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domingo, 6 de noviembre de 2016

Guerra Antisubversiva: Los relatos oficiales de la épica antiterrorista

Documento histórico: los primeros relatos oficiales del Ejército sobre el Operativo Independencia
Un libro escrito por redactores anónimos entre enero y marzo de 1976 esconde los impactantes relatos que describen cómo fueron los combates -ordenados mediante un decreto del Poder Ejecutivo- contra guerrilleros del ERP en Tucumán, durante 1975
Por Belisario Sangiorgio Trogliero - Infobae



Operativo Independencia: un helicóptero vuela en Tucumán (Archivo Nacional de la Memoria)

Hay algunas personas que sobrevaloran estos documentos, y los ofrecen por $3.500 en Mercado Libre. También hay vendedores de libros que lo menosprecian, y los ofrecen por $30.

En una vieja biblioteca de mi casa encontré los primeros relatos oficiales del Ejército sobre el despliegue militar que ordenó el Poder Ejecutivo (Decreto 261/75) para enfrentar a la guerrilla rural durante 1975 en Tucumán. Ese despliegue fue bautizado como Operativo Independencia.

Luego, con María Estela Martínez de Perón sumamente debilitada, el senador Ítalo Luder -como presidente interino- extendió a todo el país la orden de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" mediante nuevos decretos.


Militares en las calles de Tucumán (Archivo Nacional de la Memoria)

Las crónicas y relatos fueron redactados por escritores anónimos para una colección titulada "El Ejército de hoy". Existen varias ediciones y volúmenes. Son pequeños libros de tapa blanca, editados por el Círculo Militar. Y llevan una aclaración rotunda: "Edición no comercial autorizada"; esto significa que el libro circulaba en las entrañas de las Fuerzas Armadas, en algún barracón, en los campamentos, en las aulas de formación militar.

El libro que conseguí fue escrito en 1976 y corresponde a la segunda edición, que se terminó de imprimir en 1978 -durante la dictadura militar-, según los datos obligatorios que lleva la publicación por la ley de Propiedad Intelectual. En la primera página dice "Enero – febrero – marzo de 1976" y, probablemente, esos sean los meses en los que fue redactado. En agosto de 1976 se imprimió la primera edición, que lleva esa fecha en la tapa, y tiene un diseño estético extremadamente rudimentario.


Despliegue militar en Tucumán

En esta segunda edición una de las características más sorprendentes es la clara dirección ideológica del material, que fue creado, principalmente, para elevar intencionalmente algunas ideas -y destruir otras- en los jóvenes cerebros de los soldados conscriptos, que tenían 18 años. Esto no es casual ya que la segunda edición del libro se imprimió en febrero de 1978, en medio de las negociaciones con Chile (que comenzaron en 1977) para evitar una guerra durante el conflicto diplomático por el Canal de Beagle.


Videla y Bussi en Tucumán

En las puertas de una nueva dictadura militar, y de un potencial conflicto armado con Chile, la primera página no deja muchas dudas sobre el clima imperante en el Ejército por aquellos días. "Tras 100 años de paz, las páginas de gloria de nuestra Patria se abren nuevamente para cobijar, en reconocimiento eterno, a nuestros camaradas muertos en defensa de la Nación. Tras 100 años de paz, reverdecen las adormecidas virtudes guerreras del Ejército Argentino que hoy rinde emocionado homenaje a este puñado de héroes y a otros que permanecerán anónimos hasta el final de la lucha. Que Dios los tenga en la Gloria. Que su ejemplo y el de sus familias nos ilumine hasta lograr la reorganización definitiva de la Patria".

También aparece una lista parcial de muertos. Después, el prefacio: "El Comando General del Ejército ha resuelto publicar este primer compendio de episodios y de páginas de exaltación referidas al accionar de la Fuerza en su lucha contra la subversión. Esta divulgación, a la vez que adquiere carácter de justiciero homenaje a sus protagonistas, pretende también un propósito de profundo significado educativo para cuadros y tropa".


La introducción a las primeras crónicas oficiales (Infobae)

"Los sucesos y escenas aquí descriptos, en su mayoría inéditos, son absolutamente verídicos y su recopilación o redacción hecha casi sobre el mismo desarrollo de las acciones. Estos episodios son representativos de la lucha actual", detalla la introducción.

Otro fragmento, dice: "Tales testimonios, en medio de los avatares de la lucha que aún continúa y en la que ya comienza a avizorarse la victoria, servirán de acicate y ejemplo permanente para los integrantes de un Ejército que hoy se encuentra operando en todo el ámbito del país y en todos los ámbitos de la vida nacional donde la agresión sin patria así lo exige".


Desfile cívico-militar en Tucumán durante el despliegue (Archivo Ejército)

Si bien el libro retoma ataques guerrilleros de 1971, 1973 y 1974 – por ejemplo-, las crónicas más relevantes son las de los enfrentamientos en tierras tucumanas durante el Operativo Independencia. Allí, el corazón del monte no solo ocultó las sangrientas consecuencias para ambos bandos durante aquel despliegue militar, sino que también guardó historias que los periodistas de la época no pudieron, o no supieron contar. Ese espacio comunicacional que quedó vacío fue aprovechado entonces por el Ejército, que se apresuró a imprimir los primeros relatos oficiales.

El 14 de febrero de 1975 llegó el bautismo de fuego en el Combate de Río Pueblo Viejo. En un enfrentamiento con una columna rural del Ejército Revolucionario del Pueblo murió el Capitán Héctor Cáceres. Y esto dicen los primeros relatos oficiales de las FFAA sobre aquel enfrentamiento:


Detalles sobre el bautismo de fuego en monte tucumano (Infobae)

Con el subteniente Héctor Cáceres caído en combate, un subteniente -cuyo nombre no se revela en el texto-, toma el mando de aquel pelotón en el primer enfrentamiento del operativo.



En distintos fragmentos del libro se destacan las advertencias para los soldados, suboficiales y oficiales que aún no habían viajado a Tucumán – y permanecían en sus cuarteles – pero que, según preveían los altos jefes, en algún momento iban a ser trasladados al monte para enfrentar al ERP. A continuación, uno esos fragmentos:


Así se describía la zona de operaciones para militares que no la conocían (Infobae)

En este punto, cabe destacar que –por seguridad– los militares evitaban publicar el nombre de quienes sobrevivían a los enfrentamientos, y difundían solo las iniciales.

Al narrar un enfrentamiento en Tucumán del Regimiento 28 de Infantería de Monte -disimulada en medio de un relato- aparece otra clara e intencional bajada de línea ideológica para la tropa que se alistaba en otras ciudades.


Otro fragmento de adoctrinamiento (Infobae)

Berdina y Maldonado

Otra de las historias, publicada con el título Tres grandes virtudes, es la del subteniente Rodolfo Hernán Berdina y del soldado Ismael Maldonado. Ambos murieron en un ataque sorpresa. "Las emboscadas han pasado a ser normales, tanto de día como de noche", dice la crónica al respecto. Este es el primer relato oficial sobre aquel combate:


El inicio del relato sobre Rodolfo Hernán Berdina y del soldado Ismael Maldonado (Infobae)

Tanto Berdina como Maldonado fueron severamente heridos durante la emboscada. El subteniente corrió porque un grupo adelantado había entrado en combate y fue alcanzado por los disparos de un Fusil Automático y Liviano (FAL). El soldado Maldonando intentó asistirlo, pero también lo balearon.


Así contó el Ejército la muerte de Berdina y Maldonado (Infobae)

Emboscada frustrada

En un relato que se tituló Del mismo cuño, el Ejército narra cómo el teniente EAT del Grupo 5 de Artillería de Montaña resistió -junto a sus soldados- una brutal emboscada guerrillera. Aquella vez, hubo 6 heridos. El texto comienza con una descripción sobre el lugar.


Relato sobre una emboscada del ERP en Tucumán (Infobae)

Luego, detalla -entre otras cosas- cómo se comportó el jefe de aquel grupo, siguiendo así la idea (que planteaba el Ejército en el prefacio) de utilizar estás crónicas como una especie de manual. Así concluye el relato:


Relato sobre una emboscada (Infobae)

domingo, 11 de septiembre de 2016

Guerra Antisubversiva: El fallido intento de copar el RI 17

Fallido intento de copamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 

16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo fueron muertos en un intento de tomar una instalación militar

El intento de copamiento del RI 17 tenía por objetivo obtener armas y municiones para las tropas guerrilleras operando en Tucumán. Mal diseñada y peor ejecutada, dio lugar a la denominada por los ex-guerrilleros y sus defensores “Masacre de la Capilla del Rosario”. Previo a ser reducidos, los terroristas asesinan a un reconocido y apreciado policía catamarqueño lo que provoca una respuesta fulminante: 16 guerrilleros fueron muertos. Increíblemente hubo presencia de “tupamaros” en Catamarca. El líder del fallido intento de copamiento al RI 17, Hugo Irurzun, fue quien asesinó a Anastasio Somoza, el ex-gobernante nicaragüense asilado Paraguay (Ver entrada al blog respectiva). Irurzun fue luego muerto por la policía paraguaya y actualmente en un acto de discrecionalidad criminal sus herederos han recibido enormes sumas de dinero por parte del gobierno argentino en concepto de compensación por la muerte de este delincuente.

El intento de copamiento del RI 17 marcó un antes y un después en la guerra antisubversiva en el país.

Pero la matanza ocurrida en el “Cañadón de los Walther”, como realmente se conoce al lugar ubicado al oeste de la ruta provincial Nº 1 y a unos 15 kilómetros de la capital provincial, se produjo un par de años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la “Triple A”, que comandaba José López Rega como respuesta al accionar de los grupos terroristas entrenados en Cuba y Medio Oriente.

Todo empezó el 9 de agosto 1974, cuando medio centenar de integrantes de las agrupaciones terroristas Ejército Revolucionario del Pueblo y Partido Revolucionario de los Trabajadores iniciaron una temeraria operación armada que consistía en robar de los cuarteles del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca pertrechos de guerra para atentar contra el orden constitucional. La operación se llevaría a cabo en forma simultánea con otra similar en la fábrica de pólvora de Villa María, Córdoba, que a diferencia de la intentona local tuvo relativo éxito y no terminó en desastre.

