El 28 de mayo de 1993 la imagen de militares con boinas negras y tenidas de camuflaje sorprendió al país: Un problema familiar de Augusto Pinochet ligado al manejo irregular de dineros de uno de sus hijos llevó al Ejército a provocar una crisis con el mundo político.
Por Oscar Sepúlveda P. || La Segunda
Escudriñar en lo ocurrido en Santiago de Chile ese viernes 28 de mayo de 1993 es un ejercicio tenso, nervioso y a ratos incluso triste, pero necesario.
El tiempo transcurrido desde entonces –casi tres décadas– ayuda a separar lo esencial de lo accesorio, y a distinguirlo negro del blanco, superados temores y sensibilidades que en esos años imponían lecturas en extremo cautelosas.
A Patricio Aylwin –quien acababa de cumplir entonces tres de los cuatro años que duraba el mandato para el que había sido elegido en 1989– le tocó vivir entre fines de mayo y comienzos junio del 93 una nueva pesadilla, y esta vez a la distancia, porque desde hacía una semana se encontraba fuera de Chile, en gira por los países nórdicos de Europa y la Rusia de Boris Yeltsin, acompañado de cuatro de sus ministros: Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger, Enrique Silva Cimma y Alejandro Hales.
Personaje principal de ese episodio que remecía al país y agitaba los cuarteles, una vez más, era Augusto Pinochet Ugarte.
Habiendo perdido, en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, la conducción del gobierno que ejerció a sangre y fuego durante 17 años, y utilizando una norma estipulada en su Constitución de 1980, permanecía aún al mando del Ejército como capitán general, uno de los tantos rasgos sui generis de la llamada “transición” chilena que eran incomprensibles para el mundo. Hoy hasta el nombre de esa etapa resulta controversial.
Cuando avisaron al Presidente Aylwin, en medio de una cena oficial en Copenhague, que los altos mandos militares en Chile se estaban movilizando nuevamente por orden de Pinochet –y esta vez, además, luciendo boinas negras, propias de las tenidas de combate–, el septuagenario gobernante debe de haber sentido una mezcla de desagrado y temor, pero no de sorpresa. Mal que mal, el primer gran gesto de amenaza lo conoció en diciembre de 1990 –cuando daba los primeros cuidados a la recién nacida criatura democrática, que aún ni siquiera cumplía un año–, bajo el tragicómico eufemismo de “ejercicio de enlace”.
Para Aylwin, lo que ocurría ahora en Santiago era uno más de los tironeos que él supo que tendría que soportar desde el minuto en que aceptó convertirse en Presidente elegido por el pueblo, pero bajo las reglas dictadas por la Constitución de Pinochet
Para Aylwin, lo que ocurría ahora en Santiago era uno más de los tironeos que él supo que tendría que soportar desde el minuto en que aceptó convertirse en Presidente elegido por el pueblo, pero bajo las reglas dictadas por la Constitución de Pinochet. De hecho, cuando en las reuniones de coordinación del cambio de mando, Aylwin insinuó al general derrotado que sería mejor para la democracia que él renunciara y aceptó recibir de vuelta esa irónica respuesta de que “nadie lo va a defender mejor que yo”, intuía en lo que se estaba metiendo.
Lo que asomaba en el trasfondo de ambas movilizaciones militares, bien lo sabía Aylwin, era uno de los problemas que más preocupaba al general: los efectos para él, su familia y su institución, del escándalo de los “pinocheques”. Se trataba de documentos por 971 millones de pesos (unos tres millones de dólares de esa época) girados por el Ejército a la cuenta del mayor de sus hijos varones, Augusto Pinochet Hiriart, por la compra de su empresa Valmoval, que se encontraba en quiebra. En 1990, el asunto derivó en la formación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que presidió el PPD Jorge Schaulsohn. Según este parlamentario, los cheques habían sido usados por el hijo de Pinochet para pagar deudas contraídas en razón de créditos conseguidos para sostener su empresa.
De todos los sinsabores que el poder trajo a Pinochet, sin duda que lo relativo a sus hijos era lo que más lo conmovía. Me lo comentó él mismo en una entrevista que me concedió ese año para el diario “La Época”. El lugar escogido para ese encuentro periodístico fue el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, ubicado en los faldeos de la cordillera, en La Reina. Acudí esa mañana acompañado del editor fotográfico del diario, Miguel Ángel Larrea. Pinochet se mostraba,al comienzo, un tanto desconfiado sobre lo que le iba a preguntar, pero finalmente adoptó un tono distendido y cordial, mientras unos cuarenta generales lo esperaban en medio de un notorio nerviosismo para conocer las evaluaciones de la Junta Calificadora de la institución, es decir, para saber si continuaban o pasaban a retiro. Hablamos largamente de ello, del proceso de reinserción del Ejército en la nueva etapa que vivía el país y de varios otros temas. Cuando le pregunté qué haría ante la evolución del proceso por el caso de los millonarios cheques pagados por la institución a su hijo, se puso melancólico, hizo una mueca con la barbilla, y confesó que las cosas que más le dolían en la vida eran los problemas que le originaban sus hijos con sus líos de negocios. La sola mención de los “pinocheques” puso en alerta al coronel Mortimer Jofré, su ayudante, quien le recordó que lo estaban esperando hace largo rato los demás generales, lo que había parecido no importar al ex dictador. En ese momento concluyó la entrevista. Mientras nos dirigíamos con Larrea hacia la salida, venía llegando el general Jorge Ballerino, quien me había anunciado que quería estar presente durante la reunión.
–¿Y por qué te vas yendo? –me interrogó, nervioso.
–Porque ya hice la entrevista –le respondí.
–¡¿Cómo?! Pucha, yo no alcancé a llegar, mi chofer tuvo un problema con el auto. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo mi general?
-¡Uf, fue bombástica la entrevista! Llega a echar humo la grabadora –me sonreí mientras le mostraba mi casetera Sony.
No sé si la cara de angustia que puso Ballerino fue sobreactuada o real, pero me divertí con la broma.
En la lectura que hacía Pinochet, acostumbrado como estaba a considerar que él y la institución eran prácticamente lo mismo, el revuelo en torno a los cheques pagados a su hijo no era más que una persecución política y una vendetta en contra del Ejército. Pese a la presión militar y a los esfuerzos del gobierno por administrar la crisis en 1990, luego de una investigación parlamentaria en la Cámara de Diputados el asunto parecía haberse cerrado. Sin embargo, cuando ya muchos lo daban por enterrado, se conoció públicamente la decisión del Consejo de Defensa del Estado(CDE) de traspasar a la justicia el caso por considerar que había presunción de delitos.
