Durante el Imperio, el Senado consideró la posibilidad de crear una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Guerra del Paraguay.
Batalla de Avaí: pintura de Pedro Américo en el Museo Nacional de Bellas Artes. La batalla de Avaí se libró cerca del arroyo homónimo, en territorio paraguayo, el 11 de diciembre de 1868, durante la Guerra de la Triple Alianza, entre las fuerzas de la Triple Alianza y las de Paraguay. Fuente: Wikipedia. Foto: Pedro Américo/Museo Nacional de Bellas Artes.
Por Ricardo Westin
En medio de la Guerra del Paraguay (1864-1870), el Senado consideró la posibilidad de crear una comisión similar a las actuales comisiones parlamentarias de investigación (CPI) para investigar las supuestas fallas del gobierno brasileño en el conflicto militar con el país vecino.
La solicitud fue presentada en 1867, cuando la guerra tenía dos años y medio, por el senador Silveira da Mota (GO). Argumentó que el Senado debía investigar por qué los combates consumían tanto dinero público mientras que la paz parecía no llegar nunca.
Tras acalorados debates en el Palacio del Conde dos Arcos, sede del Senado Imperial en Río de Janeiro, los senadores decidieron archivar la propuesta. De haberla aprobado, habría sido la primera comisión de investigación en la historia del Senado.
Amarillentos por el paso del tiempo, los Archivos del Senado en Brasilia conservan ahora todas las discusiones que los senadores sostuvieron sobre la propuesta de Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Guerra del Paraguay.
El mismo día en que presentó la propuesta, según documentos históricos, Silveira da Mota pronunció un discurso:
"Por mucho que las autoridades públicas intenten minimizar la gravedad de la situación actual y hacer pasar este doloroso período por algo normal, todos estamos descubriendo que todas las consecuencias desastrosas que sufre el país provienen de la guerra. No puedo mirar la guerra sin estremecerme, sin enfrentarme no solo a las consecuencias presentes, sino también a las futuras, a las dificultades que traerá a la vida de nuestros hijos."
Esta fue la guerra más grande en la que Brasil haya participado, tanto por su duración (cinco años y dos meses) como por el número de combatientes muertos (unos 50.000 aproximadamente).
En un lado del frente estaban Brasil, Argentina y Uruguay, aliados en la llamada Triple Alianza. En el otro lado, aislado, estaba Paraguay.
Los
combates comenzaron después de que soldados leales al dictador
paraguayo Francisco Solano López invadieran la provincia de Mato Grosso
en respuesta a una intervención política y militar del emperador Pedro
II en Uruguay. La guerra terminaría con la derrota de Paraguay.
«Además del tributo de sangre, estaba el tributo de la riqueza pública, el tributo de los impuestos, el gasto excesivo, los déficits y la necesidad de préstamos», continuó Silveira da Mota. «En resumen, se produjo toda esta horrenda procesión de males que hoy aterroriza al pueblo brasileño: abundante sangre derramada en las llanuras paraguayas, nuestras finanzas arruinadas y nuestras arcas agotadas».
Según la solicitud de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), se notificaría a la Cámara de Diputados sobre el inicio de la investigación. Si los diputados también aceptaran participar, la comisión se convertiría en una CPI conjunta. La idea era que los parlamentarios no solo interrogaran a autoridades, funcionarios públicos y empresarios en Río de Janeiro, sino que también viajaran a la región del Río de la Plata para investigar mejor los presuntos problemas en los propios campos de batalla.
El senador Barão de São Lourenço (BA) apoyó la creación del CPI:
— Desde el principio, uno de nuestros políticos pragmáticos de esa región [del Río de la Plata] dijo que la guerra duraría más de dos años. Nuestros estadistas se rieron. Las profecías se están cumpliendo, pero ellos, que cada día daban por terminada la guerra, persisten en sus errores, convencidos de que solo ellos conocen nuestros asuntos.
Cuando se solicitó la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación, la guerra del Paraguay aún continuaba. Pasarían otros dos años y medio antes de que finalmente se alcanzara un alto el fuego.
