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jueves, 4 de enero de 2024

Argentina: Lanusse, su gobierno, su oposición al golpe del 76 y su muerte

A 27 años de la muerte de Lanusse: el “error más grave” que cometió y la persecución que sufrió de Videla


El 26 de agosto de 1996 falleció quien fue presidente de facto en los albores de la década del ‘70. Su vida ligada al Ejército. Su cárcel luego del intento de golpe contra Perón. Su cercanía con los radicales. Las críticas a la dictadura del ‘76 y la sanción que recibió


Alejandro Agustin Lanusse

Hoy, hace 27 años y un día, falleció el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Integró una familia que llevaba varias generaciones en la Argentina y estaba muy ligada a la industria agrícola y ganadera. Ingresó al Colegio Militar de la Nación el 6 de marzo de 1935, egresando a la edad de 19 años como subteniente del Arma de Caballería el 30 de julio de 1938. Siendo un joven oficial participó en la asonada militar contra el gobierno de Juan Domingo Perón en septiembre de 1951. Perón diría “una chirinada”. Ello le valió permanecer preso en una cárcel en el helado sur argentino, hasta septiembre de 1955, cuando la “Revolución Libertadora” derrocó a Perón. Estuvo detenido en la Penitenciaría de la avenida Las Heras, en la cárcel de Rawson y posteriormente en la cárcel de Río Gallegos, época en la que según Lanusse era controlado, hasta en su correspondencia, por el jefe de la guarnición, el “justicialista” coronel Carlos Rojas, hermano del almirante Isaac Francisco Rojas. Los relatos sobre sus días de prisión algún día merecerán contarse, en especial por los sacrificios de Ileana Bell, su esposa e hijos, para comunicarse con el “recluso”.

En mayo del 72, como presidente de facto, Lanusse visita su vieja celda en Río Gallegos

Fue jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1955, durante la corta presidencia de Eduardo Lonardi. Luego fue designado Agregado Militar en México. A su vuelta fue ascendiendo en la jerarquía militar - sumergido en los enfrentamientos castrenses de la época y vio cómo gobiernos civiles (Frondizi, Guido e Illia) se derrumbaban en medio de planteos y exigencias de las Fuerzas Armadas. El 31 de diciembre de 1962 asciende a general de brigada. No “gambeteó” ninguna de las crisis que asolaron la Argentina de esos años. No era hombre para pasar desapercibido, hacerse el distraído, ni de esconder sus opiniones, sea a quien sea. Equivocadas o ciertas. Me solía decir que “en los momentos clave hay que tener actitudes”. Y vaya si las tuvo. Por ejemplo, en agosto de 1976, en plena gestión de Jorge Rafael Videla fue sancionado por publicar una severa carta al general Acdel Vilas, quien acusaba a Gustavo Malek (ex Ministro de Educación de Lanusse) de tener afinidades con la subversión.

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Sanción de Videla a Lanusse por “dar a publicidad una carta dirigida a un Oficial Superior en actividad, en la que se arroga facultades que son responsabilidad del Comandante en Jefe del Ejército”

“Cano”, como le decían sus íntimos, por cuna un conservador con afinados contactos familiares, su madre era una Gelly Cantilo, con el Partido Radical. Con el tiempo, ya como Presidente de la Nación, se dio el lujo – si así se lo puede calificar – de una excentricidad de la época, decir, durante una visita a Lima, que su gobierno era de “centro izquierda”. Tuvo un papel preponderante dentro del generalato que llevó a Juan Carlos Onganía a la presidencia de la Nación, luego del derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia. En ese tiempo, Lanusse era el jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército. Años más tarde reconocería que haber participado en el golpe era “el error más grave” que había cometido. Ya como comandante en Jefe del Ejército y miembro de la Junta Militar decidió la remoción de Onganía, la designación de Roberto Marcelo Levingston y a los pocos meses su remoción. ¿Cómo se explica esto? En una ocasión, el general Rafael Panullo, secretario general de la Presidencia durante la gestión de Lanusse, me relató (y más tarde me lo ratificó el propio Lanusse) que durante 1970 lo convocó su superior inmediato y le pidió que analizara quién podía ser el reemplazante de Juan Carlos Onganía. Trabajó con el coronel Colombo y elaboraron un documento de 3 carillas donde la conclusión “elemental” era que “la única persona que no podía reemplazar a Onganía era Lanusse, para que no se repitiera la cadena de golpes… y porque además cuando Lanusse asumió la jefatura del Ejército, el 28 de agosto de 1968, a la edad de 50 años, dijo que no quería ser nada más que Comandante en Jefe del Ejército”.

“En esas reuniones para analizar quién sería el sucesor de Onganía, el almirante Pedro Gnavi –que había estado con Levingston en Washington—propuso su nombre y el brigadier Rey aceptó de inmediato, para bloquear a Lanusse. Estas reuniones fueron en una residencia de la Fuerza Aérea en Ezeiza. Esto fue un sábado y el domingo citaron a los generales para informarlos. Y cuando se enteraron, algunos consideraron que tenían más méritos. Había en ese momento 10 generales “pesados” y nadie pensó en Levingston, sino en Tomás Sánchez de Bustamante, Alcides López Aufranc, Mario Aguilar Pinedo, Juan Carlos Sánchez. Al enterarse Sánchez pidió su retiro de la fuerza, pero Lanusse no lo aceptó. Más tarde, Levingstone le reprocharía no haberlo pasado a retiro. Le tocó a Juan Carlos Sánchez reemplazar al general Roberto Fonseca en el Comando del Cuerpo de Ejército II, el 17 de diciembre de 1970, y su área de competencia bullía entre la intranquilidad social y la actividad de las organizaciones guerrilleras. Ya se habían sufrido los efectos de dos convulsiones que llamaron “Rosariazo”. En abril de 1972, Sánchez sería asesinado por un comando conjunto del PRT-ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Levingston jura como presidente de la Nación, el 18 de junio de 1970. Detrás, Lanusse

El período de Roberto Marcelo Levingston fue corto, plagado de intrigas palaciegas, desinteligencias y la cotidiana violencia subversiva que aparecía siempre por detrás de la crispación ciudadana. No pasaron muchas semanas de gestión cuando el Delegado Jorge Daniel Paladino le escribe a Perón, en Puerta de Hierro: “La situación política general evoluciona rápidamente (…) Ya está el desacuerdo entre Levingston y Lanusse. No se ha llegado todavía al enfrentamiento pero la lucha por el poder ya está planteada. Levingston quiere ‘sacarse de encima’ a la Junta pero, por supuesto, no muestra sus cartas. Su problema lo lleva al seno del Ejército; la batalla se va a librar ahí.”