El grupo había partido del campamento base “La Horqueta”, de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, en plena selva tucumana, región en la que asentaban sus reales los más temidos grupos terroristas de aquellos tiempos en todo Latinoamérica. Eran 47 jóvenes que no superaban los 30 años y estaban bajo el mando del santiagueño Hugo Alfredo Irurzun, cuyo nombre de guerra era “Capitán Santiago”.

Irurzun sobrevivió a la masacre y se convertiría luego en un icono de la guerrilla desplegada en América Latina, a tal extremo que participó activamente del atentado que años más tarde en Paraguay terminó con la vida del ex-gobernante nicaragüense Anastasio Somoza siendo él mismo abatido posteriormente.

La misión del intento de copamiento consistía en ingresar sorpresivamente a la base militar que contaba con una dotación de soldados que superaba el medio millar. El plan iba a contrapelo de lo que indicaban los reglamentos de combate de guerrilla que dictaban los movimientos del grupo terrorista ERP, una idea que estaba destinada al fracaso total y absoluto.

La intentona

Informe de la derrota - Parte 1
El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y en las proximidades de Banda de Varela el chofer fue reducido. Allí debía hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un camión frutero en el que viajaba oculto el armamento para llevar a cabo la operación. Éste incluía fusiles FAL, escopetas Itaca y pistolas ametralladoras PAM.

En el lugar escogido para hacer base los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas y en esos momentos fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y siguieron su camino. Y cometieron el primero error: dejaron ir con vida a quienes los delatarían ante la policía minutos después. Estos jóvenes haría lo que todo buen ciudadano debe hacer: denunciar las acciones criminales observadas.

Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y de la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba y entonces se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó un saldo de dos terroristas muertos y varios policías heridos.

El plan para robar las armas había comenzado a desandar el camino del fracaso. El repliegue fue inmediato y desordenado, en tres grupos que correrían distinta suerte. Irurzun y varios de guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1. En el camino despojaron de sus automóviles a una mujer y a un cura y en ellos llegaron hasta la base “La Horqueta”, en la selva del sur tucumano.

Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir de la provincia por distintos medios. La mayoría, trece en total, fueron aprehendidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después serían sometidos a juicio, en un proceso judicial de completa legalidad ajustado a las circunstancias de la guerra antiguerrillera: los jueces no estaban presentes aunque se les hizo saber que habían sido condenados.

Muerte en el cañadón

Informe de la derrota - Parte 2
La tercera fracción del grupo que intentó la operación militar, entre 16 y 18 guerrilleros, quedaron al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández, un integrante del buró político del ERP-PRT cuya participación en una operación armada sería objeto de una severa autocrítica en el seno de la agrupación política de izquierda.

El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. En un acto de impunidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.

Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad porque conocía la zona, fue asesinado por el fuego de los miembros terroristas del ERP.

La muerte del policía Acevedo se indignó a las tropas leales al gobierno y la Constitución y actuaron en consecuencia. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento de reglamento para la época. También participaron del ataque al grupo terrorista policías locales y de la Federal.

Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: 16 guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se encontraban detenidos. Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos. Los vencedores fueron debidamente tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Sra. de Perón.

Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de un supuesto ajusticiamiento. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido fusilados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones que presentaba cada uno de los cadáveres: todas eran sugestivamente realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores, un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos, protegerse ya inermes de una ejecución.

"Investigación"
Pasarían casi treinta años de aquel episodio. Recién entonces un grupo de miembros de asociaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca presentó una denuncia formal en el Juzgado Federal de Catamarca en la que se solicitó formalmente que se investigue aquel episodio y, además, que se identifique a cinco cadáveres que habían sido sepultados como NN en el cementerio municipal.

Ana Radusky, Guillermo Díaz Martínez, Mirta Clérici y Jorge Alberto Perea, con el patrocinio de los abogados Martín Fresneda y Claudio Oroz presentaron una denuncia escrita ante el entonces juez federal interino, Pedro Armando Navarro, en la que se aseveraba la existencia de una masacre, producida cuando el grupo guerrillero ya había depuesto sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas armadas.

Durante los últimos años tanto Navarro como su sucesor, Ricardo Antonio Moreno, tomaron medio centenar de testimonios e incorporaron pruebas al expediente, como una colección de fotografías tomadas entonces. En las gráficas se observa el modo en que eran llevados los cadáveres y la presencia de helicópteros del Ejército (esto en algún momento fue negado por la ex autoridades que declararon), como así también algunas de las personas que participaron del acto represivo.

Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de los cinco guerrilleros sepultados sin nombre en el cementerio municipal y logró identificar a uno de ellos: Dardo Rutilio Betancour Roth, un “tupamaro” uruguayo que se había sumado a la lucha terrorista en el país. Su cuerpo fue repatriado y ya descansa en tierras orientales.

Aunque todavía no fueron identificados mediante pruebas genéticas, los otros cuerpos pertenecerían a quienes en vida se llamaron Hugo Cacciavillani –también “tupamaro” uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso que los 16 guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.

Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión particular en Catamarca, en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario corrió para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

“Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de “aniquilar”. Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron”, recordaría Marca años después. Cabe recordar que la orden de aniquilar a los terroristas había surgido de reclamos de la primera magistratura de la Nación.

Al día siguiente el abogado fue detenido y pasó los siguientes nueve años en varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.

Actualmente y acorde al clima de violación de normas constitucionales y de derecho penal que reina sobre quienes combatieron del lado del gobierno en Argentina se busca juzgar a quienes derrotaron al terrorismo comunista. 





Un Huey del EA se aproxima para llevar los cadáveres

Cuerpo de un guerrillero abatido por las fuerzas del orden

El terrorista uruguayo Hugo Cacciavillani luego repatriado a Uruguay

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Guerra Antisubversiva: Asalto al Comando de Sanidad del EA

Asalto al Comando de Sanidad del Ejército



El 6 de septiembre de 1973 un comando terrorista del ERP intentó tomar el Comando de Sanidad del Ejército, sito en Parque Patricios, para apoderarse de las provisiones y medicamentos que había allí. Gracias a la complicidad del soldado entregador Hernán Invernizzi, los terroristas tomaron el Comando e intentando recuperarlo perdió la vida el Teniente Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy, quien instantes antes de ser asesinado había instruido a sus subordinados que no tiraran a matar a nadie, cuando ya había bandera blanca de rendición por parte de los terroristas.
Luego de quitarle la vida a Duarte Ardoy los terroristas se entregaron a las autoridades policiales. Esto ocurría en el período democrático posterior al ex presidente Cámpora, siendo Lastiri quien dirigía al país, esperando que Perón asumiera la presidencia.
Terrorista entregador Hernán Invernizzi

Varios de los terroristas eran conocidos, dos de ellos, Ramón Alberto Gómez y Benito Urteaga, habían escapado del Penal de Villa Urquiza en 1971 donde habían sido asesinados 5 guardicárceles. Otro terrorista, Tomás Ponce de León, había sido procesado por el secuestro y asesinato del empresario italiano Oberdan Sallustro pero había sido beneficiado por la amnistía de Cámpora para volver a matar. Por su parte, Ferreira Beltrán era uno de los terroristas que había secuestrado el avión de Austral. Eduardo Anguita fue otro de los terroristas detenidos y que luego fue condenado a fines de los 70 a 18 años de cárcel por el intento de toma del Comando de Sanidad, pena que desgraciadamente no cumplió entera por haber sido liberado con el retorno de la democracia en el gobierno de Alfonsín. Por último, cuando el Cnel. Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado, el 11 de agosto de 1974, parte de lo que se pidió por su libertad fue la excarcelación de cinco de los terroristas involucrados en la toma del Comando.



Terrorista del ERP Eduardo Anguita

Esto nos da un panorama del nivel de violencia y nos deja en claro que cuando se eligen las armas para tomar el poder e imponer una dictadura de izquierda, no hay reinserción social, amnistía o perdón que valga para los terroristas…ellos solo propagan agresión.

jueves, 25 de agosto de 2016

Guerra Antisubversiva: El lado B del golpe del 76

Marzo del 76: la otra parte de la historia.




El golpe del 76 no ocurrió porque ese día se levantaron de malhumor 10 generales y empezaron a los tiros

Mantener el 24 de marzo como la fecha recordatoria de la ruptura institucional y del terrorismo de esta1do sigue siendo una hipocresía que solo una dirigencia política timorata puede sostenerlo. Si de golpes de estado se trata, la fecha a considerar debería ser la del golpe del 6 de septiembre de 1930 porque fue la primera ruptura de orden constitucional desde 1853 cuando fue sancionada la Constitución Argentina.

Si la razón para elegir el 24 de marzo es por el terrorismo de estado, tampoco es la fecha correcta porque el mismo empieza bajo el gobierno de Juan Domingo Perón con la Triple A que, luego del asesinato de Rucci, sale a cazar a los terroristas de izquierda que el mismo Perón había primero alentado desde Puerta de Hierro y luego perseguido cuando llegó a la Argentina. Para eso lo manda al brujo López Rega que, desde el entonces ministerio de Bienestar Social y con fondos de ese ministerio, había armado la persecución al margen de la ley.

Es más, hay serias sospechas de que el grupo terrorista que asesinó a Rucci recibió apoyo del gobierno provincia de Buenos Aires de ese momento. En ese caso se trataría, de acuerdo a la teoría de la Corte Suprema de Justicia, de terrorismo de estado.

El corte que se hace con el 24 de marzo de 1976 es solo por conveniencia de la dirigencia política, dado que si por el tema terrorismo de estado fueran más hacia atrás, encontraría que el peronismo estuvo muy comprometido en esas prácticas en los 70.

