. Las conductas de North y Harvey, ¿podrían calificarse, exclusivamente, de especuladoras, considerando que ellos no prestaban dinero como las Casas Gibbs o Gildemeister[72] y, en cambio, levantaron oficinas salitreras, proveyéndolas de la mejor tecnología de la época? Contrataron al propio J. T. Humberstone para levantar la planta de elaboración y para administrar Primitiva, que sirvió de modelo para promover la industria
salitrera en Londres.
La pregunta si hubo salitreros industriosos que no hayan sido en ningún momento especuladores, es de difícil respuesta. Posiblemente los hubo, pero no lograron sobrevivir a las diversas crisis que enfrentó la economía salitrera desde 1872 en adelante. Personajes como George Smith, Pedro Gamboni, Daniel Oliva, Pedro Perfetti, Eduardo Cavallero, Pascual Baburizza, entre otros, parecen haber tenido biografías de esfuerzo para alcanzar el éxito empresarial. Sin embargo, de un modo u otro, todos estuvieron asociados a las grandes casas salitreras o tuvieron litigios de dudosa legalidad, compraron certificados baratos o formaron parte de las combinaciones.
Un ejemplo de salitrero industrioso es el de James Thomas Humberstone, ingeniero que no solo introdujo la revolución tecnológica en la lixiviación del nitrato en 1876 –como fue el sistema Shanks– sino también construyó caminos y oficinas salitreras, un puerto de embarque, un puente para el ferrocarril, diversas innovaciones tecnológicas, etc. Se podría discutir que no fue un empresario sino un administrador o gerente; sin embargo, su biografía nos dice que fue uno de los dueños de la oficina Tres Marías.
Antes de la guerra, esta salitrera perteneció a don Damián Coques, quien la vendió al gobierno del Perú, y luego fue comprada por Pedro Perfetti. Siguiendo a Bermúdez, Perfetti le ofreció a J. T. Humberstone, quien había concluido su contrato con Campbell, construir una planta de lixiviación Shanksen los terrenos de Tres Marías, “formándose en 1881 la sociedad J. T. Humberstone y Cía, integrada con H. B. Jameson, Thomas Whitelegg, J. M. Inglis y Humberstone. La oficina Tres Marías se construyó en los terrenos de Perfetti, pagándose a este una regalía por quintal de salitre elaborado”
[73]. Esta etapa de empresario fue para Humberstone un duro golpe. La dificultad de poder responder a los compromisos con Perfetti lo llevó a dejar atrás su sueño empresarial y aceptar la oferta de J. T. North para administrar Primitiva.
En ese breve periodo de empresario, Humberstone formó parte activa del Comité Salitrero, el primer cartelo trustorganizado en 1884, y también de las primeras combinaciones. Incluso, Humberstone fue nombrado como perito para definir las cuotas de producción de algunas salitreras, la misma labor que le encomendaron, entre otros, a Robert Harvey. Ambos se podían definir igualmente como ingenieros y expertos en tecnología salitrera. Harvey escribió un interesante libro titulado: Machinery for the manufacture of nitrate of soda at the Ramírez factory Northern Chili [74], editado en 1885. Humberstone escribió sobre técnica en Historia de la técnica salitrera en Chile en 1926
[75], pero también escribió otros textos más personales como su Huida de Agua Santa en 1879, publicado por la editorial Andrés Bello en 1980. La historiografía salitrera, sin embargo, no ha recogido de igual forma a uno y otro: al primero como especulador y al segundo como industrioso, lo que, sin duda, no es del todo justo.

CONCLUSIONES

Hacia 1884, ya creado el Comité Salitrero y organizada la primera Combinación Salitrera, es posible observar un tipo de industria del nitrato basada en el sistema de lixiviación Shanks, el más avanzado de la época –y que no será reemplazado hasta 1920 [76]–, con ferrocarriles y vapores modernos, así como en los puertos, pueblos y campamentos salitreros se podía observar un consumo moderno. Sin embargo, junto a los ferrocarriles, persistió el arrieraje transfronterizo basado en mulares, muy
similar al que se conoció en el periodo colonial en torno a la economía de la plata.