Al término de los cinco años, el conflicto consumió 614.000 contos de réis de las arcas imperiales, según el historiador Francisco Doratioto, profesor de la Universidad de Brasilia (UnB) y autor del libro Maldita Guerra — Nova História da Guerra do Paraguai (Companhia das Letras). Esta cifra equivale a la suma de los presupuestos públicos de los once años anteriores a la guerra y explica por qué las cuentas del gobierno registraron déficit durante las dos décadas siguientes.
El Ministro de Guerra era el Senador Marqués de Paranaguá (PI). En el Imperio, a diferencia de hoy, los parlamentarios podían ocupar cargos gubernamentales sin ausentarse del Poder Legislativo. Aprovechó su libre acceso a la tribuna del Senado para defender al gobierno y rechazar la apertura de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación).
«No puedo aceptar la moción y espero que el Senado no la apruebe, ya que resulta sumamente inconveniente», declaró el senador y ministro. «El honorable senador [Silveira da Mota] comprende perfectamente las circunstancias extremadamente difíciles en las que se encuentra el país. Seguramente no querrá agravarlas. En circunstancias tan delicadas y difíciles, su palabra autorizada podría obstaculizar el progreso de la administración pública. Una investigación sobre los asuntos de la guerra tiende a quebrar la fortaleza moral que el gobierno necesita con tanta urgencia».
Según el Ministro de Guerra, el gobierno no era responsable de la demora en el conflicto. Explicó que Brasil se vio sorprendido por la declaración de guerra. Nadie podía imaginar que Solano López invadiría Mato Grosso y desafiaría a Dom Pedro II. El Marqués de Paranaguá declaró:
Esta
guerra había sido planeada y preparada durante muchos años por nuestro
enemigo, quien había redirigido su odio contra el Imperio, esperando una
oportunidad propicia para vengarse o satisfacer sus ambiciosos planes.
Tuvimos que aceptar la guerra, aunque no estábamos preparados para ella.
El talón de Aquiles de Brasil era la falta de un ejército digno de tal nombre. Contaba con relativamente pocos soldados. En las guerras y revueltas que surgieron poco después de la Independencia, por ejemplo, Dom Pedro I tuvo que contratar mercenarios extranjeros para luchar en nombre del Imperio. Durante la Regencia, los gobernantes optaron por no organizar un ejército fuerte, temiendo que, como había ocurrido en ciertas partes de Hispanoamérica, los militares se rebelaran y tomaran el poder.
“No contábamos con un ejército adecuado, dada nuestra posición en Sudamérica”, continuó el Ministro de Guerra. “Fue necesario formarlo, prepararlo y emprender largas marchas, superando innumerables obstáculos. Al finalizar la guerra en Uruguay, Brasil contaba con 10.857 hombres, sin incluir la fuerza naval. Con esta cifra nos sorprendió la guerra del Paraguay. Se hizo un llamamiento a la nación, y entonces llegaron estas legiones de voluntarios, a quienes el ferviente amor a la patria hizo marchar desde todos los rincones del Imperio”.
En el Senado, la estrategia del marqués de Paranaguá consistía en asegurar a los parlamentarios que él mismo estaría constantemente disponible para brindarles cualquier aclaración que solicitaran, lo que haría innecesaria la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación).
El autor de la solicitud pronto se percató de la trampa e intentó provocar y desestabilizar al ministro. Ambos incluso protagonizaron un tenso intercambio en la sesión plenaria.
—¿Así que comenzamos la campaña con unos 10.000 hombres? Excelentísimo Señor Presidente, explíqueme esto —preguntó Silveira da Mota, interrumpiendo al orador.
—Eso es lo que supongo —respondió el marqués de Paranaguá.
No, Su Excelencia no puede dar nada por sentado. Usted es ministro, debe saberlo.
—Bueno, responderé con los mapas y documentos oficiales que tengo. No vengo ante el Senado a recitar una novela.
Es cierto, pero no puedes dar nada por sentado.
