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domingo, 3 de enero de 2016

Chile: Conscriptos chilenos confiesan crímenes de la dictadura de Pinochet

Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura
El régimen de Pinochet
Clarín
Empiezan a surgir casos de reclutas, confesando sus crímenes en medios de comunicación. Sería la llave que permita saber dónde están cientos de desaparecidos. Mirá lo que cuentan.


Un cartel contra el fallecido Augusto Pinochet yace en el piso tras una manifestación en Santiago, Chile./ AP


Un conscripto chileno confesó que ejecutó a 10 personas de un tiro en la cabeza y que luego dinamitó sus cuerpos para no dejar rastro de su existencia. Otro dijo que la patrulla militar a la que pertenecía roció con gasolina a dos adolescentes y los quemó vivos.

Ambas confesiones, hechas públicamente este año, tienen a los chilenos sorprendidos con los detalles de los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura (1973-1990) que cambió la historia de Chile. Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas creen que las confesiones indican la existencia de pacto de silencio entre los militares sobre muchas de las atrocidades cometidas durante el gobierno del general Augusto Pinochet, y que finalmente pueden salir a la luz pública.


Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura./ AP

"Siento que por fin se está rompiendo porque los criminales ya no aguantan más'', dijo a The Associated Press, Verónica de Negri, madre del joven Rodrigo Rojas, que murió quemado vivo en 1986, cuando tenía 19 años. "Fíjate en el último, quienes realmente están rompiendo son todos hombres jóvenes que fueron obligados a cometer crímenes. Van a seguir cayendo, esto es como un dominó''.

Durante casi tres décadas, muchos de los autores de estas matanzas y masacres han gozado de impunidad. Pero después de que un ex soldado testificara sobre el asesinato de Rojas, en julio pasado, un juez acusó a siete ex militares del crimen en el que también resultó gravemente quemada Carmen Quintana, entonces adolescente.


Conscriptos chilenos rompen el silencio y cuentan las atrocidades de la dictadura./ AP

La última y sorpresiva confesión llegó a principios de diciembre: sucedió durante un programa de radio que, por lo general, se centra en anécdotas personales, algunas humorísticas, otras sobre asuntos del corazón y unas más de un talante más grave.

Al aire y haciéndose llamar simplemente ``Alberto'', un conscripto llamó y dijo que quería contarle a la audiencia su historia de amor. Pero, a renglón seguido, narró una historia mucho más oscura. Dijo que era veterano del Ejército y que se llevó a varias personas al desierto, les disparó en la cabeza y les voló los cuerpos a punta de dinamita.

``Yo participaba de una misión especial y llevábamos a varios de estos tipos a la pampa (el desierto), les pegábamos un balazo en la cabeza, dinamita, y `paf' no quedaba ni la sombra'', dijo quien luego fue identificado como el recluta Guillermo Reyes Rammsy, ahora de 62 años, al programa `Chacotero sentimental', de radio Corazón. ``Ni siquiera su sombra se quedó''.


Una manifestación con actores que simulan sesiones de tortura durante la dictadura, en Santiago, Chile. / AP

En su testimonio radial, que se extendió por 25 minutos, dijo que tras el golpe militar de 1973 se convirtió en francotirador y que cumplía órdenes superiores y admitió al menos 18 asesinatos.

También reconoció que aunque recibía órdenes, le quedó gustando eso de matar.

``Uno actuaba por maldad y después cachabas (entendías) que te gustaba y te volvías loco'', dijo. ``Luchabas contra ese sentimiento''.

Días después de revelar el secreto con el que vivió durante 42 años, Reyes fue detenido por orden del juez Mario Carroza, que sólo investiga crímenes de lesa humanidad, quien lo mantiene bajo arresto domiciliario. La AP intentó contactar a Reyes Rammsy pero no fue posible.

El psicólogo Giorgio Agostini dice que después de tanto tiempo hay ``personas que están con un sentimiento complicado de culpa, y quieran de alguna manera liberarse, y el hecho de hablarlo, y en este caso de hacerlo público, les provoque una liberación''.

Muchos conscriptos están dispuestos a contar las atrocidades en las que participaron cuando tenían unos 18 años y cómo el ejército chileno, que los reclutó obligatoriamente, se transformó en una fuerza de ocupación y exterminio al mando de Pinochet.