También, a pesar de los vapores, prevalecieron los veleros o clippers [77]. Asimismo, el
consumo doméstico demandó productos tradicionales provenientes de regiones del interior del continente, como Bolivia [78]. Del mismo modo, así como los ingenieros y químicos proliferaron en las secciones correspondiente a la planta de lixiviación, gracias al sistema Shanks, en el proceso extractivo continuaban siendo importantes los prácticos, empleados y obreros especializados, y una mayoría de trabajadores sin especialización alguna, agrupados bajo el concepto de “particulares”, porque no tenían contrato estable con la empresa, es decir, trabajaban a destajo. Esta dualidad,
entre lo tradicional y lo moderno, caracterizó las relaciones laborales de la economía salitrera.
Por otra parte, a partir de 1884 esta industria funcionó con el marco regulatorio de una política estatal que le entregaba cierta autonomía económica y administrativa, donde se pueden identificar con claridad dos grupos de “empresarios salitreros”:

1.  Aquellos que se adecuaron rápidamente a esa política estatal, adquirieron certificados numerados y recuperaron salitreras. Este grupo se organizó sumando a los salitreros del Toco, Antofagasta y Taltal, primero en el Comité Salitrero y en la Asociación Salitrera de Propaganda después. En la década estudiada, ellos crearon las combinaciones y llevaron la economía salitrera a una expansión y eficiencia técnica que no existió antes y tampoco se logrará después.

2.  Los portadores de certificados o bonos al portador, quienes no pudieron –o no quisieron
[79]– acceder a oficinas o estacas salitreras, conformándose con demandar al fisco chileno sobre la base de los criterios establecidos en la ley peruana de expropiación de 1875. Ellos acusaron de “especuladores” a los primeros por haber tenido acceso a información privilegiada respecto de la política salitrera que Chile definiría después de concluida la Guerra del Pacífico.

En definitiva, es el primer grupo aquel que merece ser calificado de “salitreros”, y sobre quienes cabe la pregunta de si fueron ¿especuladores o industriosos? Sin desconocer que la economía salitrera estuvo sustentada en una industria con una tecnología relativamente moderna, el grupo económico que se conformó en la década de 1880 fue especulativo, donde las “Combinaciones Salitreras” fueron indicadores de ese carácter del empresariado salitrero [80]. Pero también fueron industriosos, porque en una década (1880-1889) llevaron a una economía en grandes dificultades a dominar el mercado mundial de los fertilizantes, sobre la base de factorías eficientes. Lamentablemente, este impulso tecnológico terminó por ser subsumido y condenado al estancamiento por la acción especulativa.

La política salitrera chilena, a pesar que en su discurso criticaba y se distanciaba de su similar peruana de la década anterior, permitió la colusión de los empresarios salitreros en un cartel o trust, llamado Comité Salitrero, Asociación Salitrera de Propaganda o Permanent Nitrate Committee, desde donde intentaron un monopolio, no tan diferente del que soñó el presidente peruano Manuel Pardo. En cambio, en la imagen historiográfica construida por Francisco Encina, los presidentes Aníbal Pinto y Domingo Santa María quisieron

“[…] hacer alarde de honradez pagando lo no debido; creían que el gesto de renunciar, sin que nadie se lo exigiera, a las normas del derecho internacional, en obsequio de los acreedores del Perú, repercutiría en Europa y América, mejorando la posición de Chile en la opinión mundial y especialmente en el concepto de los gobiernos europeos. Además, no querían tener siquiera contacto con el foco de corrupción del monopolio peruano del salitre” [81]

.
Poco o nada se le puede acusar al presidente Pinto de haberle pagado a los “tenedores de certificados”, puesto que las demandas fueron después del decreto supremo del 28 de marzo de 1882 y no del decreto de junio de 1881. Pinto estuvo en el gobierno, precisamente, hasta 1881. En cambio, el gobierno de J. M. Balmaceda decidió pagar las demandas de los “tenedores” de certificados en 1887. Tampoco es cierto que Chile, al reconocer los derechos de los tenedores o de otros demandantes, renunciara a las normas del derecho internacional. Más bien, se puede señalar que pudo seguir adelante un juicio, pero que estaba conforme al derecho, al indemnizar a los demandantes. Encina acierta al decir que los gobernantes chilenos quisieron alejarse del “monopolio peruano” e, irónicamente, permitieron que, a través de las combinaciones, se intentara otro monopolio del salitre, intenciones que no se ocultaban entre los directivos del Comité Salitrero [82].
