Un ejército invasor había atrapado al cónsul romano y su legión en un paso de montaña. El pánico se extendió por la ciudad. El Senado hizo lo único que se le ocurrió:
Enviaron mensajeros para encontrar a un agricultor de 60 años que araba su campo.
Su nombre era Lucius Quinctius Cincinnatus. Había sido senador en una ocasión, luego perdió su fortuna pagando la fianza de su hijo. Ahora trabajaba su propia parcela de cuatro acres solo para alimentar a su familia.
Cuando llegaron los enviados del Senado, lo encontraron sudando detrás de un arado. Le pidieron que se pusiera la toga para poder entregarle un mensaje oficial.
El mensaje: Roma lo estaba nombrando dictador. Poder absoluto. Mando total del ejército. Sin contrapesos. Sin supervisión. Sin límite de mandato.
Aceptó.
En 16 días, Cincinnatus había reclutado un ejército, marchado, rodeado al enemigo y forzado su rendición. La república estaba salvada.
Tenía autoridad legal para gobernar durante seis meses. Podría haberse quedado. Podría haber expandido su poder. Podría haber hecho lo que todo otro gobernante en la historia humana hizo cuando le entregaron un control ilimitado.
En cambio, renunció el día 16.
Se quitó la toga, caminó de regreso a su granja y terminó de arar el campo que había dejado a medias.
Veinte años después, cuando Roma enfrentó otra crisis, lo llamaron de nuevo. Tenía 80 años. Tomó el mando, aplastó la conspiración y renunció otra vez, esta vez después de solo 21 días.
Murió pobre. En su granja.
2.200 años después, cuando a George Washington le ofrecieron un reino tras ganar la Revolución Americana, rechazó y regresó a casa a Mount Vernon. La razón por la que lo aclamaron como "el Cincinnatus americano" es porque los europeos literalmente no podían creer que un hombre que había ganado renunciara voluntariamente al poder.
El rey Jorge III, al enterarse de que Washington renunciaría en lugar de gobernar, dijo: "Si hace eso, será el hombre más grande del mundo".
La lección no es que Cincinnatus fuera humilde.
La lección es que durante la mayor parte de la historia humana, las personas más calificadas para liderar eran las que no querían hacerlo. Y el momento en que una sociedad comienza a recompensar a aquellos que persiguen el poder en lugar de a aquellos que huyen de él es el momento en que la república comienza a morir.
Cincinnati, Ohio, lleva su nombre.
La mayoría de las personas que viven allí no tienen idea de por qué.
El reinado de terror de Sila: las sangrientas proscripciones que legalizaron el asesinato en la antigua Roma
Relieve de piedra erosionada que representa tres figuras romanas con atuendos tradicionales, talladas en pose frontal y de medio cuerpo. History Skills
En el año 82 a. C., Lucio Cornelio Sila regresó a Roma tras ganar una guerra civil y tomar el control de la República. Para asegurar su victoria, emitió una serie de listas oficiales que condenaron a muerte a cientos de ciudadanos romanos. Según Appian, más de 90 senadores y aproximadamente 2.600 jinetes fueron asesinados, aunque algunos relatos citan cifras menores. Esto sentó un precedente que el Segundo Triunvirato seguiría décadas más tarde.
¿Quién fue Lucio Cornelio Sila?
Lucio Cornelio Sila nació alrededor de 138 a. C. y pertenecía a una antigua familia patricia, pero en sus primeros años de vida careció de las ventajas financieras que normalmente ayudaban a los aristócratas a ascender en las filas de la sociedad romana. Aunque vivió en condiciones modestas, estudió literatura y filosofía griega durante su juventud y más tarde siguió una instrucción formal en derecho, de modo que poseía la educación esperada de un noble romano. Su carrera militar comenzó durante la Guerra de Yugurta en el norte de África, donde sirvió a las órdenes de Cayo Mario y obtuvo reconocimiento por negociar la rendición del rey Yugurta con la ayuda de Boco de Mauritania. Después de su éxito en Numidia, Sila continuó obteniendo victorias durante la Guerra Social , donde comandó las fuerzas romanas contra los aliados italianos rebeldes y obtuvo un triunfo por su liderazgo. En el año 88 a. C. consiguió el consulado y recibió el mando de la guerra contra Mitrídates VI del Ponto. Sin embargo, la facción popular en Roma, liderada por Mario y Sulpicio Rufo, utilizó las asambleas populares para despojar a Sila de su mando y entregárselo a Mario. En respuesta, Sila rompió un tabú fundacional al marchar con su ejército hacia Roma, obligando a los populares al exilio y reclamando su autoridad por la fuerza. Tras su victoria en Oriente, Sila regresó a Italia en el año 83 a. C. y lanzó una campaña contra las fuerzas marianas, que incluían al hijo de Mario y a varios senadores de alto rango. Después de una brutal serie de batallas, incluido el enfrentamiento decisivo en la Puerta Colina, Sila entró nuevamente en Roma y se declaró dictador por un período ilimitado en lugar del tradicional período de seis meses. Este nombramiento inusual, legalizado gracias a la aprobación de la Lex Valeria , le permitió gobernar por decreto y llevar a cabo sus planes de reforma política y venganza organizada. Celebró un triunfo por sus victorias en Oriente, probablemente en el año 83 a. C., legitimando aún más su control del estado antes de iniciar su dictadura y sus reformas.
Las tensiones políticas que justificaron la violencia
Durante las últimas décadas del siglo II a. C., las rivalidades políticas en Roma se profundizaron hasta convertirse en una guerra abierta entre los optimates , que apoyaban la autoridad senatorial, y los populares , que promovían reformas a través de las asambleas y el tribunado . A medida que aumentó la presión de los ciudadanos sin tierras, los aliados italianos y los comandantes de alto rango, los métodos tradicionales de compromiso dieron paso a conflictos violentos y venganzas personales. Las muertes de Tiberio y Cayo Graco , que habían intentado reformar las leyes sobre la tierra y ampliar la ciudadanía en 133 a. C. y 123-121 a. C. respectivamente, ya habían sentado un precedente para el uso de la fuerza en disputas políticas. Cayo Mario, antiguo comandante de Sila, obtuvo apoyo popular gracias a sus victorias militares y reformas, pero su rivalidad con Sila se convirtió en una amarga lucha por el control del estado. Cuando Mario tomó el poder durante la ausencia de Sila en Oriente, sus partidarios mataron a muchos de los aliados de Sila y aprobaron leyes dirigidas al Senado. Sila creía que la República había caído bajo el control de peligrosos demagogos que utilizaban la violencia de las masas y la manipulación legal para destruir la autoridad de la aristocracia. Al presentarse como defensor del orden tradicional, justificó sus métodos extremos como necesarios para restablecer la estabilidad. El Senado, debilitado por años de división y violencia, le otorgó poderes extraordinarios sin resistencia seria, permitiéndole asumir la dictadura y actuar sin restricciones legales. Observadores contemporáneos como Salustio y Plutarco describieron una pérdida de moral en la política romana y señalaron que el miedo y el beneficio personal reemplazaron al liderazgo basado en principios.
La brutal aplicación de las proscripciones
Sila introdujo las proscripciones poco después de asegurar el control de Roma, publicando una lista de nombres en el Foro que identificaba a aquellos considerados enemigos del estado. Cualquier persona incluida en la lista podría ser asesinada en el acto y sus propiedades podrían ser confiscadas por el Estado. Se ofrecieron recompensas a informantes y asesinos, mientras que los herederos de las víctimas fueron desheredados y se les prohibió ejercer cargos públicos. A medida que se añadían y publicaban nuevos nombres, las listas se convirtieron en una fuente diaria de terror. Las ejecuciones públicas se convirtieron en una característica habitual de la vida en la capital y los soldados llevaban a cabo decapitaciones a la vista de toda la población. Las cabezas de las víctimas fueron clavadas en la Rostra del Foro, donde servían como trofeos y advertencias. Appian describió la escena con gran detalle y explicó cómo la exhibición de rostros familiares como trofeos dejó indiferente al público. Las listas se hacían más largas cada día y los ciudadanos empezaron a temer las consecuencias de hablar abiertamente o de albergar a fugitivos. Algunos nombres aparecieron en la lista no por razones políticas, sino por riqueza, propiedades o disputas personales. Las propiedades confiscadas fueron subastadas por el Estado y los partidarios de Sila aprovecharon el caos para enriquecerse. Marco Licinio Craso, que más tarde se convirtió en uno de los hombres más ricos de Roma, hizo su fortuna comprando estas propiedades a precios de ganga. El liberto de Sila, Lucio Cornelio Crisógono, se hizo famoso por adquirir grandes propiedades a un coste mínimo. Otros utilizaron las proscripciones para eliminar rivales, reclamar herencias o eliminar deudores. Sila nombró funcionarios para supervisar el proceso, pero la corrupción y el soborno se generalizaron. En las provincias, los informes sugieren que se produjo una violencia similar bajo la autoridad de los comandantes locales, que a veces reflejaban las proscripciones romanas al atacar a las élites locales. Aunque no fueron sancionadas oficialmente de la misma manera, estas acciones permitieron a los gobernadores establecer autoridad sobre las ciudades. Los gobernadores extendieron las prohibiciones a las élites locales y aprovecharon la oportunidad para afirmar su dominio político sobre los municipios. A medida que se difundían noticias de asesinatos y confiscaciones, las comunidades de toda Italia experimentaron el mismo miedo e inestabilidad que se apoderaron de la capital.