El desenlace sangriento que se produjo en los 70 tuvo que ver, primero, con el intento de tomar el poder por las armas que llevaron adelante los grupos terroristas. En casi toda América Latina, grupos entrenados, financiados e impulsados por la ex Unión Soviética y Cuba querían hacer revoluciones al estilo Vietnam tomando el poder por la fuerza. Los grupos terroristas tenían previsto fusilar a unas 500.000 personas en Argentina si tomaban el poder. Es decir, un esquema similar al que utilizó Fidel Castro cuando tomó el poder en Cuba. Castro había dividido la isla en varias zonas y sus lugartenientes, que estaban al mando de cada zona, recibieron la orden de fusilar a miles de personas que podían ser contrarías al régimen que Castro quería instalar. En su libro Cómo Llegó la Noche, Huber Matos, uno de los lugartenientes de Fidel Castro, que luego el dictador lo mantuvo preso por 30 años, cuenta esta parte de la historia en que él mismo hizo fusilar a posibles opositores. Cabe recordar que Huber Matos estuvo preso 30 años por oponerse al proyecto dictatorial de Fidel Castro. Camilo Cienfuegos murió misteriosamente y al Che Guevara, el otro lugarteniente, Fidel se lo sacó de encima y terminó muriendo en Bolivia.

El modelo de Montoneros, el ERP y demás grupos terroristas era el de Cuba. Establecer una dictadura comunista. Ellos decían que luchaban contra el imperialismo yankee, las multinacionales, la oligarquía y demás expresiones típicas de la propaganda de izquierda, pero en rigor querían tomar el poder por las armas. Y ese intento lo llevaron adelante durante el tercer gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y muerto éste lo continuaron bajo el gobierno de Isabel Perón que había sido electa vicepresidente bajo la fórmula Perón-Perón. Es decir, las acciones terroristas fueron para derrocar un gobierno constitucional, no al gobierno militar de Videla. Deliberadamente se miente porque de difundirse la verdad se vería que los que se levantaron contra el orden constitucional fueron los terroristas. No las Fuerzas Armadas. Es más, es durante el gobierno constitucional de Perón-Perón que se produce la mayor cantidad de atentados con bombas, asesinatos y secuestros. Todos estos actos no fueron solo contra policías y militares, fueron en gran cantidad contra civiles, mujeres y niños.

Muerto Perón, Isabel Perón, una mujer que no estaba capacitada para ejercer la presidencia, pierde el control político a manos de López Rega que, en las sombras, era uno de los que decidía. La recesión era muy fuerte, la inflación se encaminaba a la hiperinflacicón y la violencia de los terroristas se hacía sentir todos los días.

A tal punto llegó el crecimiento del terrorismo que el ERP pasó a controlar una parte de la provincia de Tucumán, estableciendo un gobierno paralelo al constitucional. Es entonces cuando Isabel Perón le ordena al Ejército llevar a cabo el Operativo Independencia, es decir, retomar el control de la provincia de Tucumán.

El golpe llega por varias razones. En primer lugar, porque el peronismo se niega a hacerle juicio político a Isabel Perón e Italo Argentino Luder se niega a enjuiciarla y asumir la presidencia.

En segundo lugar porque la mayoría de la dirigencia política argentina no quería hacerse cargo de la crisis económica y política y apoyó que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. El único que se opuso al golpe del 24 de marzo de 1976 fue Álvaro Alsogaray2.

Así como los actuales políticos van cambiando de bando de acuerdo a las conveniencias del momento, lo mismo ocurrió con el golpe del 76. Gran parte de la dirigencia política apoyó el golpe y hasta lo pidió y luego cambió de bando y denunció la ruptura del orden constitucional y la violación de los derechos humanos. Es más, equivocada o no, la inmensa mayoría de la población fue indiferente al golpe y en no pocos casos la gente lo vio como un alivio frente al caos que vivía el país.

En síntesis, con estas líneas no pretendo justificar el golpe del 24 de marzo de 1976 personalmente creo que fue un grueso error como bien lo anticipó Álvaro Alsogaray. Simplemente trato de explicarlo en el contexto de ese momento. Es decir, no ocurrió porque ese día se levantaron de malhumor 10 generales y empezaron a los tiros como pretenden vender falsos historiadores y periodistas de poca monta.

Ocurrió porque buena parte de la dirigencia política veía como idealistas a los terroristas. El mismo Perón los estimuló a usar la violencia y luego, cuando él llegó al gobierno, al no poder controlarlos, utilizó los resortes del estado para perseguirlos. Los terroristas creyeron que podían dominar a Perón y Perón usó a la Triple A para perseguirlos luego del asesinato de Rucci.

En definitiva, el golpe del 76 no fue por generación espontánea aislado de los hechos anteriores. Hay toda una secuencia que condujo a ese día, pero lo más importante es que, en todo caso, el terrorismo de estado comienza con Perón siendo presidente al tiempo que los grupos terroristas también hacían terrorismo de estado porque eran apoyados por los aparatos estatales de Cuba, Libia y la ex Unión Soviética1 para perseguir y aniquilar sistemáticamente a ciertos sectores de la sociedad.

Si en serio queremos un nunca más, es hora que contemos toda la historia de esos años para entender qué ocurrió y por qué ocurrió. No hacerlo es ser cómplice de la violencia del otro lado.

Prensa Republicana

sábado, 30 de julio de 2016

Guerra antisubversiva: Buscan reabrir la causa del asesinato del Cap. Viola (EA)

Piden que un crimen del ERP sea considerado delito de lesa humanidad y reabrir la causa
Se trata de los asesinatos del capitan Viola y su pequeña hija de tres años, ocurridos en 1974. Infobae accedió al documento que la viuda presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por Nicolás Gilardi - Infobae



El capitán Viola y su pequeña hija María Cristina. Fueron asesinados por el ERP

El violento ataque que culminó con el asesinato del capitán del Ejército Humberto Viola y su pequeña hija de tres años María Cristina, y provocó serias heridas a María Fernanda, de cinco, fue uno de los más violentos que perpetró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El lamentable episodio ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, en pleno gobierno constitucional peronista, y se convirtió en un caso paradigmático de la violencia guerrillera, que no dudó en disparar contra menores.

A más de cuatro décadas de los hechos, la viuda de Viola, María Cristina Picón, que estaba embarazada de cinco meses cuando ocurrió el trágico crimen, busca que los responsables sean castigados. Tras un largo derrotero judicial que llevó al expediente al olvido, Picón de Viola hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que el asesinato de su esposo y su hija sean considerados delitos de lesa humanidad y se reabra la investigación.

Infobae accedió al largo escrito que el abogado de Picón de Viola envió a la CIDH. Allí, la viuda de Viola denunció la violación de los derechos contemplados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25° (protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de Ginebra de 1949.


El capitán Humberto Viola

Este último artículo puede resultar clave para que prospere la petición, ya que configura como delitos de lesa humanidad a los atentados contra civiles inocentes en conflictos armados, ya sean internacionales o de orden interno, como el que vivía la Argentina en aquellos trágicos años.

Asimismo, Picón de Viola citó numerosos testimonios, libros e incluso publicaciones de las organizaciones armadas, que la llevan a concluir que "los miembros de la guerrilla fueron instruidos en Cuba, de quienes recibieron un apoyo directo financiero y militar". Se trata de otro dato de relevancia, ya que explicita el apoyo de otro país al accionar terrorista en la Argentina.



"Los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que los acribillaron por la espalda, seguían las enseñanzas de Ernesto Guevara; estaban envenenados por el odio como factor de lucha, ese odio intransigente al enemigo que no reconoce límites morales; se habían convertido, como él lo exigía, en 'efectivas, violentas, selectivas y frías máquinas de matar'", sostuvo en otra parte de la presentación.

Los testimonios y pruebas citada por la señora Viola también apuntan a demostrar que el Estado argentino, por acción u omisión, facilitó en cierta manera el accionar de los grupos terroristas.


María Cristina Picón, viuda de Viola

En la parte final del escrito, la mujer hizo referencia a los recientes casos de corrupción del kirchnerismo que salieron a la luz y señaló que "como es público y notorio, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron integrados por prominentes miembros de la guerrilla montonera y erpiana".

"En los días en que se presenta esta denuncia, la enorme corrupción de esos gobiernos va saliendo a la luz y son encarcelados ex funcionarios y empresarios ligados a sus máximos dirigentes políticos, mientras la ex presidenta de la Nación es indagada", agregó al respecto.

El camino de la investigación

En octubre de 2009, la viuda de Viola apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la sentencia del juez federal subrogante Daniel Bejas, quien se negó a reabrir la investigación al considerar que no se trataba de delitos de lesa humanidad.

La Cámara no compartió el criterio de Bejas y recordó que la CIDH estableció que la aparición de nuevas pruebas que permitan establecer que un crimen fue delito de lesa humanidad puede permitir la reapertura de un expediente. Sin embargo, se opuso a esto último al considerar que los responsables ya habían sido juzgados.

La señora de Viola interpuso a su vez un recurso en Casación, al considerar que los autores mediatos del ataque contra sus familiares habían sido los integrantes del buró político de la organización guerrillera que lideraba Roberto Santucho. La Cámara rechazó también este recurso y luego la Corte Suprema se opuso a abrir el recurso extraordinario. Ahora, la viuda del militar asesinado recurrió a la CIDH en la búsqueda de justicia.


Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo

jueves, 2 de junio de 2016

Guerra Antisubversiva: Homenaje a un malnacido

Quico Pettigiani, un hijo de puta



Hubo una vez un hijo de un médico de la colonia neuropsiquiatrica de Oliva, que se sumó al ERP, allí con sus amigos, decidió robar armas mientras hacia el servicio militar obligatorio, en la Fábrica de Explosivos de Villa María (Año 1973 gobierno de Isabel Perón).-.

Durante su guardia, siendo conscripto, abrió la puerta de la fábrica de explosivos, baleando en la nuca a su compañero de guardia, otro colimba de 18 años,

No lo mató

Lo dejó cuadriplégico..

Hasta hoy, casi 40 años postrado,

Sin hijos, sin vida....

