Mostrando entradas con la etiqueta dictadura. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta dictadura. Mostrar todas las entradas

domingo, 23 de febrero de 2025

Peronismo: Cuando Eva Perón robó pistolas y ametralladoras a Ballester Molina

 

“Urgente y confidencial”: cómo obligaron a un empresario a venderle 5000 pistolas a la Fundación Eva Perón para crear una milicia obrera

La pistola Ballester Molina Cal.45 junto a un libro que habla de sus características

Una carta de puño y letra de Carlos Ballester Molina, a cargo de la empresa Hafdasa, cuenta cómo en 1951 lo conminaron a vender armamento a la Fundación de la esposa del presidente para proteger a Perón de posibles ataques


Germán Wille

El 28 de noviembre de 1951, a las 8.30 de la mañana, Carlos Ballester Molina hijo, presidente de la fábrica de armas Hafdasa, ingresó a un despacho del Ministerio de Hacienda donde había sido citado, de manera urgente, una hora antes. Allí fue recibido por un subsecretario de esa cartera de apellido Cicarelli que, sin demasiado preámbulo y de manera imperativa, le dijo: “Tengo la orden de la señora Eva Perón de adquirir a ustedes la provisión de 5000 pistolas y 2000 ametralladoras, entrega que deberá hacerse de inmediato y en la forma más confidencial”. La transmisión de esa orden, añadió entonces Cicarelli, provenía directamente del administrador de la Fundación Eva Perón (FEP), a la sazón el ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Domingo Perón, Ramón Cereijo.

El episodio está narrado en una carta que dejó escrita de puño y letra a su familia el propio Carlos Ballester Molina, fallecido en 1997, y a la que LA NACION tuvo acceso de forma exclusiva. En ella, el ingeniero y empresario cuenta, con lujo de detalles, cómo fue “obligado” a vender armas fabricadas por su empresa -las famosas pistolas semiautomáticas Ballester Molina- a la Fundación Eva Perón. Y como, además, hubo gente que le pidió “comisiones” durante la transacción.

Primeras líneas de la carta que Carlos Ballester Molina hijo dejó a sus familiares, escrita en una hoja con membrete
Primeras líneas de la carta que Carlos Ballester Molina hijo dejó a sus familiares, escrita en una hoja con membrete

Gentileza Ignacio Ballester Molina

Si bien la carta no lo dice, el armamento solicitado tenía como destino proteger a Perón de posibles ataques o tentativas para derrocarlo. De hecho, dos meses antes del encuentro en el Ministerio de Hacienda, el 28 de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez había encabezado un conato de levantamiento contra el presidente. “A partir de ese intento revolucionario, salió la idea, no se sabe si por parte de Eva, que estaba muy enferma, o de alguien que la rodeaba, de que había que dar armas a la CGT a través de la Fundación para hacer una milicia para defender a Perón”, explica a este medio Roberto Azaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Historia Militar.

“Sufrí con todo esto durante toda mi vida”

“Obviamente las armas eran para armar la milicia de Perón”, asevera en el mismo sentido Ignacio Ballester Molina, de 51 años, abogado con una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, hijo de Carlos y poseedor de la carta que su papá dejó a su familia para contar la verdad de lo que había pasado con la Fundación. “Las escribió para sus hermanos y para todos en general, porque lo acusaban de ‘peronista’, que él no lo era, por el tema de la FEP y de que él había armado la venta de armas. Incluso se peleó a muerte con uno de sus hermanos”, dice Ignacio, a quien su padre también le dejó documentos oficiales que certifican lo que él había escrito en su misiva.


Ignacio Ballester Molina recibió de manos de su padre la carta en la que este último explicaba cómo lo obligaron a vender armas a la Fundación Eva Perón
Gentileza Ignacio Ballester Molina

“Yo te voy a dar esto solo a vos, porque sabés guardar secretos. No se lo di ni se lo dije a nadie. Pero esto fue lo que pasó y yo sufrí mucho con todo esto durante toda mi vida. Hacé lo que quieras con esto”, le dijo Carlos a su hijo al entregarle la carta en sobre lacrado, apenas unos meses antes de su muerte. “Mi viejo en el momento en que lo llaman de la Fundación tenía 27 años. Se c... todo. Y mi abuelo (Carlos Ballester Molina padre, entonces dueño de Hafdasa) se había ido a Uruguay, porque se había peleado con Perón”, añade Ignacio.

Para poner la situación en contexto, vale decir que para el año 1951, la fábrica Hafdasa, ubicada en la calle Campichuelo 250, en el barrio porteño de Caballito, fabricaba, entre otro tipo de armas, las pistolas Ballester Molina que eran, desde 1938, las de uso oficial del Ejército Argentino y de una gran cantidad de fuerzas de seguridad del país.


Carlos Ballester Molina hijo junto a la pistola semiautomática Ballester Molina en el Museo de Armas de Buenos Aires

Gza. Ignacio Ballester Molina

Nacimiento y evolución de una empresa argentina

La historia de esta compañía había arrancado a principios de la década del ‘20, cuando dos inmigrantes mallorquíes que eran cuñados, Arturo Ballester Janer y Eugenio Molina abrieron en Buenos Aires una subsidiaria de la firma europea Hispano-Argentina para poder importar autos. Pero pronto, estos españoles no se contentaron con la mera importación y pensaron en crear una fábrica para hacer sus propios vehículos y motores. Así es como nace Hispano Argentina Fábrica de Automóviles Sociedad Anónima (Hafdasa) con su sede de una manzana en Caballito, donde se contaba con la máxima tecnología.

“Esta fábrica va con la historia de la época, en los años 30, de la sustitución de importaciones, que después enganchó con el peronismo. Imperaba la ideología de ‘hagamos las cosas nosotros por una cuestión de soberanía’”, explica Ignacio Ballester Molina y luego añade que, si bien Hafdasa fue creada por Arturo Ballester y Eugenio Molina, el gerente de la fábrica, desde el principio, fue Carlos Ballester Molina (padre), hijo de Arturo, padre de Carlos y el abuelo de Ignacio.


Una postal de la fábrica Hafdasa, ubicada en Campichuelo 250, en el barrio porteño de Caballito

Gentileza Ignacio Ballester Molina

Al comienzo, en la fábrica se producían motores diésel y a nafta, de diferentes potencias “íntegramente fabricados en Campichuelo”, asevera Ignacio. También hicieron camiones con motores diésel para el ejército y llegaron incluso a crear varios prototipos de autos, como el PBT, que no pudo desarrollarse más por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y los problemas para conseguir insumos.

Pero, más allá de la buena producción de motores y algunos vehículos que sostenía la firma, pronto pasaría a dedicarse a la fabricación de armas, rubro en el que se destacaría fuertemente. Primero, según cuenta Ignacio, se empezaron a confeccionar en la empresa los fusiles. “Bajo la licencia de Mauser, lo hacían en Hafdasa y lo proveían al ejército. Y les salían muy bien”, asegura el descendiente de los creadores de aquella empresa.