¿Quiénes fueron las víctimas de las proscripciones?
La mayoría de los proscritos habían apoyado a la facción mariana, pero el proceso de selección se amplió rápidamente para incluir a cualquier individuo que representara una amenaza potencial o poseyera propiedades deseables. Fueron asesinados senadores, jinetes, antiguos magistrados e incluso clientes de los aliados de Sila. Muchos no habían tomado parte activa en la guerra civil, pero fueron condenados por asociaciones pasadas o por deslealtad percibida. Una de las víctimas más notables fue Quinto Mucio Escévola, un respetado jurista y ex cónsul que se había negado a apoyar a cualquiera de las facciones durante el conflicto. Fue asesinado en un templo y su muerte conmocionó a muchos romanos que todavía creían en la santidad de los espacios religiosos. Otro fue Lucio Junio Bruto Damasipo, un violento partidario de Mario que había purgado el Senado en años anteriores. Su ejecución cumplió una venganza personal contra Sila pero también envió un mensaje claro sobre las consecuencias de la violencia anterior. Publio Antistio, suegro de Pompeyo, fue otro objetivo, ejecutado durante este período, posiblemente como parte de las proscripciones, a pesar de sus conexiones. Los familiares de los proscritos también fueron castigados. Los hijos perdieron sus derechos sucesorios y fueron excluidos de la vida política. Algunos fueron posteriormente indultados, pero su exclusión creó una generación de aristócratas amargados que esperaban venganza. Julio César , cuya tía Julia había estado casada con Mario, creció durante este período y vio cómo muchos de los miembros de su familia sufrían bajo las órdenes de Sila. Se dice que Sila perdonó a César sólo después de que otros lo persuadieron, diciendo: "En ese muchacho hay muchos Marius". Las mujeres relacionadas con los condenados sufrieron la ruina legal y financiera, ya que las esposas perdieron sus dotes y las hijas no pudieron casarse con miembros de familias respetables. Las redes sociales colapsaron cuando las familias fueron despojadas de su riqueza y estatus, y los sobrevivientes a menudo huyeron al exilio o vivieron en silenciosa desgracia. Además, el sistema legal, que en otro tiempo protegía contra la violencia arbitraria, ahora permitía la destrucción de rivales políticos mediante asesinatos sancionados oficialmente.
El caos social y económico causado
Curiosamente, la redistribución de la propiedad provocó una grave inestabilidad económica. Al inundar el mercado con fincas confiscadas, el Estado redujo los precios de las tierras y perturbó el sustento de los arrendatarios y libertos que vivían y trabajaban en ellas. Muchas granjas fueron abandonadas o mal administradas por nuevos propietarios que tenían poca experiencia o interés en la agricultura. Sila instaló a miles de veteranos en tierras confiscadas, especialmente en Etruria y Campania, donde la resistencia había sido más fuerte. Fuentes antiguas, incluido Plutarco, afirman que instaló allí a unos 120.000 hombres, aunque los estudiosos modernos cuestionan la exactitud de esta cifra. Estos asentamientos crearon un profundo resentimiento entre los desposeídos y a menudo condujeron a enfrentamientos violentos entre los nuevos colonos y la población local. Muchos de los veteranos, animados por su lealtad a Sila, actuaron sin restricciones y trataron la tierra como una recompensa más que como una inversión a largo plazo. La aristocracia romana tradicional también cambió, ya que los nuevos hombres, muchos de los cuales se habían beneficiado de las subastas y obtenido escaños en el Senado gracias al patrocinio de Sila, carecían del prestigio ancestral y la formación política que habían definido a las generaciones anteriores. El Senado se expandió de aproximadamente 300 a 600 miembros, pero su autoridad se debilitó a medida que el deseo individual de poder reemplazó al servicio público. Así, la confianza en las instituciones de la República disminuyó a medida que se hizo evidente que la violencia podía elevar a un hombre al poder supremo. Las reformas constitucionales de Sila, que pretendían restaurar el poder senatorial y limitar la influencia del tribunado, no pudieron compensar el trauma que su dictadura le había infligido. La República, aunque todavía funcionaba en el papel, había sufrido un golpe del que tardaría décadas en recuperarse.
¿Por qué Sila detuvo las proscripciones?
En el año 81 a. C., Sila declaró que las proscripciones habían cumplido su propósito y emitió un edicto que ponía fin al proceso. Afirmó que los enemigos de Roma habían sido destruidos y que ya no eran necesarios más asesinatos. Las listas cesaron, aunque las ejecuciones aisladas continuaron durante meses. Sila renunció entonces a la dictadura y regresó a la vida privada sin temor a ser procesado. Se retiró a su villa en Campania y dictó sus memorias, en las que defendía sus acciones como lícitas y necesarias. El Senado había jurado lealtad hacia él, y su renuncia voluntaria sorprendió a muchos que esperaban que se aferrara al poder. Murió en el año 78 a. C., todavía convencido de haber restaurado la República a su rumbo tradicional. Sin embargo, muchos romanos recordaban las proscripciones no como una defensa de la libertad, sino como la primera vez que el poder estatal se había utilizado tan abiertamente para legitimar la venganza personal y el asesinato en masa. El recuerdo persiguió a la política romana. La idea de que la autoridad legal pudiera sancionar asesinatos políticos no desapareció. De hecho, poco más de tres décadas después, el Segundo Triunvirato de Octavio, Antonio y Lépido reviviría las proscripciones en una escala aún mayor. El precedente había sido sentado y Roma nunca volvería a los límites que antaño habían frenado su violencia política.
Para las personas que no entienden lo que esto significa, aquí hay una lección de historia abreviada:
¿Qué era la proscripción? Era esencialmente una lista de enemigos del Estado. Existían diversos castigos para los distintos delitos por los que se podía ser incluido. Estos iban desde la muerte, la pérdida de la ciudadanía, la pérdida de los derechos familiares, la pérdida de bienes o todas las anteriores. La muerte era un castigo muy común y se conocía como "summum supplicium" o "pena extrema". Por traición, el castigo casi siempre era la muerte.
Así que aquí hay un breve resumen de Marius vs. Sulla.
Mario fue un guerrero convertido en político romano, elegido siete veces para el más alto cargo electivo de Roma. La séptima vez, en medio de la división en Roma, unió fuerzas con Cina. Capturaron Roma y, posteriormente, tanto Mario como Cina fueron elegidos cónsules. Esta unión de fuerzas cobra importancia posteriormente.
Mario es recordado en parte por ajustar cuentas políticas encarcelando, asesinando o exiliando mediante proscripciones a quienes consideraba enemigos del Estado. Una de las personas a las que Mario declaró enemigo del Estado fue Sila, pero escapó de la muerte.
Sila fue otro general convertido en político que tomó el poder por la fuerza tras ganar una guerra civil. Algunos dicen que nunca habría tomado el poder si Mario no se hubiera entrometido en su mando militar. Mario odiaba a Sila y el sentimiento era mutuo.
Mario estableció el modelo de las proscripciones para ajustar cuentas políticas, pero murió antes de que Sila se vengara. Sila usó ese modelo establecido por Mario para ejecutar su propia venganza política. El único hijo de Mario murió luchando contra Sila en el año 82.