Levingston abandona la Casa Rosada tras su derrocamiento

El 29 de septiembre de 1970, Levingston – que seguía sin darse cuenta que el poder residía en la Junta de Comandantes-- pronunció un discurso que dio por tierra con todo lo que se había sostenido para terminar con el “onganiato”. Dijo por Cadena Nacional que “la disolución de los partidos políticos, concretada por la Revolución Argentina, es, para este gobierno una decisión irreversible”. Como un signo de esos momentos, en septiembre de 1970 Perón se carteó con Ricardo Balbín y el 11 de noviembre de 1970 se creó en la casa del “independiente” Manuel Rawson Paz el agrupamiento La Hora del Pueblo. El martes 13 de octubre de 1970, el Ministro del Interior, Eduardo Mac Loughlin, abandonó el gabinete de Levingston. “Creo que con esto comienza una crisis que puede desembocar en cualquier cosa”, opinó Paladino, porque “Mac Loughlin representa la posición de la Junta de Comandantes en cuanto a la salida política prometida el 8 de junio. Levingston está directamente en la vieja trampa de quedarse él y preparar lo que prepararon todos, el sueño de robarle el peronismo a Perón. En este sentido no nos conviene la ida de Mac Loughlin. Pero esto es un tembladeral y tiene relación directa con la situación militar…”

El martes 2 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe e inmediatamente comenzó a pulsar la opinión de los mandos superiores del Ejército sobre el estado del país. “La sociedad está cansada”, opinó por escrito, Alcides López Aufranc (prueba que tengo), el jefe del Cuerpo III. El 12 de marzo de 1971 se dio el “Viborazo” en Córdoba, armado contra el interventor José Camilo Camilo Uriburu y de ahí en más se sucedieron una serie de hechos que llevaron al aislamiento absoluto de Levingston.


Últimas palabras de la reunión de Levingston y la Junta Militar en que se pretendió relevar a Lanusse

Durante el último encuentro del Presidente de facto con los tres comandantes en Jefe, del 22 de marzo de 1971, que comenzó a las 17.30 en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno a solicitud de la Junta Militar, Levingston intento la detención de Lanusse, pero el 23 de marzo, a las dos y diez de la madrugada, presentó su renuncia. Todo fue seguido con un gran desinterés por la sociedad. La cumbre entre Levingston y la Junta Militar fue grabada y transcripta en 60 páginas, y resulta ser la apología del disparate. El general Rafael Panullo me lo contó así: “El final de Roberto Levingston fue cuando le ordenó al general Horacio Rivera que metiera preso a Lanusse con pistola en mano. Luego citó a Jorge Corchito Cáceres Monié (en 1975 asesinado por Montoneros) y lo nombró Comandante en Jefe. El jefe militar designado dijo a sus íntimos: Me voy a hacer cargo para reponer a Lanusse.”

La Junta de Comandantes reasumió el poder y Alejandro Lanusse ocuparía el despacho presidencial de la Casa Rosada el viernes 26 de marzo cuando juró como el último presidente de facto de la Revolución Argentina. Así se hizo cargo Lanusse, el último caudillo militar del Siglo XX y las Fuerzas Armadas comenzaron a planear entonces una retirada decorosa del poder. Lanusse dijo: “cuando llegué a la Revolución Argentina ya había transitado, en la soledad, por dos etapas. Y así llegué debilitado al poder, porque estaba debilitada, confundida, desorientada, la estructura en la que yo me apoyaba”.

Lanusse en sus últimos años, en familia tomando mate

En el gabinete del nuevo mandatario se destacaban cuatro figuras Arturo Mor Roig, Ministro del Interior; Francisco “Paco” Manrique, Ministro de Bienestar Social; Jacques Perriaux, Ministro de Justicia (e inspirador de la Cámara Federal Penal de la Nación que terminó con las incipientes “patotas” y juzgo a los terroristas con la ley en la mano) y Luis María de Pablo Pardo, Ministro de Relaciones Exteriores, con el que puso fin a “las barreras ideológicas” en la escena internacional.

Frecuente al ex presidente de facto a partir de enero de 1978 gracias a una gestión del teniente coronel (R) Arnoldo Díaz, por la persecución del que era víctima por parte del gobierno de Videla. En particular le achacaban haber sido el responsable de la vuelta definitiva de Perón a la Argentina, pero yo intuía que había cuestiones de otro tipo. Como ya no sabían cómo pegarle lo hicieron único responsable del Acuerdo del Beagle de 1971 con el chileno Salvador Allende y yo le llevé las pruebas de que no era así. Antes de mí dos miembros de mi familia lo habían tratado: Mi padre cuando intentó lograr su libertad en 1953 y mi hermano Ricardo que trabajó con Arturo Mor Roig. Entre las tantas liberalidades que me tomé con Lanusse fue invitarlo a mi casa a almorzar y mantener un ameno diálogo con los justicialistas Jorge Antonio y el teniente (R) Julián Licastro y el militar Arnoldo Díaz. La última fue cuando falleció y el gobierno de Carlos Menem se hizo el distraído; el Ministro de Defensa no participó en nada y solo asistió el viceministro Jorge Pereyra de Olazábal a una ceremonia en el Regimiento Patricios. Fui a despedirlo al Regimiento de Granaderos donde lo velaban. Como era conocido, el periodismo se me vino encima a la salida de la unidad. Me bajé de mi automóvil, me preguntaron qué hacía ahí y solo me limité a responder: “Era un amigo de mi familia, también mío a pesar de la diferencia de edad. Vine a despedir a una persona que con sus aciertos y sus errores quiso mucho a la Argentina y, fundamentalmente, vine a despedir a un hombre honrado.”

lunes, 26 de octubre de 2020

Montoneros: Detalles del secuestro de Aramburu

Los detalles jamás contados sobre la muerte de Aramburu: el pasajero de la pickup Gladiator 380


Por Juan Gasparini || Tribuna de Periodistas


El testimonio de Manuel

“Por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes”. Frederich Nietzsche, Aforismos.



Al personaje central de esta nota lo llamaremos Manuel, para protegerlo del escarnio mediático porque no se lo merece. A reserva del consecuente recordatorio conviene presentarlo diciendo que llegó a ser el responsable de Rodolfo Walsh en el mentado Servicio de inteligencia de Montoneros. Su identificación hay que rastrearla en la literatura política que alude a los fundadores de sus cuatro vertientes (FAR, FAP, Descamisados y los primigenios Montoneros), pero no será en ésta reconstitución periodística, que aparecerán su nombre y apellido, entre los que liquidaron al Teniente General R, Pedro Eugenio Aramburu, el 1 de junio de 1970. Supe de su participación en el hecho antes de la primera edición de mi libro Montoneros final de cuentas, en 1988, que acaba de reeditarse en la Argentina (Estela Eterna), donde la mayoría de las identidades reveladas son prácticamente las mismas que originariamente, casi todos muertos en combate, o desaparecidos.

Manuel ostentó el grado de Oficial Primero, un cuadro medio de la Organización Político-Militar, (OPM). Durante su trayectoria, estuvo detenido, fue torturado, y su círculo familiar sufrió la represión de la dictadura militar. Fracasado el proyecto colectivo, incursionó en la honorable opción individual de buscar refugio en el extranjero. Rehizo su vida con perfil bajo. Abrazó una insospechable profesión, desvinculada de la política y relacionada con el arte y la comunicación. Se casó con una lugareña, y recuperó su apodo de antaño, extrañamente similar a un ignoto paraje muy lejos de la Argentina. Lo frecuenté vía amistades comunes en el primer tramo del exilio, sin que jamás habláramos de que acaso él sabía que yo sabía que había participado en el homicidio de Aramburu. Actualmente debe tener más o menos mi edad: 71 años.