También hubo otros muertos esa noche,

Y secuestraron al coronel Larrabure,

Teniéndolo un año prisionero

en una cárcel del pueblo,

Hasta que también lo mataron

Pettigiani vivió varios años más,

Durante la dictadura desapareció

Sus familiares cobran un subsidio por su desaparición,

el soldado cuadraplégico que dejó, no cobró jamás ningún subsidio...

sus familiares tampoco...

Pettigiani fue un desaparecido y eso esta mal, muy mal,

Ahora,

Que algún día sea un "generoso ejemplo" eso estoy seguro que no.

Traicionó, baleó por la espalda y varias actitudes más, que me impiden verlo como un generoso ejemplo.

Esta placa nombrando "generoso ejemplo" fue colocada por el intendente de mi ciudad Oscar Humberto Tamis, (hoy del Pro, ayer juecista, anteayer radical) en el colegio de Oliva donde yo terminé mi secundario, el ex ENCO hoy IPEM 285, padre de una dirigente camporista, que vive a costa del padre como vivió Pettigiani (clasico "niño bien" que salió "un poco loco").-

Como la pusieron en un colegio secundario, me preocupa que algún niño siga este "generoso ejemplo" por desconocer la verdad de la historia.

Placas para asesinos NUNCA MÁS.

Nunca, pero nunca más.

Extraído del muro de Mariano Ludueña Alfonso

miércoles, 25 de mayo de 2016

Guerra contra la Subversión: El combate de Pueblo Viejo

CARTA ABIERTA “ A 41 AÑOS DEL COMBATE DE PUEBLO VIEJO”
 por Julio Mendoza

“ No se gana una guerra muriendo por la Patria.
 Se gana una guerra asegurándose
que el otro hijo de perra muera por la suya.”
   - General George S. Patton –


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COMBATE DE PUEBLO VIEJO
PARA MIS LEALES VALIENTES OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS DEL “EQUIPO DE COMBATE GAM 5” DURANTE LA “OPERACIÓN INDEPENDENCIA”.


Como aún me encuentro imposibilitado de enviar personalmente este mensaje, dado que continúo en prisión como “Prisionero de Guerra” y “Preso Político” en la U3 de Güemes (Salta), le pedía a mi hermana Alejandra y a mi amiga Bety Sagastume que transcribieran este manuscrito y, como el año anterior, lo envíen públicamente a mis camaradas, a mis ex subordinados, a mis amigas y amigos. También les pedí que lo hicieran llegar a la Unión de Promociones, al Centro de Estudios de Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, al periódico Tiempo Militar, a los fines que ellos consideren necesario y oportuno hacer.

Quiero que sepan mis soldados, de entonces y de ahora, que recuerdo las caras y los apellidos de todos y de cada uno de ustedes, pese a mis 72 años, claro que ayudado por mis numerosas fotografías y escritos en mi “agenda” de la época.

El próximo domingo 14 de Febrero se cumple un nuevo aniversario, el número 41, de nuestro bautismo de fuego, al este de “Las Compuertas” y frente a “Finca Sarmiento”, en la margen sur del río Pueblo Viejo (crecido ese día), en el monte “La Florida” (Tucumán).

Como les recordara el año pasado, ese día y en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto “S” 261 del gobierno de María Estela Martinez de Perón, nuestro “Equipo de Combate” produjo a las 16.45 hs. el primer enfrentamiento contra la guerrilla subversiva, siendo entonces el Grupo de Artillería de Montaña 5 (GAM 5) la unidad del Ejército a la que le cupo el honor de iniciar las acciones bélicas, legal y legítimamente dispuestas, de la “Operación Independencia”, ofrendando a la Patria nuevos mártires entre sus soldados y demostrando al terrorismo subversivo la firme voluntad de las armas de la Nación para ANIQUILARLOS, como lo ordenara nuestro Gobierno Constitucional de entonces.

Ese día en que nos convertimos de artilleros de montaña en infantería de monte, quedó demostrado que el eficiente desempaño del “Equipo de Combate” fue producto, entre otros aspectos, de la instrucción militar y preparación espiritual que desde meses anteriores, nos brindaran nuestro Jefe de Unidad, el entonces Tte. Cnel. José Eduardo Durand Cornejo, quien también se desempeñó durante 1975 como uno de los jefes de la “Fuerza de Tarea Chañi” (RIM 20 – GAM 5), luego llamada “Capitán Cáceres”; y el Capellán, Monseñor Germán Mallagray, quienes en reiteradas oportunidades, ingresaron al monte al frente de la tropa. Sus enseñanzas, a no dudarlo, salvaron muchas vidas en el transcurso de la “Operación Independencia”.

Viene a mi memoria la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen, que piadosamente confeccionaron las monjas del Convento de Carmelitas Descalzas, emplazado en Río Blanco (Jujuy), para cada uno de los Oficiales, Suboficiales y Soldados del GAM 5. Así pudimos llegar a ese combate “con la mente fría pero el corazón caliente”.

No desarrollaré el relato de la acción porque todos ustedes la recuerdan perfectamente. Solo quiero resaltar cuatro hechos. El primero, cuando regresábamos a nuestra base de combate en “los Sosa”, a las once de la noche, pasamos por numerosos bailes de carnaval, en la ciudad de Monteros. ¡¡¡FUERTE GOLPE en la cara para todos nosotros que íbamos honrando a nuestro muerto y a los heridos, mientras la sociedad bailaba disfrazada. Se repetiría en 1982, mientras se combatía en Malvinas, el país miraba el mundial de fútbol. Era la cruda realidad, era el carnaval ideológico, la desculturalización que nos habían infiltrado.

El segundo, cuando yacía herido el Tte. Richter, en el puesto de socorro (una zanja) y el soldado (a) “Bombolo”, lo cubría con su cuerpo “para que no le peguen más balazos al Teniente”.

El tercero, cuando el entonces Mayor Bidone cruzó el río crecido, solo y con su pistola como única arma, para atacar a la orilla norte, dando ejemplo de valor  determinación. Lo siguió el grupo del Cabo 1º Burgos con sus soldados jujeños.

El cuarto, cuando el entonces Capitán Arturo Grandineti, haciendo gala de un profesionalismo encomiable ,con su helicóptero rescató, entre el enmarañado monte y en medio de un nutrido fuego de armas largas, a los heridos y fallecidos, incluyendo los cuerpos de dos terroristas que los guerrilleros que huyeron, los abandonaron.

Este próximo 14 de Febrero, les pediré que recuerden y mediten, los detalles de ese día de hace 41 años y elevemos oraciones por el alma del eróico Capitán Hector Cáceres, muerto durante el combate cuando acudió a rescatar al Tte. Rodolfo Richter quien yacía herido gravemente por el disparo de un terrorista, en su columna vertebral, lesión que lo postró físicamente hasta el día de hoy, pero esa herida le inyectó una enorme energía positiva que hace que sea hoy un sobresaliente profesor universitario y continuar luchando como un valiente soldado.

Declaremos nuestra gratitud eterna por los ejemplos de entrega moral y voluntad de vencer que nos brindan nuestros heridos en el combate de ese día, el Subteniente Arias (disparo de escopeta en la cara y el cuello) y el Cabo 1º Orellana (disparo de FAL en el omóplato).

Pidamos también este 14 de Febrero, por las almas de los guerrilleros abatidos, en particular por los dos que pudimos trasladar, quienes se apellidaban Laser y Toledo., según el periódico del ERP “Estrella Roja” de ese mes.

Como hecho no casual, les reitero que de los siete oficiales que participamos en estas acciones en defensa de la Nación, uno resultó muerto, dos sobrevivieron con graves heridas físicas y los cuatro restantes nos encontramos en prisión (El entonces Mayor Julio Bidone, Capitán Juan C. Jones Tamayo, Tte. 1º Domingo Marengo y Sbte. Martinez Segón).

Y acá estamos hoy, 41 años después. Yo en esta nueva trinchera con alambres de púas y rejas, en Güemes, desde donde les recuerdo a nuestros enemigos de ayer….. y de hoy. ¡¡No nos vencerán. Sabemos donde se ocultan, ayer en el monte o en las sombras putrefactas de la clandestinidad y hoy, infiltrados en todos los sectores de la sociedad!! Pero pese a que el actual gobierno comenzó, tibiamente a depurar los estamentos estatales, aún persisten con su ideario “Gramsciano” y su inquina hacia la “cruz y la espada”. Y algo gravísimo es que haya funcionarios actuales que insisten con la mentira de los 30.000 (como el gobernador de Jujuy en declaraciones televisivas).

La justicia, hasta el momento, continúa desconociendo el art. 18 de la Constitución Nacional, entre otros y persiste en desarrollar el “circo” jurídico ideado desde el año 2003. Yo soy un veterano Coronel de 72 años y los “Gerentes del Circo” pretenden que acepte ser juzgado por leyes, procedimientos y delitos que no existían cuando era un Capitán de 32/33 años de edad.

Sigamos llevando adelante la defensa de la Patria, desde y como cada uno de nosotros pueda. ¡¡Este es hoy mi puesto de combate!!. No olvidemos nuestro lema de ¡¡SOLDADO, NUNCA TE ARREPIENTAS NI PIDAS PERDON POR DEFENDER A LA PATRIA!!

Muchas gracias por las visitas, llamadas telefónicas y cartas que recibo de muchos de ustedes, demostraciones de verdadera amistad y lealtad.

Me despido recordando un dicho que diariamente me reconforta cuando repito “SOLDADO, TU GUERRA ES JUSTA. NO ESTAS SOLO”. ¡¡Claro que no, atrás tengo a mi estoica familia, a mis abnegados amigos y a mis leales camaradas y soldados!!

Con orgullo les digo que estoy, donde y como estoy, por lo que fui, por lo que soy y por lo que siempre seré, un Oficial del Glorioso Ejército Argentino.

Equipo de Combate GAM 5 ¡¡FIRMES!! ¡¡SUBORDINACION Y VALOR!!

Abrazos para todos con FE, ESPERANZA, FORTALEZA, TEMPLANZA, SERENIDAD, PACIENCIA Y ALEGRIA, convencido, al igual que el centinela, que después de la larga noche llega el triunfante amanecer.