Sila quería vengarse de todos los antiguos partidarios de Mario y Cina que, según él, le habían hecho daño. Así que, en el 82 a. C., Sila instituyó de nuevo el proceso de proscripciones para purgar al estado de los antiguos partidarios de Mario y Cina.
Se estima que entre 500 y 4000 partidarios de Mario y Cinna fueron condenados a muerte. Sus partidarios fueron declarados enemigos del Estado y quien los asesinara debía compartir sus bienes con el Estado. Se ofrecía una recompensa por denunciar a quienes lo apoyaban. Muchos fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en el Foro o en las calles como escarmiento. El dinero que el Estado les arrebató ayudó a financiar las interminables guerras que libró Roma.
Sus familiares también fueron castigados.
Muchos dicen que sin las prohibiciones anteriores, Sila nunca se habría salido con la suya.
En cambio, como todo se había normalizado, Sila gobernó y después se retiró al lujo romano.
La lección es que, al establecer nuevas reglas o estándares, a menudo se vuelven en tu contra en política. Es mejor no crear nuevos estándares o reglas que no quieras que se apliquen en tu contra o en contra de tus seres queridos.
“Urgente
y confidencial”: cómo obligaron a un empresario a venderle 5000
pistolas a la Fundación Eva Perón para crear una milicia obrera
La pistola Ballester Molina Cal.45 junto a un libro que habla de sus características
Una
carta de puño y letra de Carlos Ballester Molina, a cargo de la empresa
Hafdasa, cuenta cómo en 1951 lo conminaron a vender armamento a la
Fundación de la esposa del presidente para proteger a Perón de posibles
ataques
Germán Wille
El 28 de noviembre de 1951, a las 8.30 de la mañana, Carlos Ballester Molina hijo, presidente de la fábrica de armas Hafdasa, ingresó a un despacho del Ministerio de Hacienda donde había sido citado, de manera urgente, una hora antes. Allí fue recibido por un subsecretario de esa cartera de apellido Cicarelli que, sin demasiado preámbulo y de manera imperativa, le dijo: “Tengo la orden de la señora Eva Perón de
adquirir a ustedes la provisión de 5000 pistolas y 2000 ametralladoras,
entrega que deberá hacerse de inmediato y en la forma más
confidencial”. La transmisión de esa orden, añadió entonces Cicarelli,
provenía directamente del administrador de la Fundación Eva Perón (FEP), a la sazón el ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Domingo Perón, Ramón Cereijo.
El episodio está narrado en una carta que dejó escrita de puño y letra a su familia el propio Carlos Ballester Molina,
fallecido en 1997, y a la que LA NACION tuvo acceso de forma exclusiva.
En ella, el ingeniero y empresario cuenta, con lujo de detalles, cómo
fue “obligado” a vender armas fabricadas por su empresa -las famosas
pistolas semiautomáticas Ballester Molina- a la Fundación Eva Perón. Y como, además, hubo gente que le pidió “comisiones” durante la transacción.
Primeras líneas de la carta que Carlos Ballester Molina hijo dejó a sus familiares, escrita en una hoja con membrete Gentileza Ignacio Ballester Molina
Si
bien la carta no lo dice, el armamento solicitado tenía como destino
proteger a Perón de posibles ataques o tentativas para derrocarlo. De
hecho, dos meses antes del encuentro en el Ministerio de Hacienda, el 28 de septiembre de 1951, el general Benjamín Menéndez
había encabezado un conato de levantamiento contra el presidente. “A
partir de ese intento revolucionario, salió la idea, no se sabe si por
parte de Eva, que estaba muy enferma, o de alguien que la rodeaba, de
que había que dar armas a la CGT a través de la Fundación para hacer una milicia para defender a Perón”, explica a este medio Roberto Azaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia y miembro de la Comisión Directiva del Instituto de Historia Militar.
“Sufrí con todo esto durante toda mi vida”
“Obviamente las armas eran para armar la milicia de Perón”, asevera en el mismo sentido Ignacio Ballester Molina, de 51 años, abogado con una maestría en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, hijo de Carlos y
poseedor de la carta que su papá dejó a su familia para contar la
verdad de lo que había pasado con la Fundación. “Las escribió para sus
hermanos y para todos en general, porque lo acusaban de ‘peronista’, que
él no lo era, por el tema de la FEP y de que él había armado la venta
de armas. Incluso se peleó a muerte con uno de sus hermanos”, dice Ignacio, a quien su padre también le dejó documentos oficiales que certifican lo que él había escrito en su misiva.
Ignacio
Ballester Molina recibió de manos de su padre la carta en la que este
último explicaba cómo lo obligaron a vender armas a la Fundación Eva
Perón Gentileza Ignacio Ballester Molina
“Yo
te voy a dar esto solo a vos, porque sabés guardar secretos. No se lo
di ni se lo dije a nadie. Pero esto fue lo que pasó y yo sufrí mucho con
todo esto durante toda mi vida. Hacé lo que quieras con esto”, le dijo
Carlos a su hijo al entregarle la carta en sobre lacrado, apenas unos
meses antes de su muerte. “Mi viejo en el momento en que lo llaman de la
Fundación tenía 27 años. Se c... todo. Y mi abuelo (Carlos Ballester
Molina padre, entonces dueño de Hafdasa) se había ido a Uruguay, porque se había peleado con Perón”, añade Ignacio.
Para poner la situación en contexto, vale decir que para el año 1951, la fábrica Hafdasa, ubicada en la calle Campichuelo 250, en el barrio porteño de Caballito, fabricaba, entre otro tipo de armas, las pistolas Ballester Molina que eran, desde 1938, las de uso oficial del Ejército Argentino y de una gran cantidad de fuerzas de seguridad del país.
Carlos Ballester Molina hijo junto a la pistola semiautomática Ballester Molina en el Museo de Armas de Buenos Aires Gza. Ignacio Ballester Molina
Nacimiento y evolución de una empresa argentina
La
historia de esta compañía había arrancado a principios de la década del
‘20, cuando dos inmigrantes mallorquíes que eran cuñados, Arturo Ballester Janer y Eugenio Molina
abrieron en Buenos Aires una subsidiaria de la firma europea
Hispano-Argentina para poder importar autos. Pero pronto, estos
españoles no se contentaron con la mera importación y pensaron en crear
una fábrica para hacer sus propios vehículos y motores. Así es como nace
Hispano Argentina Fábrica de Automóviles Sociedad Anónima (Hafdasa) con su sede de una manzana en Caballito, donde se contaba con la máxima tecnología.
“Esta
fábrica va con la historia de la época, en los años 30, de la
sustitución de importaciones, que después enganchó con el peronismo.
Imperaba la ideología de ‘hagamos las cosas nosotros por una cuestión de
soberanía’”, explica Ignacio Ballester Molina y luego
añade que, si bien Hafdasa fue creada por Arturo Ballester y Eugenio
Molina, el gerente de la fábrica, desde el principio, fue Carlos Ballester Molina (padre), hijo de Arturo, padre de Carlos y el abuelo de Ignacio.
Una postal de la fábrica Hafdasa, ubicada en Campichuelo 250, en el barrio porteño de Caballito Gentileza Ignacio Ballester Molina
Al
comienzo, en la fábrica se producían motores diésel y a nafta, de
diferentes potencias “íntegramente fabricados en Campichuelo”, asevera Ignacio.
También hicieron camiones con motores diésel para el ejército y
llegaron incluso a crear varios prototipos de autos, como el PBT, que no
pudo desarrollarse más por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y
los problemas para conseguir insumos.
Pero,
más allá de la buena producción de motores y algunos vehículos que
sostenía la firma, pronto pasaría a dedicarse a la fabricación de armas,
rubro en el que se destacaría fuertemente. Primero, según cuenta Ignacio,
se empezaron a confeccionar en la empresa los fusiles. “Bajo la
licencia de Mauser, lo hacían en Hafdasa y lo proveían al ejército. Y
les salían muy bien”, asegura el descendiente de los creadores de
aquella empresa.
Carlos Ballester Molina padre prueba uno de los motores y chasis construidos en Hafdasa Gentileza Ignacio Ballester Molina
Carlos
Ballester Molina, uno de los creadores de la pistola argentina usada
oficialmente por el Ejército Argentino, prueba un motor diesel también
realizado en Hafdasa AGN
Se crea la pistola Ballester Molina
Con este buen antecedente en su historial, para mediados de la década del ‘30, la Dirección General de Material del Ejército Argentino (DGME) encargó a Hafdasa la fabricación de armas portátiles. La idea era tener una pistola semiautomática
calibre 45 que suplantara a la Colt M1911 1, el arma de puño que hasta
entonces utilizaban las Fuerzas Armadas y la policía de la Argentina.
