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lunes, 15 de mayo de 2023

Subversión kirchnerista: La vergonzosa indemnización a los Vaca Narvaja

Una asombrosa versión de la historia que le costó $1.000 millones al Estado argentino

Por la militancia de Fernando Vaca Narvaja, en 1976, hicieron desaparecer a su padre y mataron a un hermano. Antes del golpe militar, la familia entera, salvo la hermana mayor, inició su asilo en México, que duró seis años. Ahora, durante el kirchnerismo, 35 familiares directos cobraron, por ese exilio, indemnizaciones que, actualizadas, ascienden a un total de $981.961.693. Que sucedió con la hermana que no se exilió

Hace 50 años, en agosto de 1972, un grupo de seis terroristas fugó de un establecimiento penal en el sur. Fernando Vaca Narvaja estaba en ese reducido grupo que escapó del Penal de Rawson, en la provincia de Chubut, donde estaban detenidos junto a unos doscientos guerrilleros más que, como ellos, eran juzgados o ya habían sido condenados, por la Cámara Federal Penal, “el Camarón”, en ese período, durante el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse.

Los que alcanzaron a escapar, después de matar un guardiacárcel de nombre Juan Valenzuela, fueron Roberto Santucho, Enrique Gorriaran Merlo y Domingo Menna del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo); Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y el mencionado Vaca Narvaja, de Montoneros. Todos, jefes de las organizaciones sediciosas.

Los fugitivos, apenas llegados en un vehículo al aeropuerto de la cercana ciudad de Trelew, en la misma provincia, abordaron un vuelo comercial, previamente secuestrado por milicianos montoneros que venían embarcados, y sin esperar a otros diecinueve “compañeros” también evadidos - que llegaron minutos más tarde al aeródromo - escaparon a Cuba, vía Chile.

Entre los que llegaron tarde estaban la compañera de Vaca Narvaja, Susana Lesgart; la esposa de Roberto Santucho, Ana María Villareal, y Clarisa Lea Place, ex pareja de este último. Todas ellas combatientes guerrilleras.

Los 19 que quedaron en tierra, abandonados por sus jefes, fueron recapturados y trasladados a la Base naval “Almirante Zar” en Trelew. Allí, una semana después, el 22 de agosto, se produjo lo que hoy se conoce como “la masacre de Trelew”, donde resultan abatidos dieciséis de esos “combatientes”, incluidas las tres mujeres mencionadas. Una matanza, según la historiografía pro guerrillera y un motín, con captura de un oficial e intento de nueva fuga, según la versión de los marinos. Si fue una matanza premeditada, a sangre fría, de gente desarmada, resulta llamativo que los “asesinos” hayan dejado vivos a tres guerrilleros, a los cuales la sanidad militar les salvó la vida curando sus heridas para que, nueve meses después, liberados por el indulto del presidente Héctor Cámpora, contaran “la masacre”.

Fernando Vaca Narvaja

Fernando Vaca Narvaja, uno de doce hijos de una familia cordobesa de clase media alta, “acomodada”, uno de los jefes montoneros durante los nueve años que esa organización existió, sobrevivió en el exilio al gobierno militar y regresó al país en 1989, tras ser indultado por el presidente Menem ya que, antes, había sido condenado por la justicia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a partir de decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

Convencido de que la presión guerrillera fue la que engendró la represión del Estado, el presidente Raúl Alfonsín, apenas tres días después de asumir su mandato, en diciembre de 1983, dictó dos decretos, el 157 y 158, por el que se sometió a juicio a las tres juntas militares y a la conducción guerrillera. Ese decreto significó, además del enjuiciamiento a las cúpulas militares, el pedido de detención y juzgamiento de Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdía y otros dirigentes guerrilleros por “delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público”. Firmenich fue preso varios años, extraditado desde Brasil, pero Vaca Narvaja y Perdía eludieron el accionar de la justicia y se mantuvieron fuera del país hasta el indulto menemista.

Ya en Argentina, y sin presión judicial, Vaca Narvaja, gerenció una gomería en CABA y una chocolatería en Bariloche y con la llegada del kirchnerismo en 2003, ocupó puestos en la burocracia estatal provincial en Río Negro, adonde se radicó; pero volvió a estar en las noticias nacionales en julio de este año, al dar una entrevista en un canal de YouTube a un joven periodista, amigo de su hijo menor, Camilo, actual asesor en la Secretaría General de la Presidencia. La entrevista tuvo enorme repercusión por las increíbles definiciones que brindó el guerrillero.

El joven entrevistador, de 29 años, se confesó ignorante de lo sucedido en la época sobre la que el invitado iba a contestar, pero, aclaró que había recibido una “sobreabundante información de parte de Camilo Vaca Narvaja”; lo que conduce a pensar que las preguntas se las hizo, a sí mismo, el reporteado.

La conversación duró tres horas y quince minutos y mantuvieron, siempre, entrevistador y entrevistado, un tono bromista para hablar de los años ‘70 y de la actualidad argentina. Dijo, entre otras jocosidades: “Perón no nos echó de la Plaza”, “la Contraofensiva montonera fue un éxito’ y que los militares en 1983 dejaron el poder “por la lucha guerrillera” y no por la derrota de Malvinas y el descalabro económico del Proceso.