Con el correr del tiempo, Manuel evitó ser detectado por varios radares. Mejor dicho. Inicialmente fue el “tercer montonero”, en El mito de los 12 fundadores, escrito por el abogado Lucas Lanusse. O alias Julio, en la novela de José Pablo Feinmann. Resultó un “desconocido” en el manuscrito sobre el tema del escritor José Amorín, para resurgir como “un cuarto montonero” en la biografía de Firmenich de Felipe Celesia y Pablo Waisberg. Y sería un “quinto hombre”, de acuerdo con el diario La Nación, de Buenos Aires, en el comentario días pasados de un flamante libro firmado por María O’ Donnell, imposible de conseguir a tiempo en Ginebra, para consultarlo antes de terminar de editar la presente radiografía periodística.

Por resonancias del Cordobazo, entidad de la señera revuelta popular de 1969 en Argentina, la audiencia montonera denominó un año después “Aramburazo”, al atentado que eliminó al cabecilla de la Revolución Libertadora de 1955. De su trágica suerte, sobre todo perdura, lo desconocido, esto es la silueta incierta de un “anónimo” o “el otro” que intervino en el crimen, cuyo difuminado perfil se trasluce en el “relato secreto” redactado 40 años después por el periodista Ricardo Grassi, un “especial” para Clarín, del 30 de mayo de 2010. El diario lo presenta como un “texto estremecedor”, al margen de haber recuperado las declaraciones de dos montoneros de la vieja época, Mario Firmenich, aún con vida, y Norma Arrostito, muerta envenenada en el centro clandestino de detención de la ESMA en 1978, quienes si se mezclaron en el “aramburazo”. El “organizador y director real” de la publicación inicial de 1974, y de su aniversario en 2010, fue precisamente el mismo Grassi, por encima del director formal de la primera, el ex guerrillero Rodolfo Galimberti, fallecido entre tanto naturalmente en 2002, inscripto en la contratapa de La Causa Peronista del 3 de septiembre de 1974. (1)

Cómo murió Aramburu, tituló dicha revista montonera en esa última fecha, que exhumó también un cruce de cartas con Perón, quien avaló lo actuado por los guerrilleros, a pesar que la edición mantuvo el faltante de “el otro compañero”. El 25 de agosto de 2010, subí a mi website oficial, ayudado en las sombras por ex-guerrilleros, una recapitulación de los dos “operativos emblemáticos” en la historia montonera: las ejecuciones de Pedro E. Aramburu y José I. Rucci. Parte de tales reflexiones se retoman aquí. Intentan proseguir, mejorar y profundizar lo aportado, arrimando más datos y puntos de vista; debiendo recordar, como se suele decir, que siempre, “hoy somos más inteligentes que ayer”.

En Final de cuentas, me limité a informar que la idea de ejecutar a Aramburu fue “del estudiante cordobés de medicina, Emilio Angel Maza (y no iniciativa del general Francisco Imaz, ministro del interior de la “morsa” Onganía, como decían ciertas fuentes)”. Diferentes versiones creíbles y documentadas que abrevan en mártires y náufragos de Montoneros, situaban a Maza como el jefe de la docena de cordobeses, quienes coordinados con la célula liderada por Fernando Abal Medina, en Buenos Aires, llevaron a cabo el violento acto fundacional de la organización. Sin embargo, en el número de La Causa Peronista ya consignado, Maza sale de escena luego de la captura de Aramburu, poco antes de cambiar de vehículo al ex-Presidente de facto, en los alrededores de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, para llevarlo a una estancia en Timote, Provincia de Buenos Aires, juzgarlo, fusilarlo con tres tiros de dos armas cortas, y enterrarlo.

Le tocó al aludido Ricardo Grassi, en el libro que sucedió cinco años más tarde al artículo de Clarín del 2010 antes mencionado, restaurar la participación de Emilio Maza, en el “juicio y castigo” de Aramburu. La obra se llamó El Descamisado Periodismo sin aliento La revista que cubrió el conflicto y la ruptura de Perón con Montoneros. Le corresponderá a él, descorrer el velo del “conocido común” que le facilitó descubrir al “otro”, o sea Manuel, según lo que haya pactado hipotéticamente con éste. La condición para que Grassi lo entrevistara fue “no sacarle fotos, no llevar un grabador, no decir su nombre, no describirlo físicamente”. La faena periodística de Grassi estableció el rol preciso de cada uno, sobre todo el de Manuel, que fue el único que presenció cómo Abal Medina, al cumplir con la condena, disparó una bala de 9 milímetros en el pecho a Aramburu. Después se eclipsó del sótano de La Celma, A continuación descendió Maza, quien en un gesto complementario, remató a Aramburu tirándole dos plomos de una 45. Manuel fue el único testigo de los dos episodios por separado y sucesivos. (2)

Maza y Abal Medina no solo compartieron el remate del plan concebido para acabar con Aramburu, y vengar el Golpe de Estado de 1955, los bombardeos a la Plaza de Mayo, la desaparición del cadáver de Evita, la proscripción electoral del justicialismo (que duraría hasta el 11 de marzo de 1973), los fusilamientos de militares y civiles opositores al régimen anticonstitucional, y la represión constante del peronismo durante 17 años. El dúo también intervino al principio de la osada operación que signó el nacimiento guerrillero peronista. En efecto, hacia las 9 de la mañana del 29 de mayo de 1970, Maza, vestido de capitán de Ejército, y Abal Medina, de teniente primero, convencieron al Teniente General R Aramburu de entregarse mansamente al irrumpir en su domicilio del centro de Buenos Aires.

Probablemente al ex-dictador que encabezó el derrocamiento salvaje de Perón en 1955, lo paralizó el factor sorpresa. Los atuendos de una institución que era la suya, tal vez neutralizaron su capacidad de reacción. Pareció darse cuenta que no valía la pena desobedecer a jóvenes uniformados que mostraran armas y lo conminaban a seguirlos. Pudo conjeturar que cumplían instrucciones, sabiendo que el rigor castrense no permitiría dar explicaciones. Posiblemente haya pensado que oponerse a lo que semejaba una orden legítima estaba reñido con su mentalidad. No cuajaba con el sentido común de los hábitos internos de su familia militar. Sintiéndose evidentemente apto para comparecer ante quienes presumió debían encarnar la voluntad de arrestarlo, se dejó llevar sin protestar.