Así, con la base de los diseños de pistolas españolas de las marcas Llama y Star y con muchas similitudes a la mencionada Colt1911, nació la pistola Ballester Molina. En rigor, los primeros dos años, entre 1938 y 1940, el arma se llamó Ballester
Rigaud, en homenaje al ingeniero francés Rorice Rigaud, que participó
en el diseño de las pistolas. Pero pronto este profesional galo abandonó
la fábrica (“maltrataba al personal”, asevera Ignacio) y el arma de
puño pasó a tomar el nombre del dueño de la fábrica, con el que se
harían célebres: pistolas Ballester Molina.
Carlos Ballester Molina (h.) habla a los operarios de Hafdasa Gentileza Ignacio Ballester Molina
Juan Manuel Fangio visita Hafdasa y sonríe con los Ballester Molina, Carlos padre y Carlos hijo Gentileza Ignacio Ballester Molina
Las armas tenían la característica de que podían intercambiar sus cargadores y cañones con las Colt que
utilizaban hasta entonces los uniformados argentinos. La Ballester
Molina tenía, entre otras de sus características, un rombo grabado en la
base del cargador con las letras HA, correspondientes a Hispano Argentina.
El
tema es que, luego de superar exigentes pruebas de calidad, entre 1938 y
bien entrada la década del ‘50, la pistola Ballester Molina, se
convirtió en el arma de puño oficial de varias fuerzas de seguridad del
país. Entre ellas, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Aduanera,
la Gendarmería Nacional, la Armada Argentina.
El
general Juan Domingo Perón bebe una copa con Arturo Ballester Janer
(con canas, barba y bigote) y Carlos Ballester Molina padre (traje
negro, de frente) Gentileza Ignacio Ballester Molina
Ignacio Ballester Molina asevera que en Hafdasa había
una “conexión genuina entre la patronal y los obreros: había 600
operarios industriales y nunca hubo un problema sindical”. Destaca,
además, que cada parte de la pistola, “hasta el último tornillo” se
realizaba en la Argentina.
El hijo y
nieto de los que llevaron adelante aquella fábrica de armas cuenta una
curiosidad más, que tiene que ver con la historia del peronismo, y
también de la Argentina: “José Ignacio Rucci, con su
bolsito que venía de Navarro, cayó a la fábrica a buscar laburo. Ahí
empezó a hacer sus primeras armas, literal y metafóricamente, y empezó a
hacerse conocido... se convirtió en el delegado gremial de la fábrica”.
El rombo con las letras HA, de Hafdasa, en la base del cargador de la Ballester Molina Forgotten Weapons
Proteger a Perón
Fue a finales de noviembre de 1951 cuando Carlos Ballester Molinahijo
recibió la invitación telefónica para asistir al Ministerio de
Hacienda. Para aclarar los términos entre los dos empresarios con el
mismo nombre. Carlos Ballester Molinapadre, nacido en 1898, ingeniero industrial y pionero en el desarrollo de Hafdasa, se había ido unos años antes a vivir a Uruguay y había dejado a cargo de la compañía a su hijo Carlos, nacido en 1925 -tenía solo 27 años- y graduado de ingeniero aeronáutico en la provincia de Córdoba.
En ese entonces, el general Juan Domingo Perón
estaba en las postrimerías de su primer mandato presidencial y ya había
lanzado su candidatura para la reelección. En principio, hubo una gran
movida para que Eva Perón, su esposa, fuera su
compañera de fórmula -hubo un anuncio multitudinario en la 9 de julio en
agosto de ese año-, pero finalmente, la misma Eva anunció la renuncia a su candidatura. Se encontraba gravemente enferma.
La actriz Eva Perón junto a su esposo y presidente de la Argentina, general Juan Domingo Perón Getty Images
Primera
plana de La Nación que reporta que fue sofocado un intento de golpe de
estado contra Perón del 28 d septiembre de 1951, posiblemente el hecho
que dio pie a la compra de armas por parte de la Fundación Eva Perón Archivo Nacional de la Memoria
A
su vez, grupos opositores al gobierno, en especial dentro de las
Fuerzas Armadas, planificaban acciones para la caída del gobierno, como
la de septiembre del ‘51, cuando el general Menéndez a la cabeza de varios uniformados intentó dar un golpe de estado.
Si
bien el gobierno contaba con fuerte apoyo de buena parte de la
población, había también distintos sectores dispuestos a terminar con
él. Por ello fue que alguna persona relacionada a la Fundación Eva Perón
(¿la misma Evita?) tuvo la idea de formar milicias obreras para
proteger al líder. Y allí se produjo el “pedido” de armas a Hafdasa. Un
pedido del que el propio Carlos Ballester Molinahijo
dejó constancia a través de una carta, fechada en febrero de 1953, y
varios documentos probatorios, que quedaron en posesión de su hijo Ignacio.
Eva
Perón en un acto por el día de la minería; detrás suyo se encuentra
Ramón Cereijo, ministro de Hacienda del primer gobierno de Juan Domingo
Perón y administrador de la Fundación Eva Perón Fundación Ceppa
Un pedido y una amenaza
En la misiva, Carlos Ballester Molina asegura que la primera reacción que tuvo ante la exigencia de Cicarelli de vender las pistolas y ametralladoras a la Fundación Eva Perón
fue negarse: “Al recibir esta orden y ver los efectos que dichas armas
podían producir, objeté”, escribió el ingeniero. Luego, el empresario le
aseguró a su interlocutor que responder a esa solicitud era
“completamente imposible” ya que no tenían en los almacenes los
materiales necesarios para la producción de esas unidades.
Entonces,
el ingeniero recibió una respuesta cargada de ironía por parte de
Cicarelli, quien se mostró extrañado por la respuesta evasiva de
Ballester Molina, pues él tenía “toda la documentación pertinente” a las
declaraciones juradas al Ministerio de Industria donde se hacía mención
de los aceros al cromo-níquel y demás herramientas que tenía la fábrica
para le ejecución de eventuales trabajos. Esta intervención del hombre
de Hacienda sería lo que hoy se llama “un carpetazo”.
Aviso
de General Electric sobre su trabajo en el edificio de la Fundación Eva
Perón, que tenía su sede donde hoy se encuentra la Facultad de
Ingeniería, en Paseo Colón al 800.
Revista de Arquitectura 1953
A continuación, el subsecretario de Hacienda soltó una frase que al empresario le sonó como una velada amenaza: “Claro que si ustedes no quieren colaborar, nosotros le agradecemos de igual forma”.
En otro párrafo de la carta, Ballester Molina
señala que se dio cuenta que el hecho de no aceptar llevar a cabo la
operación “traería por consecuencia la clausura del establecimiento,
quedando todo el personal obrero, muchos de los cuales tenían 30 años de
servicio, en la calle y sin trabajo”. De modo que él decidió “‘agachar
la cabeza’, como en tantas ocasiones la fuerza lo impone y realizar el
convenio”.
La inscripción con los datos básicos en la corredera de la pistola Ballester Molina, un arma de industria argentina Forgotten Weapons
El permiso del ejército
Cicarelli le dijo al empresario que recibirían un 30 por ciento de anticipo por la adquisición, pero también le informó que Hadfasa tendría la “obligación de un ‘descuento’ del cinco por ciento que diera en forma de donación” a la Fundación.
Otro
pedido del funcionario preocupó seriamente al joven empresario, y así
lo escribió en su carta: “Me dijeron así mismo que debía entregarlas
(las armas) sin autorización del ejército, cosa que me opuse
terminantemente, haciéndole saber que antes prefería ir preso o que me
cerraran la fábrica como él me había amenazado”.
Humberto
Sosa Molina (segundo desde la izquierda) junto a Juan Domingo Perón y
otros militares en el USS Huntington, en el año 1948 wikicommons
La autorización del ejército que solicitaba Ballester Molina llegó tiempo más tarde, a través de una carta firmada por el ministro de Defensa de la Nación, general José Humberto Sosa Molina. Allí podía leerse: “Este
Ministerio acuerda el permiso para que esa firma provea a la Fundación
Eva Perón las 5000 pistolas automáticas con firma Ballester Molina,
calibre 45, que oportunamente fueron solicitadas”.