Carlos Ballester Molina padre prueba uno de los motores y chasis construidos en Hafdasa
Gentileza Ignacio Ballester Molina


Carlos Ballester Molina, uno de los creadores de la pistola argentina usada oficialmente por el Ejército Argentino, prueba un motor diesel también realizado en Hafdasa

AGN

Se crea la pistola Ballester Molina

Con este buen antecedente en su historial, para mediados de la década del ‘30, la Dirección General de Material del Ejército Argentino (DGME) encargó a Hafdasa la fabricación de armas portátiles. La idea era tener una pistola semiautomática calibre 45 que suplantara a la Colt M1911 1, el arma de puño que hasta entonces utilizaban las Fuerzas Armadas y la policía de la Argentina.

Así, con la base de los diseños de pistolas españolas de las marcas Llama y Star y con muchas similitudes a la mencionada Colt1911, nació la pistola Ballester Molina. En rigor, los primeros dos años, entre 1938 y 1940, el arma se llamó Ballester Rigaud, en homenaje al ingeniero francés Rorice Rigaud, que participó en el diseño de las pistolas. Pero pronto este profesional galo abandonó la fábrica (“maltrataba al personal”, asevera Ignacio) y el arma de puño pasó a tomar el nombre del dueño de la fábrica, con el que se harían célebres: pistolas Ballester Molina.


Carlos Ballester Molina (h.) habla a los operarios de Hafdasa

Gentileza Ignacio Ballester Molina


Juan Manuel Fangio visita Hafdasa y sonríe con los Ballester Molina, Carlos padre y Carlos hijo
Gentileza Ignacio Ballester Molina

Las armas tenían la característica de que podían intercambiar sus cargadores y cañones con las Colt que utilizaban hasta entonces los uniformados argentinos. La Ballester Molina tenía, entre otras de sus características, un rombo grabado en la base del cargador con las letras HA, correspondientes a Hispano Argentina.

El tema es que, luego de superar exigentes pruebas de calidad, entre 1938 y bien entrada la década del ‘50, la pistola Ballester Molina, se convirtió en el arma de puño oficial de varias fuerzas de seguridad del país. Entre ellas, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Aduanera, la Gendarmería Nacional, la Armada Argentina.


El general Juan Domingo Perón bebe una copa con Arturo Ballester Janer (con canas, barba y bigote) y Carlos Ballester Molina padre (traje negro, de frente)
Gentileza Ignacio Ballester Molina

Ignacio Ballester Molina asevera que en Hafdasa había una “conexión genuina entre la patronal y los obreros: había 600 operarios industriales y nunca hubo un problema sindical”. Destaca, además, que cada parte de la pistola, “hasta el último tornillo” se realizaba en la Argentina.

El hijo y nieto de los que llevaron adelante aquella fábrica de armas cuenta una curiosidad más, que tiene que ver con la historia del peronismo, y también de la Argentina: “José Ignacio Rucci, con su bolsito que venía de Navarro, cayó a la fábrica a buscar laburo. Ahí empezó a hacer sus primeras armas, literal y metafóricamente, y empezó a hacerse conocido... se convirtió en el delegado gremial de la fábrica”.


El rombo con las letras HA, de Hafdasa, en la base del cargador de la Ballester Molina

Forgotten Weapons

Proteger a Perón

Fue a finales de noviembre de 1951 cuando Carlos Ballester Molina hijo recibió la invitación telefónica para asistir al Ministerio de Hacienda. Para aclarar los términos entre los dos empresarios con el mismo nombre. Carlos Ballester Molina padre, nacido en 1898, ingeniero industrial y pionero en el desarrollo de Hafdasa, se había ido unos años antes a vivir a Uruguay y había dejado a cargo de la compañía a su hijo Carlos, nacido en 1925 -tenía solo 27 años- y graduado de ingeniero aeronáutico en la provincia de Córdoba.

En ese entonces, el general Juan Domingo Perón estaba en las postrimerías de su primer mandato presidencial y ya había lanzado su candidatura para la reelección. En principio, hubo una gran movida para que Eva Perón, su esposa, fuera su compañera de fórmula -hubo un anuncio multitudinario en la 9 de julio en agosto de ese año-, pero finalmente, la misma Eva anunció la renuncia a su candidatura. Se encontraba gravemente enferma.


La actriz Eva Perón junto a su esposo y presidente de la Argentina, general Juan Domingo Perón
Getty Images


Primera plana de La Nación que reporta que fue sofocado un intento de golpe de estado contra Perón del 28 d septiembre de 1951, posiblemente el hecho que dio pie a la compra de armas por parte de la Fundación Eva Perón

Archivo Nacional de la Memoria

A su vez, grupos opositores al gobierno, en especial dentro de las Fuerzas Armadas, planificaban acciones para la caída del gobierno, como la de septiembre del ‘51, cuando el general Menéndez a la cabeza de varios uniformados intentó dar un golpe de estado.

Si bien el gobierno contaba con fuerte apoyo de buena parte de la población, había también distintos sectores dispuestos a terminar con él. Por ello fue que alguna persona relacionada a la Fundación Eva Perón (¿la misma Evita?) tuvo la idea de formar milicias obreras para proteger al líder. Y allí se produjo el “pedido” de armas a Hafdasa. Un pedido del que el propio Carlos Ballester Molina hijo dejó constancia a través de una carta, fechada en febrero de 1953, y varios documentos probatorios, que quedaron en posesión de su hijo Ignacio.


Eva Perón en un acto por el día de la minería; detrás suyo se encuentra Ramón Cereijo, ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Domingo Perón y administrador de la Fundación Eva Perón
Fundación Ceppa

Un pedido y una amenaza

En la misiva, Carlos Ballester Molina asegura que la primera reacción que tuvo ante la exigencia de Cicarelli de vender las pistolas y ametralladoras a la Fundación Eva Perón fue negarse: “Al recibir esta orden y ver los efectos que dichas armas podían producir, objeté”, escribió el ingeniero. Luego, el empresario le aseguró a su interlocutor que responder a esa solicitud era “completamente imposible” ya que no tenían en los almacenes los materiales necesarios para la producción de esas unidades.

Entonces, el ingeniero recibió una respuesta cargada de ironía por parte de Cicarelli, quien se mostró extrañado por la respuesta evasiva de Ballester Molina, pues él tenía “toda la documentación pertinente” a las declaraciones juradas al Ministerio de Industria donde se hacía mención de los aceros al cromo-níquel y demás herramientas que tenía la fábrica para le ejecución de eventuales trabajos. Esta intervención del hombre de Hacienda sería lo que hoy se llama “un carpetazo”.


Aviso de General Electric sobre su trabajo en el edificio de la Fundación Eva Perón, que tenía su sede donde hoy se encuentra la Facultad de Ingeniería, en Paseo Colón al 800. Revista de Arquitectura 1953

A continuación, el subsecretario de Hacienda soltó una frase que al empresario le sonó como una velada amenaza: “Claro que si ustedes no quieren colaborar, nosotros le agradecemos de igual forma”.