También contó que su familia, numerosa, con once hermanos, fue “muy golpeada y castigada por la dictadura militar genocida”, refiriendo que su padre, Hugo Miguel, fue desaparecido días antes del golpe y su hermano mayor, de igual nombre y militante montonero, asesinado también en 1976. Afirma Vaca Narvaja que todos los hermanos pertenecen “al campo nacional y popular”, salvo la hermana mayor, Susana que “quedó del otro lado”, que fue la única que no se exilió en 1976 y se quedó viviendo con su familia en Córdoba y, agregó, concluyente, que los que habían decidido sumarse a la militancia: “sabíamos lo que asumíamos, los riesgos que corríamos y que era parte de la lucha…”

Después describió como se vivía en la Argentina al inicio de los setenta, cuando ellos se decidieron a tomar las armas para “terminar con las desigualdades”. Recordó, sin sacar conclusiones inquietantes, que el índice de pobreza en esa época “estaba alrededor del 6% y ahora es del 40%” y, en idéntico sentido, dijo que “si se comparan los salarios obreros de los 70 con los de ahora, te largas a llorar”. El periodista, entre risas, le retrucó “¡Y tomaron una ciudad: Córdoba!”, refiriéndose al episodio de violencia política de 1969 conocido como “el Cordobazo”, donde actuaron los proto montoneros.

“La concepción del peronismo de la cual venimos –explicó después Vaca Narvaja– es la del ascenso social: la posibilidad de que un pibe que nace en un barrio, en una familia pobre, pueda estudiar, pueda recibirse, y pueda cambiar su forma de vida. No es ‘el plan social’, el subsidio…”.

Allí perdió el entrevistador la oportunidad de hacerle notar que, en nuestro país, con el peron-kirchnerismo gobernando 16 de los últimos 20 años, hay en la actualidad 141 programas de ayudas estatales; que se traducen en más de 7 billones de pesos en el presupuesto, en pago de los planes sociales que no le gustan a Vaca Narvaja y que esto se duplicó con relación al presupuesto del año pasado. Tampoco alcanzaron a reflexionar que, con estos gobiernos, existen millones de argentinos que hace dos o tres generaciones no conocen lo que es trabajar y sobreviven con la limosna del Estado.

Volviendo a los ‘70 y preguntado acerca de la relación de Montoneros con Juan Domingo Perón, ya regresado a la Argentina en 1973, sin buscarlo, dejó muy claro, que ese es –exactamente– el talón de Aquiles del “relato” de las guerrillas setentistas y sus apologistas.

Por más que el entrevistador no supiera cómo, ni qué repreguntar y tuviera “la mejor” con el ex consuegro de Cristina Kirchner, éste se retorció como endemoniado salpicado con agua bendita cuando bordearon el asunto. Hasta hoy, no pueden explicar por qué continuaron su “lucha armada” durante, y contra, el gobierno peronista. Nunca podrán contarles a los argentinos porque mataron a José Ignacio Rucci en 1973; a diez soldados conscriptos en Formosa en 1975 y tantos miles de otros crímenes aún impunes, la mayoría de ellos cometidos en gobiernos constitucionales. Vaca Narvaja saraseó tratando de eludir el tema y llegó a argumentar, sin ponerse colorado, que “la pelea interna de ellos con Perón estuvo acomodada, financiada y orientada por los grandes intereses económicos.”

Enorme revelación que echa luz sobre un período en el que los historiadores no hallaban pistas para su interpretación, hasta este momento en que, generosamente, Vaca Narvaja nos las brinda. Según el jefe guerrillero, Perón cumplió precisas instrucciones de “los poderes concentrados” de la época, cuando por ejemplo, en enero de 1974, dijo a los diputados montoneros que se oponían al endurecimiento de las leyes contra el terrorismo: “El crimen es crimen cualquiera sea el móvil que impulsa al criminal… Quien está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va… Total, nosotros, por perder un voto no vamos a ponernos tristes” y los expulsó del Justicialismo.

Y, según venimos a enterarnos ahora, el viejo General actuaba bajo el pérfido influjo de la oligarquía cuando echó a los montoneros del peronismo y de la Plaza de Mayo, el 1° de mayo de ese año, diciéndoles: “infiltrados en el Movimiento, traidores al Movimiento y mercenarios al servicio del dinero extranjero”, recomendando al pueblo argentino que tenía que “liberarse de ellos, porque le hacen más daño a la República que el que le causa el colonialismo” y advirtiéndole a los echados que “aún no había tronado el escarmiento”. Y un mes y días, después, se murió, dejándoles para siempre esa lápida encima.

El jefe montonero siguió con su asombrosa versión de la historia: “Nuestra generación soportó dos dictaduras militares y un gobierno muy inestable en el 73 y 75…”, y soltó, detallista: “Nosotros del 73 al 75 tuvimos más bajas de compañeros que en la dictadura militar de Onganía, Levingston, Lanusse… Esa no fue una democracia como la que tenemos ahora…”, concluyó sin reírse. Resulta éste, también, un dato de mucho impacto: el gobierno constitucional peronista les mató, a los montoneros, más combatientes que los generales Onganía, Levingston y Lanusse juntos. Y es fácil de explicar porque, en “esta democracia de ahora”, no cuentan bajas como en 1975: porque, por ahora, pese al violento blablerío del “que quilombo se va a armar”, “la sangre en las calles” “la paz social si cierran Vialidad”, no usan armas para hacer política; conducta social que la Constitución llamaba entonces, y llama ahora, sedición.