¡¡¡VIVA LA PATRIA!!! (y a no aflojar)


Juan Carlos Jones Tamayo
En 1975, Jefe Equipo de Combate GAM 5
En 2016 Cnel. (R) Veterano Guerra CS
-Prisionero de Guerra
- Preso Político
- Soldado que no se rinde
P.D. Alguien dijo “Han convertido la venganza en esta pseudo justicia”
General Güemes (Salta), febrero de 2016

domingo, 27 de marzo de 2016

Guerra contra la Subversión: Otro 24 de Marzo sin memoria

40 años del golpe: es hora de contar la verdad. 
Por Nicolás Márquez - Prensa Republicana





Tal como viene sucediendo año tras año (máxime cuando la víspera es un número redondo como el 40´), es de esperar para este 24 de marzo (fecha convertida por el régimen anterior en insólito feriado turístico) un conglomerado de actos y encendidas alocuciones en repudio a las Fuerzas Armadas por haber tomado el poder del Estado en 1976.

En esta velada, al igual que en las predecesoras, recolectores de votos y figurones de circunstancia omitirán recordar el apoyo irrestricto que todos los partidos políticos, personalidades múltiples y diferentes estamentos de la sociedad civil de todas las ideologías le dieron a la pacífica sublevación militar que destituyó a Isabelita y la impresentable corte de ladrones que la secundaba.

Motivos para tal consenso no faltaban: antes del mentado 24, en los tres años de gobierno constitucional precedentes, el terrorismo peronista de la AAA había asesinado a medio millar de personas; el terrorismo marxista (“jóvenes idealistas” les llaman algunos medios) protagonizado por el ERP y Montoneros superaba los 7.000 atentados y los guerrilleros desaparecidos tras las órdenes presidenciales de “aniquilamiento del accionar subversivo” ya ascendían a 900.

La semana previa al cambio de gobierno, diarios antagónicos entre sí como La Prensa y La Opinión informaban que, desde mayo de 1973, el terrorismo había causado 1.358 muertes. En ese período, no sólo no se dictó ninguna condena a un solo terrorista, sino que centenares de ellos fueron amnistiados durante el lamentable pasaje del vacilante Héctor Cámpora. Otro dato que tampoco será evocado esta semana, es que entre 1969 y 1979, las bandas terroristas fueron autoras de 21.665 atentados subversivos (hechos y cantidades ratificados en la sentencia dictada el 9/10/1985 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional – Cap. 1. Cuestiones de hecho – Causa 13).


No había día en que el terrorismo marxista no masacrara inocentes.

Por entonces, ante la inminencia de un “golpe”, no sólo no hubo ni una sola voz en contra de la reacción cívico-militar en ciernes (a excepción de una solitaria solicitada del Ingeniero Alvaro Alsogaray), sino que la clase política promovía ansiosamente el reemplazo y cambio de gobierno a efectos de desembarazarse de una situación inmanejable. A modo sintético y ejemplificativo, el 21 de marzo el diario Clarín informaba: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas”; el mismo día, el matutino La Razón completaba: “Hay tranquila resignación en el Congreso frente a los inevitables acontecimientos que se avecinan”.

El oficialismo, capitaneado por Isabelita  y el hechicero José López Rega (este último semanas atrás se había profugado al exterior), no sólo no brindaba respuesta eficaz a la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, sino que potenciaba el caos con su manifiesta incompetencia gubernamental.

De la oposición nada podía esperarse, puesto que el jefe de ésta, Ricardo Balbín (a la sazón presidente de la UCR), efectuó un público y desembozado lavado de manos el 22 de marzo, alegando: “Hay soluciones, pero yo no las tengo”. Días atrás (el 27 de febrero), el comité nacional de la UCR publicó la siguiente declaración destituyente: “El país vive una grave emergencia nacional… ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar… Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite”. Incluso, hasta el mismísimo Partido Comunista, el 12 de marzo reiteró su propuesta de formación de “un gabinete cívico-militar”. El senador radical Eduardo Angeloz, con sutil imprecisión arengaba: “Alguien tiene que dar la orden…alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina”.


La bataclana Isabelita parodiando de Presidente, secundada por José López Rega, el chamán que horas después se profugara al exterior. Todos pedían a gritos un cambio de gobierno.

Como si la guerra civil y el desgobierno fueran insuficientes, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación (según informe de FIEL) arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976. Durante los días previos al 24 de marzo, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima de terror y el desgarrador pedido de cambio de gobierno. La Opinión  publicaba: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres” (19/03/76). El 23, nuevamente el diario socialista La Opinión titulaba: “Una Argentina inerme ante la matanza”, y agregaba: “Desde el comienzo de marzo hasta ayer, las bandas extremistas asesinaron a 56 personas”; esa fecha, La Razón redundaba: “Es inminente el final. Todo está dicho”. Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: “¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta”.

En efecto, la hipocresía de los que ahora cuentan la historia oficial a base de aforismos humanísticos ocultan que “la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos”, textuales palabras dirigidas a la revista alemana “Geo” en 1978 por el escritor Ernesto Sábato: el mismo tránsfuga que después presidió la Conadep y prologó el libro “Nunca Más” financiado por el inconcluso gobierno de Raúl Alfonsín.


El Presidente de la Nación Teniente General Jorge Rafael Videla amenizando con Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato.

Pero el apoyo generalizado a los militares de los mismos sectores que hoy repudian a los “genocidas” no se limitó al 24 de marzo. Una vez constituidas las nuevas autoridades, estos no sólo respaldaron al flamante gobierno sino que se sumaron al mismo ejerciendo diferentes cargos en la función pública. Tanto es así que el 25 de marzo de 1979, el diario La Nación detallaba que de las 1.697 intendencias vigentes en la gestión del Presidente Jorge Rafael Videla, solo el 10% de ellas eran comandadas por miembros de las FF.AA.; el 90% restante, estaba conformado por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: la UCR contaba con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ (partido presuntamente “derrocado”) con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas con 109, el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los democristianos con 16, el izquierdista Partido Intransigente con 4 y el socialismo gobernaba la ciudad de Mar del Plata. En otras áreas gubernamentales, el socialista Américo Ghioldi se constituía en embajador en Portugal; en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá haría lo propio, Rubén Blanco en el Vaticano y Tomás de Anchorena en Francia; el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda en Italia, el desarrollista Oscar Camilión en Brasil y el demócrata mendocino Francisco Moyano en Colombia. Asimismo, el Partido Comunista emitió proclamas de apoyo al gobierno. Tanto es así que ésta fue la primera gestión cívico-militar que no prohibió ni declaró ilegal al polémico partido.


El diario de los Timermann al igual que todos los de entonces, saludaron al nuevo gobierno.

Pero nada de todo esto será mencionado en este 24 de marzo en los respectivos carnavales de la memoria que se tienen previstos.
Por supuesto que lo que hoy más molesta a los vendedores de relatos no ha sido “el golpe” en sí, puesto que en la Argentina golpes hubo a borbotones y nadie se encarga de recordarlos: empezando por los golpes en los que participó el fundador del principal partido de la Argentina, Juan Perón, quien no sólo participó en la sublevación de 1930´ sino también en el de 1943´ y en este último gobierno militar Perón ejerció el cargo de VicePresidente de la Nación. En rigor de verdad, lo que molesta a los reescribidores de historietas es que los militares hayan impedido a la guerrilla liderada por Mario Firmenich (Montoneros) y Mario Roberto Santucho (ERP) tomar el poder del Estado e instaurar una dictadura comunista.

Por supuesto que el gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional cometió errores y horrores en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden endilgarles sus indecorosos enemigos. Tanto es así que hasta el propio Firmenich en torno al fenómeno de los “desaparecidos” le confesó y reconoció el periodista Jesús Quinteros (en nota publicada en Página 12, el 17 de marzo de 1991) que durante la guerra antiterrorista, el margen de error o daños colaterales de los militares fueron mínimos: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría era militante y la inmensa mayoría eran montoneros (…) A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte”.


El asesino Mario Firmenich, lider de Montoneros, reconoció que salvo excepciones los desaparecidos eran todos terroristas.

Como vemos, el saldo de aquella guerra fue demasiado triste como para que hoy sea usado por los empresarios de los derechos humanos como fetiche proselitista o negocio rentístico: 8000 muertos entre caídos y desaparecidos por un lado más 1500 asesinados por la guerrilla por el otro es el doloroso legado de aquel largo y violento conflicto interno.

Se va otro 24 de marzo, el número 40´, y otra vez nos estamos perdiendo una renovada oportunidad de discutir y repensar en serio el pasado reciente, dejando atrás la ideologizada parcialidad de la memoria y abrevando en la historia, que es la única ciencia que nos puede facilitar armar de manera completa el rompecabezas setentistas y así arribar a una verdad integral lo más fiel y próxima cuanto sea posible, y con ello de superar los enconos del ayer, solucionar los problemas del presente y encarar un futuro con mejores perspectivas.

sábado, 5 de marzo de 2016

Argentina: El rol del gobierno en el ataque a La Tablada

“Coordinando” el ataque a La Tablada. 
Por Sebastián Miranda
Fuente: Prensa Republicana





El 23 de enero se cumplieron 27 años del ataque a los cuarteles de La Tablada. Cuando todavía no se había disipado el olor a pólvora, desde distintos sectores políticos se levantaron gravísimas acusaciones contra la rama Capital de la Coordinadora de la UCR, principal apoyo de R. Alfonsín para llegar a la presidencia, señalando a varios de sus integrantes como los responsables políticos de la acción en alianza con los terroristas del MTP. Este tema quedó en el olvido y espera aún hoy una investigación de la Justicia.

