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jueves, 2 de marzo de 2017

Historia Argentina: El asesino de Urquiza

El apuñalador de Urquiza

Revisionistas



Nicomedes Coronel

A menudo la crónica histórica argentina ha preferido apelar a la explicación simplista de ciertos hechos que, como el asesinato del general Justo José de Urquiza en 1870, han tenido honda repercusión e insospechadas ramificaciones hasta bastante después de sucedidos.

Cuando se comenta sobre el deceso de Urquiza en su posada predilecta –Palacio San José-, aquella simpleza se vuelve la respuesta más cómoda y, por lo mismo, más errada. Dicen sus cultores: “El que mató a Urquiza fue el general Ricardo López Jordán hijo“. Otros agregan: “López Jordán entró en la estancia del entrerriano y él mismo lo ultimó”. Y sigue el equívoco tan reiterativo como obsesivo que, entre borrascas de inexactitudes, nubla la verdad de nuestra historia, la vida de ilustres desconocidos que jamás verán la póstuma reivindicación.

Ahondando en el tema de la muerte de Urquiza, algunas personas con mayor grado de ilustración parecieran comprender que tuvo por protagonistas al sargento mayor de milicias Simón Luengo (1), que fue, precisamente, quien comandó la partida que lo fue a buscar, y a Ambrosio Luna, responsable de accionar el arma de fuego sobre la humanidad del entrerriano y ante la presencia de sus hijas.

Pero no fueron solamente Luengo y Luna los que mataron al general Urquiza, pues, a continuación de los disparos, otro personaje, el mayor Nicomedes Coronel, aligerando su filoso puñal, le asestó al moribundo unas cuantas puñaladas que acabaron con su vida. Y salta la pregunta: ¿Quién era Nicomedes Coronel?

Pecaría yo también de simplista si lo refrendo apenas como “el que apuñaló a Urquiza”. Este rasgo sería digno de una pobreza historiográfica que, lejos de reivindicar su existencia, lo catapultaría, sin pausa, hacia el abismo de los infiernos y la desdicha. Aclarado lo anterior, metámonos en su desconocida biografía.

Nicomedes Coronel, al que también se lo conoció como Nico Coronel, había nacido en la República Oriental del Uruguay, siendo sus padres don Juan Francisco Coronel Muniz (1809-1858) y doña Dionisia Cavero (1810-1898). Se desconoce el año exacto de su natalicio.

Un tío de Nicomedes, de nombre Dionisio Coronel, fungió como caudillo y jefe político del Partido Blanco del brigadier general Manuel Oribe, trabando lucha contra Fructuoso Rivera en 1844 cerca de la localidad uruguaya de Melo. Años más tarde, por 1860, era tal su prestigio que el presidente Bernardo Prudencio Berro (2) lo designa Comandante Militar de Cerro Largo. Se aprecia en este familiar de Nicomedes Coronel, entonces, una fuerte raigambre de cuño federal que, en alguna medida, exaltó su joven espíritu y acendró su carácter cuando adulto.

Revistó don Nicomedes Coronel durante algún tiempo como Comisario de Policía en el pueblo de Aceguá, Uruguay, el cual se sitúa en el límite con Brasil. Allí va a cometer, junto a una gavilla, un doble crimen que tomó notoria relevancia por la investidura de los occisos: las víctimas fueron, el Teniente Alcalde de Aceguá, don Juan Campón (3), y un hacendado de la zona llamado Leonardo Pereyra da Silva.

Mayordomo de Urquiza


Por este episodio, Coronel y sus compañeros cayeron detenidos y fueron trasladados prisioneros a la cárcel de Melo. Tiempo después lograron fugar y, al menos Nicomedes Coronel, cruzó el río Uruguay para instalarse en la Confederación Argentina. Este momento podemos ubicarlo en el año 1861, que es cuando un amigo de Coronel, el general Lucas Moreno (4), lo recomienda a Urquiza para su protección.

El autor Manuel Macchi presenta este momento, diciendo que tal pedido se debió a que Urquiza era una suerte de “protector de los desvalidos” y que Nicomedes Coronel, apremiado por la persecución que recaía en su contra por los crímenes de Aceguá, bien podía ser ayudado por el hombre político más importante de la Provincia de Entre Ríos.

En una carta que el general Moreno le dirigió a Urquiza el 23 de febrero de 1861, le mandó decir lo siguiente:

“Me permito recomendar a V. E. el ciudadano D. Nicomedes Coronel que se halla en Entre Ríos y que pertenece a una familia de mi amistad. Él es un joven laborioso y honrado y anhela tener una colocación para trabajar. A. V. E. protector de los hombres laboriosos y desgraciados es a quien pido amparo para mi recomendado”.

Urquiza, sin perder tiempo, le da un empleo a Nicomedes Coronel como capataz, administrador o mayordomo en la Estancia “San Pedro”, que era propiedad suya, la cual quedaba distante seis leguas del famoso Palacio San José. Aquí, Coronel va a vivir por casi una década junto a su esposa (5) y seis hijos, algunos de los cuales fueron ahijados de Urquiza. Cada tanto, Coronel solía pasearse por San José para ir a conversar con Urquiza, granjeándose una insospechada amistad si tenemos en cuenta el desenlace de 1870.

No obstante, nuestro biografiado también va a emplearse en otra estancia, denominada “Santa Cándida”, extensión que también pertenecía al general Justo José de Urquiza, y que evocaba el nombre de su madre. Quedaba en las afueras de Concepción del Uruguay, uno de los epicentros políticos y educativos del Entre Ríos de entonces.

Durante un envío de hacienda que hizo desde la Estancia “Rincón del Calá” (6) hasta la Estancia “Santa Cándida”, don Nicomedes Coronel fue visto por el escritor Martiniano Leguizamón quien, para ese tiempo, era un niño y frecuentaba el primero de los establecimientos en razón de que era un dominio de su padre, el coronel Martiniano Leguizamón. Ya de grande, el literato anotó unas interesantes impresiones que le causó el semblante de Coronel:

“Lo veo patente y si supiera dibujar ensayaría trazar su imborrable perfil sin que le faltara un solo detalle. Tenía ese rostro pálido y macilento con que suelen representar a los nazarenos; el bigote fino, la barba negra, rala y larga, y la cabellera enrulada que, echada hacia atrás, caía sin gracia rozándole los hombros. Los ojos pequeños, renegridos, como dos piedras duras miraban desde el fondo de las cuencas hondas con ese brillo frío del ojo de la víbora, causando inquietud”.

Y referido a la vestimenta usada por el sargento mayor Coronel, esto decía:

“Vestía una blusa oscura, amplia bombacha de merino y un chambergo de felpa con el ala volcada hacia adelante, como para ocultar la mirada recelosa. Llevaba altas botas granaderas, calzadas con espuelas de plata, y en la mano un pesado arreador de larga azotera trenzada. Ceñía a la cintura un tirador tachonado con monedas de plata y rosetas de oro, del que sobresalía atravesado sobre los riñones, la empuñadura del facón”.

Tan pintoresca descripción, no hace más que advertir la agreste galanura de un paisano de pura cepa. Nicomedes Coronel no solamente era un gaucho auténtico del litoral, sino que, además, sabía leer, redactaba con corrección y era poseedor de una excelsa caligrafía. No era, pues, un criollo cualquiera.

Para concluir con este apartado, agregamos que Coronel visitó con alguna frecuencia la nombrada estancia del padre de Martiniano Leguizamón, como lo prueba una estadía de varios días que hizo en mayo de 1869. Esa vez, lo acompañaba el paisano Ambrosio Luna, también protagonista del asesinato contra Urquiza un año más tarde. (7)

Motivos de una decisión


Como todo buen criollo, don Nicomedes Coronel advertía la injerencia extranjera que asolaba al país casi dos décadas después de la derrota de Rosas en Caseros. Aquél se sentía un ser extraño en su propia tierra, un desplazado –o próximo a serlo- por la novedad del “progreso”, del “mundo libre” o del liberalismo humillante.

Dicho lo anterior, podemos inferir que Coronel tuvo motivos más que suficientes para introducir en las carnes del habitante de San José el puñal que llevaba entre sus ropas.

Así, por ejemplo, el nobel Nicomedes Coronel, como su tío Dionisio, fervorosos adherentes del blanco Bernardo Berro, apoyaron su ascenso al poder en Uruguay el 1º de marzo de 1860, terminando con siete años de gobiernos colorados o riveristas. Ese acontecimiento de 1860, sin embargo, no fue bien visto por Urquiza, motivo suficiente para generarse la bronca y el desprecio de “los emigrados blancos y los mismos partidarios de la revuelta (de los blancos de Berro)”, agrega Macchi.

En este sentido, Coronel era simpatizante del Partido Blanco fundado por Oribe porque en su familia había guerreros de esa causa, y porque su amigo, el general Lucas Moreno, el mismo que lo acercó a Urquiza en 1861, también había combatido en las filas blancas hasta la capitulación del Defensor de las Leyes en octubre de 1851.

Otro motivo, tiene que ver con su desconfianza hacia los extranjeros. Nicomedes Coronel advirtió, en octubre de 1866, que su propiedad estaba siendo invadida por un inglés que acababa de adquirir unos campos lindantes. “Yo temo mucho –escribió Coronel- a los extranjeros por la poderosa razón que nos están tragando insensiblemente”.

Hubo quienes advirtieron en 1868, que los campos que administraba Coronel se encontraban algo abandonados, sin el esmero que él mismo le dedicaba para mantenerlos cuidados y prestos para el normal desarrollo de las actividades rurales. Además, Nico Coronel ya tenía bajo su cuidado las estancias “San Pedro”, “Santa Cándida” y, como última expansión, la finca “Santa Rosa”.

Una persona de nombre Juan P. Solano le había hecho saber al propio Urquiza la desatención que Coronel dispensaba a sus campos. Al enterarse Coronel, éste salió a desmentirlo en reiteradas cartas que envió a conocidos y amigos. El 30 de mayo de 1868, escribió a uno de ellos, Mariano Aráoz de La Madrid, a quien le expuso que “si Solano está acostumbrado a andar con intrigas, conmigo no ha de ser, esto le aseguro como amigo que soy de Ud”. Y el 10 de febrero de 1869, Nicomedes Coronel le escribió a Urquiza que él no estaba implicado “con los hombres que quieren ofender su persona”.

Las cinco puñaladas


Teniendo en cuenta la confianza que Urquiza le tenía a Coronel, nada hacía suponer la participación de éste en los hechos ocurridos en el Palacio San José en 1870. Sin embargo, todos los que participaron del suceso tenían, al igual que Nicomedes Coronel, profundas convicciones o recelos en contra del general entrerriano como responsable de buena parte de las desgracias que entonces vivía el país y, por qué no, la región. (8)

Los ultimadores de Urquiza se concentraron el 9 de abril de 1870 en la Ea. “San Pedro”, y, como bien nos lo dice Fermín Chávez, allí Coronel tenía “a sus órdenes unos veinte hombres, algunos de ellos peones de don Justo”. A ellos se les sumaría una partida de hombres provenientes de la estancia que en Arroyo Grande poseía el general Ricardo López Jordán hijo, al mando del sargento mayor Vera (9) y el capitán Mosqueira.