Sin embargo, cabe reconocer que estos especuladores-industriosos del Comité Salitrero –después de la Asociación Salitrera de Propaganda– fueron los que llevaron a la economía del nitrato a su auge; y, curiosamente, cuando dejaron de existir las Combinaciones Salitreras en la década de 1910, comenzó el declive definitivo de esta economía.
Pareciera que la diferencia entre la política salitrera peruana y la chilena se enmarcó en la discusión entre Estado y mercado, donde la peruana habría optado por el primero y la chilena por el segundo. Sin embargo, hemos podido concluir que ambas pusieron su acento en el mercado, donde los intereses privados empresariales, fueran de casas importadoras-exportadoras, bancos, empresarios especuladores o industriosos, estuvieron por sobre los intereses públicos. De igual forma, en ambos casos, el Estado nacional impulsó la política salitrera en el contexto ideológico de un discurso de desarrollo y progreso. Si bien este aspecto ha sido más destacado para el caso peruano, asociado a la figura del presidente Manuel Pardo [83], en Chile también hubo una visión de desarrollo nacional asociada a la economía del nitrato. Fue el presidente José Manuel Balmaceda quien la expresó de modo más notorio en sus discursos y medidas. Norbert Lechner nos recuerda que

“En América Latina –a diferencia de Europa– no se ha conformado una sociedad capitalista con anterioridad al desarrollo del Estado durante el siglo XIX. El capitalismo no es un ‘dato histórico’ dado que preceda a la regulación estatal. Ello tiene una consecuencia decisiva para la configuración del orden social: es el Estado quien asume la tarea de ‘instaurar’ una sociedad moderna. De ahí la especificidad de un intervencionismo estatal dedicado explícitamente a ejecutar un ‘modelo de desarrollo’ para la sociedad en su conjunto. Es decir, la intervención del Estado no corresponde tanto a una función de ‘correctivo’ del mercado como a un esfuerzo deliberado de promover el desarrollo económico y social. Ello implica, por otra parte, que la economía de mercado no solo depende de la iniciativa estatal sino que guarda una estrecha relación con la ‘razón de Estado’” [84]

.
Por ello, posiblemente, cuando se busca una explicación del porqué de algunas
medidas tomadas por los gobiernos chilenos a partir de 1880 respecto de la economía
del salitre, cabe solo recurrir al concepto de “razón de Estado”.
Los presidentes Aníbal Pinto y Domingo Santa María gobernaron mientras se desarrollaba un conflicto bélico y sus consecuencias sociales, políticas y económicas eran recientes, por lo tanto, las medidas que tomaron –leyes y decretos– y que estructuraron lo que hemos denominado “la política salitrera chilena”, se pensaron con arreglo al bien común y el interés general de la nación. Es por ello que la historiografía chilena no ha calificado este periodo como de especulación o monopolio sino de “expansión del salitre”, extendiéndolo incluso hasta 1930; es decir, una década más allá de lo que cualquier análisis económico podría aceptar. Del mismo modo, en Perú, el periodo de Manuel Pardo ahora se reconoce como de “proyecto nacional” y no de expropiación o monopolio [85]. En otras palabras, el Estado ejerció su hegemonía y logró resolver las contradicciones entre lo público y lo privado [86] en la economía del nitrato, permitiendo y legitimando la organización de un cartel, sindicato o trust empresarial que fue exitoso y definió el futuro de toda la sociedad del salitre, desde la fundación del Comité Salitrero, en mayo de 1884, hasta la desaparición de la Asociación Salitrera de Propaganda, en enero de 1919.