Minutos después, en el reportaje, el entrevistado vuelve a mostrar que, sin Perón, ellos no tenían, ni tienen, entidad histórica y repite como letanía la frase que les permitió hacer entrismo en los ‘70. Casi 50 años después de haber sido usados, descartados y combatidos por el fundador del movimiento al que decían pertenecer, anuncia, enternecedor: “No hay rencor: Perón es el conductor”.

Vaca Narvaja siguió luego con su disparate sobre la “Campaña de Contraofensiva Estratégica” de su organización, que, para el “experto en explosivos” –como entre risas se definió– “fue un éxito”.

Fernando Vaca Narvaja (Facebook)

Según los jefes montoneros, visto desde el exilio europeo o mexicano, el año 1979 era el momento preciso para lanzar una “contraofensiva estratégica”, “conducir los conflictos de masas” y voltear al gobierno militar que, según ellos, estaba derrumbándose. Influenciados por el castrismo y la revolución sandinista en Nicaragua no querían permanecer lejos del escenario político cuando se produjera la ansiada y vaticinada irrupción de las masas que barrería con el poder militar. Tenían la certeza – ya abrevaban en el materialismo científico - que, con ellos como “vanguardia”, esas masas obreras se lanzarían decididamente a las calles para provocar la huida de los militares del poder.

Ningún cálculo fue más errado que ese en la historia contemporánea argentina (habiendo miles para considerar). Nada de eso sucedió y fue muy duro, pero muy claro, el también montonero, Martín Caparrós al desacreditar, años más tarde, lo que soñaba la cúpula montonera de entonces y, de paso, la construcción kirchnerista actual de “la memoria”: “Hoy la mayoría de los argentinos tiende a olvidar que estaba en contra de la violencia revolucionaria, que prefería el capitalismo y que estuvo muy satisfecha cuando los militares salieron a poner orden.”

No obstante, en 1979, guiados por la “soberbia armada”, sin moverse de su exilio, y con la vieja fórmula: ¡Animémonos y vayan!, los jefes como Vaca Narvaja mandaron a unos doscientos militantes, entre ellos a menores de edad, a una misión suicida. Ninguno se puso al frente de sus combatientes y a los que manifestaron su desacuerdo con la “maniobra militar” los sometieron a un “juicio revolucionario” y los condenaron a muerte. Vaca Narvaja firmó muchas sentencias de muerte: de sus “enemigos”, pero también de sus propios “cumpas”. Pero ese tema no fue tratado en tres horas de entrevista.

“Resolución del Partido Montonero, 10 de marzo de 1979: La Conducción Nacional del Partido Montonero y la comandancia en jefe del Ejército Montonero resuelve:

1- Acusar al Capitán RODOLFO GALIMBERTI; al Teniente 1º PABLO FERNÁNDEZ LONG; al Teniente ROBERTO MAURIÑO, al Teniente JUAN GELMAN; a la subteniente JULIETA BULLRICH, todos ellos militantes del Partido Montonero y a los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias, MIGUEL FERNÁNDEZ LONG; a su esposa DI FIORIO; a VICTORIA ELENA VACCARO y CLAUDIA GENOUD en los términos previstos por el Código de Justicia Revolucionaria, de los cargos de DESERCIÓN, INSUBORDINACIÓN, CONSPIRACIÓN y DEFRAUDACIÓN. (…) Firmado: Comandante Mario Firmenich; Comandante Fernando Vaca Narvaja y Comandante Roberto Perdía.” Es historia, no “memoria”.

Aquellos militantes que participaron de la “contraofensiva” recibieron instrucción militar en una base de la organización ubicada en el sur del Líbano y, también, en México.

Salvo unos pocos, resonantes y cinematográficos, atentados contra la vida de empresarios y funcionarios del área económica del gobierno militar la contraofensiva no tuvo logro político alguno; en total fueron detenidos, muertos o desaparecidos alrededor de 90 combatientes y el gobierno militar siguió gobernando, sin mosquearse.

Una de estas acciones militares –ordenada por el “Comandante” Vaca Narvaja– fue ejecutada por un pelotón de las “Tropas Especiales de Infantería del Ejército Montonero” en la mañana del 27 de septiembre de 1979, cuando se atacó la casa de Guillermo Walter Klein, que era Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica del Proceso militar.

Mientras el funcionario se encontraba en la planta alta con su esposa y sus cuatro hijos, de entre 12 años y meses de edad, un comando colocó explosivos en la planta baja. Klein y su familia lograron salvarse, pese a que su vivienda fue literalmente demolida y, en el hecho, murieron dos custodios de la policía provincial.

Claramente, no importó a los terroristas que la operación incluyera la posibilidad de asesinar a los hijos y a la mujer del “blanco” elegido. De hecho, lo intentaron y las víctimas de la bomba terrorista, salvaron sus vidas de milagro. Los seis integrantes de la familia fueron rescatados después de estar varias horas bajo los escombros.