Reunida una partida de 50 hombres, el coronel Simón Luengo ordenó a las 14 horas del 11 de abril de 1870 enfilar hacia el Palacio San José. López Jordán quería que a Urquiza se lo capturara vivo y, de acuerdo al testimonio posterior que brindó el capitán José María Mosqueira en el juicio que se le siguió, que lo llevaran ante su presencia.

Hay que decir que en San José existió una pequeña guarnición que resguardaba la seguridad de Urquiza y su familia a 1700 metros del palacio, a cuyos servicios estuvo destinado el subteniente Julio Argentino Roca entre 1858 y 1859. Fue esa guarnición la que detuvo, momentáneamente, la irrupción de las fuerzas del sargento mayor Robustiano Vera, que tenía la misión de entretener a quienes iban a capturar al entrerriano con Simón Luengo y Nicomedes Coronel.

Dentro del Palacio San José, tampoco se cumplía lo planificado, esto es, capturar a Justo José de Urquiza por sorpresa, pues advertido por el tiroteo que se había desatado en las afueras logró tomó un arma y, mientras huía hacia el interior de las habitaciones, efectuó algunos disparos. Uno de ellos dio en el cuerpo de Ambrosio Luna. Los demás continuaban avanzando hacia el objetivo.

En la hecatombe, un tiro de Ambrosio Luna le da a Urquiza en el lado izquierdo de su rostro, tumbándolo, herido, en el suelo. Lo abrazaba su hija Dolores. Entonces, lejos de seguir la regla máxima de aquella justa, como era la de capturar con vida a Urquiza, Nicomedes Coronel, sin piedad y vengando algunas injusticias acumuladas por durante varios años, desnuda su puñal y se lo hunde en el pecho a Urquiza en cinco oportunidades, causándole la muerte. De modo inobjetable, Coronel pasaría a la eternidad como el autor material del crimen.

Entre el 12 y 13 de abril de 1870, el médico de Policía, Esteban del Castillo, había indicado que al examinar el cuerpo del occiso vio que las cuatro o cinco heridas que el mismo tenía “habían sido producidas por un instrumento agudo y cortante” y que eran profundas, por cuanto “sondeándolas con el dedo no tocaba su profundidad en algunas”. A su vez, no hubo dudas de que el deceso de Urquiza fue producto de las puñaladas que le hizo Nicomedes Coronel, dado que, una autopsia realizada en octubre de 1951 sobre el cadáver, reveló que “la referida herida de bala no le produjo la muerte, sino las lesiones de arma blanca posteriores”.

Dolores Urquiza Costa, una de las hijas mayores de Justo José, declararía que uno de la partida –no sabía si Mosqueira, Simón Luengo o Álvarez- le dijo mientras herían de muerte a su padre: “Con ustedes no es la guerra sino con el tirano y sus hijos varones”. Y una vez consumado el asesinato, escuchó que los conjurados gritaron: “Ya murió el tirano vendido a los porteños. ¡Viva López Jordán!”.

La posteridad


La única persona que fue capturada después del asesinato de Urquiza, fue el capitán Mosqueira; los demás lograron darse a la fuga. Así aconteció con Nicomedes Coronel, quien regresó a la República Oriental del Uruguay, presumiblemente ayudado por algunos viejos partidarios blancos.

En suelo oriental, Coronel decidió unirse a las filas del caudillo blanco Timoteo Aparicio cuando, en 1870, se preparaba para lanzar la “Revolución de las Lanzas” contra los miembros del Partido Colorado que, desde 1865 y hasta 1868, habían perseguido a los del Partido Blanco o Nacional con saña particular.

No obstante, Nicomedes Coronel ya se había ganado una mala fama por haber dado muerte a Justo José de Urquiza, el cual, dada su característica dualidad, conservaba amistades de años con algunos militares blancos a quienes había dado cobijo en esos años de dictadura colorada.

Por eso mismo, el coronel Ángel Muniz expulsó de las tropas revolucionarias a Nicomedes Coronel en ese mismo año de 1870, o sea, le negó su participación junto a Timoteo Aparicio.

De este modo, Coronel vivió el final de su carrera militar en el Plata, y sabiéndose perseguido y vituperado por propios y ajenos, decidió exiliarse en la zona de Río Grande do Sul, Brasil. Y fue allí, en la localidad de Saõ Gabriel, donde halló la muerte en noviembre de 1894 (10) de forma natural.

Para terminar con esta nota biográfica, diremos que en 1872 la señora Justa Urquiza, que había casado con el general Luis María Campos, al quedar como heredera de la Estancia “San Pedro”, lo primero que hace al tomar posesión de la misma es demoler la casa que habitó Nicomedes Coronel con su familia. En su lugar, hizo levantar una construcción de cuatro piezas o habitaciones que Justa Urquiza disfrutó hasta el final de sus días.

Referencias


(1) Luengo fue, nos dice el cronista Rodolfo Barraco Mármol, un agricultor que cultivaba “sabrosísimas manzanas” en una quinta que poseía en Córdoba capital a comienzos de la década de 1860. Desde la provincia mediterránea apoyó la causa federal y alcanzó la jerarquía de lugarteniente del caudillo riojano Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, a cuyas órdenes se alzó en armas en 1863. Unos años antes, por 1859, su nombre salía en las hojas del diario La Voz del Pueblo, órgano que pertenecía a los federales “rusos” de Córdoba, o sea, a los que eran como Luengo.
(2) Como miembro del Partido Blanco o Nacional, Bernardo Berro resultó un activísimo colaborador de Oribe, sirviéndole como ministro de Gobierno e integrante del Tribunal Supremo del Gobierno del Cerrito (1845-1851).
(3) En abril de 1857, Juan Campón fue una de las personalidades encargadas de trazar los límites territoriales entre el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay en el punto extremo de Aceguá.
(4) El general Moreno (1821-1878) también era de nacionalidad uruguaya y miembro del Partido Blanco. Se vinculó a Justo José de Urquiza en 1838, cuando éste le dio protección a Moreno tras el golpe de Estado de Rivera contra Manuel Oribe. En 1848 ganó enorme prestigio como militar cuando recuperó la ciudad de Colonia, que desde 1845 estaba en manos de fuerzas riveristas (Gobierno de la Defensa).
(5) La señora esposa de Nico Coronel fue su prima Elmira Coronel. Contrajeron nupcias el 8 de abril de 1860 en Río Branco, Cerro Largo, Uruguay. Los padres de Elmira se llamaban José Pío Coronel Muniz y María de las Mercedes Cordero.
(6) Quedaba a pocos kilómetros de Rosario del Tala y cerca del arroyo Calá, en la Provincia de Entre Ríos, de allí su nombre.
(7) Luna era capataz y esquilador en la Ea. “San Juan”, que estaba próxima a la Ea. “San Pedro” donde trabajaba Coronel.
(8) Los que fueron de la partida que entraron a caballo en San José, eran, entre otros: Pedro Aramburu (criador de ovejas); Facundo Teco (marcador de ganado); y, el capitán Juan Pirán (pulpero en el distrito de Gená que sabía leer y escribir con corrección).
(9) El sargento mayor Robustiano Vera entró en contacto con Urquiza en 1860. Era representante en el periódico “El Eco de Corrientes”, donde hizo algunos aportes don José Hernández. Una particularidad: Vera ofició como tropero, tarea a través de la cual entró en contacto con López Jordán en su finca de Arroyo Grande.
(10) Según otra fuente, Nicomedes Coronel murió en San Juan Bautista, Brasil, en 1890.

Por Gabriel O. Turone

Bibliografía:


-Brun Almirati, Amilcar. “Cronología departamental comparada de Treinta y Tres. 1737-1903”, 2003.
-Chávez, Fermín. “Vida del Chacho”, Ediciones Theoría, 1974.
-Leguizamón, Martiniano. “Rasgos de la vida de Urquiza”, Buenos Aires, 1920.
-Macchi, Manuel E. “Urquiza, última etapa”, Editorial Castellvi, Santa Fe, 1974.

martes, 28 de junio de 2016

Argentina: El golpe de 1966

A 50 años del golpe de 1966: un tiempo en el que todos eran víctimas y victimarios
Por Claudio Chaves | Infobae




Arturo Umberto Illia, su presidencia duró del 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966 Arturo Umberto Illia, su presidencia duró del 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966
Una primera reflexión sobre el abordaje de la década del 60 del siglo XX obliga al historiador o al cientista social a despojarse de aquellos principios y valores del presente, capaces de contaminar el escenario a estudiar. Similar a la labor del arqueólogo que se ve obligado a preservar el ambiente donde su pieza fue hallada. Pues texto y contexto definen al conjunto.

De modo que una aproximación al momento indica que, al menos en América Latina, seguían vigentes en los años 60 los fundamentos ideológicos forjados luego de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo y el comunismo surgidos de las ruinas bélicas impusieron a fuerza de revolución y golpes de mano su intemperancia de vértigo. La industrialización forzosa desde el centro del Estado como valor único de redención económica. La democracia de masas por fuera de la vida institucional, a la que se juzgaba perezosa, lenta y formal. El intervencionismo de Estado y la consecuente planificación económica como remedio a las fuerzas inorgánicas del capitalismo. Y una valoración de la fuerza como método de resolución de los conflictos sociales. Fueron estos algunos de los principios vigentes que permearon a la totalidad de los partidos políticos argentinos, sin excepción.

Ingresamos a la década del sesenta arrastrando sin resolver el malestar social y político ocasionado por el desplazamiento revolucionario del peronismo, en setiembre de 1955. Malestar hacia ambos lados del conflicto. El peronismo, por su proscripción, persecución y extrañamiento de la vida política, y la Revolución Libertadora, por su evidente fracaso en todos los frentes. Su última jugada antes de ingresar en el túnel del descrédito, le salió mal. Apostaron a que la Unión Cívica Radical fuese la heredera del golpe septembrino, capaz de cuidar sus espaldas al dejar el poder. Pero el viejo partido de Hipóliyo Yrigoyen se quebró y todo se fue al demonio. Apareció la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) bajo la conducción de Ricardo Balbín, amigable con los golpistas, y la Unión Cívica Radical Intransigente que, bajo la conducción de Arturo Frondizi, se alejó lentamente del golpe acercándose al peronismo interdicto, incluyendo por ejemplo en su gobierno acuerdos petroleros con empresas norteamericanas similares a los procurados por Perón con la California. El acuerdo Perón-Frondizi fue, de algún modo, un intento fallido de solución democrática y de integración política en una época que no creía en esos valores.


Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, referentes de las dos corrientes en que se dividió el radicalismo a fines de la década del 50

Perón aceptó el acuerdo para retornar indirectamente a la vida política y obtener de esa manera una solución para su electorado, al comprometerse el candidato intransigente a la sanción de una Ley de Asociaciones Profesionales que permitiera el retorno de los dirigentes sindicales peronistas a los gremios y un aumento masivo de salarios que finalmente Frondizi realizó en el cálculo de alzarse con el peronismo si las cosas le iban bien. Los militares "libertadores" más antiperonistas observaron horrorizados su fracaso, a la espera de enmendar lo actuado y desplazar a don Arturo por su espurio acceso a la Casa Rosada. La espera dio sus frutos, aunque en treinta oportunidades intentaron apurar el trámite, pues Frondizi, convencido de que después de cuatro años de gobierno los guarismos electorales le serían favorables, convocó a elecciones a gobernadores en catorce provincias, tranquilizando a los militares pues su triunfo estaba asegurado, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Las cosas no salieron como pensaba y el peronismo ganó en diez provincias, camuflado bajo distintos nombres: Unión Popular, Bandera Popular, Tres Banderas, Partido Laborista, entre otros. Frondizi perdió en Buenos Aires y su futuro acabó allí. Su primera reacción fue intervenir las provincias, pero eso no afectaba a los ganadores sino que desplazaba a los gobernadores salientes, de modo que los militares no esperaron más y lo desalojaron del poder, anulando inmediatamente el acto electoral. Se avecinaban tiempos peores.

Del antiguo bloque compacto del anti peronismo del 55 no quedaba nada. El radicalismo, dividido y enfrentado (la UCRP de Balbín había incluso apoyado el desplazamiento de Frondizi), los conservadores, divididos, los socialistas, divididos, los liberales, igualmente divididos, y, lo más grave, los propios militares golpistas divididos: azules y colorados. Los azules por otra parte tampoco eran unívocos: estaban los que procuraban integrar al peronismo sobre la base de olvidar a Perón, razón por la que miraron con simpatías a Frondizi, quedando encolerizados con sus pares antiperonistas extremos (colorados) que lo habían echado del poder; estaban también los que pugnaban por una Dictadura Militar con apoyo corporativo de empresarios, obreros y la Iglesia Católica.

Los colorados, por su lado, buscaban lisa y llanamente una Dictadura que erradicara, para siempre y como fuera, al peronismo y a sus amigos, contando para la faena con el apoyo de algunos partidos "democráticos" como la UCRP de Balbín o el socialismo de Américo Ghioldi, capaces de adornarlos con algún ropaje popular. Los colorados también tuvieron deserciones, como fue el caso del general Pedro Eugenio Aramburu, que los abandonó al crear un partido, Udelpa (Unión del Pueblo Argentino), pergeñando la osada idea  de  integrar al peronismo a la vida institucional. El asunto no era sencillo puesto que la democracia social que proponía el justicialismo llevaba implícita la idea de revolución permanente, algunas veces por encima de las instituciones republicanas (aunque el General luego de los bombardeos de junio del 55 aseguró que la revolución había terminado); esta concepción de democracia plebeya había que trocarla necesariamente por una "democracia formal" que integrara al caudillo al libre juego de las instituciones y la división de poderes. Y esto requería un esfuerzo de ambos sectores. Lamentablemente no pudo darse por aquellos años.


El general Pedro Eugenio Aramburu

Azules y Colorados se enfrentaron en setiembre de 1962 y en abril de 1963, venciendo los primeros bajo la Jefatura del general Juan Carlos Onganía. Fueron convocadas nuevas elecciones a realizarse ese año. Frondizi y Perón acordaron una fórmula conformada por Vicente Solano Lima y Carlos Sylvestre Begnis. Balbín, jefe de la UCRP, desistió de su candidatura, porque imaginaba un tercer puesto detrás de Solano Lima y Aramburu, prohijando la fórmula Arturo Umberto Illia y Carlos Perette. Pero las cosas mudaban día a día y, al ser proscripta la candidatura de Solano Lima y Sylvestre Begnis, la compulsa se dio entre Illia, Aramburu y Oscar Alende, que ya había tomado distancia de Frondizi. Balbín, sorprendido en su mal cálculo, rumió un enorme disgusto, al triunfar la fórmula radical que él no había querido integrar.

Illia asume la presidencia con el 25% de los votos frente a un 20% en blanco, duramente peronista, con un Ejército en manos de los Azules que ya no creían en la UCRP y que, con la sangre en el ojo, esperaban el momento de devolverle el golpe, por la responsabilidad que le cupo a Balbín en el derrocamiento de Frondizi. La UCRP pagaría su tributo en carne propia al golpismo que había iniciado pues todas las formaciones políticas de entonces fueron víctimas y victimarias. El peronismo, al ver cerradas las puertas de acceso a la vida política, pegó un violento giro a la izquierda, complicando su institucionalización, y el sindicalismo, al ver trabado el retorno de Perón en diciembre de 1964 –el general fue retenido en Brasil por orden de Illia-, adhiere a la posibilidad de que algún militar eche a andar un nuevo proceso "popular". Lo cierto fue que ni el peronismo lograba imponerse, ni el antiperonismo alcanzaba el éxito final. Buscaban destruirse y no lo lograban. Cargaban sus mochilas con el odio propio de una etapa que se niega a resolver las diferencias en el marco de las instituciones. Si bien se mira, todo estaba dado para el juego virtuoso de la democracia, donde las diferencias son la fortaleza del sistema. Lamentablemente no era el tiempo ni la hora. Illia, dispuesto a permitir la participación electoral del peronismo, avaló su asistencia en las elecciones de Mendoza de 1965, desatando la furia "gorila". Los azules, entonces, promotores de la Revolución Nacional, no esperaron más y el 28 de junio de 1966 arrojaron fuera de la casa de gobierno al hombre de Cruz del Eje.


El presidente Arturo Illia abandona la Casa de Gobierno, ocupada por los militares, junio de 1966

Los otros conflictos del 60


Hubo durante esos años otros problemones, tanto o más graves que los anteriormente observados y que, por la brevedad de este artículo, no pueden ser desarrollados como el asunto amerita. De modo que los enunciaré por arriba a los efectos de tenerlos presentes pues sin ellos la comprensión del período resulta renga.

  • En la década del sesenta se alcanza el punto más alto de la Guerra Fría. La Unión Soviética ha logrado éxitos impensables en el campo científico y militar. El Sputnik en el espacio, la perra Laika paseando en la estratósfera y Yuri Gagarín dándole vueltas a la tierra; fue todo un símbolo de poder vertiginoso. Si a esto le adicionamos el desarrollo exponencial de la energía nuclear, entonces Occidente tenía razones para preocuparse. El triunfo final del socialismo no era una quimera, era una posibilidad palpable. La Revolución Cubana y el ingreso de América al conflicto nos enfrentaron de lleno a ese peligro. Las Fuerzas Armadas no fueron ajenas a esta guerra.
  • La retirada de Inglaterra de nuestro horizonte económico como mercado seguro, más la creación del Mercado Común Europeo dejó a nuestras exportaciones agrarias huérfanas de consumidores, adicionando a esto el deterioro de los términos de intercambio. Por varios años, nuestras exportaciones no superaron los mil millones de dólares.
  • En ese marco, la sustitución de importaciones y la producción industrial para el mercado interno alcanzó un límite que sólo podía ser superado, momentáneamente, por constantes devaluaciones, provocando la caída del salario urbano, el retroceso industrial y un enorme malestar social, dejando en evidencia la crisis de un modelo dependiente de la riqueza agraria y al cual había que ajustar. ¿Quién le pondría el cascabel al gato?
  • Por su parte la Iglesia y su opción por los pobres, luego de Medellín, fue con frecuencia leída como un aval o una no condena a los métodos violentos, lo que colmó la medida de un tiempo desgraciado.

Todo, absolutamente todo lo enumerado, se nos vino encima por aquellos años de la peste haciendo de esta década una de las peores de nuestra historia, paradójicamente en el marco mundial de un Estado de Bienestar que alcanzaba su pico más alto facilitando un revival, en este caso masivo y popular, de los elitistas años locos de la década de 1920.

domingo, 7 de septiembre de 2014

Militares en Argentina: El Gral. Auel sobre el Plan Cóndor y otros temas recientes

Interesante testimonio sobre el Plan Cóndor y la infiltración británica en la clase política argentina

Imperdible comentarios de este oficial del Ejército Argentino. Emisión en bruto el Testimonio del Gral. Heriberto Auel en el Tribunal Criminal Oral Federal Nº1 el pasado 21 de marzo de 2014. Sepan disculpar los inconvenientes y esperamos que este testimonio sirva para demostrar que Jueces, fiscales y denunciantes exponen su total ignorancia para juzgar sobre la formación de un soldado y las funciones que cumplen las FFAA en el ámbito nacional e internacional. Agradecemos al Dr. José María Soaje Pinto por este aporte trascendental para el conocimiento de todo el pueblo argentino.


lunes, 1 de septiembre de 2014

Guerra contra la Subversión: El decreto de purificación anticomunista del peronismo

Texto completo del “Documento Reservado” del 1º de Octubre de 1973



El incumplimiento de esta Orden Reservada del General J.D.Perón, después del asesinato de José Ignacio Rucci, es el principal  motivo de lo que hoy padecemos. Si nuestra generación no lo hizo, por error, omisión o conveniencia, es hora que las nuevas generaciones comiencen a "peronizar" nuevamente a nuestro Pueblo y a exterminar a los "falsos" peronistas de nuestras filas. Al Pueblo lo que es del Pueblo, a los traidores y a los enemigos ¡¡¡Ni Justicia !!!
Consejo Superior Peronista

1° de octubre de 1973

I. Situación

1. El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes.
Esta guerra se ha manifestado de diversas maneras;  por ejemplo:

a. Campaña de desprestigio de los dirigentes del Movimiento buscando ridiculizarlos mediante slogans, estribillos o insultos, atribuyéndoles defectos personales e imputándoles "traición" al general Perón o a la doctrina.

b. Infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no pueden concitar, tal que resulten orientando según sus conveniencias.

c. Amenazas, atentados y agresiones destinadas a crear un clima de miedo o desconfianza en  nuestros cuadros, y a intimidar a la población en general.

d. Asesinato de dirigentes peronistas.

2. El estado de guerra así planteado se dirige en el fondo contra el país, ya que si bien aparenta afectar a nuestro Movimiento, tiende a impedir la  constitución y actuación del gobierno que presidirá el general Perón por decisión mayoritaria del pueblo argentino.
El crimen cometido contra el compañero Rucci, particularmente por el modo y la oportunidad en que fue consumado, indica que se trata de destrozar al Movimiento Nacional Peronista y a sus dirigentes, creando al mismo tiempo una situación de caos social, que haga posible la frustración del gobierno del Pueblo.

3. Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes.

II. Directivas
1. Movilización:
El Movimiento Nacional Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta guerra. Quien rehúya su colaboración para esta lucha, queda separado del Movimiento.

2. Reafirmación doctrinaria:
Debe realizarse una intensa campaña para difundir y reafirmar los principios doctrinarios del Movimiento, esclareciendo sus diferencias fundamentalmente con el marxismo. En esta campaña no se admitirá intromisión alguna de elementos pro marxistas, con pretexto de polémica u otro similar, y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de difusión del Movimiento.

3. Información:
Se debe hacer saber a los dirigentes de todos los niveles y a la masa peronista la posición que toma el Movimiento en relación a los grupos marxistas, explicando las circunstancias determinantes y llevando a su convicción la necesidad de participar en forma activa en la lucha contra nuestros enemigos.