Abogados de erpianos

       Las vinculaciones entre los radicales y los grupos terroristas no eran nuevas, en 1972 S. Frondizi y R. Alfonsín actuaron como abogados defensores de varios integrantes del PRT-ERP, el segundo fue abogado defensor de O. Montanaro en la causa por el secuestro y asesinato del empresario O- Sallustro. El 4 de septiembre de 1985, el diario Ámbito Financiero dio a conocer una noticia titulada Efecto no deseado en el juicio al general Camps. El general (RE) Osiris Villegas –entonces defensor del general (RE) Ramón Camps– presentó ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas un escrito firmado por Alfonsín, F. Rodríguez Araya, C. González Gartland donde aparecían como defensores de M. R. Santucho, acusado del secuestro y asesinato de O. Sallustro.[1] El escrito formaba parte de la causa 305 caratulada Privación ilegal de la libertad y homicidio referida a la persona de O. Sallustro. En ella figuraban como imputados M. R Santucho, Da Silva Parreira, Liliana O. Montanaro y la defensa fue asumida por los mencionados abogados.

Las relaciones con el gobierno

        En el caso de Enrique Nosiglia –Ministro del Interior de Alfonsín y titular de la rama Capital de la Coordinadora- su hermana María Magdalena alias Pupi, Nora, hoy desaparecida, fue integrante del ERP.  Participó junto a su pareja Oscar Ciarlotti, en el secuestro del contralmirante Francisco Aleman el 1 de abril de 1973. Ciarlotti era sobrino del contralmirante. Refiriéndose al suceso E. G. Merlo afirmó:
“(…) Su sobrino, el Pato Ciarlotti y su compañera, Nora, facilitaron la detención de ese contralmirante. Tanto el Pato como Nora eran compañeros nuestros, Nora –se llamaba en realidad María Magdalena Nosiglia– era hermana de Coti Nosiglia, era una gran compañera, muy inteligente y de gran humildad. Desapareció en el ’76 en Rosario (…)”.[2]

G. Merlo hizo amplia referencia a los contactos de los sobrevivientes del PRT-ERP con el gobierno de Alfonsín: “Las conversaciones más importantes con el radicalismo las hicimos con Nosiglia, que en ese momento era Ministro del Interior y con Gil Lavedra, que lo secundaba en ese ministerio. Incluso el contenido de una de ellas fue publicado por los periódicos en los días previos a La Tablada (…)”.[3] Desde 1988 el jefe erpiano y del MTP vivía clandestinamente en un departamento en la calle Yerbal en el barrio de Flores alquilado a nombre de F. Provenzano, miembro del MTP e íntimo amigo de E. Nosiglia: “Esta relación entre Nosiglia y Provenzano fue muy publicitada en los meses previos al ataque por Guillermo Cherashny, ex rival del Coti en la Juventud Radical. Diez días antes del ataque del 23 de enero, Cherashny escribió una columna con el título “El ERP y la Coordinadora”. Allí decía que un sector del ERP liderado por G. Merlo y la Junta Coordinadora de la UCR –que lideraba Nosiglia– habían alcanzado un acuerdo táctico. En el mismo artículo, señalaba que G. Merlo había invertido un millón de dólares en un diario de centroizquierda. No aclaraba que era Página/12, pero se intuía (…). En su columna afirmaba que Nosiglia les había pedido a los dirigentes del MTP que denunciasen un pacto entre Menem y Seineldín. Cherashny también escribió sobre un encuentro entre Nosiglia y los dirigentes del MTP Felicetti y Provenzano a fines de diciembre en la confitería Paladiun”.[4]
        Las relaciones no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación El 14 de diciembre de 1988 el diario El Cronista Comercial alertó sobre el peligro de las iniciativas que convocaban a la resistencia civil en una columna de noticias titulada Espontáneas:

      “Algunos sectores juveniles del radicalismo, en especial de la militancia de la Coordinadora bonaerense, que lidera Federico Storani, activan la formación de Comités de Defensa de la Democracia, cuya integración no está limitada a los cuadros radicales sino abierto a la participación de otros grupos políticos y de sectores independientes. Entre los embarcados en la iniciativa figuran por ejemplo, los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), entre cuyos máximos dirigentes revista E. G. Merlo, ex lugarteniente de M. R. Santucho y actual jefe de una de las facciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores”.[5]

      Al terminar los combates en los cuarteles de La Tablada, el 26 de enero de 1989 el diario Ámbito Financiero publicó una noticia: “Se ha comprobado también que insistentemente F. Provenzano se ha puesto en contacto con Carlos Ochoa, funcionario de la Secretaría del Interior [de Cuba] con quien mantiene un trato amistoso requiriéndole una entrevista con el doctor Facundo Suárez Lastra, alegando que ya consiguió las cosas que este último le había pedido y que al mismo tiempo espera unas respuestas de su parte”.[6] Ochoa era uno de los líderes más importantes del régimen castrista. La información no aclaraba qué era lo que F. Provenzano le había conseguido a Facundo Suárez Lastra, contra quien también se levantaron los dedos acusadores tras el ataque al RIM 3.  Provenzano murió en el ataque al RIM 3.

      Los encuentros entre E. Nosiglia y F. Provenzano también llamaron la atención de los propios radicales “A fines de 1988, los seguidores del riojano estaban convencidos de que sectores liberales del Ejército se opondrían de cualquier manera al triunfo del justicialismo. Y manejaban dos hipótesis: un atentado contra Menem o un golpe previo a las elecciones para asegurar la continuidad radical. En uno de ellos no hablaba de Nosiglia, pero sí del sector radical que él lideraba, y alertaba a estar atentos frente a un posible hecho desestabilizador organizado por la Coordinadora que tendría como objetivo la continuación del régimen socialdemócrata”.[7] Radicales y peronistas sospechaban que un sector de la Coordinadora intentaría alguna maniobra para privar al justicialismo de una segura victoria electoral y asegurar la continuidad del gobierno.

      El ex senador justicialista Horacio Félix Bravo Herrera escribió: “Medios periodísticos de Porto Alegre (Brasil) revelaron en su momento –y  entre nosotros, nadie tuvo en cuenta esa información- que el intendente comunal de esa ciudad brasileña había sido el anfitrión de una reunión social de la que participaron Enrique Nosiglia, Carlos Becerra, Enrique Gorriarán Merlo y Jorge Baños, en diciembre de 1988 (…). Es posible que en aquel encuentro en Brasil, los funcionarios gubernamentales y los dos miembros de la dirección del MTP hayan acordado los términos de una operación de acción psicológica que se desenvolvería –como ocurrió- a partir de enero de 1989, con la denuncia de una supuesta conspiración de Menem, Seineldín y Miguel. También su financiamiento, que habría sido abundante, al punto de tentar a Gorriarán Merlo y a Baños a continuar por su cuenta con un operativo como el llevado a cabo en La Tablada”.[8] La denuncia del senador era gravísima y nunca fue tenida en cuenta por la Justicia. La reunión se habría realizado el 23 de diciembre de 1988 en un bar de Vila Madalena en San Pablo con el fin de coordinar las acciones sobre el RIM 3.

      La hipótesis sostenida por los peronistas se vio alimentada por los contactos que el Ministerio del Interior tenía con Jorge Baños, abogado del CELS que resultaría abatido durante los combates en La Tablada:“(…) Los menemistas empezaron a prestarle atención cuando vieron que sus denuncias ocupaban grandes espacios en los canales y radios oficiales donde la Coordinadora tenía influencia. Además, se enteraron de que este abogado frecuentaba el despacho de Nosiglia. Aun no se sabía que Jorge Baños era el afortunado propietario de un departamento en Barrio Norte, comprado gracias a un crédito del Banco Hipotecario Nacional, manejado por la Coordinadora. En sólo tres días, en marzo de 1986, el BHN entregó 18.000 dólares. Sin dudas Baños era muy recomendado (…)”.[9]

      Tras el ataque nada menos que el ex presidente Arturo Frondizi disparó contra la Coordinadora. El diario La Prensa en su portada del 19 de septiembre de 1989 publicó una noticia titulada Frondizi acusó en Córdoba a Becerra por el copamiento de La Tablada. En la misma informaba: “El ex presidente Arturo Frondizi , acusó al ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Becerra, de haber sido quien organizó el copamiento del cuartel de La Tablada, perpetrado en enero último por el Movimiento Todos por la Patria (MTP). Él organizó todo –afirmó Frondizi-, porque es tan marxista como Marx. Y allí gastó nueve millones de dólares. De manera que lo de La Tablada fue organizado por el gobierno, dijo en alusión a la anterior administración. Expresó que el gobierno llamado radical, desde 1983 en adelante aplicó un plan soviético. Y esto se corresponde con las opiniones que tenía el doctor Alfonsín. Yo no soy enemigo de él, pero sostenía que el capitalismo es incompatible con la democracia, que era un sistema agotado. La idea de él era adoptar el socialismo”.[10]   Becerra fue otro de los blancos de las acusaciones tras el ataque ya que, además de ser integrante de la Coordinadora, en la Secretaría de la Presidencia se desempeñaban como funcionarios varios ex miembros del ERP e integrantes del MTP que participaron en el ataque al RIM 3.

      Otras acusaciones llegaron desde los sectores liberales representados por María Julia Alsogaray y su padre Álvaro. El  diario La Razón informó el 25 de enero de 1989: “La diputada liberal María Julia Alsogaray adjudicó al Ministro del Interior, Enrique Nosiglia, al jefe de la SIDE Facundo Suárez, las máximas responsabilidades de lo ocurrido en el regimiento de La Tablada pues, a su juicio los funcionarios solamente creen que la violencia proviene de la derecha”.[11] Nuevamente se apuntó a la Coordinadora y a la SIDE.