Para Vaca Narvaja “la contraofensiva fue un éxito. Golpeamos en los grupos concentrados económicos de la oligarquía”, explicó, locuaz, y sólo eludió responder, en la entrevista, si alguna vez mató. Eso, deberá deducirlo el lector.

Cuando en 1985 huía de la justicia, en tiempos de Alfonsín, su madre, Susana Yofre, en un reportaje en la revista “Caras y Caretas” dijo que deseaba “que pueda volver al país, pero vivir con la frente en alto, porque la determinación que él tomó en su momento no fue buscando beneficio propio, sino para comprometerse, según sus ideas en la lucha por mejorar la situación del pueblo argentino. Fernando siempre fue un muchacho sensible ante los problemas de los humildes. Él –dijo la madre– es un ser limpio y si él tomó ese camino es porque no tenía otro para poder hacer algo por los demás. La violencia que ellos ejercieron es distinta que la de los militares. Porque mientras esa juventud luchó por la liberación del país, los militares lucharon por la supervivencia de sus privilegios; tomaron todo al país como si fueran una estancia y se apoderaron de las riquezas para vaciarlo.” Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia.

De lo que sí se arrepiente con todas las letras es de haber aceptado aquel indulto de Menem. Es la única autocrítica que formula en la extensa entrevista. Y es entendible que no se encuentre cómodo con ese paso que consintieron, por más que le significó que se levantaran todas las acusaciones penales contra él. Esa aceptación los llevó a firmar, junto a Mario Firmenich, Roberto Perdía y los otros jefes montoneros, el “Compromiso solemne por la pacificación y la reconciliación nacional”, en abril de 1989, ante Escribano público y la imagen de la Virgen de Luján, en Luján, en donde afirmaron que la Argentina había vivido una “guerra civil intermitente”, que “no hay ningún sector libre de culpa y de errores por los enfrentamientos del pasado. Que se impone una autocrítica y ellos han abordado la suya” y que “la pacificación nacional es un requisito indispensable para curar las heridas y alcanzar la reconciliación”.

Ahora, se olvidó de lo que firmó y, para él, en los ‘70 sólo hubo una cacería despiadada de jóvenes cuyo único pecado era soñar con un país más justo; los exclusivos responsables de todo lo que se hizo mal son los militares genocidas y que, para ellos, no hay “ni olvido ni perdón”.

Es conveniente recordar que los indultos de Menem fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2010, pero sólo los de los militares. Para Vaca Narvaja y sus amigos indultados fue: ¡Pelito para la vieja!

La cuestión es que, “gracias” a la militancia de Fernando, pasados los años de los tiros, los “caños”, los “Tribunales Revolucionarios” y las “Contraofensivas estratégicas”, su familia le cobró multimillonarias indemnizaciones al Estado “burgués” argentino que los montoneros quisieron destruir en aquellos años, para remplazarlo por el prospero “modelo cubano”.

Los argentinos pagamos por el asesinato del padre de Fernando Vaca Narvaja y el de su hermano Hugo, un total, actualizado, de más de 45 millones de pesos. Y por el exilio de su madre, su hijo Sabino, embajador en China, ocho hermanos, seis cuñados y dieciocho sobrinos, un total actualizado a noviembre de 2022 de $981.961.693; a razón de $27.000.000 por persona. Más de 1.000 millones de pesos nos costó la aventura revolucionaria del “Comandante”.

¡Ah!, lo olvidaba. A su hermana Susana, la “que se quedó del otro lado” y no se exilió, no le pasó nada y no cobró un centavo del Estado argentino.

Pasa en las mejores familias.




lunes, 19 de octubre de 2020

Guerra antisubversiva: El secuestro y asesinato de Sallustro y la indemnización que les pagamos a todos

Secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro: por qué los autores y sus familiares fueron indemnizados con cifras millonarias

En 1972 un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestró al director de Fiat-Concord. La conmoción fue mayúscula en la Argentina y en el mundo. Fue sometido a un "juicio popular" y lo mataron. Con los años, todos cobraron dinero del Estado y algunos de ellos figuran en el Parque de la Memoria con la leyenda “combatiendo por ideales de justicia y equidad”

Por Juan Bautista "Tata" Yofre
Infobae


El gerente de Fiat Oberdán Sallustro durante su cautiverio en una imagen que tomaron los terroristas del ERP. Secuestrado el 21 de marzo de 1972, fue sometido a un "juicio popular" y ejecutado


El martes 21 de marzo de 1972 un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo secuestró al director general de la empresa automotriz FIAT-CONCORD, Oberdán Sallustro, generando una conmoción mayúscula en la Argentina y en el exterior. Según se desprende de la investigación de su secuestro y posterior asesinato, la planificación del hecho “se remonta a diciembre de 1971 y a los dos primeros meses del corriente año.”

En los meses que se planifica el secuestro, el jefe del PRT-ERP Mario Roberto Santucho se encontraba preso. Había caído en Córdoba en agosto de 1971 y fue trasladado al penal de Villa Devoto. Seguidamente fue reemplazado por Luis Pujals, jefe de la Regional Buenos Aires de la banda terrorista. “El Flaco” Pujals duró poco en la comandancia porque el 17 de septiembre de 1971 desapareció en Rosario, Santa Fe. A continuación asumió Benito “Mariano” Urteaga, quien el 6 de septiembre de 1971 acababa de huir de la prisión de alta seguridad de Tucumán junto con 17 altos jefes de la organización.