Venía de activarse un dispositivo de cinco vehículos y diez “sediciosos”. Descendieron con Aramburu de su apartamento del octavo piso de la calle Montevideo 1053, en la Capital Federal, y fue subido a un Peugeot 404 blanco, robado días antes con inconfesables fines “subversivos”. Manejaba el auto Carlos Capuano Martínez, y lo acompañaba sentado adelante Ignacio Vélez. Ambos vestían de civil y eran oriundos de Córdoba. En el asiento de atrás, a los costados del cautivo, viajaban Abal Medina y Maza. Los cubría una pick-up Chevrolet, también robada para semejante ocasión. La conducía Carlos Gustavo Ramus, arropado de colimba (soldado). A su derecha iba Norma Arrostito, con “una peluca rubia … bien vestida, y un poco pintarrajeada”, compañera sentimental de Abal Medina. Detrás, Carlos Maguid, cuñado de Arrostito, ataviado con una sotana de cura, y Mario Eduardo Firmenich, con la indumentaria de cabo de policía. Estos cuatro últimos provenían de Buenos Aires. (3)

No lejos del teatro de lo que sobrevendría, una Renoleta 4L blanca matriculada por Arrostito, aguardaba estacionada con alguien de sexo masculino en su interior, en torno a la intersección de las calles Pampa y Figueroa Alcorta. Vacío, un taxi Ford Falcón perteneciente a Firmenich, estaba cerrado con llave en las inmediaciones del Aeroparque Metropolitano. Cerca se encontraba una pickup Gladiator 380 propiedad de la madre de Ramus, con un toldo que cubría la caja, escondiendo fardos de pasto, lista para entrar en acción. En la cabina había un pasajero procedente de Córdoba, y por lo que encarnaría en las horas siguientes, se transfiguraría en el gran enigma de estos 50 años, actor y testigo de acciones relacionadas, que engendraran las dramáticas peripecias de la Argentina, ocasionadas por la sangrienta e ilegítima destitución del Presidente Juan Domingo Perón en 1955.

La caravana del Peugeot 404 blanco, con la víctima, y la pick-up Chevrolet, con los cuatro integrantes de la “contención” salieron rápidamente de la zona. “Arrancaron hacia Charcas, dieron la vuelta por Rodríguez Peña hacia el Bajo” aproximándose a “la Facultad de Derecho”. En Pampa y Figueroa Alcorta, se bajaron de los coches Maza, Maguid, Velez y Arrostito. Acarrearon “los uniformes y parte de los fierros”, y se fueron “a redactar el comunicado número 1”. Por allí estaba la Renoleta 4L blanca de Arrostito, supuestamente con alguien dentro, cuyo hilo se pierde en la narración del periódico de “la tendencia revolucionaria del peronismo”, al compás del Peugeot 404 blanco robado para menesteres políticamente clandestinos, el cual se esfuma paralelamente en el pentagrama de La Causa Peronista.

La pick-up Chevrolet, con Ramus y Capuano Martinez adelante, y a su vez Firmenich y Fernando Abal Medina atrás sosteniendo a Aramburu, siguió raudamente “hasta el punto donde estaban los otros dos” rodados. Se desprendieron de la pick-up Chevrolet susceptible de ser reconocida por vecinos o transeúntes, que se hubieran percatado de algo inusual en lo que venía de ocurrir a cielo abierto, en las inmediaciones de la morada de Aramburu y hasta la Facultad de Derecho, y se redistribuyeron. Al taxi Ford Falcon de Firmenich se subió Capuano Martínez. En la pick-up Gladiator 380 de Ramus, montó el hijo de la dueña para manejar, y a su costado Firmenich siempre con muda de cabo de policía. Entre los fardos de la caja cubierta con un toldo, se acomodaron Aramburu, Abal Medina y Manuel.

A la cabeza de todos ellos, “abriendo punta”, tomó la delantera el taxi con Capuano Martinez al volante, quien se comunicaba mediante dos walkie- talkies, con los ocupantes de la cabina y de la caja de la camioneta para eventualmente alertar de algún inesperado control policial durante el trayecto. Incursionaron unas ocho horas por rutas secundarias. Hacia las 17,30 hs., mientras las radios ya habían anunciado el secuestro “desde la una de la tarde”, arribaron a “La Celma, un casco de estancia que pertenecía a la familia Ramus. El taxi se volvió a Buenos Aires y nosotros entramos”, resumió Firmenich, aludiendo a él, Abal Medina, Manuel, y Aramburu. Ramus se quedó conversando con el capataz para distraerlo.

Manuel le confirmó a Grassi que Maza “estuvo en Timote y jugó un papel decisivo, lo cual resulta coherente porque era tan jefe como Abal Medina, éste del grupo de Buenos Aires, Maza del de Córdoba. O no se quedó en Buenos Aires o llegó a La Celma después. ¿Como? El otro dice que no lo recuerda y es inútil insistir”, reprodujo Grassi, citando a Manuel. Si Abal Medina y Maza compartían la jefatura del germen montonero desde dos provincias distintas, no es descabellado concebir que se dividieran responsabilidades. Se justificaría que Maza haya permanecido en Buenos Aires para garantizar la desconcentración o retirada de una parte del equipo operativo, y tomar las iniciativas de los comunicados Montoneros para darle contenido y difusión en la prensa, al tiempo que Abal Medina continuaba al frente de los aspectos militares que restaban para completar lo emprendido.

No obstante, resulta inexcusable que Firmenich haya omitido en la entrevista de 1974 en La Causa Peronista, el reintegró de Maza al equipo operativo para concretar el enjuiciamiento y dar cumplimiento de la pena de muerte que sin duda se le infligiría a Aramburu en Timote. En 2015, tras escuchar al “otro”, es decir a Manuel, Grassi sentenció: “no se por qué la conducción de Montoneros eligió ocultar el papel de Maza … quien realmente mató a Aramburu”. Por deprisa, las deducciones son evidentes. En 1974, al aparejar la cobertura periodística tutelada por Grassi, Firmenich se había convertido en el Primus inter pares de los Montoneros fusionados en octubre del 73, disolviendo las cuatro vertientes en una Organización Político Militar (OPM). Para entonces ya hacia cuatro años que Maza estaba muerto. Es conjeturalmente factible colegir que Firmenich, por razones que le competería explicar, haya acondicionado su intervención, borrando al occiso Maza y realzando la suya.

Manuel no quiso abundar sobre lo publicado por la prensa montonera. “El relato siempre me resultó crudo y cruel”, afirmó. “Aramburu fusiló y murió fusilado”, le respondió a Grassi “sin pestañear”. Sostuvo que ni él ni Firmenich estuvieron presentes en una habitación de la planta baja cuando Abal Medina le comunicó la condena de muerte a Aramburu. Abal Medina instruyó a Firmenich ir a otro lugar a martillar sobre una morsa para absorber o disimular el ruido de los estampidos. Manuel no se arrepintió a renglón seguido de haber asistido como único testigo a los dos incidentes de la ejecución, que acontecerían en el sótano de la La Celma en dos capítulos separados y sucesivos. La detonación de la pistola 9 milímetros de Abal Medina “empujó a Aramburu contra la pared y se desplomó de costado. Fernando alcanzó a taparlo con una manta”. De inmediato le ordenó a Manuel : “¡Quedate aquí!”, y subió, dejándolo solo cuidando el cuerpo de Aramburu. “Muy poco después escuché que alguien bajaba. Era Maza. Tocó el cuerpo, dijo aún está vivo y con su pistola tiró dos balazos en el cuerpo, verificó la muerte y se fue. Abal tendría que haber tirado a la cabeza, no al pecho, pero quizás no pudo …”, evaluó Manuel. “Casi enseguida llegó Firmenich, con quien teníamos que cavar el pozo donde enterraríamos el cadáver”. Tres horas más adelante, Maza los ayudó a ponerlo en la fosa. “Pasado el mediodía, se fueron todos a Buenos Aires”, finalizó Grassi. (4)