       Integrantes del ERP y del MTP también figuraban en cargos menores dentro de la administración radical: Oscar Ciarlotti (doble cuñado del Coti Nosiglia), Víctor Carlos Marchesini, Juan Manuel Murúa, Aníbal Luis Viale, Julio Neder, Marcelo Adrián Ambroggio (miembros del PRT-ERP) y el ex conscripto Hernán Alejandro Invernizzi. Este último actuó como entregador al permitir la entrada de un grupo del ERP al Comando de Sanidad del Ejército Argentino el 6 de septiembre de 1973 . Juan Manuel Murúa, alias Federico o teniente Caña, integró la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, participó en el asalto al Batallón 141 de Comunicaciones y fugó al Exterior junto con Enrique Gorriarán Merlo luchando en la revolución sandinista. Posteriormente se integró al MTP y murió durante el ataque al RIM 3. Julio César de Jesús Santucho: también fue miembro del PRT–ERP. Con la caída de la dirigencia de la organización se refugió en Italia. Volvió a la Argentina en 1996 y se desempeñó como asesor del entonces diputado Federico Storani.[12] Fue autor del libro Los últimos guevaristas donde hizo amplias referencias sobre las relaciones entre la UCR y el PRT–ERP.

       A pesar de todas estas acusaciones, la hiperinflación, los saqueos y la salida anticipada del gobierno de R. Alfonsín parecieron superar los hechos y la memoria y, una vez más, la Justicia no investigó.

viernes, 26 de febrero de 2016

Guerra Antisubversiva: El ataque terrorista del ERP en Azul

Video: así fue el atentado terrorista del ERP en Azul.


Así fue el criminal atentado terrorista del ERP en Azul. Testimonio de Silvia Ibarzábal, Presidente de AFAVITA.


Prensa Republicana

martes, 9 de septiembre de 2014

La infinita paciencia de Larrabure frente a un periodista gubernamental

“No defiendo al Proceso, pero acá hubo una guerra revolucionaria”
Por  Raúl Arcomano - Sur



Arturo Larrabure pretende instalar la idea de que los crímenes del terrorismo de Estado son equiparables a los de la guerrilla. Abajo, su padre. (Hugo Lelouche)