Al analizar la conducta del Estado peruano en comparación con el chileno, Billinghurst afirmó que Chile actuó a la inversa que Perú: “Dueño absoluto de todos los yacimientos salitreros de la costa del Pacífico, como consecuencia de la Guerra de 1879-84, se apresuró a entregar al dominio privado, la propiedad y explotación de todas las pampas que contienen caliche” [87]. Una “razón de Estado” justificó la temeraria conducta de los presidentes Pardo y Prado para asegurar la economía del salitre para un supuesto proyecto modernizador del Perú. También fue una “razón de Estado” la que sustentó las medidas implementadas por los gobiernos chilenos de Pinto, Santa María y Balmaceda, que transfirieron a particulares las oficinas salitreras de Tarapacá, los mejores estacamentos de caliche de todo el territorio desde Pisagua hasta Taltal, y que entregaron una cierta autonomía política y administrativa, a cambio de un alto impuesto que solventara el gasto público.
Por lo tanto, cabe señalar que es necesario revisar con sentido crítico la “razón de Estado” que, en lo económico, le entregó a un grupo empresarial la propiedad salitrera y las normativas necesarias para su conformación como un cartel o trust y, en lo político y social, le permitió establecer sus propios reglamentos y condiciones, como
la circulación de la ficha salario, las pulperías, la violación de la correspondencia en los campamentos, el enganche, el trabajo a destajo, etc., entre otras instituciones.
Posiblemente, el primer cuestionamiento profundo a esta “razón de Estado” emergió con el centenario de la República, donde reflexiones importantes discutieron su desarrollo y la cuestión social. Coincidentemente, las Combinaciones Salitreras, principal herramienta del monopolio y de control de la Asociación Salitrera de Propaganda, dejaron de funcionar ese año. La “razón de Estado” justificó una acción gubernamental en beneficio de los trabajadores salitreros –como albergues, alimentación, pasajes– cuando la crisis del salitre llegó a su máxima expresión y el desempleo asoló el desierto.
A pesar de la notoria especulación que realizaron los salitreros en la década estudiada, especialmente con la creación del Comité Salitrero y de las tres primeras Combinaciones, no se puede negar el aporte del salitre y yodo al fisco chileno en ese periodo, y tampoco la importancia del mercado que se generó en el Norte Grande, dinamizando la economía agraria del centro-sur de Chile y de regiones de países fronterizos, como Cochabamba y el noroeste argentino. Estuvo también lejos de la responsabilidad de los salitreros el destino que el Estado chileno le dio a esos flujos de ingresos provenientes de esa industria, y tampoco fueron responsables que Chile haya padecido del síndrome holandés [88]. Los salitreros que organizaron la economía del nitrato chileno durante la Guerra del Pacífico y en los años posteriores, fueron tanto industriosos como especuladores y, posiblemente, una categoría no hubiese sido posible sin la otra en esta década específica, no es posible deducir los mismo para las siguientes.
En esta década estudiada, la industria necesitó de la audacia de quienes compraron certificados y estacamentos a bajos precios para después formar compañías anónimas extranjeras, especialmente inglesas, las cuales abultaron “excesivamente los capitales que eran necesario para poner en movimiento los establecimientos”[89]. Del mismo modo, las Combinaciones Salitreras fueron especulativas y, aunque no hayan afectado de forma relevante el precio de este fertilizante en el mercado internacional, permitieron la unidad de todos los salitreros desde Pisagua hasta Taltal, consolidando una posición política estratégica frente al Estado nacional y al movimiento obrero. Esta relación entre especulación e inversión cambió en las décadas posteriores del ciclo de expansión del nitrato, especialmente porque la tecnología comenzó su obsolescencia, no mejoraron significativamente los procesos de extracción y transporte del caliche, la creciente pérdida de competitividad de este fertilizante frente a otros en el mercado internacional, la baja inversión estatal en publicidad, mientras el impuesto fiscal a la exportación de salitre y yodo se mantuvo rígido, entre otras razones. En definitiva, la política salitrera chilena optó por un impuesto alto a cambio de una libertad empresarial en la economía del nitrato de soda, que tenía una ventaja comparativa respecto de los demás fertilizantes en la década estudiada. Esos dos factores permitieron una colusión empresarial que, por una parte, estimuló la inversión (especialmente en el transporte y en el proceso de lixiviación del salitre; no así en el transporte y en el proceso de extracción del caliche, donde se utilizaba la mayor cantidad de mano de obra) y, por otra, el control de la exportación del nitrato chileno.