— Creo que puedo contar con la benevolencia del honorable senador.
- Sin duda.
—No pido clemencia. De hecho, quiero ser juzgado con severidad, esperando justicia, lo cual no excluye cierto grado de indulgencia.
—
Con el debido respeto al honorable ministro, simplemente estoy
corrigiendo los hechos. Su Excelencia no debería preocuparse por esto.
La batalla de Avaí se libró cerca del arroyo homónimo, en territorio paraguayo, el 11 de diciembre de 1868, durante la Guerra de la Triple Alianza, entre las fuerzas de la Triple Alianza y las de Paraguay. Fuente: Wikipedia.
Foto: Pedro Américo/Museo Nacional de Bellas Artes.
Otro entusiasta de la creación de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) sobre la Guerra del Paraguay fue el senador Barão de Cotegipe (BA). Haciéndose eco de la petición de Silveira da Mota, enumeró una larga lista de críticas al gobierno en materia financiera, administrativa e incluso militar.
Según el barón de Cotegipe, los únicos que realmente se beneficiaron de la guerra paraguaya fueron los empresarios:
— La guerra beneficia a los proveedores. El negocio de los suministros se basa en favores: ya sea que el Sr. F esté a cargo de este suministro o que el Sr. S esté a cargo de aquel otro.
Acusó al gobierno de contratar barcos privados para transportar municiones, alimentos y medicinas a los soldados, mientras que barcos militares navegaban con las bodegas vacías desde Río de Janeiro hacia la zona de guerra.
Informó que algunos batallones recibieron una cantidad tan excesiva de carne que parte de ella terminó en la basura, mientras que otros batallones "se vieron obligados a ir a la orilla del río para mojar la carne dura y tal vez podrida que les estaban distribuyendo".
En la provincia argentina de Corrientes, según el barón de Cotegipe, los soldados brasileños habían recibido munición "suficiente para una guerra de seis años" y otros artículos esenciales "que ni siquiera durarían cuatro meses".
«¿Acaso
el Senado no comprende el motivo de tales acontecimientos?», preguntó.
«Si no hay rigor en la gestión de los fondos públicos, la guerra no
terminará. Son tales los intereses creados que, mientras Brasil pueda
gastar un centavo, esto no acabará», declaró el senador.
El barón de Cotegipe también denunció irregularidades en la nueva política imperial de pagar por la manumisión de personas esclavizadas pertenecientes a particulares y enviar a los nuevos soldados negros a la guerra:
«¿Qué opina Su Excelencia sobre los abusos que se han cometido al otorgar condecoraciones a los amos que presentan libertos?», preguntó al Ministro de Guerra. «Quien tenga un esclavo vicioso, incorregible, enfermo, etc., lo envía para que sea ofrecido como defensor de la patria ¡y es considerado excelente! Muchos son presentados como buenos, pero al cabo de unos días son juzgados ineptos y regresan a sus lugares de origen. Y quien los entregó se queda con las condecoraciones y los títulos. ¡Es un fraude!».
Para reforzar su argumento, relató un episodio ocurrido en Bahía, su provincia:
Un hombre lisiado llegó para ser examinado, gracias a influencias electorales. El médico, que tenía intereses creados, dijo: «No es nada, le haré un corte en la mano y estará bien». Le hizo el corte, y parece que el hombre quedó aún más lisiado. Mientras tanto, la nación lo compró, y es uno de los que seguramente regresaron. Incluso ahora les tiñen el pelo a los ancianos negros y les ponen dentaduras postizas nuevas.
—Digo que han sido rechazados —replicó el ministro de Guerra—. Puede que algunos hayan sido aceptados en las provincias, pero aquí [en Río de Janeiro] esto se ha manejado con gran escrúpulo.
"Muchos han pasado a través de la red", insistió el barón de Cotegipe.
"Han pasado peces grandes", coincidió Silveira da Mota.