4. Definiciones:
Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Asimismo, deberán acatar estas directivas.

5. Unidad:
Para esta lucha es fundamental consolidar la unidad del Movimiento. Para ello:

a. Las orientaciones y directivas que emanen del general Perón en el orden partidario o en función de gobierno, serán acatadas, difundidas y sostenidas sin vacilaciones ni discusiones de ninguna clase, y ello como auténtica expresión de la verticalidad que aceptamos los peronistas.

b. Nadie podrá plantear cuestiones personales, o disensiones de grupos o sectores, que afecten o entorpezcan la lucha contra el marxismo.

c. En cada rama del Movimiento se actuará con estricta disciplina, para cumplir los programas o planes de acción que se elaboren por las direcciones superiores correspondientes.

d. No se admitirá comentario, estribillo, publicación o cualquier otro medio de difusión que afecte a cualquiera de nuestros dirigentes. Quien lo utilice o quien los reproduzca o tolere, será considerado enemigo del Movimiento y quedará expulsado del mismo. La defensa de todos comienza en la defensa de cada uno.

e. No se admitirá que ningún grupo utilice expresiones destinadas a menoscabar a otros grupos peronistas, o a exaltar el propio grupo en desmedro de los demás.

f. Las cuestiones que se susciten en el orden partidario se plantearán por vía reservada a la autoridad superior del Movimiento que corresponda en cada rama. Ninguna cuestión interna se considerará más importante que la lucha emprendida ahora.
g. Las objeciones a actos de gobierno producidas por los peronistas que ejercen funciones públicas se harán también por vía reservada, al funcionario peronista de mayor jerarquía que corresponda, con comunicación a la autoridad superior del Movimiento en cada rama.

h. Debe excluirse de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus actos.

i. En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación.

j. Se prestará apoyo solidario a todo compañero o grupo que pueda ser afectado a raíz de actos de lucha cumplidos en razón de esta campaña que se inicia.

6. Inteligencia:
En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará.

7. Propaganda:
Se impedirá toda propaganda de los grupos marxistas máxime cuando se presenten como si fueran peronistas, para confundir. Se impedirá la difusión por todos los medios.

8. Participación popular:
Se esclarecerá ante la población de cada lugar cuál es la posición del Movimiento y las motivaciones y sentido de esta lucha; todo ello para suscitar el apoyo y la participación de todos en la misma.

9. Medios de lucha:
Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito.

10. Acción de gobierno:
La actuación de los compañeros peronistas en los gobiernos nacionales o provinciales o municipales, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse a los propósitos y desenvolvimiento de esta lucha, ya que a ellos compete la principal responsabilidad de resguardar la paz social. En tal sentido:
a. Deberán impulsar de inmediato el cumplimiento de medidas tendientes a dar vigencia a los principios del justicialismo.
b. Deberá actuar en permanente comunicación con los sectores populares y velando por la solución de los problemas.
c. Deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor.
d. Deberán prestar la mayor colaboración a los organismos del Movimiento movilizados en esta lucha.

11. Sanciones:
La defección de esta lucha, la falta de colaboración para la misma, la participación de cualquier clase en actos favorables al enemigo y aun la tolerancia con ellos, así como la falta de ejecución de estas directivas, se considerará falta gravísima, que dará lugar a la expulsión del Movimiento, con todas sus consecuencias.

Teniente General Juan Domingo Perón

Recopilado por: Gabriel Martin



jueves, 12 de junio de 2014

Hitler: Las Autobahn cimentaron el poder político del Führer


Como el sistema de carreteras de Alemania ayudó a Hitler a subir al poder
Por Eric Jaffe, CityLab


Tomaron el camino de abajo. AP Photo

Hoy se cumple el 70 aniversario del Día D, entre los momentos más importantes del evento más crucial del siglo 20. El desembarco en la playa de Normandía no puede haber tenido un impacto directo sobre la naturaleza de las ciudades de Estados Unidos, excepto en la medida en la vida estadounidense no era el mismo que hoy en adelante. Pero en el espíritu de mirar hacia atrás en esa época que dirigimos nuestra atención a algo con muy clara relevancia para el carácter de nuestras áreas metropolitanas: la Autobahn.

Impresionante red de carreteras de Alemania, en parte inspiró el Sistema Interestatal de Carreteras que cambió la forma de las ciudades americanas (para bien y para mal). También podría haber acelerado el ascenso de Hitler al poder.

Esa es la conclusión alcanzada por los economistas Nico Voigtlaender de UCLA y Hans-Joachim Voth, de la Universidad de Zurich en un documento nuevo y fascinante trabajo sobre el papel de la autopista en el régimen nazi. Mediante el análisis de los registros de votación, entre noviembre de 1933 y agosto 1934 junto a los patrones de la carretera, Voigtlaender y Voth encontraron que cualquier oposición a Hitler volvió a su favor significativamente más rápido en las zonas donde la autopista se está construyendo que en otros lugares. Con el país todavía se está recuperando de la Gran Depresión, los alemanes podrían haber visto las nuevas carreteras como una señal de que el régimen de Hitler podría reactivar la economía.

"Encontramos una fuerte evidencia de los cambios en el comportamiento electoral en uno de los ejemplos más sobresalientes de gasto en infraestructura", dice Voigtlaender CityLab. "Además, se muestra esto en un contexto de atraer votos de la oposición-es decir, las personas que eran más difíciles de convencer."

Como Hitler llegó al poder en 1933, quería demostrar que su gobierno podría hacer las cosas en una forma en que el gobierno de Weimar no tenía. La construcción de la autopista fue la demostración perfecta. Hitler comenzó la construcción de la red de carreteras en septiembre de 1933-diciéndole a la multitud a "ponerse a trabajar", y dentro de un año la construcción estaba en marcha en 11 los principales corredores. La propaganda que siguió se refirió a "los caminos del Führer", como una manera de conectar la terminación de la carretera con un régimen nazi eficaz.


Un mapa que muestra la red de carreteras de Alemania en 1934

Voigtlaender y Voth estudiaron el efecto de este programa de infraestructura examinado los resultados de dos votos en todo este tiempo:. Unas elecciones parlamentarias en noviembre de 1933, y un referéndum para que Hitler líder supremo en agosto de 1934 Ni elección fue una libre. Tropas de asalto se cernía sobre los colegios electorales y los votantes coaccionados. Pero la oposición aún existía. Más de un cuarto de Hamburgo y Berlín votantes rechazó candidatos nazis en la elección '33, y casi una cuarta parte de los votantes de Aquisgrán echada "no" en la boleta electoral '34.

Registros de votación de emparejamiento durante 901 condados con la geografía de la red de carreteras emergente revelaron diferencias claras en los turnos de votación pro-nazis durante este 9 meses estiramiento. Mientras que los votos en contra del régimen se redujeron en un 1,6% de media, los votos de la oposición se redujo en un 2,4% en recintos cercanos construcción Autobahn. Dicho de otra manera, las personas que viven cerca de una nueva carretera eran más rápidos a aceptar a un gobierno nazi.

El siguiente mapa muestra que las áreas donde se está construyendo la carretera (líneas negras) tendieron a alinearse con los cambios más grandes en la votación de "sí" (el más oscuro el distrito, el más grande es el columpio en la aprobación Nazi):


Mapa que muestra cambio en favor de los nazis

Como un control más en sus conclusiones, Voigtlaender y Voth regresaron a las elecciones de marzo de 1933, las últimas elecciones semi-libres de la época. Votos en contra los nazis en la que las elecciones fueron "casi idénticos" en las dos áreas de enfoque (53,8-53,3% con y sin construcción). Pero entre ese momento y agosto de 1934, la oposición nazi cayó un 15% en las zonas fuera de la huella de desarrollo de la autopista, y se redujo en un 25% en las áreas que la integran.

Voigtlaender y Voth concluyen:

"Encontramos que la oposición electoral a la dictadura naciente se redujo significativamente en los distritos atravesados ​​por la autopista. Este efecto es mucho más grande después de noviembre 1933 que antes, de acuerdo con los patrones de gasto en el tiempo. Hay un claro gradiente al colapso en la oposición - cuanto más lejos de las carreteras un distrito era, cuanto menor sea la reducción de la oposición".

El enlace es bastante convincente (los investigadores sostienen incluso, sobre la base de pruebas adicionales, que es "probablemente" causal). No es difícil imaginar cómo las cosas podrían haber desplegado. Trabajadores de la carretera pasado el dinero en las tiendas locales, generando optimismo en la economía y en el nuevo gobierno. En una escala más amplia, el régimen mostró la autopista como un signo de su capacidad para guiar a Alemania de nuevo hacia la prominencia global.

Curiosamente, escriben los investigadores, esa impresión favorable fue en gran parte una ilusión. La autopista no logró estimular tanto el empleo como lo prometió; en vez de poner 600.000 alemanes para trabajar, empleó sólo 125.000 en su apogeo. La posesión de automóviles también fue muy baja a principios de 1930, lo que limita los beneficios inmediatos de vivir cerca de una carretera. Con toda probabilidad, la recuperación económica estaba en camino con o sin el proyecto.

"Los alemanes a menudo creen que la construcción de carreteras fue el único punto brillante del régimen nazi", dice Voigtlaender. "Nuestra interpretación es que esto se basa en una interpretación errónea del verdadero efecto económico de la autopista."

Si bien la autopista podría haber ayudado a Hitler a consolidar el poder con mayor rapidez, su eventual reclamación en que el poder era inevitable, incluso en el momento. Lo mismo podría no siempre puede decir de la victoria aliada en Europa. Aunque después de las cosas del día D sin duda parecía más brillante.

Quartz

domingo, 1 de junio de 2014

Guerra Antisubversiva: La farsa de la CONADEP

La CONADEP: un organismo infame que ahora se pretende imitar 
Por Nicolás Márquez - La Prensa Popular



Si los “opositores” no tienen una idea más novedosa ni original que pretender recrear una “Conadep de la corrupción” para juzgar al kirchnerismo, mejor que se queden en sus casas. En efecto, así como el demagogo Raúl Alfonsín creó una comisión en 1984 para elevar un informe sobre los llamados “crímenes de la dictadura”, los papanatas que hacen la parodia de opositores al kirchnerismo quieren hacer lo mismo, pero a los fines de juzgar la mega-corrupción kirchnerista obrante entre el año 2003 a la fecha. Esta última apetencia no tendría nada de malo en sus propósitos, de no ser por el hecho de que la CONADEP, a diferencias de lo que se cree y de lo que se divulga de manera hegemónica, no fue un organismo modelo sino un verdadero contubernio absolutamente arbitrario e irregular que jamás debería ser reivindicado ni emulado. Asimismo, cabe agregar que para combatir a la corrupción, lo que se necesita no son organismos burocráticos conformado por amigotes del poder de turno, sino jueces imparciales que apliquen la ley sin mayores obstáculos: punto.

¿Qué fue la CONADEP?                    

Ni bien Raúl Alfonsín asumió el poder que le entregó el Presidente Reynaldo Bignone en diciembre de 1983, a efectos de comenzar a construir la mentira oficial y preparar un sainete vengativo con juicios a los militares que gobernaron el país (junto a los radicales), el 15 de diciembre de 1983 -a tan solo días de asumir-  Alfonsín emitió el Decreto 187/83 con el que se creó la CO.NA.DE.P (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), cuya finalidad sería investigar los hechos sucedidos durante la reciente guerra civil acontecida en la década anterior.