En otro párrafo de la carta, Ballester Molina señala que se dio cuenta que el hecho de no aceptar llevar a cabo la operación “traería por consecuencia la clausura del establecimiento, quedando todo el personal obrero, muchos de los cuales tenían 30 años de servicio, en la calle y sin trabajo”. De modo que él decidió “‘agachar la cabeza’, como en tantas ocasiones la fuerza lo impone y realizar el convenio”.

La inscripción con los datos básicos en la corredera de la pistola Ballester Molina, un arma de industria argentina
Forgotten Weapons

El permiso del ejército

Cicarelli le dijo al empresario que recibirían un 30 por ciento de anticipo por la adquisición, pero también le informó que Hadfasa tendría la “obligación de un ‘descuento’ del cinco por ciento que diera en forma de donación” a la Fundación.

Otro pedido del funcionario preocupó seriamente al joven empresario, y así lo escribió en su carta: “Me dijeron así mismo que debía entregarlas (las armas) sin autorización del ejército, cosa que me opuse terminantemente, haciéndole saber que antes prefería ir preso o que me cerraran la fábrica como él me había amenazado”.


Humberto Sosa Molina (segundo desde la izquierda) junto a Juan Domingo Perón y otros militares en el USS Huntington, en el año 1948
wikicommons

La autorización del ejército que solicitaba Ballester Molina llegó tiempo más tarde, a través de una carta firmada por el ministro de Defensa de la Nación, general José Humberto Sosa Molina. Allí podía leerse: “Este Ministerio acuerda el permiso para que esa firma provea a la Fundación Eva Perón las 5000 pistolas automáticas con firma Ballester Molina, calibre 45, que oportunamente fueron solicitadas”.

Esta carta estaba dirigida a Industria General Argentina (IGA), una distribuidora de Hafdasa, que el propio Carlos Ballester Molina utilizó para realizar esta operación. “Mi viejo tuvo que inventar una empresa, que era IGA, para terciarizar el asunto”, señala Ignacio. A cargo de esa firma, el ingeniero puso a Carlos Stehlin, a quien describió en su carta como “de nacionalidad americana y que poseía la medalla de la lealtad peronista”.


Documento con la firma del Ministro de Defensa, General Sosa Molina, en el que se autoriza, por parte del Ejército Argentino, la venta de armas a la Fundación Eva Perón
Gentileza Ignacio Ballester Molina


La pistola Ballester Molina cal.45 fue utilizada oficialmente por el Ejército Argentino entre 1938 y fines de la década del '50

Facebook / Albumes de armamento y munición

¿Perón lo sabía?

En este punto de la carta, vale preguntarse si el general Perón podía haberse mantenido al margen de esta operación, si en verdad se trató de un operativo hecho a sus espaldas. De acuerdo con el historiador Roberto Azaretto, todo esta adquisición de armas se realizó “sin que se entere Perón”. El historiador asevera: “Cuando él se entera, lo impide y ordena que esas armas vayan al ejército”.

Carolina Barry, que es doctora en Ciencias Políticas, Investigadora Principal del Conicet y que realizó exhaustivos trabajos enfocados en Eva Perón y la rama femenina del peronismo, en diálogo con LA NACION, dio su propia versión al respecto: “Es muy difícil que Perón no lo supiera. Muchas veces se hacía el tonto. Estas eran cosas de Eva, pero difícil que no lo supiera”. Por otra parte, la académica coincide con Azaretto en que las armas fueron secuestradas por el líder justicialista. Según lo que investigó ella, luego las destinaron al arsenal Esteban de Luca y finalmente las entregaron a Gendarmería.



Los que estudiaron el tema de la compra de armas por parte de la Fundación Eva Perón opinan que Perón no sabía lo que estaba ocurriendo o que sabía y se hizo el desentendido
Archivo General de la Nación


Roberto Azaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia, cree que la compra de armas para la Fundación Eva Perón se hizo a espaldas del mandatario

Gza. Roberto Azaretto

La versión de Ignacio Ballester Molina es similar: “Perón, enterado de la operación por Rucci y por Carlos Ballester Molina, esperó a que se hiciera, las secuestró de la Fundación y se las dio al Ejército”. El hijo del empresario añade algo en que coincide con Azaretto y Barry: “Jamás un militar como Perón hubiera permitido armar civiles”.

En ese sentido, Azaretto dice: “Para entender a Perón hay que tener claro que era un hombre del ejército, lo demostró cuando retornó en el ‘73, lo primero que hizo fue ponerse el uniforme, en ningún momento admitía el tema de la milicia”.


Como todo militar, el general Perón estaba en contra de que el pueblo se arme, coinciden los historiadores

Universal History Archive - Universal Images Group Editorial

“Como buen militar, a Perón no le pareció adecuado el tema de armar al pueblo, ya que contradice cualquier principio militar, del ejército sobre todo”, asevera Barry, aunque añade: “Pero también, según los cables de la CIA, es interesante ver la cantidad de intentos de asesinato que hay en esos tiempos contra Perón. El de septiembre del ‘51 es solo uno. En esa lógica, no me extraña que la misma Eva pensara en las armas y que Perón se hiciera el desentendido... después reaccionó”.

“Nosotros, los de la CGT”

La carta del ingeniero Ballester Molina tampoco lo dice, pero los historiadores coinciden en que las armas exigidas por la Fundación Eva Perón serían para repartir a través de la CGT, que en ese momento estaba a cargo de José Espejo, un hombre muy vinculado a la esposa del presidente. “Eran la mano derecha uno de otro -asegura Barry-. Espejo era más leal a Eva que al mismo Perón, es él el que plantea la vicepresidencia de ella para el segundo mandato. La CGT es la principal entidad que le da recursos a la Fundación Eva Perón, y ella se presentaba casi como diciendo: ”Nosotros, los de la CGT".


El secretario general de la CGT, José Espejo (tercero desde la izquierda), tenía un vínculo muy fuerte con Eva Perón
Gentileza Fundación Ceppa

La investigadora de Conicet deja otro dato interesante en relación con las armas que tenían como destino la CGT: “Tuve la oportunidad de conversar con gente cercana de Eva Perón, como la hija de José Espejo y la hija de Atilio Renzi, que era el intendente de la residencia presidencial en el Palacio Unzué, y ellas tenían el mismo tipo de arma que les había regalado la Fundación. Ambos tenían borrado en la empuñadura una inscripción que habían limado”.

Según lo que cuenta Ignacio Ballester Molina, las armas con destino a la Fundación, tenían marcada una letra “F” en el guardamonte, que es la pieza de metal que protege al gatillo. “La ‘F’ por la fundación”, aclara". Y Barry acota otro dato respecto a las pistolas: “Ya muerta Eva, la Fundación le entrega a las diferentes dependencias, como directoras de los hogares de tránsito, un arma para defenderse. Si son estas mismas pistolas o son otras, no lo sé”.