Hijo de un militar muerto en 1975, encabeza a un sector que reivindica la teoría de los demonios
Es un caso paradigmático. Un cambio de estrategia de los sectores vinculados a la última dictadura: el secuestro y posterior muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure busca instalar la idea jurídica de que el asesinato del militar es imprescriptible. Hasta ahora no ha tenido éxito: la Corte Suprema ya dictaminó que las acciones de la guerrilla en los ’70 no son crímenes de lesa humanidad. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) tomó el 10 de julio de 1974 la fábrica militar de Villa María, Córdoba. De allí secuestraron al subdirector del establecimiento, Argentino del Valle Larrabure. Era ingeniero químico y lo querían para que fabricara explosivos. Estuvo en cautiverio 372 días en una cárcel del pueblo y murió en circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia. Para su familia, fue estrangulado por sus captores. El ERP siempre sostuvo que el militar se ahorcó con un cordel. La causa penal por el hecho empezó en agosto de 1975: se investigó durante más de dos años y se archivó al no conocerse los responsables.
Treinta años después, uno de sus hijos, Arturo Larrabure, se puso al frente de la causa. Es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el mascarón de proa de un sector de la derecha castrense que busca equiparar a los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado con las acciones de las organizaciones guerrilleras. Para debatir sobre estos temas, Larrabure hijo aceptó una entrevista, realizada por mail, con Miradas al Sur.
–Un grupo de peritos realizó hace poco una relectura de los peritajes realizados en 1975 al cuerpo de su padre. ¿Qué dijeron?
–Los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema no hicieron una relectura de los peritajes realizados en el cuerpo de mi padre. Por el contrario, han plenamente coincidido con los médicos forenses de la Justicia nacional, José Guillermo Osman Dick y Avelino do Pico, y el médico legista de la Policía Federal, Horacio José Marinoni, quienes, en 1975, llegaron por unanimidad a la conclusión de que había sido estrangulado, basándose en que el surco de su cuello era de recorrido horizontal, levemente oblicuo, y no se interrumpía. En el ahorcamiento, por el contrario, el surco es de recorrido oblicuo y se interrumpe por la presencia del nudo. El año pasado, los peritos del Cuerpo Médico Forense, Oscar Ignacio Lossetti y Roberto Víctor Cohen; el titular de la cátedra de Medicina Legal de la UBA, Luis Alberto Kvitko; y el perito de partes, Enio Linares, concluyeron por unanimidad que fue víctima de una muerte violenta. Que fue estrangulado. Especial relevancia dieron a la determinación de alcohol etílico en sangre de 3,5 gramos: eso los llevó a concluir como verosímil que se encontraba “en estado de indefensión o por lo menos con disminución de su capacidad de reacción al momento de su muerte”. Descartaron la existencia de una asfixia por ahorcadura autoprovocada. Nunca tuve dudas de que a mi padre lo habían matado.
–Es una prueba que se suma al expediente judicial. La Justicia aún no dictaminó definitivamente que su padre haya sido asesinado.
–Son medidas de prueba de singular importancia. No es permitido al juez apartarse de las conclusiones de los peritos, a menos que cuente con argumentaciones muy sólidas para hacerlo.
–Hay otras versiones sobre cómo murió su padre. Gorriarán Merlo, uno de los líderes del ERP, dijo que su padre “padecía una afección psíquica preocupante y se suicidó”.
–¿Usted a quién le creería? ¿Puede darse más crédito a la declaración de gente que puede ser juzgada por este secuestro y asesinato, que a la opinión de los médicos? Los médicos actúan como científicos y no necesitan ocultar nada, los asesinos sí. La estrategia desarrollada por Página/12 y Canal 7 afirmando que Larrabure se suicidó fue intentada años atrás por Mario Roberto Santucho y desmentida por sus propias palabras. Un hombre que les pidió a sus hijos que perdonaran a sus secuestradores no se suicida. “Quiero morir como el quebracho, que al caer hace un ruido que es un alarido que estremece la tranquilidad del monte. Quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi Ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre”, escribió desde su horrendo cautiverio.
–También una investigación del periodista Carlos Del Frade señala que, según el expediente original, no hubo tortura ni asesinato.
–Si Del Frade hubiera tenido al menos la prudencia y el respeto de leer el expediente judicial habría comprobado que las dos autopsias ratificaban el asesinato. No se puede seriamente calificar de investigación a lo escrito por quien ni siquiera llevó a cabo esa tarea.
–Del Frade también afirma que la autopsia jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio. Todo lo contrario: señala que era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado, sin la menor marca de tortura o golpe alguno.
–Como no es perito forense, Del Frade ignora las diferencias que median entre la estrangulación y el ahorcamiento. Las características del surco, el grado de alcohol en sangre, y la inexistencia de síntomas propios del ahorcamiento son descriptas en la pericia de la junta médica de manera muy minuciosa. Pretender rebatirlos con citas de quienes, por su formación marxista, consideran a la verdad un prejuicio burgués, no es serio. Una persona con 3,5 de alcohol en sangre está en coma alcohólico. ¿Cómo puede ahorcarse?
–¿Cómo sigue la causa judicial?
–Se han ordenado los testimonios de Antonio Cafiero, Martín Caparrós, José Pablo Feinmann, Miguel Bonasso y Jorge Masetti (h), como parte de la investigación integral y profunda ordenada por el fiscal Palacín. Hemos interpuesto recursos de apelación contra la resolución de la fiscal (Liliana) Bettiolo, que denegó nuestro pedido de que se libre oficio al Ministerio del Interior para que informe la nómina de personas que han percibido las indemnizaciones previstas en la ley 24.411, clarificando si entre las personas indemnizadas se encuentran miembros de ERP y/o Montoneros, FAR, FAP y/u otras organizaciones guerrilleras, muertos durante los ataques a la fábrica Militar de Villa María, Regimientos de Formosa y Azul, y Monte Chingolo o durante enfrentamientos legales con las fuerzas armadas o de seguridad. La ley 24.411 posibilita que se indemnice aún a los que hubieran muerto por el accionar legal del Estado en ocasión de repeler un ataque terrorista a un cuartel durante un gobierno constitucional. Esto evidencia que el Estado argentino apoyó el accionar del terrorismo.
–¿La muerte de su padre fue usada por los militares para justificar el golpe?
–No. Es un hecho histórico indubitable que los militares dilataron el golpe de Estado pese al reclamo de la sociedad civil. Los que se esforzaron en adelantarlo fueron los propios integrantes de la guerrilla que, en pleno gobierno constitucional, realizaron la mayor parte de sus acciones terroristas. El lema de la guerrilla era “cuanto peor, mejor”.
–¿Por qué recién 30 años después decidió investigar la muerte de su padre?
–Mi padre siempre nos pidió que sepamos perdonar. Durante treinta años creí que el silencio era la mejor manera de realizar su voluntad, pero cuando observé que se mentía sobre el pasado entendí que a mi padre eso no le gustaría. Por eso recurrí a la Justicia, buscando siempre conciliar justicia con perdón.
–Usted pasó de pregonar “mirar hacia adelante, perdonar y olvidar” al discurso de “la reconciliación llegará sólo si se juzga a todos”.
–Siempre pensé que la mejor manera de saldar el pasado es llevando adelante un diálogo de reconciliación que permita realizar un juicio histórico riguroso de la trágica década del ’70, rescatando el valor de todas las vidas. En 1998, Videla y Firmenich aceptaron participar de ese diálogo, pero ni la Iglesia ni el poder lo convocaron. Llegado Néstor Kirchner al poder, lo descartó de plano, mientras impulsaba el juzgamiento de sólo una parte de los presuntos culpables y realizaba la apología del accionar de la guerrilla. A partir de ese momento, pensé que si la decisión era juzgar, debía juzgarse a todos. Comencé la lucha para que el crimen de mi padre fuera declarado de lesa humanidad.
–Pero la Corte Suprema y la Cámara Federal ya dictaminaron que las acciones de las organizaciones político-militares no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Al estar prescriptos, no pueden juzgarse hoy.
–Por encima de lo resuelto por la Corte prima el derecho y la jurisprudencia internacional, que no dudan en considerar los crímenes de las organizaciones guerrilleras de lesa humanidad, aun cuando no haya mediado apoyo estatal. La Corte Internacional en el caso Nicaragua sostuvo que los contras estaban obligados a respetar a los civiles inocentes durante el conflicto armado interno que afectó a ese país, en función de la Convención de Ginebra de 1949.
–Con el fallo de la Corte de antecedente, ¿por qué el Celtyv sigue intentando equiparar los crímenes que se cometieron bajo el aparato represivo del Estado con los que ejecutó la guerrilla?
–Le invierto la pregunta: ¿por qué desde la Corte y las cámaras federales se desconoce la jurisprudencia internacional, que es obligatoria para nuestro país? No sólo las organizaciones que integro sostienen esta tesis. Como lo reconoció el ex fiscal del Juicio a las Juntas y actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, los crímenes de la guerrilla erpiana y montonera son de lesa humanidad. Entendió que el último régimen militar, la Triple A y la guerrilla cometieron ese tipo de delitos, declarados imprescriptibles.
–Avala la teoría de los dos demonios, entonces.
–No. La cuestiono por exigua. El verdadero demonio es la violencia que infecta el corazón de los hombres, y esa violencia no sólo estuvo inserta en el corazón de los guerrilleros y de los militares, también en el de los intelectuales, educadores, políticos, religiosos, que demencialmente predicaron los métodos violentos y destruyeron el sistema legal que había permitido combatir al terrorismo preservando la ley y la vida. Y lo grave es que perdura allí, como lo demuestra el Parque de la Memoria, donde se rinde público homenaje a muchos que asesinaron y secuestraron.
–¿Por qué tiene de abogado a Javier Vigo Leguizamón, ex funcionario de la dictadura santafesina?
–Moreno Ocampo reconoció que la lucha contra la guerrilla culminó en 1978, cesando entonces las desapariciones y torturas. Mi abogado fue subsecretario de Justicia y Culto de Santa Fe entre los años ’81 y ’82. En el epílogo de su libro Amar al enemigo condena en términos muy severos la aberrante metodología de las desapariciones, pero pide que también sean juzgados los civiles que comandaron las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Perón y su esposa y que, por acción u omisión, posibilitaron que 908 personas desaparecieran.
–Suele mencionar al Estatuto de Roma para definir el delitos de lesa humanidad. Pero está vigente desde 2002 y no es retroactivo.
–En su dictamen, el fiscal Palacín destacó que “las normas que sancionan los delitos de lesa humanidad han estado vigentes en la comunidad internacional desde hace décadas. La calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados, sino de principios del derecho Internacional”. Los crímenes contra la humanidad quedaron totalmente plasmados en el derecho internacional hace más de medio siglo, por lo que la categoría jurídica se encontraba plenamente vigente al momento de los hechos criminales que sufrió mi padre. Sin perjuicio de ello es indudable que la guerrilla argentina contó con la colaboración del Estado. Basta leer el discurso de Perón luego del ataque al regimiento de Azul, imputándole al gobernador Bidegain haberlo facilitado, para comprobarlo. Por algo renunció a los dos días.
–¿Cree que es posible hablar de reconciliación entre víctimas y victimarios, sin justicia de por medio?
–Sí, si hay verdadera vocación de diálogo, rigurosidad para el análisis histórico y voluntad de arrepentimiento. Todos debemos esforzarnos en poner la verdad por encima de la ideología, en comprender todo el dolor. La reconciliación es un camino independiente de la justicia, aunque ella puede ayudar a reconciliar la patria. Es fácil reclamar justicia a ultranza, cuando, por connivencias políticas o judiciales, los crímenes cometidos por el reclamante quedan impunes. La cosa cambia cuando una Justicia valiente y consciente de sus responsabilidades morales e históricas vuelve los ojos hacia el reclamante preguntándole qué hizo en ese pasado doloroso. Esa es la responsabilidad moral e institucional que pesa sobre los jueces.
–Cuando se habla de “pacificación nacional”, parece que se busca reflotar las leyes del perdón, los indultos y terminar con los juicios a represores.
–Yo no defiendo al Proceso. A mi padre, como a Rucci, María Cristina Viola y José María Paz, lo mataron antes de que comenzara.
–También hay una fuerte contradicción entre, por un lado, una retórica de “concordia” y, por otro, los feroces comentarios sobre las políticas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno.
–Lo que particularmente cuestiono es la banalización de los derechos humanos. Que se los utilice para encubrir injusticias o actos de corrupción. Que se menosprecie a las víctimas de la guerrilla como si fueran meros objetos a eliminar.
–¿Aporta al debate relativizar las cifras de muertos y desaparecidos?
–Sí, aporta esclarecer el número real de desaparecidos. Es una falta de respeto a su memoria malversar las cifras o las circunstancias de su muerte en pos de cobrar improcedentes indemnizaciones. Coincido con Graciela Fernández Meijide cuando, cuestionando la estrategia de Eduardo Luis Duhalde, dijo: “Es todo tan circunstancial, de tal chiquitaje. Sustituir y llenar de mentiras. Como los 30 mil desaparecidos. ¿Con qué derecho cuando había un conteo de 9 mil? ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad”.
–¿Qué significa para usted el término “memoria completa”?
–Una memoria que abarque todo el dolor y todas las culpas. El filósofo francés Tzvetan Todorov advirtió sobre los riesgos de una memoria incompleta considerando que nuestro país no era un ejemplo en relación con la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Recomendó meditar sobre las consecuencias que hubiera tenido la victoria de la guerrilla. Y recordó que en la misma época, una guerrilla de extrema izquierda desencadenó en Camboya un genocidio de un millón y medio de personas.
–Hay una pregunta que se hace el investigador Germán Ferrari en el libro Símbolos y fantasmas: ¿por qué la evocación en torno de las víctimas de la guerrilla implica siempre de manera explícita o velada una reivindicación de la dictadura o del discurso autoritario?
–Vuelvo a decirle: no defiendo al Proceso, defiendo a las víctimas de la guerrilla. Ferrari pretende exculpar a los guerrilleros alegando que mi padre se suicidó, cuando lo mataron porque no pudieron quebrarlo. Arnold Kremer (N. del R.: Luis Mattini, uno de los jefes del ERP) reconoció que cuando le ofrecieron canjear su libertad por la fabricación de explosivos, “Larrabure se puso en patriota”. Hoy su heroico ejemplo los acosa como un fantasma, que les pregunta: ¿por qué canjearon sus ideales por las prebendas del poder? ¿Por qué no han disminuido ni la pobreza ni la indigencia? ¿Para esto mataron a tantos?
–Dice que no defiende a la dictadura, pero ¿cómo la evalúa?
–Mi padre me enseñó que aún el peor gobierno democrático es superior a un golpe de Estado.
–¿Cree que en la Argentina hubo una “guerra irregular” como suelen sostener los defensores de la dictadura?
–Le aconsejo leer los considerandos de la sentencia de la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas: por unanimidad concluyeron que el país vivió una guerra revolucionaria.
–Guerrilla y terrorismo no son sinónimos, pero se refiere a las acciones de la guerrilla como “terrorismo”. No significan lo mismo.
–Son lo mismo. En la sentencia a los comandantes se dijo: “Está fuera de discusión que a partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes. La subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido.”
–En los ’70 no hubo terrorismo en el país, tal cual lo entiende la jurisprudencia internacional: uso indiscriminado de la violencia sobre la población civil, con el objeto de controlar a un grupo o una sociedad por medio del terror. Las organizaciones guerrilleras realizaron operaciones militares selectivas dirigidas contra fuerzas militares y policiales que provocaron, en algunos casos, la muerte de víctimas inocentes.
–El prólogo original del Nunca más decía que el país había sido también asolado por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras. ¿Por qué mataron a Rucci dos días después de que Perón ganara las elecciones por el 62 por ciento de los votos? ¿Por qué asesinaron a María Cristina Viola, de 3 años, el 1º de diciembre de 1974? ¿Por qué atacaron los regimientos de Azul y Formosa? ¿Por qué querían crear milicias populares? ¿Contra qué dictadura combatían? El decreto 1.368/74, por el que se declaró el estado de sitio, alude expresamente a la necesidad imperiosa de “erradicar una barbarie patológica desatada por un plan terrorista criminal contra la Nación”. Existió un plan criminal y un ataque sistemático a la población civil para imponer por la fuerza un régimen marxista. En el caso Akayesu (sobre Ruanda), los tribunales internacionales dijeron que los militares que no participaron en el combate por estar detenidos deben ser considerados miembros de la población civil.
–¿Está de acuerdo con que sean enjuiciados los represores?
–Tal vez la mejor manera de saldar las heridas del pasado sea juzgar a todos. Pero los procesos deben tener una duración razonable y con magistrados probos que no conviertan la prisión preventiva en una condena anticipada.
–Hoy los represores cuentan con todas las garantías con que no contaron los detenidos-desaparecidos en los ’70.
–No creo que cuenten con todas las garantías. Son manifiestas las presiones que sufren jueces y fiscales. El presidente de la Asociación de Magistrados y funcionarios ha denunciado presiones.
–Se escucha habitualmente que el gobierno toma venganza contra los militares que participaron del terrorismo de Estado. Por el contrario, la venganza parece provenir de los sectores afines a los militares, que piensan: ya que no hay amnistía, que se enjuicien a todos.
–Yo no tengo espíritu de venganza. Más que la condena espero que quienes asesinaron a mi padre se arrepientan, como lo hizo Oscar del Barco cuando escribió que ningún justificativo los volvía inocentes. No hay “causas” ni “ideales” que sirvan para eximirlos de culpa. Se trata de asumir la responsabilidad de haber causado intencionalmente la muerte de un ser humano. No existe ningún “ideal” que justifique la muerte de un hombre, ya sea un militar o un guerrillero.
–¿Cree que la mayoría de la sociedad opina como usted sobre los ’70?
–Estoy convencido de que sí. La sociedad ha comenzado a pedir que se juzgue también a los guerrilleros. Lo que todavía no ha meditado es qué hicieron al llegar al poder. Ojalá algunos dirigentes políticos cierren la herida del pasado violento para que podamos mirar hacia el futuro como soñaron nuestros grandes próceres, como soñó mi padre aún desde la oscuridad de su cautiverio.