La Comisión estaba integrada por diez personas designadas en el Decreto y otras seis nombradas por el Congreso Nacional. Por el carácter y función que este organismo debía desempeñar, era de esperar que la misma fuera integrada por personalidades notables, neutrales, de espíritu humanista y desprovista de ideologismos. Sin embargo, la CO.NA.DE.P fue presidida por Ernesto Sábato, quien había estado afiliado al Partido Comunista (partido que en ejercicio del poder asesinó a más de cien millones de personas en solo siete décadas en todo el mundo). Vale decir: para “investigar” violaciones a los DDHH ocurridos en una guerra en la que de un lado estaban las FFAA. y del otro el comunismo armado (Montoneros y ERP), el presidente de esta comisión “imparcial” había estado enrolado en las filas ideológicas del segundo bando.

Si bien es cierto que Sábato fue un izquierdista de fuste, también sabemos que como militante nunca mantuvo muchos escrúpulos, pues durante el gobierno cívico-militar del Proceso de Reorganización Nacional, disfrutó de un distendido almuerzo con el entonces Presidente de la República Jorge Rafael Videla, en mayo de 1.976. Al salir del afable banquete, la prensa le preguntó a Sábato cual era su impresión sobre Videla y contestó: “El Gral. Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del Presidente. Hablamos de la cultura en general, de temas espirituales, culturales, históricos… hubo un altísimo grado de comprensión y respeto mutuo, y en ningún momento incurrimos en el pecado de caer en banalidades; cada uno de nosotros vertió sin vacilaciones su concepción personal de los temas abordados”[1]. Lo que no aclaró a la prensa el por entonces “videlista” Sábato, es que dentro del cordial almuerzo le sugirió al general Videla que “el país necesitaba un baño de sangre para purificarse. El presidente Videla, pese a estar en plena represión, le aclaró que los militares no estaban para hacer la guerra sino para evitarla y no para derramar sangre sino para intentar contenerla”[2].

Dos años después, en 1.978, Sábato ratificó su opinión “pro-proceso” diciendo a la revista alemana GEO: “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. Desgraciadamente ocurrió que el desorden general, el crimen y el desastre eran tan grandes que los nuevos mandatarios no alcanzaban ya a superarlos con los medios de un estado de derecho…los extremistas de izquierda habían llevado a cabo los más infames secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes” y haciendo un balance de la gestión en curso de Videla, remató: “Sin duda alguna, en los últimos meses, muchas cosas han mejorado en nuestro país; las bandas terroristas han sido puestas en gran parte bajo control. La democracia tiene que aprender su lección de la historia y debe saber que con los viejos métodos liberales heredados de tiempos menos problemáticos, no se pueden dominar los delirios del presente”[3]

Pero el servilismo de Ernesto no se limitó al abierto elogio para con los llamados “genocidas del proceso”, sino que su pasión por adular “golpes de estado” viene de larga data. En efecto, ya en los años de la “Revolución Libertadora” de 1.955, el perseverante golpista explayó: “En toda revolución hay vencidos. En esta los vencidos son la tiranía, la corrupción, la degradación del hombre, el servilismo. Son vencidos los delincuentes, los demagogos, los torturadores. Personalmente creo que los torturadores deberían ser sometidos a la pena de muerte”[4]. Seguidamente, su militancia “golpista” tiene lugar en la “Revolución Argentina”, llevada adelante por el Gral. Juan Carlos Onganía contra el Presidente radical Arturo Illia en 1.966, en donde Sábato apoyando el “golpe”  manifestó nuevamente su desprecio por la democracia: “Llegó el momento de barrer con prejuicios y valores apócrifos, que no responden a la realidad. Debemos tener el coraje para comprender (y decir) que han acabado, que se habían acabado instituciones en las que nadie creía seriamente. ¿Vos crees en la Cámara de Diputados? ¿Conocés a mucha gente que crea en esa clase de farsas?. Por eso la gente común de la calle ha sentido un profundo sentimiento de liberación. Se trata de que estamos hartos de mistificaciones, hartos de politiquería de comité, combinaciones astutas para ganar tal o cual elección. Ojalá la serenidad, la discreción, la fuerza sin alardes, la firmeza sin prepotencia que ha manifestado Onganía en sus primeros actos sea lo que prevalezca y que podamos al fin levantar una gran nacion, sin hipócrita acatamiento a viejos mitos políticos. Como se comprende, es mucho más lindo y viste más hablar de democracia vulnerada y otras falacias del mismo calibre. Yo prefiero equivocarme haciendo o intentando hacer algo más grande, que ser una persona correcta y honorable, contribuyendo a que nos hundamos todos en la podredumbre”[5].

Pero volviendo al Proceso, todos sabemos quiénes son los primeros en huir cuando el barco se hunde.   Sábato, tras haber almorzado y elogiado a Videla, respaldado el Mundial ‘78, y apoyado la guerra de Malvinas en 1.982, luego del llamado a elecciones efectuado por el Presidente Reynaldo Bignone previsto para octubre de 1.983, el 27 de mayo (cinco meses antes de las elecciones) se despegaba del gobierno y con admirable facilidad para el “zigzag” afirmaba: “Toda dictadura implica la violación de esos derechos sagrados. Cualquiera sean los fines invocados, no hay  persecuciones benéficas y persecuciones perversas: todas las persecuciones son innobles. No queda más camino que el de la democracia”[6].

Luego, en su cómodo rol de Presidente de la Conadep alfonsinista, Sábato se vio acompañado por personajes también de nula imparcialidad, como la dirigente Graciela Fernández Meijide, comprometida ideológicamente con la izquierda y familiarmente con la guerrilla, puesto que tuvo la desgracia de perder un hijo durante la guerra desatada por su vástago en calidad de montonero. Cuenta el guerrillero Miguel Angel Lico (uno de los pocos que conservan lealtad y reivindicación a su Jefe Mario Firmenich), que él conoció perfectamente bien a Pablo Fernández Meijide cuando militaban en la U.E.S, y agrega “Fue uno de los mejores cuadros que Montoneros tuvo en este país. Te hablo de tipos que tenían mi edad y parecía que tenían 30 años por su formación y capacidad. Pablo era montonero, aunque la señora Fernández Meijide reniega permanentemente del origen de su hijo. Lo peor que puede hacer un padre es anular su memoria”[7].

Otra integrante de la Conadep fue la conductora televisiva Magdalena Ruiz Guiñazú (progresista-caviar proveniente de una familia “paqueta” e hija de un relevante dirigente nacional-socialista). En este punto, cabe mencionar la notable capacidad de adaptación de Magdalena a las diferentes coyunturas, puesto que trabajó en carácter de periodista en canales estatales durante todo el Proceso (que hoy tanto abomina), sin cuestionar una sola coma a las presuntas “violaciones a los derechos humanos” de las que luego tanto presumió preocuparse. Asimismo, cabe destacar que no tuvo en ese lapso un rol menor, sino que fue nada más y nada menos que Vice Gerente del Depto. de Noticias de Canal 11 (que era del Estado) y fue recién en julio de 1.980 (más de cuatro años de gestión de Videla) cuando Magdalena Ruiz Guiñazú, junto a otra exponente de la prensa complaciente de entonces, Mónica Cahen D’anvers (quien durante los años del “exterminio a los jóvenes idealistas” conducía en canal 13 el ciclo “Mónica Presenta”, el noticiero de mayor índice de audiencia del país)[8] se reunieron con el General Arguindeguy, a la sazón Ministro del Interior, para hacerle reclamos (no por el supuesto “genocidio”), sino “por la censura que deben soportar los programas de radio y televisión”[9]

¿Y en qué consistía la “censura” que denunciaba Magdalena?: pues durante el lapso en el que los “Derechos Humanos” eran presuntamente conculcados, a Magdalena parecían importarle poco, ya que si bien trabajó ganando jugosos honorarios durante el gobierno de facto, la tardía abanderada de los derechos humanos se encargó de dar a conocer su rol de “víctima del genocidio” afirmando que durante aquellos años “poco a poco fueron sacándome las notas importantes o políticas y dejándome solo la lotería o los accidentes”[10]. En efecto, tal como lo confiesa Magdalena, parece que su problema con “la dictadura” obedecía a una mera cuestión vedettística al opacarse su protagonismo y figuración en la pantalla televisiva procesista.

Como si estos exponentes no bastasen como para desprestigiar (tanto  por ideologismo como por hipocresía manifiesta) al staff de la Conadep, se mencionó también a un extranjero, el Rabino Marshall Meyer de EE.UU. (quien asombrosamente fuera condecorado por el gobierno de Alfonsín con la “Orden del Libertador”) a pesar de que con anterioridad había sido expulsado de su comunidad religiosa entre otros cargos, por corrupción de menores. En efecto, Marshall Meyer fue enjuiciado por el periódico La Voz Judía –Nº 21,  noviembre de 1.983-  siendo “desautorizado moral y públicamente a ejercer el ministerio rabínico por su conducta amoral”.

El 15 de octubre de 1.971 en causa Nº 26.176 instruida en el Juzgado en lo Correccional letra I de la Capital Federal, se dicta Sentencia (posteriormente confirmada por la Excma. Cámara del mismo Fuero el 11 de agosto de 1.972) donde en su parte resolutiva el Magistrado expresa: “Aunque cueste creerlo – por su investidura, su cultura públicamente reconocida, su labor religiosa y educacional- el rabino M. Meyer ha sido eje de este lamentable proceso. Con su obrar ha mancillado los honores de su cargo religioso. Llegó a tal punto que hizo conmover la escala de valores de algún joven [...] Este proceso se debe a que M. Meyer había promovido la corrupción de menores de edad, ya sea proponiendo requerimientos sexuales, especialmente durante un campamento juvenil realizado en enero y febrero de 1969 en Río Ceballos (Córdoba). El fallo judicial motivó la intervención del Consejo Rabínico, quién con la firma del gran rabino Dr. David Kahana, aconsejó la separación de Meyer del medio donde actuaba”[11].  Meyer también fue expulsado “por un tribunal plenario, integrado por los presidentes de: DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), AMIA (asociación Mutual Israelita Argentina) y OSA (Organización Sionista Argentina) por “corrupción moral de sus alumnos y homosexual”[12].

¿Y quien fue el “cráneo” que influyó en la selección del no muy destacado staff de la Conadep?, precisamente el inefable marxista Carlos Nino, quien reconoció: “Yo jugué un rol activo en la definición de los miembros de la CONADEP. Yo trabajaba con José Ignacio López, un periodista católico que fue el vocero de Alfonsín en la formación de la CONADEP”. Además de los personajes antedichos, la Comisión fue integrada por: “Gregorio Klimovsky, un marxista epistemólogo de profesión (…) Hilario Fernández Long, ex rector de la UBA, que tenía un hijo desaparecido (lo que también constituía un condicionamiento a su parcialidad); los juristas Ricardo Colombres, propuesto por el presidente de la Corte Genaro Carrió y Enrique Rabossi, miembro del grupo de filósofos que asesoraban a Alfonsín. La componían también el pastor protestante Enrique Gattinoni, del Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre y el Obispo de Neuquén Jaime de Nevares (pro marxista)”,[13] este último, además, había trabado sentida amistad con el sacerdote criminal Puigjané, oscuro elemento que un día de enero de 1980 colgó la sotana y decidió matar soldados atacando el Regimiento de la Tablada.