Carolina Barry, investigadora principal del Conicet, realizó un exhaustivo trabajo sobre la relación entre Eva Perón y la CGT
Gza. Carolina Barry

Eva Perón, José Espejo y Juan Domingo Perón, cuando todo era sonrisas

Ig @lo.invento.peron

Lo cierto es que, luego de la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, es el propio general Perón el que decide desprenderse de todos los hombres que habían estado cerca de ella. “Se los saca de encima”, dice Azaretto y añade: “A los pocos meses los hace renunciar. En el 17 de octubre posterior a la muerte de Evita, en el acto, hay una silbatina enorme contra Espejo que hace que esa misma noche renuncie a la secretaría general de la CGT. En pocos meses, no queda nadie de los que habían llegado a posiciones con el influjo de Evita”.

“Según la familia de Espejo, antes de morir, Eva le había pedido al dirigente que se exiliara porque la iba a pasar muy mal”, dice Barry, en el mismo sentido.


Documento donde IGA detalla los plazos de entrega de las pistolas Ballester Molina a la Fundación Eva Perón
Gentileza Ignacio Ballester Molina

El Príncipe de Holanda

La carta de Ballester Molina contradice también otra versión que existía entonces y subsistió en el tiempo que decía que, en realidad, el que había provisto las armas para las milicias obreras había sido el príncipe consorte Bernardo, de Holanda.

Esto se refleja en una escena de la película Eva Perón, de Juan Carlos De Sanzo, cuando la mujer del general -interpretada por Esther Goris-, sabiendo que no le queda mucho de vida, le dice a Espejo y a otros dirigentes: “Yo no sé qué va a ser de mí ahora, Dios dirá, pero por sobre todas las cosas quiero que nunca lo dejen solo a Perón (...) yo le compré al príncipe de Holanda 5000 pistolas automáticas y 1500 ametralladoras. Son para ustedes, muchachos, que sirvan para defender a Perón".

El príncipe consorte Bernardo de Holanda, marido de la reina Juliana, ayuda a Eva a ponerse su abrigo en una cena íntima en la residencia presidencial.

Gentileza Fundación Ceppa

Si bien se trata de un diálogo ficcionado escrito por el guionista José Pablo Feinmann, la relación entre el príncipe consorte Bernardo -abuelo del actual rey de Holanda- y las armas no era algo descabellado: “Mi pista venía por ese lado”, señala Barry y añade: “Él príncipe estuvo en la Argentina en abril de 1951, la condecoró a Eva con la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau, parte de sus negocios era el tráfico de armas... pero no es fácil de comprobar en documentación”.

Azaretto, por su parte, niega esta posibilidad, y la considera una “leyenda”. “No es cierto que las armas las haya vendido el príncipe. Fue Ballester Molina. Bernardo visita por esa época la Argentina, acá lo agasajaron, lo llevaron a la Ciudad Infantil, lo que hacía el peronismo en esa época, pero en realidad él lo que concreta es la venta de material ferroviario muy importante”.

Fragmento del filme Eva Perón, de Juan Carlos Desanzo
Fragmento del filme Eva Perón, de Juan Carlos Desanzo

El historiador tiene una explicación para esta versión: “Usaban eso como nombre clave para la compra de armas, se decía Operación Príncipe de Holanda, de ahí viene la confusión de que las armas las vendía él”.

Tras la caída de Perón en septiembre de 1955, el gobierno que lo derrocó comenzó a investigar las acciones ilícitas o sospechosas de serlo realizadas por el gobierno peronista. Una de estas acusaciones puede leerse en la primera plana del diario Clarín, del 30 de septiembre de 1955, donde se informa: “Por orden del entonces ministro de Defensa, general Sosa Molina, se entregaron en 1952 a la Fundación Eva Perón 5000 pistolas calibre 45 Ballester Molina”. El que había informado a la comisión investigadora sobre esa entrega de armas, según el mismo periódico, era el exministro de Hacienda, Ramón Cereijo.


Carlos Ballester Molina hijo recibió el pedido de suministrar armas a la Fundación Eva Perón

Gentileza Ignacio Ballester Molina

Aquí no se hace mención al príncipe de Holanda pero, así como Barry, hay historiadores del peronismo, como Norberto Galasso, que sugieren que el noble neerlandés tuvo alguna participación en esta operación. Pero la carta de Ballester Molina no lo menciona en modo alguno.

El pedido de “comisiones”

Con respecto a las ametralladoras mencionadas en la carta de Ballester Molina, es menester aclarar que esas efectivamente nunca llegaron a la Fundación Eva Perón. De hecho, entre los documentos que tiene Ignacio Ballester Molina, hay uno, con fecha del 6 de agosto de 1952, que corresponde a la rescisión de contrato por la compra de esas armas de común acuerdo entre IGA y la FEP.

Además de la manera imperativa en que se exigen las armas y el pedido de aquel “descuento” de 5 por ciento en favor de la FEP, en la transacción hay otro detalle curioso que remarca Ballester Molina en su carta. Esto es un llamativo pedido de “comisiones” para dos personas.

Se lee en la carta: “He aquí que aparece un señor Henry Frank, sabedor de esta negociación, diciéndonos que era (indispensable) otorgarle a favor de él y de una señorita Raquel Rubin una bonificación del 2 y medio por ciento para él y del 5 por ciento para la segunda”. El empresario acota que si eso se suma al 5 por ciento de donativo exigido por Cicarelli llega todo al 12 y medio por ciento, lo que reducía la ganancia por cada pistola de 800 pesos a prácticamente 700 pesos.

Documento donde queda asentada la contribución a la señorita Raquel Rubin por su intervención en la compra de armas
Gentileza Ignacio Ballester Molina

Dos cartas dirigidas respectivamente a Rubin y a Frank por parte de IGA confirman el acuerdo por el pago de estas “comisiones” a ambos personajes, por sus supuestas tareas para contribuir en la operación de la compra de armas. Para Ignacio Ballester Molina, esto se trató, lisa y llanamente de un “pedido de coima”.

La entrega de las armas a la Fundación entra en una nebulosa. De acuerdo con uno de los documentos, el envío final de las pistolas estaba estipulado para el 31 de julio de 1952. Pero lo más seguro es que los tiempos se hayan dilatado o que, teniendo en cuenta la muerte de Evita y la caída en desgracia de sus allegados, las últimas entregas nunca se hayan producido.


La firma de Carlos Ballester Molina hijo en la carta que dejó para que sus familiares conocieran la verdad sobre la venta de armas a la Fundación Eva Perón

Gentileza Ignacio Ballester Molina

En la carta, Ballester Molina informa que el 1 de abril de 1952 se fue de viaje a los Estados Unidos, donde llegó en agosto, previa recorrida de latinoamérica. El empresario aclara en su carta: “En ese lapso de tiempo parece que unos componentes de IGA realizaron negocios con el gobierno, ejecutando con la Fundación negocios a los que me encontraba completamente ajeno”.