Esta carta estaba dirigida a Industria General Argentina (IGA), una distribuidora de Hafdasa, que el propio Carlos Ballester Molina
utilizó para realizar esta operación. “Mi viejo tuvo que inventar una
empresa, que era IGA, para terciarizar el asunto”, señala Ignacio. A
cargo de esa firma, el ingeniero puso a Carlos Stehlin, a quien describió en su carta como “de nacionalidad americana y que poseía la medalla de la lealtad peronista”.
Documento
con la firma del Ministro de Defensa, General Sosa Molina, en el que se
autoriza, por parte del Ejército Argentino, la venta de armas a la
Fundación Eva Perón Gentileza Ignacio Ballester Molina
La pistola Ballester Molina cal.45 fue utilizada oficialmente por el Ejército Argentino entre 1938 y fines de la década del '50 Facebook / Albumes de armamento y munición
¿Perón lo sabía?
En este punto de la carta, vale preguntarse si el general Perón podía
haberse mantenido al margen de esta operación, si en verdad se trató de
un operativo hecho a sus espaldas. De acuerdo con el historiador Roberto Azaretto,
todo esta adquisición de armas se realizó “sin que se entere Perón”. El
historiador asevera: “Cuando él se entera, lo impide y ordena que esas
armas vayan al ejército”.
Carolina Barry, que es doctora en Ciencias Políticas, Investigadora Principal del Conicet y que realizó exhaustivos trabajos enfocados en Eva Perón
y la rama femenina del peronismo, en diálogo con LA NACION, dio su
propia versión al respecto: “Es muy difícil que Perón no lo supiera.
Muchas veces se hacía el tonto. Estas eran cosas de Eva, pero difícil que no lo supiera”. Por otra parte, la académica coincide con Azaretto en que las armas fueron secuestradas por el líder justicialista. Según lo que investigó ella, luego las destinaron al arsenal Esteban de Luca y finalmente las entregaron a Gendarmería.
Los
que estudiaron el tema de la compra de armas por parte de la Fundación
Eva Perón opinan que Perón no sabía lo que estaba ocurriendo o que sabía
y se hizo el desentendido Archivo General de la Nación
Roberto
Azaretto, presidente de la Academia Argentina de Historia, cree que la
compra de armas para la Fundación Eva Perón se hizo a espaldas del
mandatario Gza. Roberto Azaretto
La versión de Ignacio Ballester Molina
es similar: “Perón, enterado de la operación por Rucci y por Carlos
Ballester Molina, esperó a que se hiciera, las secuestró de la Fundación
y se las dio al Ejército”. El hijo del empresario añade algo en que
coincide con Azaretto y Barry: “Jamás un militar como Perón hubiera permitido armar civiles”.
En
ese sentido, Azaretto dice: “Para entender a Perón hay que tener claro
que era un hombre del ejército, lo demostró cuando retornó en el ‘73, lo
primero que hizo fue ponerse el uniforme, en ningún momento admitía el
tema de la milicia”.
Como todo militar, el general Perón estaba en contra de que el pueblo se arme, coinciden los historiadores Universal History Archive - Universal Images Group Editorial
“Como buen militar, a Perón no
le pareció adecuado el tema de armar al pueblo, ya que contradice
cualquier principio militar, del ejército sobre todo”, asevera Barry,
aunque añade: “Pero también, según los cables de la CIA, es interesante
ver la cantidad de intentos de asesinato que hay en esos tiempos contra
Perón. El de septiembre del ‘51 es solo uno. En esa lógica, no me
extraña que la misma Eva pensara en las armas y que Perón se hiciera el desentendido... después reaccionó”.
“Nosotros, los de la CGT”
La carta del ingeniero Ballester Molina tampoco lo dice, pero los historiadores coinciden en que las armas exigidas por la Fundación Eva Perón serían para repartir a través de la CGT, que en ese momento estaba a cargo de José Espejo,
un hombre muy vinculado a la esposa del presidente. “Eran la mano
derecha uno de otro -asegura Barry-. Espejo era más leal a Eva que al
mismo Perón, es él el que plantea la vicepresidencia de ella para el
segundo mandato. La CGT es la principal entidad que le da recursos a la
Fundación Eva Perón, y ella se presentaba casi como diciendo: ”Nosotros, los de la CGT".
El secretario general de la CGT, José Espejo (tercero desde la izquierda), tenía un vínculo muy fuerte con Eva Perón Gentileza Fundación Ceppa
La investigadora de Conicet deja
otro dato interesante en relación con las armas que tenían como destino
la CGT: “Tuve la oportunidad de conversar con gente cercana de Eva Perón, como la hija de José Espejo y la hija de Atilio Renzi,
que era el intendente de la residencia presidencial en el Palacio
Unzué, y ellas tenían el mismo tipo de arma que les había regalado la Fundación. Ambos tenían borrado en la empuñadura una inscripción que habían limado”.
Según lo que cuenta Ignacio Ballester Molina,
las armas con destino a la Fundación, tenían marcada una letra “F” en
el guardamonte, que es la pieza de metal que protege al gatillo. “La ‘F’
por la fundación”, aclara". Y Barry acota otro dato respecto a las
pistolas: “Ya muerta Eva, la Fundación le entrega a las diferentes
dependencias, como directoras de los hogares de tránsito, un arma para
defenderse. Si son estas mismas pistolas o son otras, no lo sé”.
Carolina Barry, investigadora principal del Conicet, realizó un exhaustivo trabajo sobre la relación entre Eva Perón y la CGT Gza. Carolina Barry Eva Perón, José Espejo y Juan Domingo Perón, cuando todo era sonrisas Ig @lo.invento.peron
Lo cierto es que, luego de la muerte de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, es el propio general Perón el que decide desprenderse de todos los hombres que habían estado cerca de ella. “Se los saca de encima”, dice Azaretto y
añade: “A los pocos meses los hace renunciar. En el 17 de octubre
posterior a la muerte de Evita, en el acto, hay una silbatina enorme
contra Espejo que hace que esa misma noche renuncie a
la secretaría general de la CGT. En pocos meses, no queda nadie de los
que habían llegado a posiciones con el influjo de Evita”.
“Según la familia de Espejo, antes de morir, Eva le había pedido al dirigente que se exiliara porque la iba a pasar muy mal”, dice Barry, en el mismo sentido.
Documento donde IGA detalla los plazos de entrega de las pistolas Ballester Molina a la Fundación Eva Perón Gentileza Ignacio Ballester Molina
El Príncipe de Holanda
La carta de Ballester Molina
contradice también otra versión que existía entonces y subsistió en el
tiempo que decía que, en realidad, el que había provisto las armas para
las milicias obreras había sido el príncipe consorte Bernardo, de Holanda.
Esto se refleja en una escena de la película Eva Perón,
de Juan Carlos De Sanzo, cuando la mujer del general -interpretada por
Esther Goris-, sabiendo que no le queda mucho de vida, le dice a Espejo y
a otros dirigentes: “Yo no sé qué va a ser de mí ahora, Dios dirá, pero
por sobre todas las cosas quiero que nunca lo dejen solo a Perón (...) yo le compré al príncipe de Holanda 5000 pistolas automáticas y 1500 ametralladoras. Son para ustedes, muchachos, que sirvan para defender a Perón". El
príncipe consorte Bernardo de Holanda, marido de la reina Juliana,
ayuda a Eva a ponerse su abrigo en una cena íntima en la residencia
presidencial. Gentileza Fundación Ceppa
Si bien se trata de un diálogo ficcionado escrito por el guionista José Pablo Feinmann, la relación entre el príncipe consorte Bernardo -abuelo del actual rey de Holanda- y las armas no era algo descabellado: “Mi pista venía por ese lado”, señala Barry y añade: “Él príncipe estuvo en la Argentina en
abril de 1951, la condecoró a Eva con la Gran Cruz de la Orden de
Orange-Nassau, parte de sus negocios era el tráfico de armas... pero no
es fácil de comprobar en documentación”.
Azaretto,
por su parte, niega esta posibilidad, y la considera una “leyenda”. “No
es cierto que las armas las haya vendido el príncipe. Fue Ballester Molina.
Bernardo visita por esa época la Argentina, acá lo agasajaron, lo
llevaron a la Ciudad Infantil, lo que hacía el peronismo en esa época,
pero en realidad él lo que concreta es la venta de material ferroviario
muy importante”.