Sin embargo, los historiadores afirman que no hay pruebas de que tales fraudes fueran recurrentes. El escenario más probable, según ellos, es que esta narrativa fue inventada por terratenientes poderosos que no deseaban renunciar a sus esclavos, ni siquiera con compensación, e hicieron todo lo posible por sabotear las políticas abolicionistas del Imperio, incluyendo la liberación de esclavos para luchar en la Guerra de Paraguay. Desde la perspectiva de los dueños de esclavos, el gobierno no tenía derecho a interferir en la propiedad privada de los ciudadanos.
El barón de Cotegipe pertenecía a la facción proesclavista. En 1888, por ejemplo, fue uno de los pocos senadores que votó en contra de la aprobación de la Ley Dorada (Lei Áurea).
En defensa del gobierno, el senador Marquês de Jequitinhonha (BA) pronunció un discurso:
—Me
opondré a esta nominación [del CPI], votaré en contra, si Dios quiere,
porque la considero inoportuna. Toda esta investigación debería
realizarse cuando nuestra situación mejore. Ahora no es el momento de
ocuparse de un asunto de esta naturaleza.
Apenas unos días después de su presentación, la solicitud de una Comisión Parlamentaria de Investigación fue rechazada por el Senado. De los aproximadamente 50 senadores, solo 11 votaron a favor de la investigación. Silveira da Mota se indignó y acusó al Parlamento de estar supeditado al gobierno.
Señores, no entiendo cómo un gobierno constitucional puede ignorar el derecho del poder legislativo a examinar minuciosamente todos los aspectos de este importante acontecimiento y a ejercer una supervisión rigurosa del gasto de los recursos y fondos públicos. Hasta ahora, y es doloroso decirlo, el poder legislativo se ha conformado con la información extraoficial que el gobierno ha proporcionado en sus informes y documentos, pero dicha información solo muestra los puntos favorables a la administración y oculta todas sus debilidades. El Parlamento debe alzar la voz y reclamar sus prerrogativas, que han sido absorbidas por el Poder Ejecutivo.
No abandonó la idea. Poco después, volvió a proponer la creación del IPC, pero esta vez mediante un proyecto de ley, no una solicitud. Sin embargo, la nueva propuesta nunca se sometió a votación.
Contrariamente a lo que pueda parecer a primera vista, la apertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Guerra del Paraguay no fue una forma de atacar al emperador Pedro II. Fue, en realidad, una lucha entre partidos políticos.
Brasil era un sistema parlamentario. El gobierno estaba encabezado por el primer ministro, quien elegía a todos los ministros de su gabinete. En 1867, los liberales progresistas ostentaban el poder. Los conservadores estaban en la oposición. Como miembro del bloque conservador, Silveira Mota solicitó la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) con la intención de desestabilizar a sus adversarios para que su propio grupo político pudiera ascender al poder.
El historiador Vitor Izecksohn, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y autor del libro Dos guerras en las Américas (Editorial Alameda), explica:
Los conservadores criticaban la Guerra del Paraguay no por ser pacifistas, sino para derrocar a los liberales progresistas. Se trataba de un proceso de debilitamiento y desgaste del gabinete ministerial, la práctica habitual de la política. En 1868, los liberales progresistas cayeron y los conservadores tomaron el control del gabinete. En ese momento, quienes se oponían a la guerra se convirtieron en partidarios y viceversa. Los liberales progresistas, otrora en la oposición, incluso quisieron investigar la actuación del senador conservador Duque de Caxias como comandante de las fuerzas aliadas en la Guerra del Paraguay.
Izecksohn recuerda que los políticos y diplomáticos del Imperio no imaginaban que Paraguay, uno de los países más pequeños de Sudamérica, ofrecería tanta resistencia antes de ser derrotado. El país, tan tenaz, jamás se rindió. Esto contribuyó a la prolongación de la guerra.
El historiador Ricardo Henrique Salles, profesor de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UniRio) y autor del libro "La guerra paraguaya: esclavitud y ciudadanía en la formación del ejército" (Editorial Paz e Terra), afirma que no se puede culpar a las oficinas ministeriales ni a los partidos políticos por la demora en la resolución del conflicto.