Según figura en el informe policial sobre el caso Sallustro, del que solo existen 12 copias con 27 anexos, todo el operativo va a ser conocido y autorizado por Benito Urteaga e informado a Santucho en Villa Devoto. Además del secuestro y muerte de Sallustro, Urteaga o “Mariano” estuvo al tanto de los hechos más resonantes que realizó la organización hasta su muerte en julio de 1976, aunque el operativo más importante que lideró fue el ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.

El largo informe de la Policía Federal –que presidía el general Jorge Cáceres Monié, más tarde asesinado con su esposa por Montoneros- dice que “los pasos previos al secuestro de Sallustro se inician con la obtención de viviendas y vehículos, así como fundamentalmente con la integración y entrenamiento de los miembros de la célula que realizaría la acción y de los que actuarían indirectamente en funciones de apoyo. Entre los meses de enero y febrero de 1972 se alquilan y ocupan casi simultáneamente todos los domicilios que sirvieron a éste operativo. En la mayoría de ellos, se instalan matrimonios jóvenes o parejas con apariencias de tales, a los efectos de brindar una imagen de normalidad ante el vecindario y no despertar sospecha sobre sus verdaderas actividades.”

Tapa del largo informe de la Policía Federal sobre el secuestro y asesinato del empresario ítalo-paraguayo Oberdán Sallustro

Para llevar adelante el delito se comprometieron diez viviendas ubicadas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El informe especifica que las mismas fueron alquiladas “por particulares o agencias inmobiliarias que comercialmente ofrecen su aval”. Solo pone la lupa en la vivienda de la calle Bacacay 2654 de Capital Federal cuya “garantía es dada por el abogado Gustavo Tomás Soler, yerno del ex Presidente Arturo Illia.” El informe no lo dice pero Soler no tenía ninguna relación con el PRT-ERP y en su aval hubo “abuso de confianza”. También se informa que algunos de estos domicilios “pudieron ser utilizados por los autores del asalto al Banco Nacional de Desarrollo (del 28 de enero de 1972), ya que los elementos secuestrados en Pueyrredón 1133 de la localidad de San Martín, y el dinero hallado en Brasil 353 de Capital Federal son indicios reveladores de la relación entre los autores de ambos operativos”. En este domicilio de la Avenida Brasil se secuestraron 25 millones de pesos entre dólares y pesos moneda nacional. En el mismo lugar fue detenida, entre otras, Emma Elide Angelina De Benedetti, hermana de “El Tordo” Sigfrido De Benedetti. El paso siguiente es aclarar en qué viviendas y cuántas personas planificaron el operativo. Luego quiénes y cómo se robaron varios móviles para concretar el hecho.

“Es de hacer notar que durante varios días antes del operativo, todos los integrantes de la célula realizaron por turnos observación de la casa de Oberdán Sallustro, y vigilancia de todos los movimientos a su alrededor, con el objeto de reconocer perfectamente a Sallustro, verificar sus horarios en que salía y regresaba a su hogar, las personas que lo acompañaban, la actividad de vehículos y peatones en la zona en diferentes horas del día, etc. Esta tarea la realizaban individualmente y en pareja.”

El 21 de marzo de 1972. “a las 11.20, sale el Dr. Sallustro de su casa de la calle Casares 2628, en la localidad bonaerense de Martínez, conduciendo personalmente su automotor, acompañado por su chofer, José Fuentes, el que se hallaba sentado a su derecha”.

En ese momento se ponen en marcha los distintos escalones del operativo. “Eduardo Adrián Menajovsky alerta a Andrés Ernesto Alsina Bea (uruguayo), conductor de la camioneta Dodge” que intercepta al auto de Sallustro y simultáneamente seis extremistas descienden de la caja de la camioneta. “Inmediatamente Carlos Tomás Ponce de León y Ángel Averame abren la puerta del lado izquierdo” del auto de Sallustro y José Eduardo Beristain y Elena María Da Silva Perreira se ocupan de inmovilizar a Fuentes en el costado derecho del automóvil. Mientras tanto “Osvaldo Sigfrido De Benedetti se ubica detrás de la pickup a corta distancia mirando a la Avenida del Libertador con el fin de impedir el paso peatonal y de posibles móviles.”

“El Dr. Sallustro intentó resistirse, tirándose hacia atrás en el interior del coche, produciéndose un violento forcejeo perdiendo el saco que vestía. Se produce en ese instante un disparo que hiere al señor Fuentes, quien en tales condiciones huye en dirección a la finca de la calle Carlos Casares 2628 (del Dr. Sallustro). Reducido Sallustro es llevado a la caja de la camioneta, ascendiendo también Ángel María Averame, Carlos Tomás Ponce de León, Elena María Da Silva Ferreira y Osvaldo Sigfrido de Benedetti, quienes de inmediato lo atan de pies y manos y lo introducen en una bolsa de cuerina color marrón claro.”

Enrique Gorriarán Merlo, que se encontraba detenido junto a Santucho en Villa Devoto, contará en sus Memorias que “el objetivo de esta acción era doble. Por un lado, dinero para solventar la actividad clandestina del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del ERP, además de un importante reparto de alimentos y medicamentos en las zonas pobres; por el otro, la liberación de 30 compañeros presos” (en sus comunicados hablan de la liberación 50 detenidos).