Vale aclarar que no todos los miembros de la CO.NA.DE.P eran personajes desconfiables, pues también la integró el eximio médico-cirujano Dr. René Favaloro, hombre íntegro y desideologizado, quien a poco de andar no vaciló en renunciar alegando que la Comisión padecía “falta de ética y de objetividad”.

El libro Nunca Más

El trabajo de la CO.NA.DE.P, se plasmó con la edición del best seller (pagado por los contribuyentes) titulado “Nunca Más”, con el que se explicó la versión oficial de los hechos ocurridos durante la guerra civil. Desde entonces, el libro de marras (más nombrado que efectivamente leído), es abrazado a modo de dogma infalible y el slogan “Nunca Más” es insistentemente repetido en cuanto acto o arenga televisiva se refiera al tema.

Justamente, el mentado libro comienza con unas líneas en las que se lamenta que las Fuerzas Armadas no hayan actuado en igual forma en que se desempeñaron en Italia o Alemania contra el terrorismo, lo cual es un parangón improcedente. Ni las Brigadas Rojas Italianas ni el terrorismo alemán contaban con más de un puñado de decenas de miembros; tampoco tenían la capacidad operativa como para atacar guarniciones militares o tomar localidades o Provincias como en nuestro caso. Basta con mencionar que “La banda alemana llamada Baader – Meinhof nunca contó con más de medio centenar de combatientes” y las “Brigadas Rojas apenas si alcanzaba a las trescientas personas”[14]. Además, en esta extravagante comparación se omite, por ejemplo, que cuando en Italia las Brigadas Rojas asesinaron a Aldo Moro, de inmediato el Parlamento modificó las leyes punitivas. Se derogaron las medidas del Código Penal que fueran introducidas de favor en 1.972 y sobrevino una Ley Penal de emergencia a la vez que en el Código de Procedimientos Penal se aplicaron cambios bajo la dirección de los jueces, que fueron quienes marcaron la política criminológica que se presentaba como más eficaz para combatir al terrorismo introduciendo entre otras reformas normas que aliviaban la situación de terroristas arrepentidos. Absolutamente todo lo contrario fue lo que ocurrió aquí, dado que antes de marzo de 1976 el peronismo provocó un furibundo desmantelamiento jurídico y un estado total de indefensión legal, material y político (caritativa amnistía mediante a los terroristas en los tiempos de Héctor Cámpora).

Uno de los propósitos que se intentaron plasmar en el texto, fue precisamente el de exculpar (además de a los terroristas) a la dirigencia política por los asesinatos de la AAA y por las casi mil desapariciones acaecidas antes del cambio de mando en marzo de 1.976. Para tal fin, el libro incurre en minimizaciones o justificaciones absurdas tales como afirmar que los episodios anteriores al “golpe” formaron parte “de un ensayo llevado adelante en el Operativo Independencia en Tucumán”, o que eran “algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976” o una mera “Prueba piloto”, tales los insólitos conceptos afirmados por los asalariados de Alfonsín para proteger a la partidocracia.

Otro despropósito en el que incurre el Nunca Más es el de intentar demostrar la existencia de una metodología diabólica digitada desde los altos mandos de las FF.AA. Este último objetivo, además de no ser logrado, es un desborde de sus propias funciones, ya que el mismo Decreto que creó la CO.NA.DE.P dice: “La Comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial“. Pero quizás la más grave injusticia en que incurre el informe es analizar los hechos a partir del 24 de marzo de 1.976, cuando va de suyo que el informe debió haberse extendido muchísimo tiempo atrás.

En cuanto al humor de la sociedad de la época (que apoyó el “golpe” y vivió mucho más distendida y segura que durante el des-gobierno peronista), la pluma de Sábato vuelve a mentir en el Nunca Más afirmando: “En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas”. En rigor de verdad, guste o no, el apoyo del hombre común era mayoritario, aunque no todos los ciudadanos podían darse el lujo de almorzar con Videla y solicitarle un “baño de sangre”, prerrogativa que sí tenía (y de la cual hizo uso) Sábato por entonces.

Con lenguaje no exento de recursos impresionables o sensibleros, el libro da por sentado que las “víctimas” eran todas inocentes y en el prólogo, el ex golpista Sábato dispara: “todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miseria para ayudar a sus moradores.¨Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salario, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado la enseñanza de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos…todos, en su mayoría, inocentes de terrorismo, o siquiera de pertenecer  a los cuadros combatientes de la guerrilla” y  glorificando a los terroristas agrega: “porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores”.

En primer término, vale aclarar que los miembros de la CO.NA.DE.P (conforme lo especifica el Decreto que la creó), no tenían por función averiguar la culpabilidad o inocencia de los caídos, sino indagar por las aparentes violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la guerra contra el terrorismo. En segundo lugar, la inocencia o culpabilidad de los caídos era una situación de hecho que la CO.NA.DE.P nunca investigó (ni le correspondía), por lo tanto la ignoraba total y absolutamente. ¿Con qué elementos de juicio emiten tamaña afirmación entonces?. Con ninguno. ¿No hubiese sido más propio de una comisión neutral mantenerse equidistante de estas valoraciones infundadas?. Téngase en cuenta que la CO.NA.DE.P sólo recogió datos de familiares y amigos de los desaparecidos y en estos parcializados relatos basó la totalidad de su obra. Asimismo, el fragmento del prólogo transcripto más arriba que manifiesta que los desaparecidos eran cándidos jovenzuelos, se contradice con lo afirmado por el propio Sábato el 18 de febrero de 1.981 al diario El País de Madrid: “qué duda cabe: el terrorismo (argentino) cometió crímenes abominables, incluyendo los perpetrados por la Triple A, que jamás fueron castigados. De los miles de desaparecidos, muchos fueron culpables de viles atentados”[15]

Los ¨Juicios¨ alfonsinistas

¿Cuál fue el objetivo del trabajo CO.NA.DE.P? Todo indica que obrar de antesala de un fallo condenatorio a los jefes de las FF.AA en el pendiente juicio que ya estaba decretado y virtualmente sentenciado en forma inconstitucional por el Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, dos días antes de dictar el Decreto que ordenó crearla, Alfonsín emitió otro (el 158/83) que puso en marcha ante la Justicia Civil el proceso (cuando debió aplicarse la Justicia Militar) contra la Junta de Comandantes por los hechos ocurridos durante la guerra revolucionaria. Pese a que el Nunca Más, jurídicamente no prueba absolutamente nada, fue la base sobre la que se fundamentó la parodia del juicio que terminaría con la condena (decretada virtualmente por el P.E.N) de cinco ex comandantes de las FFAA.

El ya citado Decreto 158/83, en flagrante violación a los más elementales principios jurídicos de Occidente, no dispone que se investigue la presunta comisión de delitos, sino que directamente supone su existencia, asumiendo Alfonsín facultades judiciales inadmisibles.

En efecto, el Decreto dice taxativamente en sus considerandos “Que la Junta Militar usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976”. A esta afirmación le faltó agregar que la “usurpación” se efectuó conjuntamente con la U.C.R a la cabeza, el resto de los partidos y el respaldo de todos los sectores sociales. Seguidamente, el Decreto agrega que “los mandos orgánicos de las fuerzas armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales”. Si fue legal o no, es materia que debe definir la Justicia y no Alfonsín en su Decreto inconstitucional. Además cabe preguntarse si antes del citado 24 de marzo se respetó la legalidad. Si no es así, ¿por qué los delitos cometidos con anterioridad han sido exculpados?. Luego, el Decreto incurre en la malicia de no decir que quienes “concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista” no fueron las FF.AA. sino el régimen peronista (consentido por la U.C.R) entre 1.974 y 1.975, a lo que cabe agregar que antes del 24 de marzo de 1976 los desaparecidos ya eran 908 y los crímenes de la AAA ascendían a 500.

Siguiendo con esta flagrante afrenta a la verdad histórica y a  la Constitución Nacional, Alfonsín (siempre usurpando facultades judiciales) decretó que “entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas“. Cabe agregar que además de entrometerse en sentencias que sólo puede dictaminar la Justicia, como vemos, Alfonsín prosigue (a través del Decreto) la mentira diciendo que dicha acción nace en marzo 1.976, a efectos de salvar el pellejo a sus colegas de la partidocracia.

Luego, esta argucia político-ideológica disfrazada de Decreto “humanista” persiste juzgando ilegalmente al sentenciar que “en el curso de las operaciones desarrolladas por el personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores”. Y con respecto a la legislación dictaminada durante el gobierno provisional para combatir al terrorismo, el Decreto afirma que “son insanablemente nulas las normas de facto.” O sea, Alfonsín deshecha la normativa antiterrorista por provenir de un gobierno de facto (siempre integrado por numerosos radicales que durante la Presidencia de Videla comandaron 310 Intendencias, además de Embajadas y Gobernaciones), aunque sin embargo, durante su gestión, Alfonsín se valió absolutamente de toda la legislación emitida durante los casi ocho años de gobierno provisional y sólo descartó en el Decreto en cuestión aquella que contemplaba operaciones antiterroristas, argumentando su invalidez por su origen. Esta fundamentación resulta indefendible, ya que por ejemplo, hasta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es de facto (colocado en 1.957 por la Revolución Libertadora), y a nadie se le ocurriría derogarlo (mucho menos Alfonsín, dado el contenido populista de esa cláusula). Con esto queremos decir que Alfonsín, de la legislación de facto sólo le quitó validez a la antiterrorista y no al resto; por ende, su argumentación no peca por absurda, sino por abiertamente maliciosa.

Pero el cúmulo de irregularidades no cesaba allí y entre los dislates más famosos, el  Decreto determinó “Que para el enjuiciamiento de esos delitos es aconsejable adoptar el procedimiento de juicio sumario en tiempo de paz”, lo cual es una felonía, puesto que en todo caso, la legislación aplicable es la prevista para tiempos de guerra, ya que incluso al mismo Tribunal que luego por Decreto presidió el Juez león Arslanián no le quedó más remedio que sentenciar: “cabe determinar que sí hubo una guerra”; de modo que la legislación en tiempos de paz es ilegal e inaplicable al caso de marras. Esta disquisición resulta clave, puesto que en lugar de juzgar los hechos a la luz de los procedimientos y formas previstos para tiempos de guerra (es decir, bajo la contemplación de los códigos de Justicia Militar) se aplicó la normativa destinada a regir en tiempos de paz (la Justicia Civil) y a modo de ejemplo, tengamos en cuenta que el hecho de ¨tomar un prisionero de guerra¨ (perfectamente consentido en la Justicia Militar) es tipificado en la Civil como “privación ilegítima de la libertad”.