Fragmento del filme Eva Perón, de Juan Carlos Desanzo
El historiador tiene una explicación para esta versión: “Usaban eso como nombre clave para la compra de armas, se decía Operación Príncipe de Holanda, de ahí viene la confusión de que las armas las vendía él”.
Tras
la caída de Perón en septiembre de 1955, el gobierno que lo derrocó
comenzó a investigar las acciones ilícitas o sospechosas de serlo
realizadas por el gobierno peronista. Una de estas acusaciones puede
leerse en la primera plana del diario Clarín, del 30 de septiembre de
1955, donde se informa: “Por orden del entonces ministro de Defensa,
general Sosa Molina, se entregaron en 1952 a la
Fundación Eva Perón 5000 pistolas calibre 45 Ballester Molina”. El que
había informado a la comisión investigadora sobre esa entrega de armas,
según el mismo periódico, era el exministro de Hacienda, Ramón Cereijo.
Carlos Ballester Molina hijo recibió el pedido de suministrar armas a la Fundación Eva Perón Gentileza Ignacio Ballester Molina
Aquí
no se hace mención al príncipe de Holanda pero, así como Barry, hay
historiadores del peronismo, como Norberto Galasso, que sugieren que el
noble neerlandés tuvo alguna participación en esta operación. Pero la
carta de Ballester Molina no lo menciona en modo alguno.
El pedido de “comisiones”
Con respecto a las ametralladoras mencionadas en la carta de Ballester Molina, es menester aclarar que esas efectivamente nunca llegaron a la Fundación Eva Perón. De hecho, entre los documentos que tiene Ignacio Ballester Molina,
hay uno, con fecha del 6 de agosto de 1952, que corresponde a la
rescisión de contrato por la compra de esas armas de común acuerdo entre
IGA y la FEP.
Además
de la manera imperativa en que se exigen las armas y el pedido de aquel
“descuento” de 5 por ciento en favor de la FEP, en la transacción hay
otro detalle curioso que remarca Ballester Molina en su carta. Esto es
un llamativo pedido de “comisiones” para dos personas.
Se lee en la carta: “He aquí que aparece un señor Henry Frank, sabedor de esta negociación, diciéndonos que era (indispensable) otorgarle a favor de él y de una señorita Raquel Rubin
una bonificación del 2 y medio por ciento para él y del 5 por ciento
para la segunda”. El empresario acota que si eso se suma al 5 por ciento
de donativo exigido por Cicarelli llega todo al 12 y medio por ciento, lo que reducía la ganancia por cada pistola de 800 pesos a prácticamente 700 pesos.
Documento donde queda asentada la contribución a la señorita Raquel Rubin por su intervención en la compra de armas Gentileza Ignacio Ballester Molina
Dos cartas dirigidas respectivamente a Rubin y a Frank por parte de IGA confirman
el acuerdo por el pago de estas “comisiones” a ambos personajes, por
sus supuestas tareas para contribuir en la operación de la compra de
armas. Para Ignacio Ballester Molina, esto se trató, lisa y llanamente de un “pedido de coima”.
La
entrega de las armas a la Fundación entra en una nebulosa. De acuerdo
con uno de los documentos, el envío final de las pistolas estaba
estipulado para el 31 de julio de 1952. Pero lo más seguro es que los
tiempos se hayan dilatado o que, teniendo en cuenta la muerte de Evita y
la caída en desgracia de sus allegados, las últimas entregas nunca se
hayan producido.
La
firma de Carlos Ballester Molina hijo en la carta que dejó para que sus
familiares conocieran la verdad sobre la venta de armas a la Fundación
Eva Perón Gentileza Ignacio Ballester Molina
En la carta, Ballester Molina
informa que el 1 de abril de 1952 se fue de viaje a los Estados Unidos,
donde llegó en agosto, previa recorrida de latinoamérica. El empresario
aclara en su carta: “En ese lapso de tiempo parece que unos componentes
de IGA realizaron negocios con el gobierno, ejecutando con la Fundación
negocios a los que me encontraba completamente ajeno”.
“Las
armas se vendieron cuando mi viejo se fue a ese viaje”, asegura
Ignacio, en consonancia con lo que escribió su padre en la carta. El
hijo de Carlos Ballester Molina cierra este tema con un pensamiento
paradójico: “A mi viejo y a mi abuelo jamás les importó hacer armas.
Empezó por un encargue que les salió demasiado bien. El vector de su
vida era ser un fabricante de vanguardia de autos y de aviones....emular
a (Henry) Ford y a (Howard) Hughes”. Pero la historia se disparó hacia
otro lado...
Poco después del mediodía del 11 de septiembre de 1973,
el Palacio presidencial de La Moneda ardía en llamas bajo el bombardeo
aéreo de los militares golpistas, cuando un grupo de hombres abandonó el
edificio y se rindió. Eran los integrantes del GAP -Grupo de Amigos del Presidente, encargados de la seguridad personal de Salvador Allende-,
agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y algunos asesores que
acompañaban al presidente chileno en las horas finales del ataque al
Palacio. Los hombres fueron llevados al Regimiento Tacna, brutalmente
torturados y dos días después enviados en camiones al campo militar de
Peldehue, donde fueron sumariamente ejecutados. Simultáneamente, por
todo Chile los militares llevaban a cabo una cacería implacable a los
seguidores del gobierno socialista depuesto. Allende estaba muerto
y centenares de sus partidarios morirían en los próximos días. El
régimen militar que se instauraba en Chile por 17 años estaría marcado
por la brutalidad y por la práctica de ejecuciones sumarias, teniendo a
los GAP entre sus primeras víctimas.
El país estaba bajo estado de sitio. Millares de chilenos eran llevados a campos de prisioneros improvisados. Eran tantos que once estadios de fútbol fueron convertidos en prisión y centros de tortura.
El bando número 1 de los militares decía que cualquier “acto de
sabotaje” sería castigado “en la forma más drástica en el lugar mismo de
los hechos”. Los comandantes y jefes de zona estaban autorizados a
realizar consejos de guerra y aplicar la Ley de Fuga para justificar las ejecuciones.
Las embajadas extranjeras estaban llenas de perseguidos que
intentaban obtener asilo político y escapar a la prisión y la muerte.
Miles buscaron protección de diversos organismos internacionales y otros
optaron por abandonar el país clandestinamente.
Cinco horas después del inicio del golpe, la Junta Militar
emitió el bando número 10. Contenía los nombres de 92 integrantes del
gobierno depuesto de la Unidad Popular que deberían presentarse al
Ministerio de Defensa antes de las cuatro de la tarde. Luis Maira
era uno de ellos. Durante 12 días, el ex coordinador del grupo
parlamentario de la UP, entonces con 33 años, se escondió en Santiago,
cambiando de dirección cada 24 horas, hasta conseguir asilo en la
embajada de México. Allí estuvo por nueve meses con otros 200 chilenos,
hasta conseguir partir al exilio.
Cincuenta años después Maira recordó, en declaraciones al diario
chileno “La Tercera”, que decidió dejar el país al escuchar el duro
pronunciamiento del comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh,
por cadena nacional. “Dijo que habían detenido a muchos extremistas,
pero que se habían dado cuenta de que las listas no tenían las debidas
prioridades, por lo que habían seleccionado a 13 personas, a los
dirigentes principales a los que calificó de marxistas antipatriotas.
[Deberían] detenerlos para interrogarlos, apremiarlos y castigarlos”,
recordó Maira. “Me di cuenta de que ya no tendría muchas posibilidades
de sobrevivir”, añadió.
El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos
El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo
régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos. Y también
de delación de ciudadanos, que denunciaban a vecinos, colegas de
trabajo, adversarios, que acababan detenidos y muchas veces muertos. Las
universidades y los medios de comunicación fueron intervenidos. Se
declaró la disolución de todas las organizaciones de trabajadores,
campesinas, estudiantiles, culturales, gremiales y deportivas.
Por decreto, los registros electorales fueron quemados, por el motivo
obvio de que estaba suspendida la democracia representativa por el
voto. La represión era indiscriminada. Parte de la historia de este
período está documentada en el impresionante Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago, fundado en el 2010 para que no sea olvidada (MMDH - Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).