“Las armas se vendieron cuando mi viejo se fue a ese viaje”, asegura Ignacio, en consonancia con lo que escribió su padre en la carta. El hijo de Carlos Ballester Molina cierra este tema con un pensamiento paradójico: “A mi viejo y a mi abuelo jamás les importó hacer armas. Empezó por un encargue que les salió demasiado bien. El vector de su vida era ser un fabricante de vanguardia de autos y de aviones....emular a (Henry) Ford y a (Howard) Hughes”. Pero la historia se disparó hacia otro lado...


lunes, 20 de enero de 2025

Chile: Los fusilamientos de la guardia de Allende

 

Pinochet: "A estos huevones me los fusilan a todos"

Miembros de la custodia de Allende fueron de los primeros fusilados por la represión que marcó los 17 años de dictadura.

La Nueva Tribuna

Junta militar de Pinochet

Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301


Poco después del mediodía del 11 de septiembre de 1973, el Palacio presidencial de La Moneda ardía en llamas bajo el bombardeo aéreo de los militares golpistas, cuando un grupo de hombres abandonó el edificio y se rindió. Eran los integrantes del GAP -Grupo de Amigos del Presidente, encargados de la seguridad personal de Salvador Allende-, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y algunos asesores que acompañaban al presidente chileno en las horas finales del ataque al Palacio. Los hombres fueron llevados al Regimiento Tacna, brutalmente torturados y dos días después enviados en camiones al campo militar de Peldehue, donde fueron sumariamente ejecutados. Simultáneamente, por todo Chile los militares llevaban a cabo una cacería implacable a los seguidores del gobierno socialista depuesto. Allende estaba muerto y centenares de sus partidarios morirían en los próximos días. El régimen militar que se instauraba en Chile por 17 años estaría marcado por la brutalidad y por la práctica de ejecuciones sumarias, teniendo a los GAP entre sus primeras víctimas.

El país estaba bajo estado de sitio. Millares de chilenos eran llevados a campos de prisioneros improvisados. Eran tantos que once estadios de fútbol fueron convertidos en prisión y centros de tortura. El bando número 1 de los militares decía que cualquier “acto de sabotaje” sería castigado “en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos”. Los comandantes y jefes de zona estaban autorizados a realizar consejos de guerra y aplicar la Ley de Fuga para justificar las ejecuciones.

Las embajadas extranjeras estaban llenas de perseguidos que intentaban obtener asilo político y escapar a la prisión y la muerte. Miles buscaron protección de diversos organismos internacionales y otros optaron por abandonar el país clandestinamente.

Cinco horas después del inicio del golpe, la Junta Militar emitió el bando número 10. Contenía los nombres de 92 integrantes del gobierno depuesto de la Unidad Popular que deberían presentarse al Ministerio de Defensa antes de las cuatro de la tarde. Luis Maira era uno de ellos. Durante 12 días, el ex coordinador del grupo parlamentario de la UP, entonces con 33 años, se escondió en Santiago, cambiando de dirección cada 24 horas, hasta conseguir asilo en la embajada de México. Allí estuvo por nueve meses con otros 200 chilenos, hasta conseguir partir al exilio.

Cincuenta años después Maira recordó, en declaraciones al diario chileno “La Tercera”, que decidió dejar el país al escuchar el duro pronunciamiento del comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, por cadena nacional. “Dijo que habían detenido a muchos extremistas, pero que se habían dado cuenta de que las listas no tenían las debidas prioridades, por lo que habían seleccionado a 13 personas, a los dirigentes principales a los que calificó de marxistas antipatriotas. [Deberían] detenerlos para interrogarlos, apremiarlos y castigarlos”, recordó Maira. “Me di cuenta de que ya no tendría muchas posibilidades de sobrevivir”, añadió.

El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos

El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos. Y también de delación de ciudadanos, que denunciaban a vecinos, colegas de trabajo, adversarios, que acababan detenidos y muchas veces muertos. Las universidades y los medios de comunicación fueron intervenidos. Se declaró la disolución de todas las organizaciones de trabajadores, campesinas, estudiantiles, culturales, gremiales y deportivas.

Por decreto, los registros electorales fueron quemados, por el motivo obvio de que estaba suspendida la democracia representativa por el voto. La represión era indiscriminada. Parte de la historia de este período está documentada en el impresionante Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago, fundado en el 2010 para que no sea olvidada (MMDH - Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).

Con la vuelta de la democracia, en marzo de 1990, fue creada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig -por el nombre de su presidente, el jurista Raúl Rettig-, para investigar los crímenes cometidos por la dictadura contra los derechos humanos. Más tarde, otro grupo, la Comisión Valech -por el obispo Sergio Valech- dio continuidad a dicho trabajo.

En los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas: 2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas

Según los informes Rettig (1991) y Valech (2003), ambos actualizados con el tiempo, en los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas: 2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas. El 68,57 % de las detenciones reconocidas por la Comisión Valech ocurrieron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. El número de personas que sufrieron prisión política y/o torturas, fue de casi 40.000. A pesar de la concentración de víctimas en los primeros meses, la práctica de la prisión, tortura y ejecución contra los opositores fue mantenida durante muchos años.

La ejecución de los miembros de seguridad del presidente Allende el día 13 de septiembre de 1973 fue típica de lo que ocurriría en los años siguientes. El episodio fue reconstruido en detalle por Jorge Escalante, en el reportaje “Yo maté a los prisioneros de La Moneda”, publicado en 2002 en el diario “La Nación”. Uno de los periodistas chilenos que más investigó sobre el aparato represivo, Escalante consiguió entrevistar a uno de los militares que participó en la ejecución de los GAP, que relató lo ocurrido.

Después de que llegaron al regimiento Tacna, a poco más de un kilómetro del Palacio de la Moneda, los hombres fueron mantenidos boca abajo, tendidos en el suelo. Durante dos días fueron torturados. El general Pinochet en persona fue hasta el lugar. Uno de los presos, Pablo Zepeda Camilliere, consiguió escapar pues lo trasladaron por error al Estadio Chile. Zepeda, cuenta el periodista, asistió al siguiente diálogo entre Pinochet y el comandante del regimiento, Joaquín Ramirez Pineda.

Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP

Pinochet le pregunta quiénes son los prisioneros. “Estos son los escoltas de Allende, mi general, son los GAP y otros asesores”. Pinochet es directo en la respuesta: “A estos huevones me los fusilan a todos”. El relato coincide con lo que Escalante oyó del coronel Fernando Reveco Valenzuela. Según el coronel “Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP”.

El número de ejecutados en este episodio es incierto, pero de acuerdo con relatos de algunos militares fueron 27 los guardaespaldas, asesores y agentes presos después de rendirse en La Moneda. Todos menos Zepeda fueron llevados en un camión, atados de pies y manos, hasta el campo militar de Peldehue, en las afueras de Santiago. Al llegar al destino se les desataron los pies para que dieran los últimos pasos de su vida. Uno a uno, fueron ejecutados a tiros de ametralladora y lanzados directamente en un pozo seco y profundo, con las manos atadas.

Logo de la DINA.