Seguidamente, se incurrió en otro atentado inconstitucional al aplicar leyes ex post facto (después del hecho del proceso) ya que el Decreto reza: “se prevé enviar inmediatamente al Congreso un proyecto de ley agregando al procedimiento militar un recurso de apelación amplio ante la justicia civil” y tal como se desprende del mismo, se ordenó expresamente qué es lo que debía disciplinadamente legislar el Congreso posteriormente. Siendo que los Poderes son Independientes, el Ejecutivo no puede decretar ni dictaminar, ni siquiera insinuar qué es lo que se debe o no hacer en el Parlamento. Obviamente, el obediente Congreso legisló de inmediato y sancionó las leyes 23.040 y 23.049, lo que una vez más pone de manifiesto el espíritu de teatralización en cierne, conformada por arreglos previos entre los poderes que conformaron un verdadero contubernio habilidosamente disfrazado de “ceremonia cívica”. Estas leyes, en evidente afrenta a la Constitución Nacional, se aplicaron ex post facto, violando el artículo 18 de nuestra Carta Magna, que reza: “Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”

Luego de los considerandos de contenido ilegal que acabamos de ver, pasemos a recordar que Alfonsín inconstitucionalmente decretó: “Art.1: Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes”. El Presidente jamás puede ordenar que se someta a juicio a ningún ciudadano, pues ello es facultad exclusiva del Poder Judicial; así el artículo vuelve a poner de manifiesto la intromisión del Poder Ejecutivo, no sólo en asuntos del Poder Judicial, sino también del Legislativo al que seguidamente le ordenara en el Art.3: “La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha.”¿Y cómo sabe Alfonsín si el Legislativo lo va aprobar o no? ¿No es acaso el Legislativo un poder separado e independiente del Ejecutivo? ¿Cómo sabe Alfonsín cuáles serán los alcances de la eventual votación parlamentaria?. En efecto, todo estaba inconstitucionalmente planeado, parodiado y calculado.

Seguidamente y a efectos de hacerse pasar por “neutral”, el Presidente/desertor emitió otro Decreto (157/83) en el que incluía en acusaciones similares a siete dirigentes de la subversión:  Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Ricardo Armando Obregón Cano, Rodolfo Gabriel Galimberti, Roberto Cirilo Perdía, Héctor Pedro Pardo y Enrique Gorriarán Merlo. Curiosamente todos ellos se encontraban viviendo  fuera del país y con nulas posibilidades de ser detenidos (de un lado se acusaba a miles de militares y por el otro a siete terroristas).

En los considerandos mismos de este último Decreto se advierte la absoluta parcialidad ideológica y la manipulación de la historia, ya que allí se emiten declaraciones respecto a los terroristas (que atentaron contra la democracia cometiendo más de 6000 atentados entre mayo del 73´y marzo del 76´) totalmente condescendientes y hasta por momentos de cierta justificación al pronunciar que “la actividad de esas personas y sus seguidores, reclutados muchas veces entre una juventud ávida de justicia y carente de la vivencia de los medios que el sistema democrático brinda para lograrla” (esta afirmación es falsa, puesto que el terrorismo es anterior al gobierno de facto de 1.976) y luego, al referirse al estado de violencia que se vivía, se afirma “que la instauración de un estado de cosas como el descripto derivó asimismo, en la obstrucción de la acción gubernativa de las autoridades democráticamente elegidas, y sirvió de pretexto para la alteración del orden constitucional por un sector de las Fuerzas Armadas que, aliado con representantes de grupos de poder económico y financiero usurpó el gobierno” (faltó agregar que entre los “aliados” de los “usurpadores” se destacaba la UCR, el Partido de Raúl Alfonsín).

El Decreto mendaz, seguidamente dice (sin pruebas ni sentencia) que el actuar represivo del gobierno de facto no se limitó al combate antiterrorista sino que se extendió “a sectores de la población ajenos a aquella actividad”, y con descaro infrecuente arremete alegando que dicha represión a los terroristas “vino a funcionar como obstáculo para el enjuiciamiento, dentro de los marcos legales” y que la situación “no dejó margen para la investigación de los hechos delictivos con arreglo a la ley”.

Resulta sumamente curioso que Alfonsín se queje de que los terroristas no tenían “marcos legales” para su defensa, puesto que cuando los hubo (entre 1.971 y 1.973), él mismo, en su calidad de abogado defensor de terroristas del E.R.P que secuestraron y asesinaron a Oberdan Sallustro (causa 305) presentaba en sus escritos argumentos para la defensa que se basaban en “cuestionamiento de la competencia de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, destinada exclusivamente a la represión de los delitos políticos del régimen de turno”, aclarándose que este, “es el pensamiento común de los defensores sobre el particular” (Fs.124)[16].  Nótese que por entonces Alfonsín cuestionó su legitimidad, y luego dijo que la guerrilla debía combatirse dentro de un “marco jurídico”; y como vemos, cuando hubo tal “marco”, lo deslegitimó y combatió. Además, vale recordar que la dificultad señalada consistente en “no dejar margen para la investigación de los hechos delictivos con arreglo a la ley” es culpa exclusiva de dirigentes políticos irresponsables como Alfonsín y sus amigos de la U.C.R, que derogaron  la ley represiva, anularon la Cámara Federal Penal, y amnistiaron a los terroristas procesados o condenados conforme a derecho en mayo de 1.973.

Cabe destacar que esta acción política dirigida al revanchismo violentando y desatendiendo la mismísima Constitución Nacional no se constituyó en un mero descuido leguleyo, sino que obedecía a una calculada estrategia ilegal inspirada por Alfonsín y su principal asesor en la materia, el pensador gramsciano Carlos Salvador Nino, quien sostenía antijurídicamente que “Alguna forma de justicia retroactiva por violaciones masivas a los derechos humanos brinda un sustento más sólido a los valores democráticos”[17]. Lo que equivale a decir que a efectos de brindar sustento a la sacrosanta Democracia, a la vigencia de los Derechos Humanos y a los principios constitucionales, había justamente que violar y desatender por completo dichos derechos.


La Composición del Tribunal y la Fiscalía

Siguiendo con el kilométrico rosario de atropellos legales, Alfonsín armó –inconstitucionalmente- una Cámara Federal de Apelaciones ad hoc conformada por amigos, que juzgó y condenó a los ex Comandantes. Esta cofradía tuvo el carácter de una “comisión especial” (prohibida por el artículo 18 de la Constitución Nacional), que sacó a los imputados de los jueces naturales en una insólita maniobra pseudo-jurídica. El ya citado Nino (personaje clave en esta farsa), a modo de justificación ante la alevosía en cuanto al trato de amistad y familiaridad existente entre el gobierno y la “comisión especial” que teatralizaba de Tribunal independiente, afirmó: “los jueces en los tribunales claves eran amigos cercanos de la administración” pero se disculpa alegando que de todos modos “los dos tribunales (La Corte y la Cámara Federal) mantuvieron un alto grado de independencia”.[18] ¿Qué significa “alto grado de independencia”?.  Se es independiente o no se es independiente. El caso es que los miembros de esta comisión especial inconstitucional, lejos de ser independientes, constituían un contubernio de asalariados subordinados del régimen que, luego del “juicio”, el grueso de ellos obtuvieron diversos premios y recompensas por parte del gobierno central (tal como luego lo veremos). Como caricaturesca nota de color de la farsa en cuestión, vale aclarar que los siete miembros del Tribunal habían sido antes funcionarios judiciales del mismísimo Proceso de Reorganización Nacional, sin que estos jamás obraran de oficio ante la eventualidad de alguna presunta violación a los Derechos Humanos.

En cuanto al Fiscal del juicio, el encargado de ocupar ese papel fue el Dr. Julio Strassera, quien entusiastamente colaboró histriónicamente con la mentada “comisión especial” que “juzgaba” a los Comandantes. Con respecto a este último, vale también destacar que fue nombrado por Videla como Fiscal Federal el 23 de abril de 1.976 “a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 3 con asiento en la ciudad de Buenos Aires”[19]. Técnicamente, son los fiscales y no los jueces los que reciben las denuncias y luego las elevan a juicio, pero no se conoce que Strassera haya efectuado denuncias por desapariciones o violaciones a los DD.HH. durante el gobierno de facto. Es más, para advertir la flexible moral del mencionado personaje, cabe destacar que cuando obraba de Fiscal durante el “genocidio”, llevó adelante dictámenes judiciales avalando a la Junta de Gobierno Provisional, reafirmando y reconociendo expresamente el rango de legitimidad constitucional de la misma, y rechazando pedidos de habeas corpus de detenidos, tal como se puede advertir por ejemplo en el caso del ex Gobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic, en la causa ¨Cepernic Jorge C/ Estado Nacional¨, en la que Strassera dictaminó que debido al “carácter constitucional de las Actas Institucionales[…] necesariamente ha de coincidirse en que la privación de la libertad impuesta al beneficiario de este recurso encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional –indudablemente reformada por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y el Acta” y que esta última “constituye una norma de idéntica jerarquía que la contenida en el art.23 de aquella, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional para arrestar personas a su exclusiva disposición, en tanto las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país así lo aconsejen”. Como Strassera sostenía que el Estatuto del Proceso de Reorganización era equiparable a la Constitución Nacional misma, agregaba que “impugnar la Resolución n° 2 de la Junta Militar resulta inadmisible, pues ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional”. En cuanto a la detención de Cepernic, Strassera la avala totalmente y agrega que “encontrándose Jorge Cepernic legítimamente detenido, opino que corresponde tanto el rechazo de la presente acción de habeas corpus, como la excesiva petición a que me he referido en el párrafo precedente”[20].

Como frutilla del postre de la parodia descripta, vale agregar que varios de los títeres que participaron del culebrón jurídico (o antijurídico) en cuestión, fueron premiados por el gobierno de Alfonsín, y así Strassera fue compensado y galardonado con una cómoda estada como Embajador especial en Europa. En cuanto a los jueces del Tribunal, “D´Alesio fue nombrado procurador general del tesoro, Gil Lavedra Subsecretario del Interior, Ledesma abogado del Banco Central, y Arslanián beneficiado por el Banco Hipotecario Nacional”[21].

Para no ser injustos, no podemos dejar de mencionar al adjunto de Strassera, el Dr. Luis Moreno Ocampo, por entonces joven abogado, quien tras ganar fama televisiva, se le abrieron las puertas al mundo de la farándula y posteriormente pudo darse el gusto de conducir por TV un programa que competía a la hora de la tarde con los “magazines” chimenteros. El programa conducido por Moreno Ocampo, en rigor de verdad era un abominable “talk show” llamado “Forum” en el cual el “jurisconsulto” parodiaba de juez o amigable componedor, y dirimía contiendas de lo más desopilantes (tal el caso de dos travestis que al “divorciarse” se disputaban la tenencia de un loro, o el conflicto suscitado por unos ciudadanos que se hallaban profusamente molestos y agraviados porque sus vecinos colindantes emanaban por las noches sonoras flatulencias que impedían el buen dormir). Seguidamente, Moreno Ocampo pega un nuevo salto, y muta de la “TV Basura” a “Fiscal del Universo”, desempeñándose como tal en la Corte Internacional de Justicia. Cabe aclarar que también colaboraron con la fiscalía en el “juicio”, el Dr. Aníbal Ibarra, ex Secretario General de la Federación Juvenil Comunista y futuro Jefe de Gobierno (postulado primero en carácter de “delarruista” y reelecto después en carácter de “kirchnerista”), devenido en 2.006 en muerto político al ser destituido mediante Juicio Político por ser considerado inútil y responsable por la “Tragedia de Cromagnon” (donde murieron 192 jóvenes). ¿Y quién fue el abogado defensor de Ibarra durante el Juicio Político que lo destronó?, el inefable Julio Strassera. Dios los cría y el Diablo los amontona.