Con la vuelta de la democracia, en marzo de 1990, fue creada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig -por
el nombre de su presidente, el jurista Raúl Rettig-, para investigar
los crímenes cometidos por la dictadura contra los derechos humanos. Más
tarde, otro grupo, la Comisión Valech -por el obispo Sergio Valech- dio continuidad a dicho trabajo.
En los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas: 2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas
Según los informes Rettig (1991) y Valech (2003), ambos actualizados
con el tiempo, en los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas:
2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas. El 68,57 % de las detenciones
reconocidas por la Comisión Valech ocurrieron entre el 11 de septiembre y
el 31 de diciembre de 1973. El número de personas que sufrieron prisión política y/o torturas, fue de casi 40.000.
A pesar de la concentración de víctimas en los primeros meses, la
práctica de la prisión, tortura y ejecución contra los opositores fue
mantenida durante muchos años.
La ejecución de los miembros de seguridad del presidente Allende el
día 13 de septiembre de 1973 fue típica de lo que ocurriría en los años
siguientes. El episodio fue reconstruido en detalle por Jorge Escalante,
en el reportaje “Yo maté a los prisioneros de La Moneda”, publicado en
2002 en el diario “La Nación”. Uno de los periodistas chilenos que más
investigó sobre el aparato represivo, Escalante consiguió entrevistar a
uno de los militares que participó en la ejecución de los GAP, que
relató lo ocurrido.
Después de que llegaron al regimiento Tacna, a poco
más de un kilómetro del Palacio de la Moneda, los hombres fueron
mantenidos boca abajo, tendidos en el suelo. Durante dos días fueron
torturados. El general Pinochet en persona fue hasta el lugar. Uno de
los presos, Pablo Zepeda Camilliere, consiguió escapar
pues lo trasladaron por error al Estadio Chile. Zepeda, cuenta el
periodista, asistió al siguiente diálogo entre Pinochet y el comandante
del regimiento, Joaquín Ramirez Pineda.
Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP
Pinochet le pregunta quiénes son los prisioneros. “Estos son los
escoltas de Allende, mi general, son los GAP y otros asesores”. Pinochet
es directo en la respuesta: “A estos huevones me los fusilan a todos”.
El relato coincide con lo que Escalante oyó del coronel Fernando Reveco Valenzuela. Según el coronel “Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP”.
El número de ejecutados en este episodio es incierto, pero de acuerdo con relatos de algunos militares fueron 27 los guardaespaldas, asesores y
agentes presos después de rendirse en La Moneda. Todos menos Zepeda
fueron llevados en un camión, atados de pies y manos, hasta el campo
militar de Peldehue, en las afueras de Santiago. Al llegar al destino se
les desataron los pies para que dieran los últimos pasos de su vida.
Uno a uno, fueron ejecutados a tiros de ametralladora y lanzados
directamente en un pozo seco y profundo, con las manos atadas.
Logo de la DINA.
Los militares volvieron al mismo pozo en 1978 para llevar a cabo otra operación. En aquel año fueron encontrados los cuerpos de 15 campesinos
que habían sido presos por una patrulla de carabineros el 8 de octubre
de 1973, en la comunidad rural de Isla de Maipo, sin que nunca más
aparecieran. Sus restos mortales estaban dentro de unos hornos
abandonados de una mina de cal de Lonquén. Era la primera prueba
concreta de lo que todos en el país sabían, pero que los militares
negaban descaradamente: que el gobierno ejecutaba opositores y que había
detenidos-desaparecidos. Fue un doloroso descubrimiento para los
familiares de decenas de desaparecidos: sus seres queridos, muy
probablemente estaban también muertos.
Para los militares, el momento era de alerta. La aparición de nuevas
víctimas de ejecuciones dejaría al régimen vulnerable a las presiones
internas y de la comunidad internacional. La orden era hacer desaparecer todos los restos mortales
escondidos clandestinamente en Chile. Fue así que, en diciembre de
1978, un vehículo militar se estacionó junto al pozo de Peldehue. Los
soldados desenterraron lo que encontraron de los cuerpos de los GAP y
otros asesores de Allende ejecutados cinco años antes. En sacos, fueron
embarcados en helicópteros Puma y lanzados al mar, bien lejos de la
costa en el Océano Pacífico. El procedimiento macabro se repitió en
otras tumbas clandestinas por todo el país.
En marzo de 2001, once años después de la redemocratización, fueron realizadas nuevas pesquisas en el pozo de Peldehue
por orden judicial. Los peritos encontraron quinientas piezas óseas, lo
que permitió identificar a algunos de los ejecutados: tres miembros del
GAP, un ingeniero, un sociólogo y un médico psiquiatra.
Manuel Contreras
Al comienzo de la dictadura, la violación sistemática de los derechos
humanos fue ejecutada por medio de órganos estatales que ya existían:
Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero pronto
otras estructuras fueron creadas especialmente para este fin. En 1974
surgió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cuyo comando estuvo el coronel Manuel Contreras,
que respondía directamente a Pinochet. Todos los días Contreras iba a
buscar al dictador a su casa y le acompañaba en coche hasta su despacho,
momento en el que le informaba detalladamente de sus operaciones.
Conocida por su brutalidad, la DINA persiguió de forma implacable a los
izquierdistas que estaban en la clandestinidad. Un año después surgió el
Comando Conjunto, una organización clandestina que dependía de la
Fuerza Aérea y que actuó durante dos años.
En 1977 la DINA fue sustituida por la Central Nacional de
Informaciones (CNI), que actuó hasta 1990. La disolución se produjo por
presión de los EE.UU., cuando se constató que agentes del órgano estaban
involucrados en el asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. El atentado ocurrió en septiembre de 1976 y en él murió también la americana Ronni Moffitt. Uno de los implicados en el asesinato fue el ciudadano estadunidense Michael Townley, reclutado como agente de la DINA. Townley fue también el asesino del general Carlos Prats, ministro de Defensa de Allende, que murió junto a su mujer en un atentado con bomba en Buenos Aires, en septiembre de 1974.
El rastro de sangre de la Caravana de la Muerte
Uno de los casos más emblemáticos de la barbarie de la dictadura fue conocido como La Caravana de la Muerte,
en 1973. Pocos días después del golpe, Pinochet ordenó una operación de
caza y eliminación de los partidarios de Allende en todas las regiones
del país. El mando de la misión le fue entregado al general Sergio Arellano Stark,
que debería revisar los procesos judiciales iniciados inmediatamente
después del golpe contra partidarios de la Unidad Popular, y exigir el
máximo castigo. El día 30 de septiembre, la comitiva partió al sur de
Chile a bordo de un helicóptero militar Puma y recorrió la zona de
Puerto Montt. Enseguida partió hacia el norte, entre Arica y La Serena.
En cada ciudad en donde se posaba, el Puma de Arellano Stark dejaba un
rastro de sangre. La misión concluyó el 22 de octubre. En menos de un
mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas.
En menos de un mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas
La dinámica de esta operación fue revelada magistralmente por la periodista chilena Patricia Verdugo en su célebre libro Los Zarpazos del Puma,
que años más tarde se convirtió en uno de los expedientes acusatorios
más importantes sobre los crímenes cometidos por el general Augusto
Pinochet y sus cómplices. Una de las muchas paradas de La Caravana de la Muerte fue en la ciudad de La Serena, según relata Patricia Verdugo:
“El helicóptero Puma llegó a La Serena el martes 16 de octubre de
1973, alrededor de las once de la mañana. El comandante del regimiento
motorizado de Arica, teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, recibió al general Sergio Arellano en
el aeropuerto local y fue notificado de la calidad extraordinaria que
ostentaba: Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y la Junta
Militar de Gobierno (…) Dos jeeps militares con boinas negras se
estacionaron frente al recinto carcelario como a las 13 horas y aumentó
ostensiblemente la guardia militar frente a la puerta. Quince
prisioneros fueron sacados rumbo al regimiento poco antes de las 14
horas. Su salida quedó registrada en el folio número 35 del Libro de
Detenidos 1973. Y, como a las 16 horas, se escucharon fuertes y
repetidas descargas de metralletas”. Los ejecutados eran todos jóvenes
socialistas.