Los militares volvieron al mismo pozo en 1978 para llevar a cabo otra operación. En aquel año fueron encontrados los cuerpos de 15 campesinos que habían sido presos por una patrulla de carabineros el 8 de octubre de 1973, en la comunidad rural de Isla de Maipo, sin que nunca más aparecieran. Sus restos mortales estaban dentro de unos hornos abandonados de una mina de cal de Lonquén. Era la primera prueba concreta de lo que todos en el país sabían, pero que los militares negaban descaradamente: que el gobierno ejecutaba opositores y que había detenidos-desaparecidos. Fue un doloroso descubrimiento para los familiares de decenas de desaparecidos: sus seres queridos, muy probablemente estaban también muertos.

Para los militares, el momento era de alerta. La aparición de nuevas víctimas de ejecuciones dejaría al régimen vulnerable a las presiones internas y de la comunidad internacional. La orden era hacer desaparecer todos los restos mortales escondidos clandestinamente en Chile. Fue así que, en diciembre de 1978, un vehículo militar se estacionó junto al pozo de Peldehue. Los soldados desenterraron lo que encontraron de los cuerpos de los GAP y otros asesores de Allende ejecutados cinco años antes. En sacos, fueron embarcados en helicópteros Puma y lanzados al mar, bien lejos de la costa en el Océano Pacífico. El procedimiento macabro se repitió en otras tumbas clandestinas por todo el país.

En marzo de 2001, once años después de la redemocratización, fueron realizadas nuevas pesquisas en el pozo de Peldehue por orden judicial. Los peritos encontraron quinientas piezas óseas, lo que permitió identificar a algunos de los ejecutados: tres miembros del GAP, un ingeniero, un sociólogo y un médico psiquiatra.

Manuel Contreras

Al comienzo de la dictadura, la violación sistemática de los derechos humanos fue ejecutada por medio de órganos estatales que ya existían: Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero pronto otras estructuras fueron creadas especialmente para este fin. En 1974 surgió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cuyo comando estuvo el coronel Manuel Contreras, que respondía directamente a Pinochet. Todos los días Contreras iba a buscar al dictador a su casa y le acompañaba en coche hasta su despacho, momento en el que le informaba detalladamente de sus operaciones. Conocida por su brutalidad, la DINA persiguió de forma implacable a los izquierdistas que estaban en la clandestinidad. Un año después surgió el Comando Conjunto, una organización clandestina que dependía de la Fuerza Aérea y que actuó durante dos años.

En 1977 la DINA fue sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), que actuó hasta 1990. La disolución se produjo por presión de los EE.UU., cuando se constató que agentes del órgano estaban involucrados en el asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. El atentado ocurrió en septiembre de 1976 y en él murió también la americana Ronni Moffitt. Uno de los implicados en el asesinato fue el ciudadano estadunidense Michael Townley, reclutado como agente de la DINA. Townley fue también el asesino del general Carlos Prats, ministro de Defensa de Allende, que murió junto a su mujer en un atentado con bomba en Buenos Aires, en septiembre de 1974.

El rastro de sangre de la Caravana de la Muerte

Uno de los casos más emblemáticos de la barbarie de la dictadura fue conocido como La Caravana de la Muerte, en 1973. Pocos días después del golpe, Pinochet ordenó una operación de caza y eliminación de los partidarios de Allende en todas las regiones del país. El mando de la misión le fue entregado al general Sergio Arellano Stark, que debería revisar los procesos judiciales iniciados inmediatamente después del golpe contra partidarios de la Unidad Popular, y exigir el máximo castigo. El día 30 de septiembre, la comitiva partió al sur de Chile a bordo de un helicóptero militar Puma y recorrió la zona de Puerto Montt. Enseguida partió hacia el norte, entre Arica y La Serena. En cada ciudad en donde se posaba, el Puma de Arellano Stark dejaba un rastro de sangre. La misión concluyó el 22 de octubre. En menos de un mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas.

En menos de un mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas

La dinámica de esta operación fue revelada magistralmente por la periodista chilena Patricia Verdugo en su célebre libro Los Zarpazos del Puma, que años más tarde se convirtió en uno de los expedientes acusatorios más importantes sobre los crímenes cometidos por el general Augusto Pinochet y sus cómplices. Una de las muchas paradas de La Caravana de la Muerte fue en la ciudad de La Serena, según relata Patricia Verdugo:

“El helicóptero Puma llegó a La Serena el martes 16 de octubre de 1973, alrededor de las once de la mañana. El comandante del regimiento motorizado de Arica, teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, recibió al general Sergio Arellano en el aeropuerto local y fue notificado de la calidad extraordinaria que ostentaba: Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y la Junta Militar de Gobierno (…) Dos jeeps militares con boinas negras se estacionaron frente al recinto carcelario como a las 13 horas y aumentó ostensiblemente la guardia militar frente a la puerta. Quince prisioneros fueron sacados rumbo al regimiento poco antes de las 14 horas. Su salida quedó registrada en el folio número 35 del Libro de Detenidos 1973. Y, como a las 16 horas, se escucharon fuertes y repetidas descargas de metralletas”. Los ejecutados eran todos jóvenes socialistas.

En 2015, el general en la reserva Joaquín Lagos Osorio, comandante militar de la región de Antofagasta en aquella época, haría un tenebroso relato a la fiscalía, aunque con una pequeña discrepancia en el número de presos: “La Comitiva del General Arellano había sacado del lugar de detención a 14 detenidos que estaban en proceso, los había llevado a la quebrada del ‘Way’ y los habían muerto a todos con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición; después habían trasladados los cadáveres a la morgue del Hospital de Antofagasta y como ésta era pequeña y no cabían todos los cuerpos, la mayoría estaba afuera. Los cuerpos estaban despedazados, con más o menos 40 tiros cada uno y en estos momentos así permanecían al sol y a la vista de todos cuantos pasaban por ahí. Ordené que armaran sus cuerpos, los médicos militares y del hospital, y avisaran a los familiares y les hicieran entrega de los cuerpos, en la forma más digna y rápida posible”.

En aquel momento el general Arellano y su comitiva ya volaban a bordo del Puma en dirección a Copiapó, donde ejecutaron a otros 14 presos.

En junio de 2023, la Corte Suprema condenó a cuatro militares retirados por la muerte de 12 opositores en la ciudad de Valdivia, dentro de la operación de La Caravana de la Muerte. Entre ellos estuvo el general retirado Santiago Sinclair, de 92 años, que fue brazo derecho de Pinochet en la represión política. A pesar de la edad, cumplirá la pena en la cárcel. El general Arellano murió en 2016, con 94 años, sin pagar por sus crímenes. Llegó a ser condenado en 2008 a seis años de prisión, pero no cumplió su pena por sufrir de Alzheimer.

La periodista Patricia Verdugo vivió su propio drama familiar durante la dictadura. En 1976 su padre fue secuestrado y días después su cuerpo apareció flotando en el río Mapocho, que corta Santiago. El constructor civil Sergio Verdugo Herrera era jefe del Departamento de Abastecimientos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales e investigaba un caso de corrupción en la empresa estatal. Para su desgracia, el caso involucraba a militares del nuevo régimen.