Durante el juicio, las declaraciones testimoniales presentadas por la parte acusadora, aparecieron teñidas en su mayoría de un interés marcadamente ideológico, en donde “Los testigos eran traídos desde Europa con todo pago, para declarar contra los acusados”[22]. En este contexto, el Tribunal (es decir, la comisión especial inconstitucional) se negó repetidas veces a inquirir, conforme lo solicitó la defensa, acerca de los antecedentes y actuación política de los testigos en los movimientos subversivos. Con esta negativa, se mancilló otro derecho más, que constituye el principio de ampliación de la prueba en detrimento del derecho de defensa en juicio.

El proceso judicial fue llevado a cabo a toda velocidad, en medio de una formidable campaña publicitaria y sin la más mínima sorpresa para nadie en cuanto a la decisión que la comisión especial (que remedaba de Tribunal imparcial) tomara el 9 de diciembre de 1.985. Como corolario, el juicio fue rubricado con el jubiloso abrazo (posado para la T.V y la foto) del ex Fiscal procesista Strassera con su adjunto Moreno Ocampo.

Estas y otras manipulaciones dolosas y/o culposas contaron con otras atrocidades tales como: no existió un proceso legal; la Cámara importó ser una “comisión especial” (prohibida por el artículo 18 CN); se sacó a los procesados de los jueces naturales designados por ley antes del hecho de la causa (prohibido también por el citado artículo); se impuso además una pena inexistente en el Código Penal y, bajo el amparo de leyes aplicadas “ex post facto”, se sufrió el yugo de un Tribunal enrolado en parcialidad manifiesta. El diario La Prensa informaba: “El Presidente asumió funciones judiciales y habría violado el Artículo 95 de la Constitución Nacional” (10-5-88). Del mismo modo, el destacado jurisconsulto Alberto Rodríguez Várela afirmaba que se “violó el derecho de defensa y la garantía del Juez natural, así como el principio de irretroactividad de la Ley Penal y  el  precepto que exige que todo proceso se funde en Ley anterior a los hechos de la causa” y agregó que se “dejó cesantes a todos los jueces federales y nombró a otros que homologaron el designio de condena del Decreto 158/83. El gobierno armó y puso en marcha un mecanismo que tiende a destruir a las Instituciones Armadas”[23].

Pero este galimatías antijurídico al servicio de la vindicta no es de extrañar, puesto que, cuando Alfonsín fue abogado de la guerrillera del E.R.P Silvia Inés Urdampilleta (por el secuestro de Sallustro), dentro de los argumentos esgrimidos alegó el “estado de guerra” y conforme fundamentó su defensa, “los subversivos no son delincuentes sino combatientes, integrantes de un Ejército Revolucionario del Pueblo, alzado en armas en rebelión abierta, en operaciones, en síntesis fue una guerra”[24].  Pero la imputación que cupo a Raúl Alfonsín no se agotaba en que haya obrado como defensor de esta célula criminal (ello en definitiva no es más que el ejercicio inmoral de la profesión pero ejercicio legal al fin), sino como integrante presunto de la banda, pues se presentó una denuncia ante el Congreso Nacional con el respaldo de diversos diputados en la que el entonces Presidente Alfonsín fue sindicado nada más y nada menos que como actor “en la negociación por la liberación de Oberdan Sallustro como un verdadero hombre del ERP. Esto tiene que salir a la luz de cualquier modo e impedir de inmediato que siga usurpando un poder que obtuvo con engaño. Nos referimos a un episodio tal vez prescripto para el derecho criminal, pero no se ha extinguido ni en lo moral ni en lo político. De todos modos la denuncia-petición ha sido dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados de la nación y será entonces el Diputado Moreau quien deba darle curso y trámite correspondiente”[25]. Pero resulta que Moreau (según lo confirma el montonero Miguel Bonasso en su libro “Diario de un Clandestino”), por intermedio de Alfonsín trabajó en los años ‘70 con Montoneros en el diario Noticias (financiado con fondos obtenidos por secuestros extorsivos). Y qué pudo haber hecho Moreau ante esta denuncia: ¿darle curso o archivarla?. Saque conclusiones el lector.

Las vinculaciones de Alfonsín con la guerrilla no se reducirían a simpatías ideológicas o a vínculos profesionales, sino también familiares, puesto que “había tenido que recurrir años antes a su amistad con el Ministro del Interior de Videla, general Albano Aryuindeguy, compañero suyo del Liceo Militar General San Martín, para salvar la vida de su propia hija, miembro del ERP, capturada por los militares”[26]. El favor fue concedido y se facilitó el exilio de su hija, lo que según autorizadas voces, ocasionó que Arguindeguy nunca fuera molestado durante el revanchismo alfonsinista en este juicio arbitrario que estamos comentando.

En definitiva, ha sido tan evidente esta ruin operación político-revanchista con vestimenta jurídica, que hasta reconocidos montoneros tuvieron que admitir que el juicio era una pantomima innecesaria, tal como lo manifestó la guerrillera Alicia Pierini, quien criteriosamente manifestó: “cuestioné que se viera enmarcado dentro del ámbito penal lo que había sido una lucha política, con crímenes de guerra, pero lucha política. Cuando se hace el juicio a las juntas en el 85, yo cuestioné que esto jurídicamente no tendría destino, que sería un hecho político con formato jurídico. Porque en derecho penal hay autores, coautores, cómplices, encubridores. Si seguíamos aplicando el derecho, acá no quedaba nadie en pie o por lo menos medio país iba a tener que sentarse en el banco de los acusados”[27].

En síntesis, la parodia antijurídica se apoyó en cuatro aristas dantescas:

1) Este asalto fue llevado a cabo por el gobierno nacional en manos de la U.C.R, el partido que precisamente con mayor ahínco impulsó el “golpe” y obtuvo récord de funcionarios durante el gobierno de Videla.

2) Se juntaron y reunieron testimonios a efectos de elevarlos para enjuiciar a los Comandantes, cuyas compilaciones fueran elaboradas por la CO.NA.DE.P presidida por Ernesto Sábato, ex golpista y compañero de almuerzos de Videla.

3) Con el Decreto inconstitucional de Alfonsín, se utilizaron estos testimonios para forjar la “acusación” del Fiscal Julio Strassera, ex Fiscal y Juez del Proceso nombrado por Videla

4) El Tribunal (o sea, la comisión especial inconstitucional) que en cumplimiento del decreto de Alfonsín condenó a los Comandantes, estaba conformado por siete jueces (los Dres. Edwin Torlasco, Andrés Dálessio, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Araoz, Jorge Ricardo, Gil Lavedra y el conspicuo León Arslanián) que tenían un risueño denominador común: fueron unánimemente relevantes funcionarios judiciales del gobierno de Videla.

En verdad, la parodia montada por el Alfonsín y sus nuevos amigos fue tan tragicómica, que no faltó algún ocurrente que (mitad en serio, mitad en broma) dijera que el juicio (impulsado por los videlistas de ayer) se había constituido en una disputa interna de “procesistas contra procesistas”.

La Conadep del Siglo XXI

¿Con estas arbitrariedades e ilegitimidades pretende la “oposición” enjuiciar a la delincuencia kirchnerista?. ¿No se le ocurre proponer algo más transparente y elevado que abrevar en oscuras comisiones integradas por arribistas y personajes más cuestionados todavía?. ¿Será posible que a la “oposición” nunca se le caiga una idea y que cuando al fin se le cae una, resulta ser una propuesta consistente en emular a una desdichada cofradía burocrática compuesta por comunistas, tránsfugas y oportunistas que obraron de manera irregular y totalmente funcional a la guerrilla castrista de los años 70´?.

Señores de la “oposición”, a la corrupción se la combate reinstaurando el Estado de derecho, todo lo demás es show. En efecto, o vayan por le recuperación de las instituciones seriamente o vayan por un casting en “Bailando por un Sueño”, pero ambas cosas al mismo tiempo son irreconciliables…

NOTAS:

[1] (In Memoriam- T III)

[2] Citado en Responsabilidad Compartida – García Montaño -254, Memorias tras los dientes del perro, Helvio Botana H B

[3] Crítica de las ideas políticas argentinas Juan José SebreliSudamericana Buenos Aires, 2002

[4] Silencio de Mudos – Leandro Viotto pág. 30

[5] Años de Terror y Pólvora, Guillermo Rojas, pág. 162

[6] el 27, de mayo 1983, diario La Nación – Guillermo Rojas 30.000 Desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad – pág 296

[7] Viviana Gorbato. Montoneros Soldados de  Perón. Soldados de Duhalde? – Página 79

[8] Vigo Leguizamón -Amar al enemigo, pág 324

[9] Responsabilidad Compartida-García Montaño 240

[10] Responsabilidad Compartida -García Montaño 241

[11] La Otra Campana del Nunca Más (Miguel Etchecolatz

[12] Los Increíbles Radicales-M. H. Laprida, 249

[13] Guillermo Rojas 30.000 Desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad? 331

[14] Carlos Manuel Acuna Por Amor al Odio Tomo II, pag 114

[15] Responsabilidad Compartida – García Montaño 257

[16] Cabildo -La Subversión Está en el Poder –-2Epoca, Año X, N 93, 08/10/1985

[17] Guillermo Rojas – 30.000 desaparecidos, mito dogma o realidad. 323 – Juicio al Mal Absoluto.

[18] Guillermo Rojas. 30.000 Desparecidos Mito Dogma o Realidead, 327

[19] “Strassera” – Dr. Ricardo Curuchet –Revista Cabildo 2006

[20] Despacho n° 39.986 – Fiscalía 19 de marzo de 1979.- Julio C. Strassera Fiscal Federal) (Dictamen Dr. Julio. Strassera en el Habeas Corpus a favor de Jorge Cepernic – Juzgado Federal N° 2 Secretaria  N° 5 de la Capital Federal/ Autos  “Cepernic Jorge C/ Eestado Nacional” – Juzgado Constencioso Aadministrativo Federal N° 1, Secretaría N° 1.

[21] La Prensa, 2/3/1989 Gabril Tabeada – Los Increíbles Radicales – M.H. Laprida, 116.

[22] Curiosidades-Cosme Beccar Varela-1991

[23] La Prensa 10-5-1988- citado en Los Increíbles Radicales M. H. Laprida

[24] Diario La Prensa, ejemplar 4/9/85

[25] LA PRENSA 6/7/89 –Los Increibles Radicales – M. H. Laprida pág. 83

[26] Guillermo Rojas, 30.000 Desaparecidos, Mito, Dogma o Realidad, 271

[27] Viviana Gorbato. Montoneros. Soldados de Menem. Soldados de Duhalde?- Página 122