Tras el secuestro, el comando se aleja del lugar en diferentes móviles (todos individualizados posteriormente) y en la Ruta Panamericana con Edison es transbordado Sallustro desde la Dodge a una camioneta Citroen, “para agilizar la maniobra ambos vehículos se colocan de culata”.

Así se llega a la primera etapa del cautiverio del empresario, en Reconquista 180 de la localidad bonaerense de Chilavert. Al mismo tiempo, en otros lugares, los móviles utilizados para el secuestro son abandonados y quemados. En este lugar Sallustro estuvo preso ocho días, hasta el 29 de marzo de 1972.

“Mientras permanecían con el secuestrado los extremistas lo hacían con capucha, manteniendo con el mismo largas conversaciones sobre temas de distinta índole o bien entreteniéndolo con juegos de naipes.”

El 21 de marzo la organización terrorista redacta el Comunicado N°1, donde se explica que el secuestro es poner a Sallustro a disposición de la “justicia popular” por el “saqueo al país”. El 24 de marzo se difunde el Comunicado N°4 donde se establece que Sallustro fue sometido a juicio y condenado a muerte, pero se determinan una serie de exigencias (reunidas en 7 puntos) que el Gobierno y la empresa FIAT deben cumplimentar para liberar al secuestrado.

El mismo día 24, dice el informe policial, la empresa FIAT inicia tratativas con internados en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. “A las 22.30 aproximadamente el señor el señor Alfredo Raúl Salvatto se entrevista con Alfredo Alberto Curutchet, abogado de SITRAC-SITRAM (asesinado por las Tres A en 1974); Raúl Seres, activista de SITRAC-SITRAM; Eduardo Castello Soto, dirigente del ERP (peruano, moriría el 2 de abril de 1976).

  Oberdán Sallustro preso del PRT-ERP

También Salvatto va a entrevistarse con los dirigentes erpianos Santucho, Gorriarán Merlo y Pedro Cazes Camarero. Al día siguiente, el mismo abogado, acompañado de dos directivos de FIAT, vuelve a entrevistarse con Santucho y Gorriarán Merlo. El domingo 26, con conocimiento y autorización del Servicio Penitenciario Federal, Salvatto vuelve a mantener dos largas conversaciones con los dos jefes terroristas. Según el informe, durante las tratativas se suspende la exigencia de liberar a los dirigentes de SITRAC-SITRAM; se anula lo “relativo a las libertades y traslado a otro país de 50 guerrilleros detenidos y el ERP mantiene en cautiverio de Sallustro pero se compromete a velar por el cuidado material y espiritual del mismo.”

El 29 de marzo Sallustro es trasladado a Pedro Morán 3251 por unos días. Luego es llevado a Yerbal N°83, 4° piso “E” de Capital Federal. Finalmente recala en Castañares 5413 de Capital Federal.

Como resultado de la detención de José Luis Da Silva Parreira se logra allanar el domicilio de Martiniano Leguizamón 4445, Capital Federal, pensándose que podría encontrarse Sallustro. En ese lugar son detenidos, entre otros, Osvaldo Sigfrido De Benedetti, Silvia Inés Urdampilleta de Mac Lean y Mirta Emilse Sgro de Menajovsky, todos intervinientes directos del secuestro del empresario.

También se encontraron armas, proyectiles, documentos falsos y todo tipo de elementos de enmascaramiento personal. “Del análisis del material secuestrado en Martiniano Leguizamón 4445, se obtiene un número telefónico, el cual pertenece a la finca de la Avenida Castañares 5413, Capital Federal.”

Con “plenos poderes” para intentar acordar la liberación de Sallustro, llegaría al país el presidente del Club de Roma, Aurelio Peccei, uno de los empresarios más importantes de Europa y suegro de un reconocido diplomático argentino.

El gobierno del presidente Alejandro Lanusse respondió, tanto a Peccei como al presidente italiano Giovanni Leone, que “no negociaría con delincuentes comunes”. También, a manera de presión, el Papa Paulo VI pidió por la pronta aparición del secuestrado.

Aurelio Peccei intentó no sumergirse en la vida política argentina pero, con la mediación de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luís Duhalde, abogados del PRT-ERP, llegó a entrevistarse con Roberto Santucho en la oficina del jefe del penal de Devoto. Nunca se supo qué se conversó, pero cuando el gobierno se enteró del encuentro trasladó al jefe del PRT-ERP y a Gorriarán Merlo al penal de Rawson (5 de abril de 1972). Dado que no encontraba soluciones, el sábado 1° de abril, Aurelio Peccei retorno a Roma. Ya no quedaba margen de negociación.



El presidente del Club de Roma, Aurelio Peccei, uno de los empresarios más importantes de Europa, llegó al país para negociar la libertad de Sallustro. Se entrevistó con el asesino resentido de Santucho (foto). Nada pudo hacer

“Presumiblemente entre el viernes 7 y domingo 9 de abril” Sallustro fue llevado a Castañares 5413. El 10 de abril de 1972, alrededor del mediodía, una brigada policial llegó hasta el lugar. Desde el interior fueron atacados con disparos de armas de fuego y cae herido Miguel Ángel Minazzo, oficial Inspector de la policía. La atacante era Guiomar Schmidt de Klachko.