Verdugo es también autora de Quemados Vivos, sobre otro caso de gran repercusión. En 1986, cuatro años antes del fin de la dictadura, los chilenos osaban salir a las calles contra el régimen militar. En julio de aquel año, una protesta fue violentamente reprimida por agentes del Ejército en la comuna de Estación Central. Los militares actuaron de forma especialmente cruel contra dos jóvenes: la psicóloga Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, que fueron golpeados y tuvieron gran parte de su cuerpo quemado con el combustible que les arrojaron los propios carabineros. Rojas murió y Quintana sobrevivió con graves secuelas.

Un año antes, en marzo de 1985, otro episodio terrible conmovió al país: el Caso de los Degollados. Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes del entonces proscrito Partido Comunista, fueron secuestrados cuando andaban en diferentes lugares de la capital. Forzados a entrar en vehículos y llevados a un cuartel, fueron torturados y degollados. Sus cuerpos aparecieron cerca del aeropuerto internacional de Santiago.

Otra operación macabra ocurrió en junio de 1987, esta vez contra doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nueve hombres y tres mujeres fueron asesinados por agentes de la Central Nacional de Informaciones con el objetivo de aniquilar la organización, que un año antes había realizado la fracasada tentativa de asesinato contra el general Augusto Pinochet. Se conoció como Operación Albania. Veinte años después, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, por su participación en el crimen.

Tres meses después, la CNI detuvo a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muños Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. Fueron acusados del secuestro de un coronel del Ejército. Llevados al cuartel Borgoño -el recinto operativo más importante de la CNI- fueron torturados y recibieron una inyección letal. Los cuerpos fueron amarrados con rieles de ferrocarril y un helicóptero del Ejército los arrojó al mar. Fueron considerados los últimos detenidos-desaparecidos de la dictadura. Pero no serían las últimas víctimas. El 27 de octubre de 1988, los dos máximos dirigentes del FPMR, los comandantes José Miguel y Tamara, fueron detenidos, torturados y sus cuerpos fueron arrojados al río Tinguiririca.

Pinochet

Como señaló Carlos Huneeus en su libro El Régimen de Pinochet, la dictadura “conservó el carácter de un Estado policial a lo largo de sus 17 años de vida, con un estricto control de la población y una sistemática persecución de las organizaciones opositoras”. Fue un gobierno que tuvo como característica adicional estar fuertemente centralizado en Pinochet, al punto de que éste se jactaba de que “no se movía una hoja en Chile” sin que él lo supiera.

Seis meses después del golpe, el periodista brasileño Eric Nepomuceno escribió un largo artículo sobre su encuentro secreto con integrantes de la resistencia chilena, publicado en la mítica revista argentina Crítica, que dirigía entonces Eduardo Galeano. Nepomuceno observó: “De todo lo que los militares hicieron por Chile después de septiembre, acaso su obra más perfecta sea la represión, el terror impuesto y grabado en la gente, ese extraño olor a miedo y muerte que hay en cada sitio”.

El cineasta Patricio Guzmán, que filmó el documental La Batalla de Chile -un raro registro audiovisual de los años de Allende-, tiene una visión semejante 50 años después: “El Golpe de Estado fue tan poderoso, tan devastador; el hecho de que hayan matado tres comités centrales del PC, dos del PS, el MIR fue exterminado, una cantera de jóvenes maravillosos, todos muertos y torturados en las condiciones más terribles, eso creó una sensación de ‘no te muevas, porque si no eres tú es tu hijo al que lo van a tomar preso’. Creo que ese trauma fue desproporcionado y feroz. No hay cosa peor que el terror”, dijo en declaraciones al diario chileno “The Clinic”.

OPERACIÓN CÓNDOR
Las dictaduras del Cono Sur llevaron a cabo una brutal represión que no conoció fronteras y que llevó a la coordinación de los servicios de seguridad de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que permitieron la detención, tortura, asesinato y desaparición de numerosos adversarios. El libro Los años del Cóndor, del periodista norteamericano John Dinges, sostiene que la primera reunión de fuerzas de seguridad y policiales que darían lugar al plan tuvo lugar en Buenos Aires a comienzos de 1974. Es decir, el plan comenzó a gestarse cuando en Argentina todavía no se había producido el golpe militar del 76. El nacimiento oficial del Cóndor se produjo a finales de noviembre de 1975, tras una reunión de representantes de las dictaduras de la región, que durante casi una semana debatieron los detalles en la Academia de Guerra, en Santiago.  

En base a documentos norteamericanos desclasificados, Dinges sostiene que el presidente argentino Juan Domingo Perón, que fallecería poco después, estaba preocupado con los informes de inteligencia sobre la existencia de la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada por Montoneros, MIR y Tupamaros, entre otros, y de una reunión cerca de Mendoza. Después de esa reunión en Argentina, que puede considerarse como anterior al Cóndor, hubo unas 120 víctimas que cayeron como resultado de esta inicial coordinación represiva. 

La coordinación comenzó cuando Chile invitó a agentes de inteligencia de los países vecinos, en particular de Brasil, Uruguay y Argentina, para llevar a cabo interrogatorios de los prisioneros que eran buscados en sus países.

En entrevista con el diario argentino “Clarín”, Dinges aseguró: “Perón aprobó medidas contra ellos, a quienes definía como extremistas marxistas”. Después del golpe del 76, Argentina fue el país más activo: el número de crímenes de Cóndor cometidos en dicho país fue de 469 detenidos, la mayoría desaparecidos, más 143 víctimas de nacionalidad argentina detenidos en otros países. Uruguay le sigue, con 294 víctimas de nacionalidad uruguaya, la gran mayoría detenidos en Argentina. Chile fue anfitrión de las dos primeras reuniones de la alianza Cóndor, pero en número de víctimas está en menor rango: 107 chilenos, la mayoría detenidos en Argentina y 52 crímenes cometidos contra extranjeros en Chile. Pero el Cóndor no solo actuó en los países vecinos, se documentaron operaciones en Europa, Estados Unidos (asesinato de Letelier) y en México.

Dinges sostiene que la CIA no participó ni en la creación ni en la ejecución de los operativos. Pero Estados Unidos fue cómplice, ya que conocía en detalle las operaciones y no actuó para evitar los crímenes.  

domingo, 28 de abril de 2024

Bahía Blanca: La lealtad y la sublevación en la Revolución Libertadora

Entre la sublevación y la lealtad: cómo se vivió en Bahía Blanca la caída del gobierno de Perón

Durante los cuatro días que duró la denominada "Revolución Libertadora", en septiembre de 1955, la ciudad tuvo una participación decisiva junto a Punta Alta. Combates, bombardeos y tensiones, en medio de una sociedad local partida en dos.





Archivo La Nueva.