En cualquier caso, Firmenich y Arrostito corrieron el riesgo de no sacar a luz exactamente todo lo ocurrido, dejándole al lector la posibilidad de apelar a su propia imaginación para colmar la falta de mayor información, que se le retaceaba. La brecha ha sido aprovechada por incautos, adversarios o detractores. Valdrá la pena precisar que no solo le imputan a los gestores de Montoneros, sin pruebas, la elucubración de haber sido manipulados por la dictadura de Juan Carlos Onganía, en perjuicio de la cual se le atribuía conspirar en su contra a Aramburu. Hay más.

Ante todo, el reportaje de La Causa Peronista, apareció dos meses después que falleciera el General Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. El estallido periodístico del “ajusticiamiento” de Aramburu dio la impresión de iniciar la fuga hacia adelante de los guerrilleros peronistas, en un contexto de acoso y derribo. En sus filas hacían estragos las Tres A del Brujo José López Rega, Isabel Perón, las patotas sindicales, y las bandas de militares sedientos de sangre, reciclados al amparo de un gobierno constitucional. Los hombres y mujeres integrantes o sucedáneos de las formaciones especiales del peronismo, bendecidas por Perón, pasaron a la ilegalidad. Relegaron la organización y movilización de masas como herramienta preponderante de militancia, retomando la lucha armada, enarbolándola a modo de instrumento principal de combate, método que habían abandonado, ulteriormente al 11 de marzo de 1973, consecuencia ponderada aunque insuficiente, acto seguido a la victoria electoral del justicialismo.

Al ofrecerles una tribuna de prensa a los conspicuos montoneros, Firmenich y Arrostito, se autoincriminaron, fundamentaron y compartieron cierta intimidad del acto final en perjuicio de la vida de Pedro Eugenio Aramburu. La Causa Peronista, involuntariamente, dio pie a la argumentación de sus enemigos, (la casta militar, la extrema derecha del peronismo, la oligarquía vernácula y los agentes del imperialismo estadounidense), que les achacan en los diarios adictos hasta el presente, más allá de tergiversaciones diversas de la historia que no vienen en este preciso instante a cuento, la vuelta al uso de la violencia guerrillera, durante un gobierno constitucional. Por supuesto que esto es fácil esgrimirlo hoy, olvidando que cuarenta y pico años atrás, aparecían cotidianamente los cadáveres de sus simpatizantes, aspirantes, oficiales y jefes, cuyos restos la prensa exhibía impúdicamente acribillados dentro de las viviendas, o tirados en las veredas. No quita que la intensificación de aquel reproche marcó el inicio de una pérdida acentuada del prestigio nacional que supo reunir globalmente la “tendencia revolucionaria del peronismo”, especialmente su referente esencial, la guerrilla montonera.

Fueron “la juventud maravillosa”, como la bautizó Perón, y produjeron ingredientes de adoctrinamiento, organización, resistencia y mística de lucha revolucionaria justa y representativa. Contribuyeron a voltear al régimen militar en las urnas del 11 de marzo de 1973. Eso no se los puede quitar nadie. Ni los escribas al servicio de las malas intenciones que suelen infiltrar la prensa sensacionalista, conservadora y anti-progresista, o los traficantes de residuos judiciales y papeles tóxicos de los servicios secretos. Tampoco los contaminados con ideologías reaccionarias, emparentados con las capas dominantes de la economía monopólica y extranjerizante. Todos ellos son funcionales a los genocidas, partidarios de una reconciliación de las víctimas con los ex-represores, quienes no reconocen los hechos, no se arrepienten de las atrocidades, no cooperan con la Justicia, y siguen permanentemente al acecho.

De hecho, hubo millones de argentinos que se sumaron al reconocimiento popular de los Montoneros. Los apoyaron en multitudinarias manifestaciones al desarrollarse la campaña electoral, un fenómeno subrayado el 25 de mayo de 1973, en la plaza frente a la Casa Rosada, durante la asunción de la fórmula presidencial Cámpora-Solano Lima. Incluso en la “masacre de Ezeiza”, el 20 de junio siguiente, al no quedarle mejor remedio a la extrema derecha del peronismo, en consonancia con los intereses de los nostálgicos de la dictadura (1966-1973), que atacar militarmente a la multitud desarmada, unos 3 millones de personas que cantaban loas a Perón y a los Montoneros. La agresión significó un luctuoso suceso cometido de punta a cabo por grupos paramilitares no oficialmente identificados, que dispararon a mansalva contra la multitud movilizada por los Montoneros para recibir al General Perón, quién retornaba definitivamente de sus 17 años de exilio. (5) Al igual que con Aramburu, los guerrilleros peronistas reiteraron venganza. Hicieron sus averiguaciones y designaron como máximo responsable de la masacre, a José Ignacio Rucci, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), y lo asesinaron en septiembre del 73, a reserva que esa es otra historia, todavía pendiente de una resolución judicial definitiva. En tanto, al caso Aramburu lo sepultó la historia. Se favoreció colateralmente por el indulto pacificador de Cámpora, y la amnistía del parlamento, que liberaran a los presos políticos en mayo del 1973.

No es desdeñable concluir que si aquel golpe de estado de 1955 fuese observado bajo los reflectores de los instrumentos de protección y promoción de los derechos humanos de Naciones Unidas vigentes en este momento, debería haber sido caratulado un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, es decir un condenable ataque masivo y generalizado contra la población civil. Sus perpetradores habrían sido perseguidos penalmente hasta por la justicia internacional. La convención en la materia, relativa a la “imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”, adoptada por la Asamblea General el 26 de noviembre de 1968, entró en vigor el 11 noviembre de 1970, siendo aplicable “cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido” las infracciones, único instrumento vinculante de la ONU que tiene efectos retroactivos. Se lo concibió para consolidar la base legal en la búsqueda y captura de los victimarios del nazismo y del fascismo que seguían deambulando por el planeta. La Argentina la terminó ratificando por decreto gubernamental que firmara el Presidente Néstor Kirchner en 2003, para sustentar la anulación de las leyes de “punto final” y “obediencia debida” en el Parlamento, y consumar el cometido iniciado en 1985 por uno de sus predecesores, Raúl Alfonsin, a través del Juicio a los Comandantes del “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983). En este marco, si a Aramburu se lo hubiesen juzgado con la legislación actual, tomando en consideración los daños humanos y la devastación material del país a partir de 1955, de la que nunca se hicieron cargo los militares, conteniendo los 17 años de tutela militar que envilecieron la vida política nacional, postergando la recuperación democrática, asequiblemente su conducta no habría quedado impune. De cualquier manera, en circunstancias extremadamente difíciles, y hace 50 años, soportando una feroz dictadura militar, un puñado de Montoneros decidieron hacer justicia por propia mano. (5).