Notas

[1] Algunas oficinas reclamadas existieron efectivamente, pero cayeron en despueble durante el periodo peruano. En cambio, otras señalaban deslindes en terrenos que eran fiscales, especialmente la zona sur de a provincia, que estaba menos trabajada. Por ejemplo, la oficina salitrera Santa Emma no solo fue declarada en despueble bajo del gobierno del Perú, sino que tampoco tenía deslindes bien definidos; sin embargo, el Fisco chileno fue demandado por el señor Justino Pellé, quien no era uno de los dueños originales. El fiscal señaló sobre esta salitrera: “aparece que el nombre de ‘Santa Emma’ se ha dado a una reunión de pedimentos salitrales de diversas fechas hechos por diversas personas, que se midieron y volvieron a mensurarse cada vez que el transcurso del tiempo hacía temer su pérdida a sus legítimos dueños; que estas pertenencias transferidas de mano en mano, se presentan ahora como de propiedad del señor Pellé…”. Ejemplos como este fueron relativamente comunes en esos años: Carlos Aldunate Solar, Leyes, decretos i documentos relativos a salitreras, Santiago, Imprenta Cervantes, 1907, 156.
[2] Posiblemente, en parte, desde allí surge cierta mitología en torno a la figura de John Thomas North –que el propio North se encargará de promover– como expresión de la ambición y el poder, resumidos en el apodo de “rey del salitre”.
[3] Guillermo Billinghurst, Los capitales salitreros de Tarapacá, Santiago, Imprenta de El Progreso, 1889, 44.
[4] Alejandro Bertrand, Memoria acerca de la condición actual de la propiedad salitrera en Chile y exposición relativa al mejor aprovechamiento de los salitrales del Estado, Santiago, Imprenta Nacional, 1892, 84.
[5] Francisco Valdés, La crisis salitrera y las medidas que se proponen para remediarla, Santiago, Im
prenta de El Progreso, 1884, 9.
[6] Agregando además las demandas de la Compañía de Salitres de Perú, heredera de los bancos limeños que tuvieron a cargo el proceso de expropiación.
[7 ] Basados en el informe de 1884 del jefe político de Tarapacá, Francisco Valdés Vergara, observamos que se rescataron 35 salitreras y estacamentos, 18 fueron subastadas, 20 tenían contratos de arrendamiento vigentes, 67 salitreras y estacamentos seguían tenidas por el Estado y una oficina fue devuelta por el jefe político de Tarapacá a su dueña: Francisco Valdés Vergara, Memoria sobre la administración de Tarapacá presentada al Supremo Gobierno, Santiago, Imprenta de La República, 1884.
[8] J. F. Campaña, Memoria del delegado fiscal de salitreras, Iquique, Tipografía y Litografía Rafael
Bini, 1900, 138.
[9] Thomas O’Brien, The nitrate industry and Chile’s crucial transition: 1870-1891, New York, New
York University Press, 1982, 28.
[10] Ibid., 28.
[11] Billinghurst, op. cit.,7 y ss
[12] Bancos Asociados primero, después el Banco de La Providencia y, por último, la Compañía Salitre ra del Perú.
[13] D. W. Graña, Compañía Salitrera del Perú. Memorial presentado a los Excmos. Sres. Ministros
Plenipotenciarios de España, Estados Unidos de Norte América e Italia y encargado de negocios de la Gran Bretaña, Santiago, Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1899, 6.
[14] Pedro Nolasco Gandarillas, Certificados salitreros. Informe i liquidación, Santiago, Imprenta Na
cional, 1887, VI.
[15] Graña, op. cit., 6.
[16 ] Guillermo Billinghurst, Legislación sobre salitre y bórax en Tarapacá, Santiago, Imprenta Cervantes, 1903, XI.
[17] Gandarillas, op. cit., X.
[18] Bertrand, op. cit., 96.
[19] Comisión Consultiva de Guanos y Salitres, Informe de la Comisión Consultiva de Guanos i Salitres sobre las reclamaciones de ciudadanos alemanes, franceses, italianos i españoles, en que piden revocación del decreto espedido por el Supremo Gobierno de Chile el 28 de marzo de 1882, Santiago, Imprenta Nacional, 1882, 57.