También podrían convertirse en la llave para abrir la puerta que permita saber dónde están cientos de desaparecidos, y darían los nombres de los oficiales que participaron u ordenaron los crímenes, dijo a la AP Fernando Mellado, líder de un grupo organizado de conscriptos.

Los familiares de las víctimas de la dictadura también esperan que otros reclutas hablen mientras que activistas de derechos humanos critican lo que consideran una inefectiva acción del gobierno de Michelle Bachelet en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

El gobierno respondió en diciembre con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que entre sus tareas tendrá el establecer políticas públicas sobre las víctimas de la dictadura.

Pero la madre de Rojas, cuyo hijo murió incinerado, dijo que cuando descubrió en una estación del metro de Santiago un mural en homenaje a los jóvenes quemados, concluyó que el gobierno ``no quiere... no tiene la más mínima intención de hacer justicia''.

Otro camino alternativo está en manos de la justicia, que podría aceptar el ofrecimiento de los conscriptos de decir la verdad a cambio de sentencias cortas que puedan cumplirse en libertad, como las que han disfrutado centenares de militares.

"Hoy día hay gente que está dispuesta a hablar, pero cuál es el temor, justamente lo que le pasó a Guillermo Reyes'', dijo Medallo en referencia al conscripto que confesó en la radio.

``Si el Estado me libera de responsabilidad... yo creo que lo vamos a hacer (hablar) sin ningún problema, porque los responsables no somos nosotros'', añadió Mellado. Cuando el golpe de estado ocurrió ``éramos niños que fuimos brutalmente avasallados, para simplemente convertirnos en autómatas y hacer lo que se nos ordenaba''.

Pero los conscriptos, además, alegan que son víctimas de militares de alto rango.

``Al clase (cabo, sargentos, suboficiales) los dejaban a cargo de las dos o tres compañías (del regimiento de telecomunicaciones) el fin de semana... (militares de alto rango) se curaban, se mimetizaban, se pintaban las caras con corchos y asaltaban la cuadra'', dijo Medallo. ``Se metían por las ventanas, con pistola en mano, se iban donde los más chicos, les ponían las pistolas en la cabeza y los violaban''.

Las atrocidades relatadas por el líder de los soldados y uno de los pocos que logró recuperarse y estudiar una carrera universitaria, parecen ser infinitas.

Durante 13 años los conscriptos, organizados como grupo de hecho, tocaron sin éxito las puertas de los Ministerios de Defensa, del Interior, de parlamentarios y hasta de autoridades eclesiásticas, pidiendo contar la verdad para luego pedir la reparación a las violaciones a los derechos humanos de las que dicen que fueron víctimas mientras cumplían su servicio militar.

``Se nos negó toda posibilidad de reparación, nos dijeron que estaba prescrito'', dijo Mellado, quien precisó que a comienzos de 2014 se convirtieron en una corporación con existencia legal y demandaron por denegación de justicia al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hasta el momento representan a unos 10.000 ex conscriptos, y cada día inscriben a más personas.

A la Comisión le pidieron que investigue la muerte de unos 4.000 soldados y de un número similar que quedó inválido por ``desobedecer órdenes'' superiores, muchas de las cuales incluían, según Medallo, reprimir, matar y desaparecer a opositores izquierdistas.

De los 400.000 reclutas que sirvieron en 1973 y los años siguientes, muchos ahora son alcohólicos, drogadictos, se divorciaron o maltrataron a sus hijos y varios sobreviven en las calles, según Medallo. Pero no hay cifras oficiales sobre el tema.

``Todas las personas que hicimos la conscripción estamos tan dañados, tanto física como sicológicamente, por lo tanto yo no acepto que alguien me apunte con el dedo y me diga que soy un victimario'', agregó.

La dictadura dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.095 izquierdistas asesinados y más de 1.200 desaparecidos. En 25 años de democracia el Servicio Médico Legal chileno apenas ha identificado los restos de 166 personas. Si el pacto de silencio se rompe, más de un millar de familias podrían saber qué pasó a sus parientes.


Una mujer lleva una flor durante una manifestación frente a la Moneda, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe en Chile. / Archivo. AP

La analista política y socióloga Marta Lagos dijo a la AP que ``a Chile le haría muy bien darle impunidad a 20 conscriptos selectos a cambio de la información... si me entregan el mapa y los lugares, y los hechos, me la compró (aceptó) en un día. Juicio abreviado, pena remitida o las prescripciones''.

