“La figura del desaparecido venía del gobierno peronista”: la brutal afirmación de Videla
Hace 46 años el ex dictador asumió el poder convencido de que debía “eliminar un conjunto grande de personas”. En las entrevistas para mi libro “Disposición final”, y al admitir un plan sistemático de represión ilegal, vinculó ese plan con la orden que jura haber recibido en la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, cuando él ya era el jefe del Ejército y el senador Ítalo Luder se desempeñaba como presidente interino debido a la licencia por enfermedad de la presidenta Isabel Perón
Más allá de la sentencia de los jueces que condenaron a los jefes militares en 1985, fue el propio ex dictador Jorge Rafael Videla quien admitió un año antes de morir que hubo un plan sistemático para capturar y “eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas”.
“No
había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que
era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y
necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera
cuenta”, me dijo Videla en una de las entrevistas que derivaron, junto con otros testimonios, en mi libro Disposición Final (Sudamericana, 2016).
“Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera. Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.
Incluso, el nombre del libro alude a la manera cómo los jefes militares se referían al método para eliminar a “las siete mil u ocho mil personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”.
“Esa frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada: son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible”, señaló Videla.
En las entrevistas, el ex dictador explicó en detalle cómo era ese plan sistemático y cómo fue que llegaron a la conclusión que tenían que hacer desaparecer los cuerpos de esas miles de personas.
Incluso, vinculó ese plan con la orden que jura haber recibido en la reunión de gabinete del 24 de septiembre de 1975, cuando él ya era el jefe del Ejército y el senador Ítalo Luder se desempeñaba como presidente interino debido a la licencia por enfermedad de la presidenta Isabel Perón.
En esa reunión de gabinete, a pedido de Luder y seis meses antes del golpe de Estado, Videla expuso cuatro alternativas para luchar contra las guerrillas, donde "la diferencia esencial consistía en la graduación que se establecía en la centralización del comando y de la toma de decisiones".
Videla aseguró que Luder eligió la alternativa más dura contra las guerrillas, el “Curso de Acción Número 4, que implicaba un despliegue amplio y simultáneo de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales para detectar la presencia de un enemigo mimético que se escondía en el ambiente y aniquilarlo. Con un súmmun de libertad de acción para esas fuerzas desplegadas en todo el territorio”. Como contrapartida, “a lo sumo en un año y medio el terrorismo estaría, cuanto menos, controlado”.
Luder, que también está muerto, siempre negó que esa decisión implicara una ruptura del estado de derecho y un aval a las violaciones a los derechos humanos. La sentencia contra los comandantes, en 1985, avaló su interpretación.
Al mes siguiente, en octubre de 1975, el gobierno delegó por decreto en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas —en la práctica, sin el control de un gobierno que, a esa altura, estaba muy debilitado— y el país fue dividido en cinco zonas, cada una a cargo de un comandante.
En una de las entrevistas que le hice, Videla sostuvo que, "siguiendo con el cronograma que le habíamos prometido al presidente Luder, a fines de 1977 la guerra estaba controlada; no derrotada, pero era cuestión de tiempo. Para el Mundial (1978), la guerra estaba prácticamente terminada".
Videla sostuvo que los militares llegaron al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sin saber bien cómo eliminar a ese “conjunto grande de personas” que era “irrecuperable”. La mayoría de esas personas estaban siendo capturadas o lo serían en los próximos meses.
Tanto fue así que en los primeros meses de la Dictadura algunos jefes militares organizaron fusilamientos durante traslados de presos y los disfrazaron como intentos de fuga. Pero, pronto los desecharon porque despertaban lógicas sospechas.
Agregó que "la solución fue apareciendo de una manera espontánea, con los casos de desaparecidos que se fueron dando. Casos espontáneos, pero que, repito, no eran decididos por un joven oficial recién recibido; no, casos que eran ordenados por un capitán que, a su vez, recibía la orden del jefe de la brigada, que, a su vez, recibía la orden del comandante o jefe de Zona".
Y señaló: "Era una figura (la del desaparecido) que venía del gobierno peronista", en especial luego de aquellos decretos firmados en octubre de 1975.
Agregó, además, algo más sobre el carácter descentralizado en la ejecución del plan: “La responsabilidad de cada caso recayó en el comandante de la zona”, que utilizó la forma que consideró más apropiada para capturar a los “objetivos” y hacer desaparecer sus cuerpos.
“A mí los comandantes o jefes de zona no me pedían permiso para proceder; yo consentía por omisión. A veces, me avisaban. Recuerdo el caso de una visita a Córdoba y el general Luciano Menéndez me recibe con esta novedad: ´El hijo de Escobar andaba en malas juntas y los liquidamos anoche´. Era el hijo de un coronel que había sido compañero nuestro de promoción; entonces, yo ya sabía que si Escobar venía, le tenía que decir: ´De ese tema no quiero hablar´”.
La primera edición de mi libro fue publicada en 2012 y resultó muy criticada por el kirchnerismo gobernante, las organizaciones de derechos humanos y los periodistas y medios afines. A simple vista, esa reacción parece inexplicable dado que Videla admitió la existencia de un plan sistemático en la represión ilegal. Pero, hubo otros tramos reprobables desde el punto de vista del kirchnerismo y los liderazgos de derechos humanos. Uno de ellos fue cuando Videla sostuvo que “eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir”.
Políticamente interesados, los organismos de derechos humanos consideran que la cifra de víctimas fue de 30 mil y de ahí no se mueven, por más que la propia secretaría de Derechos Humanos haya determinado al final de la gestión anterior que los registros oficiales indican que hubo 6.348 desaparecidos durante la dictadura .y 952 víctimas de ejecuciones sumarias o asesinatos, un total de 7.300 víctimas de la dictadura.
Tampoco les gustó que Videla hablara sobre el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y de buena parte de la opinión pública a la dictadura que él encabezó durante cinco de los siete años y medio que duró el llamado Proceso de Reorganización Nacional.
* Periodista y escritor, extraído de su libro “Disposición Final”
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