[20] Ibid., 12.
[21] Fue el caso de la salitrera Virginia que fue rescatada mediante la entrega total de los certificados
por un valor de cincuenta y dos mil soles: Gandarillas, op. cit., XIII.
[22] Cabe destacar que Francisco Valdés Vergara, jefe político de Tarapacá en 1884, entregóad corpus
a la señora Idelfonsa Albarracín, hija de la señora Lucía C. de Albarracín, la salitrera (parada) Yungay de Albarracín, a pesar que no poseía títulos ni certificados, porque su investigación le permitió concluir que eran sus dueñas y que nunca el gobierno peruano la compró ni emitió certificados.
[23] Comisión Consultiva de Salitres, Informe que la Comisión Consultiva de Salitres presenta al Señor Ministro de Hacienda,Santiago, Imprenta Nacional, 1880, 26.
[24] Aldunate, op. cit., 41 y ss.
[25] Comisión Consultiva de Guanos y Salitres, Informe de la Comisión Consultiva de Guanos i Salitres sobre las reclamaciones de ciudadanos alemanes, franceses, italianos i españoles, en que piden revocación del decreto espedido por el Supremo Gobierno de Chile el 28 de marzo de 1882, Santiago, Imprenta Nacional, 12.
[26]  En la demanda de los “tenedores” se hace referencia solamente a un salitrero, Otto Harnecker, a
quien se le acusa de estar en posesión de la salitrera Santa Catalina, “sin ser dueño de la oficina, ni poseer los certificados respectivos desde octubre de 1880”, habiendo generado 800.000 quintales de salitre equivalentes a 640.000 pesos fuertes como derechos de exportación, supuestamente agotando su estacamento: Comisión Consultiva, op. cit., 43. En la historia del salitre se pueden nombrar a varios industriales innovadores que hicieron importantes aportes tecnológicos o abrieron nuevos mercados, uno de ellos fue precisamente Otto Harnecker, quien estaba muy lejos de ser un “especulador”. Santa Catalina fue rematada y su pampa siguió generando caliche por muchos años más, transformándose en una de las más importantes del sector norte. Terminó transformada en un pueblo salitrero y un cantón llevó su nombre, mientras Harnecker debió tomar rumbo hacia el Toco, donde prosiguió su labor industriosa.
[27] Aldunate, op. cit., 98.
[28]  Idem.
[29] Billinghurst, Los capitales…, op. cit., 51.
[30] Bertrand, op. cit.,54.
[31] E. Semper y E. Michels, La industria del salitre en Chile, Santiago, Imprenta Barcelona, 1908, 94 y ss.
[32] Ibid.,111.
[33] Ibid.,95.
[34] El impuesto salitrero o derecho de exportación se mantuvo estable en 27,97 peniques por quintal
español hasta 1907; por lo tanto, no fue un factor que desincentivara la innovación tecnológica o el emprendimiento industrial
[35] Alejandro Bertrand, La crisis salitrera. Estudio de sus causas y caracteres y de las condiciones
favorables que caracterizan a la industria y comercio del salitre, Paris, Editor Louis Michaud, 1910, 14.
[36] Semper y Michels, op. cit., 94.
[37] Enrique Reyes, El desarrollo de la conciencia proletaria en Chile, Santiago, Editorial Orbe, 1973, 193.
[38] Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930, Santiago, Editorial Universitaria, 1991, 161 y ss.
[39] Shane Hunt, La formación de la economía peruana. Distribución y crecimiento en la historia del Perú y América Latina, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú / Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 111.
[40] Cariola y Sunkel, op. cit., 138.
[41] Hunt, op. cit.,110.
[42] El concepto de «triunvirato», asociado a North, Harvey y Dawson, lo utilizó Osgood Hardy, al
sostener que “North was the Caesar of this triunvirat”: “British Nitrates and the Balmaceda Revolution”, Pacific Historical Review17:2, Oakland, mayo 1948, 171. También en Osgood Hardy, “Los intereses salitreros ingleses y la revolución de 1891”, Revista chilena de historia y geografía113, Santiago, 1949, 60-81. Posteriormente siguió siendo utilizado por Michael Monteon, “John T. North, the Nitrate King, and Chile’s Lost Future”, Latin American Perspectives30:6, Riverside, 2003, 69-90.