Mientras tanto “otras dos o tres personas del sexo masculino huían cubriendo su retirada a tiros por los fondos y casas vecinas hasta lograr desaparecer de la escena del hecho”.

Una vez que penetraron, en el piso de la habitación principal encontraron el cadáver de Oberdán Sallustro “quien presentaba dos heridas de bala, una en la cabeza y otra en el pecho, dando muestras evidentes de haberse consumado el hecho instantes antes” (como Anexo consta la autopsia).

Entre las ropas de Sallustro se encontró una esquela dirigida el Doctor Peccei que decía: “Estimado amigo Doctor Aurelio Peccei: Me han informado que está usted en Buenos Aires. Más que el Jefe está aquí el amigo. Resuelva todo con serenidad y equilibrio, como siempre.”

“Sócrates, antes de tomar la cicuta, deploraba la actitud llorona de sus discípulos. Los juzgaba de envidiosos porque él conocería antes que los demás La Verdad. Estoy muy sereno yo también porque finalmente conoceré La Verdad de Giorgio y de Dios. Cordialmente, Oberdán Sallustro.” Giorgio era su hijo muerto ahogado en la pileta familiar.

El lunes 10 de abril de 1972 también cayó asesinado el jefe del Cuerpo II de Ejército, Juan Carlos Sánchez, a la salida de la sede de su comando, en Rosario. La muerte de Sánchez fue producto de un operativo conjunto, denominado “Sonia II”, entre el PRT-ERP y las FAR. Ellos sabían que el jefe militar se desplazaba sin custodia. Mucho antes del 10 de abril de 1972, el teniente general Sánchez sabía que era un “blanco” primordial de las organizaciones terroristas. Había crecido su fama de duro. En una ocasión, su amigo Ángel “Cholo” Peco le mandó decir que se cuidara a través de uno de sus hijos: “Lo quieren matar”. La respuesta del general Sánchez fue muy simple, lo pintaba de cuerpo entero: “¿Qué querés que haga? ¿Que tenga una fuerte custodia, con motociclistas, mientras mis oficiales caminan solos por las calles? ¿Qué ejemplo es ese?”. Así fue como esa mañana la única y última compañía que tuvo fue la de su chófer, el suboficial Juan Berneche, que fue gravemente herido.

La causa sobre el secuestro y asesinato de Oberdán Sallustro cayó en la Sala 2 de la Cámara Federal Penal de la Nación y ahí estaban los jueces Jaime Lamont Smart, César Black, Eduardo Munilla Lacasa y en pocas semanas el caso estaba resuelto. En noviembre de 1972 comenzó el juicio y el 16 de marzo de 1973 se dieron a conocer las sentencias.

De todos los detenidos, el “Tordo” De Benedetti, Silvia Urdampilleta y Carlos Tomás Ponce de León reconocieron pertenecer al PRT-ERP. Entre los varios imputados estaba también el “tupamaro” Andrés Alsina Bea. Ponce de León fue sentenciado a cadena perpetua; De Benedetti a 12 años; Urdampilleta 9 y Alsina Bea a 6 años. La sentencia fue leída por altavoces dado el tumulto inicial de las sesiones. Los presos, lo mismo que el periodismo nacional, permanecieron fuera de la sala donde se había constituido el tribunal..


Osvaldo Sigfredo De Benedetti, asesino hijo de puta y miembro del PRT-ERP autor de innumerables hechos terroristas.

Las decisiones del tribunal fueron tomadas con tranquilidad por unos y preocupación por otros. Los primeros, porque pensaban que tras la asunción de Héctor Cámpora todos serían amnistiados o indultados indiscriminadamente. Los otros, porque estimaban que el trámite de liberación iba a demandar un largo período procesal. En ese sentido, Julio Cortázar, que había llegado a Buenos Aires para presentar su “Libro de Manuel” exigía la liberación incondicional de todos los presos el 25 de mayo de 1973.

A Silvia Urdampilleta la asaltaban las mismas dudas. No pensaba en su libertad inmediata, tampoco la esperaba su jefe, Roberto Mario Santucho. Por esas semanas pidió conversar con uno de los miembros de la Sala y la audiencia le fue otorgada:

Juez Smart: ¿Estarás contenta?
Urdampilleta: ¿Por qué?
Juez Smart: Y porque el 25 de mayo van a salir libres.
Urdampilleta: Los que no están condenados saldrán y para los sentenciados será el año que viene…
Mirando el escritorio de su interlocutor preguntó ¿y eso qué es?
Juez Smart: La causa tuya.
Urdampilleta: ¿Causa? Pero eso es un término pequeño burgués.
Juez Smart: Bueno, tomalo como quieras, es lo que manda el Estado.
Urdampilleta: Ustedes se equivocan. Así no van a ganar. Nos tendrían que haber fusilado.

Tras la amnistía del 25 de mayo de 1973 todos los “combatientes” volvieron a tomar las armas. Lo he contado en mi libro Volver a Matar (2009). A manera de simple ejemplo digamos que Carlos Tomás Ponce de León tres meses más tarde asaltaría el Comando de Sanidad para robar armas y medicamentos. Durante el ataque fue asesinado el teniente coronel Raúl Juan Duarte Ardoy.