Por Mariano Buren || La Nueva


 
Eran las 15.20 del viernes 16 de septiembre de 1955 cuando una voz de hombre interrumpió buena parte de las transmisiones radiales del país para exclamar: "¡Aquí Puerto Belgrano!".

El sobresalto que provocó aquella frase tomó igualmente por sorpresa a los hogares peronistas como a los antiperonistas: el "Comunicado número 1 del Comando de las Fuerzas de Marina de Guerra" le anunciaba "al pueblo de toda la República" que la Flota de Mar se había levantado "contra la siniestra tiranía" del presidente Juan Domingo Perón, en nombre de "la libertad, la justicia y la paz espiritual".

En ese mismo momento el entonces intendente de Bahía, el abogado y docente peronista Santiago Bergé Vila -que había asumido el 1 de mayo de ese año tras ganar las elecciones con el 60,67% de los votos- recibía en su despacho al capitán de corbeta Guillermo Castellanos Solá y a un grupo de oficiales, quienes le anunciaron solemnemente que ya no era más el jefe comunal.

Bergé Vila no se mostró sorprendido: desde hacía varias horas intuía que aquella podía ser su última jornada al frente del palacio de Alsina 65. Cerca de las 8.30 de la mañana de ese mismo viernes, mientras daba clase de matemática en la Escuela de Comercio, observó cómo un avión sobrevolaba el centro de la ciudad arrojando volantes con proclamas revolucionarias contra el Gobierno.




Intendente peronista Santiago Bergé Vila


“Me fui a la intendencia, decreté asueto escolar y llamé a la gobernación pero, en vez de darme información, me pidieron que organizara la resistencia. Pedí Policía y me mandaron un agente. El resto estaba custodiando las usinas. A la hora me enteré de que la Marina había tomado Punta Alta (...). La Infantería ya estaba a tres kilómetros de Bahía Blanca, para tomarla. Entonces liberé al personal y me quedé solo a esperarlos", recordaría años después en el segundo tomo de Historia del Peronismo, de Hugo Gambini.

Para ese momento, informaciones contradictorias circulaban con fuerza por la ciudad: algunos afirmaban que la revolución contra Perón había estallado también en las ciudades de Córdoba y Curuzú Cuatiá, e incluso se rumoreaba sobre un inminente bombardeo contra las destilerías de YPF en La Plata. En paralelo los medios oficiales aseguraban que se trataba de "algunos levantamientos aislados" y que "dichos focos" estaban "siendo controlados y reducidos por las fuerzas leales". Era difícil saber quién decía la verdad.

Una versión, luego confirmada, sostenía que tres camiones con soldados adeptos al Gobierno habían sido atacados por un escuadrón aéreo en inmediaciones de General Cerri.

Casi al mismo tiempo “varias patrullas fueron destacadas hacia los caminos de acceso”, “se allanaron los locales de la GGT y la CGE, donde se secuestró algún armamento” y dos camiones con tropas armadas quedaron apostados “de vigilancia en el barrio obrero Villa Mitre”, agrega Isidoro Ruiz Moreno en su detallada investigación La Revolución del 55.



Las tropas, frente al municipio


El principal temor de muchos vecinos era que se repitieran los gravísimos incidentes ocurridos tres meses antes, cuando manifestantes peronistas destrozaron parcialmente la Catedral, la Curia Eclesiástica, los templos de Santa Teresita y del Inmaculado Corazón de María, además de incendiar la redacción del diario radical Democracia, en respuesta al intento de golpe de Estado del 16 de junio. Aquella tarde la ciudad había sufrido una de las jornadas políticas más críticas de su historia.

El doctor en Historia José Marcilese (UNS-Conicet) explica que, tras unos primeros tiempos de relativa convivencia, la tensión entre peronistas y antiperonistas bahienses había aumentado significativamente a lo largo de esa década.

"El golpe se justificó bajo el concepto de 'La segunda tiranía', un término acuñado por la oposición, pero también por el propio peronismo: las persecuciones, el control de los medios, el manejo de los contenidos escolares, las modificaciones electorales y la discrecionalidad en el reparto de los empleos públicos, entre otras acciones, fueron deslegitimando al peronismo, que se manejaba con mucha torpeza en relación a la oposición, y alimentando a un antiperonismo que sabía que nunca le iba a poder ganar electoralmente", detalla.

"Ademas hay que remarcar que se trataba de dos maneras completamente diferentes de mirar la realidad social: el peronismo modificaba jerarquías y afectaba intereses del statu quo, y las clases más acomodados no veían con buenos ojos el ascenso rápido de algunos sectores. El nuevo escenario era interpretado con desagrado", observa Marcilese.




Guillermo Castellanos Solá


Tras el desplazamiento de Bergé Vila como intendente, el denominado Comando Revolucionario del Sur tomó el control de la sede municipal y Castellanos Solá emitió una proclama por LU7 explicando los motivos del levantamiento e invitando a todos los vecinos a adherirse a la "Revolución Libertadora".

“Una gran parte de la población se volcó a las calles (…) y numerosos civiles ofrecieron espontáneamente su colaboración”, aseguró el capitán de Navío Jorge Perrén, uno de los jefes de la sublevación en Puerto Belgrano, según la investigación de Ruiz Moreno.

Sin embargo, no todo resultó tan pacífico: el Regimiento V de Infantería se mantuvo fiel al Gobierno, por lo que fue atacado durante varias horas por la Aviación de Marina hasta conseguir su rendición. De acuerdo con los datos del Archivo Nacional de la Memoria, en medio de esos enfrentamientos falleció el jornalero Tomás Pacheco, de 64 años.

En las primeras horas del sábado 17 de septiembre, la indefinición sobre la suerte del Golpe -especialmente en la Ciudad de Buenos Aires- forzó al interventor militar a decretar poco después un toque de queda a partir de las 11.30 del día siguiente para evitar posibles "alteraciones del orden".




Pero a diferencia de los combates que se desarrollaron en otras partes de la región, como en Sierra de la Ventana, Tornquist y Saavedra, durante los otros tres días que duró el derrocamiento casi no se registraron nuevos enfrentamientos en el casco urbano de Bahía.

Las multitudes que, por caso, habían acompañado las visitas de Perón, en febrero de 1946, y de Evita, en noviembre de 1948, quedaron silenciosas ante los grupos que avanzaban por la avenida Eva Perón (hoy Colón) arrancando los carteles enchapados con el nombre de la exprimera dama.

Del mismo modo, observaron impasibles cómo las caravanas de autos circulaban por las principales calles céntricas, tocando bocina y agitando banderas argentinas.

"No hubo reacción para defender a Perón y, de pronto, se notó ese odio contenido durante muchos años por los antiperonistas: hubo delaciones, despidos, cesantías, e incluso circularon grupos armados por la ciudad buscando a dirigentes y militantes peronistas para detenerlos", puntualiza Marcilese.

El martes 20 de septiembre las radios confirmaron finalmente la renuncia de Perón a la Presidencia, la asunción de una Junta Militar y el comienzo de otro capítulo político en el drama nacional.