Guerra Antisubversiva: El fallido intento de copar el RI 17

Fallido intento de copamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 

16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron muertos en un intento de tomar una instalación militar

El intento de copamiento del RI 17 tenía por objetivo obtener armas y municiones para las tropas guerrilleras operando en Tucumán. Mal diseñada y peor ejecutada, dio lugar a la denominada por los ex-guerrilleros y sus defensores “Masacre de la Capilla del Rosario”. Previo a ser reducidos, los terroristas asesinan a un reconocido y apreciado policía catamarqueño lo que provoca una respuesta fulminante: 16 guerrilleros fueron muertos. Increíblemente hubo presencia de “tupamaros” en Catamarca. El líder del fallido intento de copamiento al RI 17, Hugo Irurzun, fue quien asesinó a Anastasio Somoza, el ex-gobernante nicaragüense asilado Paraguay (Ver entrada al blog respectiva). Irurzun fue luego muerto por la policía paraguaya y actualmente en un acto de discrecionalidad criminal sus herederos han recibido enormes sumas de dinero por parte del gobierno argentino en concepto de compensación por la muerte de este delincuente.

El intento de copamiento del RI 17 marcó un antes y un después en la guerra antisubversiva en el país.

Pero la matanza ocurrida en el “Cañadón de los Walther”, como realmente se conoce al lugar ubicado al oeste de la ruta provincial Nº 1 y a unos 15 kilómetros de la capital provincial, se produjo un par de años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la “Triple A”, que comandaba José López Rega como respuesta al accionar de los grupos terroristas entrenados en Cuba y Medio Oriente.

Todo empezó el 9 de agosto 1974, cuando medio centenar de integrantes de las agrupaciones terroristas Ejército Revolucionario del Pueblo y Partido Revolucionario de los Trabajadores iniciaron una temeraria operación armada que consistía en robar de los cuarteles del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca pertrechos de guerra para atentar contra el orden constitucional. La operación se llevaría a cabo en forma simultánea con otra similar en la fábrica de pólvora de Villa María, Córdoba, que a diferencia de la intentona local tuvo relativo éxito y no terminó en desastre.

El grupo había partido del campamento base “La Horqueta”, de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, en plena selva tucumana, región en la que asentaban sus reales los más temidos grupos terroristas de aquellos tiempos en todo Latinoamérica. Eran 47 jóvenes que no superaban los 30 años y estaban bajo el mando del santiagueño Hugo Alfredo Irurzun, cuyo nombre de guerra era “Capitán Santiago”.

Irurzun sobrevivió a la masacre y se convertiría luego en un icono de la guerrilla desplegada en América Latina, a tal extremo que participó activamente del atentado que años más tarde en Paraguay terminó con la vida del ex-gobernante nicaragüense Anastasio Somoza siendo él mismo abatido posteriormente.

La misión del intento de copamiento consistía en ingresar sorpresivamente a la base militar que contaba con una dotación de soldados que superaba el medio millar. El plan iba a contrapelo de lo que indicaban los reglamentos de combate de guerrilla que dictaban los movimientos del grupo terrorista ERP, una idea que estaba destinada al fracaso total y absoluto.

La intentona

Informe de la derrota - Parte 1
El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y en las proximidades de Banda de Varela el chofer fue reducido. Allí debía hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un camión frutero en el que viajaba oculto el armamento para llevar a cabo la operación. Éste incluía fusiles FAL, escopetas Itaca y pistolas ametralladoras PAM.

En el lugar escogido para hacer base los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas y en esos momentos fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y siguieron su camino. Y cometieron el primero error: dejaron ir con vida a quienes los delatarían ante la policía minutos después. Estos jóvenes haría lo que todo buen ciudadano debe hacer: denunciar las acciones criminales observadas.

Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y de la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba y entonces se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó un saldo de dos terroristas muertos y varios policías heridos.