  1. Richard Gillespie, Soldados de Perón Los montoneros, Grijalbo, 1987. Lucas Lanusse, Montoneros El mito de sus 12 fundadores, Vergara, 2005. Juan Pablo Feinmann, Timote: secuestro y muerte del general Aramburu, Planeta, Buenos Aires, 2009. José Amorin, correo electrónico del 22 de junio de 2010. Felipe Celesia y Pablo Waisberg, Firmenich La historia jamás contada del jefe montonero, Aguilar, Buenos Aires, 2010. Alejandra Conti, en La Nación del 11 de mayo de 2020, respecto al libro Aramburu. El crimen político que dividió al país. El origen de Montoneros, de María O’Donnell (libro recientemente puesto a circular en Buenos Aires y no chequeado por la premura de publicar oportunamente esta semblanza periodística elaborada en Ginebra). Noticias, 16 de mayo de 2020. La Causa Peronista, martes 3 de septiembre de 1974, año 1, número 9, (que costaba 3 pesos), copia en el archivo del autor. Clarín, 30 de mayo de 2010.
  2. Ricardo Grassi, Periodismo sin aliento, Sudamericana, 2015.
  3. Maza cayó en el copamiento de La Calera, en Córdoba, el 8 de julio de 1970. Abal Medina pereció en un enfrentamiento con la policía en un bar de la localidad de William Morris, Provincia dse Buenos Aires, el 7 de septiembre de 1970. Sucumbió junto a Carlos Gustavo Ramus. Carlos Maguid, fue secuestrado en Lima, Perú, el 12 de abril de 1977. Continua desaparecido. Se había escindido de Montoneros en 1973. Norma Arrostito fue secuestrada en la ESMA el 2 de diciembre de 1976. Sus captores allí la envenenaron el 15 de enero de 1978. Ignacio Vélez ha sobrevivido.
  4. Ricardo Grassi, su libro ya citado.
  5. Horacio Verbitsky, Ezeiza, Contrapunto, Buenos Aires, noviembre de 1985.
  6. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la ONU

viernes, 17 de abril de 2020

Proceso de Reorganización Nacional: Cuando la URSS y el PC apoyaron al gobierno militar

Cuando la Unión Soviética y el Partido Comunista Argentino no hablaron de derechos humanos y respaldaron a la dictadura

Las críticas del presidente Jimmy Cartes de los Estados Unidos a las violaciones a los derechos humanos irritaron a la Junta Militar. La relación con el Kremlin y el sorprendente argumento del PC para apoyar a los dictadores y prefirieron no hablar de la criminal persecución a la izquierda
Por Daniel Gutman || Infobae


Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla y Ramón Agosti: la Junta Militar que derrocó al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 recibió el apoyo de la Unión Soviética y el PC Argentino (AFP)

Una misión comercial con 65 funcionarios de la Unión Soviética aterrizó en Buenos Aires a fines de octubre de 1976. El motivo del viaje era que se realizaría una muestra de la industria de ese país en el Centro Municipal de Exposiciones de Figueroa Alcorta y Pueyrredón.

El evento, planificado antes del golpe militar del 24 de marzo, llevaba el título de “Unión Soviética hoy” y había sido confirmado luego de que la Junta Militar tomara el poder, a pesar de la oposición de los sectores del Ejército más obsesivamente anticomunistas, encabezados por el jefe del I Cuerpo, Carlos Guillermo Suárez Mason.

Cuando llegó el momento de la inauguración, ya habían pasado siete meses desde el derrocamiento del gobierno constitucional y las violaciones a los derechos humanos en Argentina eran denunciadas por influyentes sectores políticos y periodísticos del mundo occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque el gobierno del republicano Gerald Ford apoyaba a la Junta Militar, la cuestión de los desaparecidos no sólo era noticia en los medios sino que había sido discutida en el Capitolio, a instancias de legisladores demócratas.

La posición de la Unión Soviética con respecto a la dictadura argentina no estaba entonces del todo clara, a diferencia de lo que pasaba con el régimen del vecino Chile. La superpotencia comunista era un fuerte adversario de la dictadura de Augusto Pinochet y había realizado un fuerte gesto político en uno de los ámbitos más visibles mundialmente: el fútbol. Los soviéticos se habían negado a presentar a su selección en Santiago en el repechaje de las eliminatorias para el Mundial 74, ya que se pretendía jugar el partido en el Estadio Nacional, “salpicado con sangre de patriotas chilenos”. Por el boicot habían perdido la oportunidad de jugar el Mundial de Alemania. Sin embargo, no había habido señales significativas con respecto a la visión soviética sobre el gobierno de Jorge Rafael Videla.

El contexto de la muestra en la Buenos Aires de 1976 era de tensión y el Centro Municipal de Exposiciones había sido rodeado de policías y carros de asalto, con la excusa de cuidar la seguridad de los asistentes. El primer discurso, en tono formal, fue del secretario argentino de Comercio Exterior, Roberto Fraguío. El segundo fue del jefe de la delegación visitante, el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexsey Manzhulo.

El alto funcionario dijo entonces el mensaje político que la dictadura quería escuchar: El Kremlin, “fiel a la política de coexistencia pacífica en sus relaciones con otros estados, sigue rigurosamente los principios del respeto a la soberanía nacional, la no intervención en los asuntos internos, la igualdad de derechos y el beneficio mutuo”.

Esa declaración estableció la tónica de que lo que sería durante los años siguientes el trato de la Unión Soviética hacia la Argentina, marcada por el privilegio de las relaciones comerciales y el silencio del gigante comunista ante los crímenes que cometía la dictadura, justamente en nombre del combate contra el comunismo internacional.

La Unión Soviética incluso bloquearía más de un intento de condenar a la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pero sería el Partido Comunista Argentino el que iría todavía bastante más allá para incursionar muchas veces en la defensa entusiasta de la dictadura, cuando en el mundo se la señalaba por la cuestión de los derechos humanos.

Estados Unidos ataca y el PC defiende

El primer verano de la dictadura, en 1977, fue tenso en materia de relaciones internacionales. En Estados Unidos, gobierno republicano -extremadamente amigable con los militares argentinos- fue reemplazado por uno demócrata, encabezado por Jimmy Carter. El nuevo presidente prometía abandonar la tradicional política de la Casa Blanca de apoyo a cualquier dictador latinoamericano que combatiera el comunismo, para privilegiar el respeto a los derechos humanos.

Los peores temores de la Junta Militar se confirmaron el 24 de febrero, cuando el secretario de Estado Cyrus Vance anunció que Estados Unidos reduciría la ayuda militar a la Argentina de 48 a 15 millones de dólares anuales a partir de agosto, debido a las violaciones a los derechos humanos. En términos económicos no significaba gran cosa, pero era un gesto político mayúsculo, que generó desconcierto en la Junta Militar, convencida de que Estados Unidos sería un aliado permanenente en la represión a la izquierda.