[43] Óscar Bermúdez, Historia del salitre: desde la Guerra del Pacífico hasta la Revolución de 1891,
Santiago, Ediciones Pampa Desnuda, 1984, 245.
[44] Posiblemente la disputa intelectual más conocida sobre el papel de J. T. North en la economía
salitrera y en la política chilena fue aquella entre Hernán Ramírez Nocochea (Balmaceda y la contra revolución de 1891, Santiago, Editorial Universitaria, 1958) y Harold Blakemore (Gobierno chileno y salitre inglés, 1886-1896. Balmaceda y North, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1977).
[45] Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Santiago, Editorial Universitaria,
1973, 85.
[46] Guillermo Billinghurst, El abastecimiento del agua potable del puerto de Iquique, Iquique, Imprenta La Industria, 1883.
[47] Billinghurst, Los capitales…, op. cit., 45.
[48] Blakemore, Gobierno chileno…, op. cit., 37.
[49] Enrique Amayo presenta a Lynch como responsable de todas las operaciones imaginables en contra de la población e intereses peruanos de Tarapacá y del Perú, incluso de llevar a trabajadores “chinos encadenados a trabajar en las salitreras de Tarapacá”: Enrique Amayo, La política británica en la Guerra del Pacífico, Lima, Editorial Horizonte, 1988, 226. El cargo de Jefe Político de Tarapacá Lynch lo ocupó en muy breve tiempo como se muestra a continuación: jefes políticos de Tarapacá titulares: Patricio Lynch (23/11/1879), Antonio Alfonso (24/8/1880), Rafael Muñoz (27/6/1881), José N. Hurtado (28/10/1881) y Francisco Valdés Vergara (16/6/1882).
[50] Amayo, op. cit., 223.
[51] Valdés, Memoria…, op. cit., 26.
[52] Aldunate, op. cit.,75.
[53] O’Brien, op. cit., 65.
[54] Bermúdez, op. cit., 244.
[55] Billinghurst, Los capitales…, op. cit., 62.
[56] Ibid., 67.
[57] Blakemore señala como ejemplo de las utilidades generadas por el “triunvirato” el alto precio de
venta de la oficina Ramírez, que de ser comprada por Harvey en £5.000 fue transferida a la Liverpool Nitrate Company en £50.000: Harold Blakemore, “John Thomas North, the Nitrate King”, History Today 12, Londres, 1962, 467-475.
[58] Louis Boudat, Salitreras de Tarapacá, Iquique, L. Boudat y Co. Editores, 1889, s/p.
[59] Valdés, La crisis…, op. cit., 19.
[60] Bermúdez, op. cit., 250.
[61] Boudat, op. cit., s/p.
[62] Respecto a esta compañía, Rippy sostiene que North habría manipulado a los accionistas que se
aventuraron en esta empresa, puesto que las condiciones en que se encontraba la oficina Primitiva no
eran las mejores, pero no por eso dejaban de tener oportunidad de proyectar una mejoría: J. Fred Rippy, “Economic Enterprises of the ‘Nitrate King’ and his Associates in Chile”, Pacific Historical Review 17:4, 1948, cit. en William Edmundson, The Nitrate King. A biography of “Colonel” John Thomas North, New York, Palgrave Macmillan, 2011, 159. Billinghurst establece que esta oficina se componía originariamente de 215 estacas, estando la mayor parte en terreno estéril, y solamente habría tenido 22 estacas con caliche, las cual no soportarían una extracción con una máquina por sobre los 50.000 quintales mensuales: Billinghurst, Los capitales…, op. cit., 76.
[63] Se doctoró en el Trinity Collegede Dublín y fue corresponsal de The Times. Estuvo en la guerra de Crimea, en la guerra civil de los Estados Unidos, en la “guerra de siete semanas” entre Austria y Prusia, en Egipto durante la rebelión de Arabí Pacha, etc. En 1889 viajó a Chile formando parte de la comitiva de J. T. North, y su destino específico eran las salitreras de Tarapacá. En la numerosa delegación estaba el dibujante Melton Prior, quien ilustró el libro de William H. Russell titulado A visit to Chile and the Nitrate Fields of Tarapacá, publicado en Londres en 1890.