Inicialmente, según él, la guerra se prolongó porque Brasil no estaba preparado, ya sea por deficiencias en el Ejército o por la falta de conocimiento del territorio paraguayo por parte de los militares, lo que contribuyó al lento avance de las tropas.
«Entonces, la guerra se prolongó por culpa de Dom Pedro II», continúa Salles. «Cuando las fuerzas aliadas finalmente tomaron Asunción, a finales de 1868 y principios de 1869, Caxias aconsejó al emperador que pusiera fin a la guerra, pero este se negó. Dom Pedro II insistió en que la acción militar solo terminaría cuando Solano López, que había huido, fuera capturado. Temía que el dictador volviera al poder. Por ello, la guerra se prolongó durante más de un año. Solano López no fue localizado ni asesinado hasta 1870».
Sin embargo, Dom Pedro II jamás podría ser objeto de la Comisión Parlamentaria de Investigación ni ser responsabilizado por la demora en la Guerra del Paraguay. Según la Constitución de 1824, la figura del emperador era inviolable y sagrada.
Según
Salles, a pesar de las acusaciones, nunca se ha probado ningún caso
significativo de corrupción o despilfarro de dinero público en las
gestiones relacionadas con la guerra del Paraguay.
Durante el Imperio, las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) no eran exactamente como las actuales. La Constitución no otorgaba poderes de investigación al Senado ni a la Cámara de Diputados. Sin embargo, los senadores y diputados brasileños solían seguir el modelo inglés, donde el Parlamento tenía una larga tradición de fiscalizar minuciosamente al gobierno mediante investigaciones.
Aunque no mencionaba las «comisiones parlamentarias de investigación», el reglamento del Senado durante el Imperio permitía la creación de «comisiones especiales», de modo que algunos senadores pudieran dedicarse durante unos meses a debatir un problema nacional específico. Lo que Silveira da Mota propuso en 1867 fue una «comisión especial de investigación».
Las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) fueron establecidas oficialmente por la Constitución de 1934, la segunda de la República. Sin embargo, solo la Cámara de Diputados tenía potestad para crearlas. Al año siguiente, los diputados federales establecieron una CPI sobre las condiciones de vida de los trabajadores urbanos y agrícolas.
Fue la Constitución de 1946 la que otorgó al Senado la facultad de crear Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI). Los senadores ejercieron esta facultad de supervisión por primera vez en 1952, con una CPI centrada en la industria y el comercio del cemento. En aquel momento, el sector de la construcción atravesaba una crisis debido a la escasez generalizada del producto en el mercado.
El Senado y la Cámara de Diputados pudieron establecer comisiones parlamentarias mixtas de investigación (CPI), aunando esfuerzos en la investigación, comenzando con la Constitución de 1967. La primera CPI mixta, en 1976, examinó "la posición inferior atribuida a las mujeres brasileñas en todos los sectores", incluyendo la política y el mercado laboral.
Las comisiones de investigación adquirieron mayor eficacia tras la Constitución de 1988, que les otorgó su formato actual. Las comisiones parlamentarias de investigación obtuvieron facultades investigativas equivalentes a las de las autoridades judiciales, como la capacidad de investigar irregularidades bancarias, fiscales y telefónicas. Las conclusiones de las investigaciones comenzaron a remitirse al Ministerio Público para que los infractores pudieran ser procesados civil y penalmente.
Desde 1952, los senadores han creado 117 Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI), la más reciente de las cuales es la CPI sobre la pandemia (también llamada CPI sobre la COVID-19), que comenzó en abril. Desde 1976, senadores y representantes han establecido 70 CPI conjuntas.
Entre los temas más recurrentes en las investigaciones parlamentarias se encuentran la corrupción en el gobierno, la malversación de fondos de empresas estatales, los problemas en las privatizaciones, las irregularidades que involucran a los bancos, la crisis de la Seguridad Social, los conflictos agrarios, la masacre de pueblos indígenas y la destrucción del Amazonas.
FUENTE : Agencia del Senado
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