En Buenos Aires fue el Partido Comunista Argentino el que salió a defender con énfasis al gobierno de facto. El PC señaló en un comunicado que el gobierno de Carter,
“erigido en un tribunal supremo que se atribuye el derecho de juzgar a las demás naciones del mundo, ha interferido en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de la violación de los derechos humanos (…) Negamos sinceridad y autoridad moral al imperialismo yanqui para defender los derechos humanos más allá de su frontera”.

Lo firmaban Rodolfo Ghioldi, Rubens Iscaro y Fernando Nadra.

Puede resultar paradójico hoy, pero a partir de ese momento la defensa de del PC Argentino fue constante frente a las presiones del gobierno de Carter a la dictadura argentina debido a la represión ilegal.
  Los dirigentes del PC argentino intentaron explicarles a sus interlocutores locales que la dictadura de Videla no se sometía a las imposiciones de las corporaciones norteamericanas y que por eso Jimmy Carter utilizaba hipócritamente el argumento de los derechos humanos para castigar a la Argentina (Reuters)

A principios de 1978 dos de los principales dirigentes del PCA, Athos Fava y Fernando Nadra, consiguieron visas para viajar a Estados Unidos, que por muchos años no había permitido el ingreso a su territorio de personas vinculadas al marxismo.

Así, Fava y Nadra recorrieron el país del Norte durante un par de meses y se entrevistaron con dirigentes políticos, sindicales y sociales, pero prefirieron no hablar de la criminal persecución que tenía lugar en la Argentina no sólo contra la guerrilla sino también contra militantes de izquierda que no tenían vínculos con la lucha armada.

Según ellos mismos contaron en un libro que publicaron al regresar a Buenos Aires con el título Estados Unidos: grandezas y miserias, Fava y Nadra intentaron explicarles a sus interlocutores locales que la dictadura de Videla no se sometía a las imposiciones de las corporaciones norteamericanas y que por eso Carter utilizaba hipócritamente el argumento de los derechos humanos para castigar a la Argentina.

Durante ese viaje Fava y Nadra visitaron en el Capitolio al representante demócrata por el estado de Iowa, Tom Harkin, autor en 1975 de la llamada enmienda Harkin, que prohibía al gobierno de Estados Unidos dar asistencia financiera a gobiernos represivos y que había sido utilizada contra la dictadura de Videla. Fava y Nadra le advirtieron a Harkin que los argentinos no toleraban que desde el exterior pretendieran imponérseles normas de conducta.

En Estados Unidos los comunistas argentinos también insistieron en que había que preservar al gobierno de Videla para evitar que en el país se instalara “el pinochetismo”.

Pinochet había sido aislado por buena parte de la comunidad internacional debido a su abierta persecución a la izquierda y a decisiones de alto impacto, como la utilización del Estado Nacional para alojar presos políticos. Y en ese sentido, “el pinochetismo” era para el PC el sector de las Fuerzas Armadas de Argentina que favorecía una represión sangrienta, por oposición a la línea encabezada por Videla y el jefe del Estado Mayor, Roberto Viola, que supuestamente era moderada y se inclinaba por la legalidad.

Ya en agosto de 1977, el PC respaldó el rumbo elegido por Videla como “el camino adecuado para ganar la paz, aventar el peligro del pinochetismo y de las amenazas exteriores y encontrar soluciones económicas, políticas, sociales y culturales que el país necesita”. El comunicado, en una época en que a los partidos políticos les costaba llegar a los medios de comunicación, fue reproducido por el diario La Opinión, en manos de los militares desde el secuestro de su director, Jacobo Timerman, en marzo.

  Las relaciones económicas florecientes entre la Unión Soviética y la Argentina, seguramente, explican mucho de este apoyo. En 1981 las exportaciones a la Unión Soviética se acercarían a los 3000 millones de dólares anuales, casi un tercio del total que Argentina vendía en el mundo

En noviembre de 1977 Athos Fava publicó un artículo en la Nouvelle Revue Internationale, periódico del PC francés, en el que llamaba a apoyar “a la corriente dirigida por el general Videla y sus acciones positivas, particularmente aquellas tendientes a aislar a los pinochetistas y a lograr la victoria en la batalla por la democracia”.

Fava pidió a los comunistas franceses “que ayuden a aislar a los pinochetistas de nuestro país y a evitar así un baño de sangre que podría tener una amplitud sin precedentes”.

Las relaciones económicas florecientes entre la Unión Soviética y la Argentina, seguramente, explican mucho de este apoyo.

En octubre de 1977 la dictadura ratificó convenios con Moscú que habían sido firmados en 1974 por el entonces ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard. Gracias a ello el comercio bilateral, que había alcanzado 406 millones de dólares en 1975 y había caído hasta poco más de 300 millones en 1976 y 1977, llegó en 1978 a 486 millones, “para seguir trepando hasta convertirse, los soviéticos, en los clientes más importantes de la Argentina”, según escribió Isidoro Gilbert en su libro El oro de Moscú.

En 1981 las exportaciones a la Unión Soviética se acercarían a los 3000 millones de dólares anuales, casi un tercio del total que Argentina vendía en el mundo.

Efectivamente, el historiador y economista Mario Rapoport señaló que la Unión Soviética, que era el país número 33 en el ranking de compradores de carne argentina en 1978, pasó al segundo lugar en 1979 y al primero entre 1980 y 1982. También en granos la Unión Soviética se convirtió en destino principal de las exportaciones argentinas.

Las compras y el silencio soviético ante las violaciones a los derechos humanos serían pagados en 1980, cuando la Junta Militar se negó a sumar a Argentina al embargo de cereales dispuesto por Estados Unidos contra Moscú, en castigo por la invasión a Afganistán del año anterior.

domingo, 3 de enero de 2016

Chile: Conscriptos chilenos confiesan crímenes de la dictadura de Pinochet

Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura
El régimen de Pinochet
Clarín
Empiezan a surgir casos de reclutas, confesando sus crímenes en medios de comunicación. Sería la llave que permita saber dónde están cientos de desaparecidos. Mirá lo que cuentan.


Un cartel contra el fallecido Augusto Pinochet yace en el piso tras una manifestación en Santiago, Chile./ AP


Un conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas de un tiro en la cabeza y que luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastro de su existencia. Otro dijo que la patrulla militar a la que pertenecía roció con gasolina a dos adolescentes y los quemó vivos.

Ambas confesiones, hechas públicamente este año, tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que cambió la historia de Chile. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el gobierno del general Augusto Pinochet, y que finalmente pueden salir a la luz pública.


Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura./ AP

"Siento que por fin se está rompiendo porque los criminales ya no aguantan más'', dijo a The Associated Press, Verónica de Negri, madre del joven Rodrigo Rojas, que murió quemado vivo en 1986, cuando tenía 19 años. "Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó''.

Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas matanzas y masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un ex soldado testificara sobre el asesinato de Rojas, en julio pasado, un juez acusó a siete ex militares del crimen en el que también resultó gravemente quemada Carmen Quintana, entonces adolescente.


Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura./ AP

La última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre: sucedió durante un programa de radio que, por lo general, se centra en anécdotas personales, algunas humorísticas, otras sobre asuntos del corazón y unas más de un talante más grave.

Al aire y haciéndose llamar simplemente ``Alberto'', un conscripto llamó y dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor. Pero, a renglón seguido, narró una historia mucho más oscura. Dijo que era veterano del Ejército y que se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y les voló los cuerpos a punta de dinamita.

``Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y `paf' no quedaba ni la sombra'', dijo quien luego fue identificado como el recluta Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa `Chacotero sentimental', de radio Corazón. ``Ni siquiera su sombra se quedó''.


Una manifestación con actores que simulan sesiones de tortura durante la dictadura, en Santiago, Chile. / AP

En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos.

También reconoció que aunque recibía órdenes, le quedó gustando eso de matar.

``Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco'', dijo. ``Luchabas contra ese sentimiento''.

Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años, Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que sólo investiga crímenes de lesa humanidad, quien lo mantiene bajo arresto domiciliario. La AP intentó contactar a Reyes Rammsy pero no fue posible.

El psicólogo Giorgio Agostini dice que después de tanto tiempo hay ``personas que están con un sentimiento complicado de culpa, y quieran de alguna manera liberarse, y el hecho de hablarlo, y en este caso de hacerlo público, les provoque una liberación''.

Muchos conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército chileno, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio al mando de Pinochet.

También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos, y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, dijo a la AP Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de conscriptos.

Los familiares de las víctimas de la dictadura también esperan que otros reclutas hablen mientras que activistas de derechos humanos critican lo que consideran una inefectiva acción del gobierno de Michelle Bachelet en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

El gobierno respondió en diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá el establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura.

Pero la madre de Rojas, cuyo hijo murió incinerado, dijo que cuando descubrió en una estación del metro de Santiago un mural en homenaje a los jóvenes quemados, concluyó que el gobierno ``no quiere... no tiene la más mínima intención de hacer justicia''.

Otro camino alternativo está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad, como las que han disfrutado centenares de militares.

"Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes'', dijo Medallo en referencia al conscripto que confesó en la radio.

``Si el Estado me libera de responsabilidad... yo creo que lo vamos a hacer (hablar) sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros'', añadió Mellado. Cuando el golpe de estado ocurrió ``éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba''.

Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango.

``Al clase (cabo, sargentos, suboficiales) los dejaban a cargo de las dos o tres compañías (del regimiento de telecomunicaciones) el fin de semana... (militares de alto rango) se curaban, se mimetizaban, se pintaban las caras con corchos y asaltaban la cuadra'', dijo Medallo. ``Se metían por las ventanas, con pistola en mano, se iban donde los más chicos, les ponían las pistolas en la cabeza y los violaban''.

Las atrocidades relatadas por el líder de los soldados y uno de los pocos que logró recuperarse y estudiar una carrera universitaria, parecen ser infinitas.

Durante 13 años los conscriptos, organizados como grupo de hecho, tocaron sin éxito las puertas de los Ministerios de Defensa, del Interior, de parlamentarios y hasta de autoridades eclesiásticas, pidiendo contar la verdad para luego pedir la reparación a las violaciones a los derechos humanos de las que dicen que fueron víctimas mientras cumplían su servicio militar.

``Se nos negó toda posibilidad de reparación, nos dijeron que estaba prescrito'', dijo Mellado, quien precisó que a comienzos de 2014 se convirtieron en una corporación con existencia legal y demandaron por denegación de justicia al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hasta el momento representan a unos 10.000 ex conscriptos, y cada día inscriben a más personas.

A la Comisión le pidieron que investigue la muerte de unos 4.000 soldados y de un número similar que quedó inválido por ``desobedecer órdenes'' superiores, muchas de las cuales incluían, según Medallo, reprimir, matar y desaparecer a opositores izquierdistas.

De los 400.000 reclutas que sirvieron en 1973 y los años siguientes, muchos ahora son alcohólicos, drogadictos, se divorciaron o maltrataron a sus hijos y varios sobreviven en las calles, según Medallo. Pero no hay cifras oficiales sobre el tema.

``Todas las personas que hicimos la conscripción estamos tan dañados, tanto física como sicológicamente, por lo tanto yo no acepto que alguien me apunte con el dedo y me diga que soy un victimario'', agregó.

La dictadura dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.095 izquierdistas asesinados y más de 1.200 desaparecidos. En 25 años de democracia el Servicio Médico Legal chileno apenas ha identificado los restos de 166 personas. Si el pacto de silencio se rompe, más de un millar de familias podrían saber qué pasó a sus parientes.


Una mujer lleva una flor durante una manifestación frente a la Moneda, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe en Chile. / Archivo. AP

La analista política y socióloga Marta Lagos dijo a la AP que ``a Chile le haría muy bien darle impunidad a 20 conscriptos selectos a cambio de la información... si me entregan el mapa y los lugares, y los hechos, me la compró (aceptó) en un día. Juicio abreviado, pena remitida o las prescripciones''.

Los llamados pactos de silencio no existen, según las Fuerzas Armadas. ``Jamás en la institución, en mis 44 años, supe de pactos de silencio en ninguna materia'', dijo el ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, el general retirado Guillermo Garín.

Garín, muy cercano a Pinochet, dijo que el general ``estaba ocupado en gobernar al país, no en temas de lucha antisubversiva y contra organismos clandestinos'', aseveró.


Dictador Augusto Pinochet./ AP

Sin embargo, según documentos desclasificados por la administración estadounidense, indican que Pinochet sí sabía de la muerte de Rojas y que ocultó el papel de los militares en su muerte.

Cables del Departamento de Estado, desclasificados en 1986, citan una fuente de la policía nacional de Chile quien dijo que un informe sobre el ataque le fue presentado a Pinochet, quien se negó a aceptarlo y rechazó el pedido de una investigación.

En cambio, Pinochet acusó a Rojas y Quintana de ser terroristas que planeaban usar la gasolina en contra de las barricadas militares y que accidentalmente la patearon y se quemaron.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informó que a primero de diciembre 1.373 antiguos y actuales oficiales del ejército enfrentaron juicio, de los que 344 fueron condenados de manera definitiva y sólo 163 recibieron una pena de presidio efectivo.

Los 181 restantes recibieron condenas alternativas, porque los jueces consideraron el tiempo transcurrido desde el crimen, y redujeron sus sentencias. Sólo 117 están encarcelados.

El magistrado Sergio Muñoz, coordinador de los jueces que llevan causas por violaciones de los derechos humanos, ha dicho a la AP que los tribunales han abierto procesos en el 100% de los casos relacionados con muertes y desaparecimientos.

A la fecha, hay 1.048 causas abiertas por 1.762 desaparecidos y ejecutados y aunque muchos procesos concluyen en condenas, en la inmensa mayoría los militares no dice qué hicieron con los asesinados.

Para las familias, se trata de una lucha contra el tiempo porque tanto ellos como los victimarios se encuentran en edad avanzada.

(Fuente: AP)