[64] Bertrand, La crisis salitrera…, op. cit. y Alejandro Bertrand, Tercera Conferencia sobre cuestiones salitreras, Santiago, Editorial de la Universidad de Chile, 1912.
[65] Óscar Bermúdez, Historia del Salitre. Desde sus Orígenes hasta la Guerra del Pacífico. Ediciones de la Universidad de Chile, 1963, 420.
[66] Bermúdez, Historia del Salitre: Desde la Guerra del Pacífico…, op. cit., 247.
[67] Domingo Silva Narro, Guía administrativa, industrial y comercial de las provincias de Tacna, Ta
rapacá y Antofagasta, Santiago, Imprenta Gutemberg, 1917, 283.
[68] Boudat, op. cit., s/p.
[69] Rosario de Negreiros perteneció a don Juan Vernal y Castro después de la Guerra del Pacífico
(1888), pues antes fue propiedad de don Marcelino Luza. A comienzos del siglo veinte Rosario de Negreiros fue propiedad de The Santa Rosa Nitrate Co. Ltd., representada por Harrington Morrison y Co., con domicilio en Iquique, embarcando por Pisagua. Para 1909 su administrador era W.E. Walden Vincent. A partir de 1911 fue propiedad de Baburizza y Cicarelli Cía., cambiando su nombre por el de Slavia.
[70] Francisco Riso Patrón, Diccionario peográfico de las provincias de Tacna y Tarapacá, Iquique,
Imprenta de La Industria, 1890, s/p.
[71] O’Brien, op. cit., 70.
[72] Casas salitreras como Gildemeistero Gibbsfueron también prestamistas, un medio por el cual fue
ron adquiriendo propiedades y minas, pero ello era legal. En esa época y en las anteriores hubo “aviadores de minas” que estaban plenamente reconocidos en los códigos mineros desde la Colonia. Se trataba de inversionistas que financiaban el trabajo minero, según el concepto que viene de “aviar a premios de plata”, que era una utilidad: Carlos Ibáñez, Minas i salitreras. Contiene las leyes, decretos supremos dictados y jurisprudencia vijente sobre estas materias, Santiago, Imprenta La Lira, 1906, 85.
[73] Bermúdez, Historia del Salitre. Desde sus Orígenes…, op. cit., 252.
[74] Robert Harvey, Machinery for the manufacture of nitrate of soda at the Ramírez factory Northern Chili. By permission of de Council. Except Minutes of Proceedings of The Institution of Civil Engineers, Vol. XXXII, Session 1884-85. Part IV. Edited by James Forrest, Secretary. London, 1885
[75] J. T. Humberstone, “Historia de la técnica salitrera en Chile”, en Darío Urzúa (compilación) Semana del Salitre. Organizada por la Academia de Ciencias Económicas. Santiago, Imprenta y Litografía La Ilustración, 1926, 121-123.
[76] Y lo sería solo parcialmente, pues en los cantones de Tarapacá, Taltal e, incluso, Antofagasta se
continuó trabajando con un Shanksmodificado.
[77] Basil Lubbock, The Nitrate Clippers, Glasgow, Brown, Son & Ferguson Ed., 1953.
[78] Sergio González, “¿Espacio o territorio? la integración transfronteriza de la economía salitrera. El caso de Bolivia (1870-1920)”, en Andrés Núñez, Federico Arenas, Rafael Sánchez (eds.), Fronteras, territorios y montañas. La cordillera de los Andes como espacio cultural, Santiago, RIL Editores / Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013, 275-306. Recordemos que hubo recurrentes remates de estacas salitreras que expandieron la capacidad pro
ductiva de esta industria.
[80] Debemos reconocer la observación que realizara Alejandro Bertrand respecto de los agentes especuladores que se dedicaban a la comercialización del salitre en el mercado internacional.
[81] Pinto Santa Cruz, op. cit., 84.