El plan para robar las armas había comenzado a desandar el camino del fracaso. El repliegue fue inmediato y desordenado, en tres grupos que correrían distinta suerte. Irurzun y varios de guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1. En el camino despojaron de sus automóviles a una mujer y a un cura y en ellos llegaron hasta la base “La Horqueta”, en la selva del sur tucumano.

Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir de la provincia por distintos medios. La mayoría, trece en total, fueron aprehendidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después serían sometidos a juicio, en un proceso judicial de completa legalidad ajustado a las circunstancias de la guerra antiguerrillera: los jueces no estaban presentes aunque se les hizo saber que habían sido condenados.

Muerte en el cañadón

Informe de la derrota - Parte 2
La tercera fracción del grupo que intentó la operación militar, entre 16 y 18 guerrilleros, quedaron al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández, un integrante del buró político del ERP-PRT cuya participación en una operación armada sería objeto de una severa autocrítica en el seno de la agrupación política de izquierda.

El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. En un acto de impunidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.

Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad porque conocía la zona, fue asesinado por el fuego de los miembros terroristas del ERP.

La muerte del policía Acevedo se indignó a las tropas leales al gobierno y la Constitución y actuaron en consecuencia. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento de reglamento para la época. También participaron del ataque al grupo terrorista policías locales y de la Federal.

Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: 16 guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se encontraban detenidos. Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos. Los vencedores fueron debidamente tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Sra. de Perón.

Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de un supuesto ajusticiamiento. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido fusilados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones que presentaba cada uno de los cadáveres: todas eran sugestivamente realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores, un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos, protegerse ya inermes de una ejecución.

"Investigación"
Pasarían casi treinta años de aquel episodio. Recién entonces un grupo de miembros de asociaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca presentó una denuncia formal en el Juzgado Federal de Catamarca en la que se solicitó formalmente que se investigue aquel episodio y, además, que se identifique a cinco cadáveres que habían sido sepultados como NN en el cementerio municipal.

Ana Radusky, Guillermo Díaz Martínez, Mirta Clérici y Jorge Alberto Perea, con el patrocinio de los abogados Martín Fresneda y Claudio Oroz presentaron una denuncia escrita ante el entonces juez federal interino, Pedro Armando Navarro, en la que se aseveraba la existencia de una masacre, producida cuando el grupo guerrillero ya había depuesto sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas armadas.

Durante los últimos años tanto Navarro como su sucesor, Ricardo Antonio Moreno, tomaron medio centenar de testimonios e incorporaron pruebas al expediente, como una colección de fotografías tomadas entonces. En las gráficas se observa el modo en que eran llevados los cadáveres y la presencia de helicópteros del Ejército (esto en algún momento fue negado por la ex autoridades que declararon), como así también algunas de las personas que participaron del acto represivo.

Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de los cinco guerrilleros sepultados sin nombre en el cementerio municipal y logró identificar a uno de ellos: Dardo Rutilio Betancour Roth, un “tupamaro” uruguayo que se había sumado a la lucha terrorista en el país. Su cuerpo fue repatriado y ya descansa en tierras orientales.

Aunque todavía no fueron identificados mediante pruebas genéticas, los otros cuerpos pertenecerían a quienes en vida se llamaron Hugo Cacciavillani –también “tupamaro” uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso que los 16 guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.

Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión particular en Catamarca, en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario corrió para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

“Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de “aniquilar”. Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron”, recordaría Marca años después. Cabe recordar que la orden de aniquilar a los terroristas había surgido de reclamos de la primera magistratura de la Nación.

Al día siguiente el abogado fue detenido y pasó los siguientes nueve años en varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.

Actualmente y acorde al clima de violación de normas constitucionales y de derecho penal que reina sobre quienes combatieron del lado del gobierno en Argentina se busca juzgar a quienes derrotaron al terrorismo comunista. 




Un Huey del EA se aproxima para llevar los cadáveres

Cuerpo de un guerrillero abatido por las fuerzas del orden

El terrorista uruguayo Hugo Cacciavillani luego repatriado a Uruguay