En 2015, el general en la reserva Joaquín Lagos Osorio,
comandante militar de la región de Antofagasta en aquella época, haría
un tenebroso relato a la fiscalía, aunque con una pequeña discrepancia
en el número de presos: “La Comitiva del General Arellano había
sacado del lugar de detención a 14 detenidos que estaban en proceso, los
había llevado a la quebrada del ‘Way’ y los habían muerto a todos con
ráfagas de metralletas y fusiles de repetición; después habían
trasladados los cadáveres a la morgue del Hospital de Antofagasta y como
ésta era pequeña y no cabían todos los cuerpos, la mayoría estaba
afuera. Los cuerpos estaban despedazados, con más o menos 40 tiros cada
uno y en estos momentos así permanecían al sol y a la vista de todos
cuantos pasaban por ahí. Ordené que armaran sus cuerpos, los médicos
militares y del hospital, y avisaran a los familiares y les hicieran
entrega de los cuerpos, en la forma más digna y rápida posible”.
En aquel momento el general Arellano y su comitiva ya volaban a bordo
del Puma en dirección a Copiapó, donde ejecutaron a otros 14 presos.
En junio de 2023, la Corte Suprema condenó a cuatro
militares retirados por la muerte de 12 opositores en la ciudad de
Valdivia, dentro de la operación de La Caravana de la Muerte. Entre ellos estuvo el general retirado Santiago Sinclair,
de 92 años, que fue brazo derecho de Pinochet en la represión política.
A pesar de la edad, cumplirá la pena en la cárcel. El general Arellano
murió en 2016, con 94 años, sin pagar por sus crímenes. Llegó a ser
condenado en 2008 a seis años de prisión, pero no cumplió su pena por
sufrir de Alzheimer.
La periodista Patricia Verdugo vivió su propio drama familiar durante
la dictadura. En 1976 su padre fue secuestrado y días después su cuerpo
apareció flotando en el río Mapocho, que corta Santiago. El constructor
civil Sergio Verdugo Herrera era jefe del Departamento de
Abastecimientos de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales e investigaba un caso de corrupción en la empresa estatal.
Para su desgracia, el caso involucraba a militares del nuevo régimen.
Verdugo es también autora de Quemados Vivos,
sobre otro caso de gran repercusión. En 1986, cuatro años antes del fin
de la dictadura, los chilenos osaban salir a las calles contra el
régimen militar. En julio de aquel año, una protesta fue violentamente
reprimida por agentes del Ejército en la comuna de Estación Central. Los
militares actuaron de forma especialmente cruel contra dos jóvenes: la
psicóloga Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri,
que fueron golpeados y tuvieron gran parte de su cuerpo quemado con el
combustible que les arrojaron los propios carabineros. Rojas murió y
Quintana sobrevivió con graves secuelas.
Un año antes, en marzo de 1985, otro episodio terrible conmovió al país: el Caso de los Degollados.
Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes del
entonces proscrito Partido Comunista, fueron secuestrados cuando andaban
en diferentes lugares de la capital. Forzados a entrar en vehículos y
llevados a un cuartel, fueron torturados y degollados. Sus cuerpos
aparecieron cerca del aeropuerto internacional de Santiago.
Otra operación macabra ocurrió en junio de 1987, esta vez contra doce
militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nueve hombres y tres
mujeres fueron asesinados por agentes de la Central Nacional de
Informaciones con el objetivo de aniquilar la organización, que un año
antes había realizado la fracasada tentativa de asesinato contra el
general Augusto Pinochet. Se conoció como Operación Albania. Veinte años después, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, por su participación en el crimen.
Tres meses después, la CNI detuvo a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo
Fuenzalida Navarrete, Julio Muños Otárola, Julián Peña Maltés y
Alejandro Pinochet Arenas. Fueron acusados del secuestro de un coronel
del Ejército. Llevados al cuartel Borgoño -el recinto operativo más
importante de la CNI- fueron torturados y recibieron una inyección
letal. Los cuerpos fueron amarrados con rieles de ferrocarril y un
helicóptero del Ejército los arrojó al mar. Fueron considerados los
últimos detenidos-desaparecidos de la dictadura. Pero no serían las
últimas víctimas. El 27 de octubre de 1988, los dos máximos dirigentes
del FPMR, los comandantes José Miguel y Tamara, fueron detenidos, torturados y sus cuerpos fueron arrojados al río Tinguiririca.
Pinochet
Como señaló Carlos Huneeus en su libro El Régimen de Pinochet,
la dictadura “conservó el carácter de un Estado policial a lo largo de
sus 17 años de vida, con un estricto control de la población y una
sistemática persecución de las organizaciones opositoras”. Fue un
gobierno que tuvo como característica adicional estar fuertemente
centralizado en Pinochet, al punto de que éste se jactaba de que “no se
movía una hoja en Chile” sin que él lo supiera.
Seis meses después del golpe, el periodista brasileño Eric Nepomuceno
escribió un largo artículo sobre su encuentro secreto con integrantes
de la resistencia chilena, publicado en la mítica revista argentina
Crítica, que dirigía entonces Eduardo Galeano. Nepomuceno observó: “De
todo lo que los militares hicieron por Chile después de septiembre,
acaso su obra más perfecta sea la represión, el terror impuesto y
grabado en la gente, ese extraño olor a miedo y muerte que hay en cada
sitio”.
El cineasta Patricio Guzmán, que filmó el documental La Batalla de Chile -un raro registro audiovisual de los años de Allende-, tiene una visión
semejante 50 años después: “El Golpe de Estado fue tan poderoso, tan
devastador; el hecho de que hayan matado tres comités centrales del PC,
dos del PS, el MIR fue exterminado, una cantera de jóvenes maravillosos,
todos muertos y torturados en las condiciones más terribles, eso creó
una sensación de ‘no te muevas, porque si no eres tú es tu hijo al que
lo van a tomar preso’. Creo que ese trauma fue desproporcionado y feroz.
No hay cosa peor que el terror”, dijo en declaraciones al diario
chileno “The Clinic”.
OPERACIÓN CÓNDOR
Las
dictaduras del Cono Sur llevaron a cabo una brutal represión que no
conoció fronteras y que llevó a la coordinación de los servicios de
seguridad de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que permitieron la detención, tortura, asesinato y desaparición de numerosos adversarios. El libro Los años del Cóndor,
del periodista norteamericano John Dinges, sostiene que la primera
reunión de fuerzas de seguridad y policiales que darían lugar al plan
tuvo lugar en Buenos Aires a comienzos de 1974. Es decir, el plan
comenzó a gestarse cuando en Argentina todavía no se había producido el
golpe militar del 76. El nacimiento oficial del Cóndor se produjo a
finales de noviembre de 1975, tras una reunión de representantes de las
dictaduras de la región, que durante casi una semana debatieron los
detalles en la Academia de Guerra, en Santiago.
En base a documentos norteamericanos desclasificados, Dinges sostiene que el presidente argentino Juan Domingo Perón,
que fallecería poco después, estaba preocupado con los informes de
inteligencia sobre la existencia de la Junta Coordinadora
Revolucionaria, integrada por Montoneros, MIR y Tupamaros, entre otros, y
de una reunión cerca de Mendoza. Después de esa reunión en Argentina,
que puede considerarse como anterior al Cóndor, hubo unas 120 víctimas
que cayeron como resultado de esta inicial coordinación represiva.
La coordinación comenzó cuando Chile invitó a agentes de inteligencia de
los países vecinos, en particular de Brasil, Uruguay y Argentina, para
llevar a cabo interrogatorios de los prisioneros que eran buscados en
sus países.
En entrevista con el diario argentino “Clarín”, Dinges aseguró: “Perón
aprobó medidas contra ellos, a quienes definía como extremistas
marxistas”. Después del golpe del 76, Argentina fue el país más activo:
el número de crímenes de Cóndor cometidos en dicho país fue de 469
detenidos, la mayoría desaparecidos, más 143 víctimas de nacionalidad
argentina detenidos en otros países. Uruguay le sigue, con 294 víctimas
de nacionalidad uruguaya, la gran mayoría detenidos en Argentina. Chile
fue anfitrión de las dos primeras reuniones de la alianza Cóndor, pero
en número de víctimas está en menor rango: 107 chilenos, la mayoría
detenidos en Argentina y 52 crímenes cometidos contra extranjeros en
Chile. Pero el Cóndor no solo actuó en los países vecinos, se
documentaron operaciones en Europa, Estados Unidos (asesinato de
Letelier) y en México.
Dinges sostiene que la CIA no participó ni en la creación ni en la
ejecución de los operativos. Pero Estados Unidos fue cómplice, ya que
conocía en detalle las operaciones y no actuó para evitar los
crímenes.