Carlos Tomás Ponce de León en el momento de caer preso por el secuestro y asesinato de Sallustro.

La historia no termina aquí. Con el paso de los años, por razones inexplicables, solo atendibles en un Estado desamparado, los terroristas que intervinieron en la muerte de Oberdán Sallustro fueron indemnizados.

  • Por ejemplos, a Ponce de León en diciembre de 1998 (gobierno de Carlos Menem) se le otorgaron $13.242.898, en liquidación del Ministerio de Economía N° 11.804.
  • Elena María Da Silva Parreira, muerta en un tiroteo el 15 de julio de 1974 (gobierno de Isabel Perón), sus familiares cobraron en mayo de 2009 (gobierno de Cristina Kirchner) una indemnización de $23.788.026 por liquidación del Ministerio de Economía N°37.320 y su nombre figura en el Parque de la Memoria (inaugurado por Fernando de la Rúa) como “combatiendo por ideales de justicia y equidad”.
  • “El Tordo” Osvaldo Sigfrido De Benedetti, detenido en Tucumán en 1974 y preso hasta el 20 de julio de 1978 (gobierno de Jorge Rafael Videla), en que se le aplicó la ley de fuga, en 1998 alguien cobró por “detenido o exiliado”, como si estuviera vivo, la suma de $12.376.059 y figura en el Parque de la Memoria. Su hermano Gabriel, asaltante del Comando de Sanidad, cobraría en julio 1999 (gobierno de Menem), por Ley 24.043, $6.519.236 y en julio de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner), en virtud de la Ley 24.411 la suma de $22.724.917. Ambas indemnizaciones sumaron la friolera de $29.244.153.
  • Por último, Silvia Urdampilleta, es detenida y desaparecida desde el 12 de abril de 1975 (gobierno de Isabel Perón). En mayo de 2000 (gobierno de Fernando de la Rúa) sus causahabientes cobraron del Estado $10.048.075, actualizados por inflación a Mayo de 2020, en Liquidación N° 1.782 del Ministerio de Economía y el Parque de la Memoria la recuerda porque murió “combatiendo por ideales de justicia y equidad”.

martes, 10 de diciembre de 2019

Guerra Antisubversiva: Macri compensa a los soldad del RIM 29 por ataque montonero

Macri compensa a los militares que defendieron un regimiento atacado por Montoneros

Por Urgente24


En uno de sus últimos actos al frente del Poder Ejecutivo y tras la última reunión del Gabinete nacional, Mauricio Macri decidió otorgarle una compensación económica a los militares que defendieron el Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”, ubicado en la provincia de Formosa, ante el ataque de la organización Montoneros, el 5 de octubre de 1975. Se trata del hecho que pasó a conocerse como "Operación primicia".

 El Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”


Un día antes de dejar la Presidencia de la Nación, Mauricio Macri decretó una compensación económica a los militares que defendieron el Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”, ubicado en la provincia de Formosa, ante el ataque de la organización Montoneros, el 5 de octubre de 1975, hecho conocido como "Operación primicia".

La decisión de Macri fue respaldada por todos los ministros del gabinete nacional que este lunes (9/12) se reunieron por última vez.

En la norma se establece que recibirán ese beneficio las personas -o sus descendientes- que "hayan sufrido lesiones gravísimas o graves en el ataque a esa unidad militar".

La compensación se otorgará en base a la calificación establecida en el Código Penal en la "defensa de las instalaciones de esa unidad militar perpetrado durante un gobierno constitucional, lo que importó una afrenta a las instituciones constitucionales y democráticas".

Se subraya que ese evento "tuvo una innegable incidencia en los hechos de violencia que se sucedieron trágicamente en nuestro país durante la década de los años setenta, y a más de 40 años de aquellos funestos hechos el Estado Nacional no había brindado ni los homenajes y honores correspondientes ni el reconocimiento económico merecido por tan honrosa tarea".

En el ataque perpetrado por Montoneros perdieron la vida el integrante de las fuerzas de seguridad provincial Neri Argentino Alegre; el teniente Post-Mortem Ricardo Eduardo Massaferro; el sargento Ayudante Post-Mortem Víctor Sanabria y los cabos Post-Mortem Antonio Ramón Arrieta; Heriberto Dávalos, José Mercedes Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Roberto Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba y Hermindo Luna.

En el decreto se argumenta que "aun cuando la pérdida de los seres queridos no puede ser reparada por ningún medio, es intención del Estado Nacional al menos ofrecer un reconocimiento de tipo económico que pueda mitigar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida por tantos años de olvido".

Se indicó que "recordar y honrar a estos valientes hombres de la Patria es una responsabilidad y obligación del Estado Nacional con la historia, con el presente y con el futuro de nuestro país; como así también ratificar nuestro compromiso con la República, la democracia y la negación de la violencia".

Agrega que "en democracia los conflictos deben ser resueltos en paz y a través del diálogo y, nunca por medios violentos y que resulta imperioso adoptar las medidas necesarias para otorgar una reparación que constituye una deuda moral de la Nación, por aquellos caídos en el cumplimiento del deber y la defensa de la República y sus Instituciones".