Los llamados pactos de silencio no existen, según las Fuerzas Armadas. ``Jamás en la institución, en mis 44 años, supe de pactos de silencio en ninguna materia'', dijo el ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, el general retirado Guillermo Garín.

Garín, muy cercano a Pinochet, dijo que el general ``estaba ocupado en gobernar al país, no en temas de lucha antisubversiva y contra organismos clandestinos'', aseveró.


Dictador Augusto Pinochet./ AP

Sin embargo, según documentos desclasificados por la administración estadounidense, indican que Pinochet sí sabía de la muerte de Rojas y que ocultó el papel de los militares en su muerte.

Cables del Departamento de Estado, desclasificados en 1986, citan una fuente de la policía nacional de Chile quien dijo que un informe sobre el ataque le fue presentado a Pinochet, quien se negó a aceptarlo y rechazó el pedido de una investigación.

En cambio, Pinochet acusó a Rojas y Quintana de ser terroristas que planeaban usar la gasolina en contra de las barricadas militares y que accidentalmente la patearon y se quemaron.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informó que a primero de diciembre 1.373 antiguos y actuales oficiales del ejército enfrentaron juicio, de los que 344 fueron condenados de manera definitiva y sólo 163 recibieron una pena de presidio efectivo.

Los 181 restantes recibieron condenas alternativas, porque los jueces consideraron el tiempo transcurrido desde el crimen, y redujeron sus sentencias. Sólo 117 están encarcelados.

El magistrado Sergio Muñoz, coordinador de los jueces que llevan causas por violaciones de los derechos humanos, ha dicho a la AP que los tribunales han abierto procesos en el 100% de los casos relacionados con muertes y desaparecimientos.

A la fecha, hay 1.048 causas abiertas por 1.762 desaparecidos y ejecutados y aunque muchos procesos concluyen en condenas, en la inmensa mayoría los militares no dice qué hicieron con los asesinados.

Para las familias, se trata de una lucha contra el tiempo porque tanto ellos como los victimarios se encuentran en edad avanzada.

(Fuente: AP)

domingo, 11 de octubre de 2015

Guerra contra la Subversión: Aniversario del asalto a Las Lomitas

Cuando los soldaditos formoseños frenaron a Montoneros


Se cumplen 40 años de la "Operación Primicia", el asalto a un regimiento con el cual la organización guerrillera buscó mostrar su poderío, pero cuyo efecto fue ahondar la represión y acelerar el golpe de Estado de 1976
Por: Ceferino Reato - Perfil


Parecía un domingo cualquiera, aquel 5 de octubre de 1975, con dos temas deportivos que concentraban la atención de los argentinos: el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos y la quinta fecha del Campeonato Nacional de fútbol el austríaco; los dos empezaban a la misma hora, 4 de la tarde. En la fórmula uno, Niki Lauda ya se había coronado campeón, pero el santafesino Carlos Reutemann podía lograr el subcampeonato por primera vez. En el fútbol local, River Plate era uno de los favoritos. El equipo del técnico Ángel Labruna recibía en el estadio Monumental a Cipolletti, de Río Negro.

Sin embargo, el título principal de los diarios del lunes no fue el Gran Premio ni la fecha del fútbol sino el ataque a un cuartel de Formosa, en la periferia del país, que provocó una conmoción nacional gracias, en parte, a los oportunos cables de la agencia estatal de noticias Telam, que el día anterior había inaugurado su corresponsalía en la capital formoseña.


Los diarios de la época reflejan en portada el espectacular asalto guerrillero al Regimiento de Infantería de Monte nº 29 de Formosa (5 de octubre de 1975)

Es que hubo, en total, 28 muertos. Fue el debut del Ejército Montonero, con sus uniformes color azul y sus grados, el instrumento que la guerrilla peronista había creado para dar "un salto militar" y prepararse para enfrentar el golpe de Estado del que tanto se hablaba.

Hasta aquel momento, hace 40 años, los ataques a cuarteles eran la especialidad de otro grupo guerrillero poderoso, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de formación trotskista y guevarista.

EL ESPECTACULAR OPERATIVO INCLUYÓ EL SECUESTRO EN PLENO VUELO DE UN AVIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS


Los montoneros llamaron a este ataque "Operación Primicia" y fue espectacular porque incluyó el secuestro en pleno vuelo del avión más moderno de Aerolíneas Argentinas, que fue desviado de Corrientes a Formosa, mientras otro pelotón guerrillero tomaba el aeropuerto internacional "El Pucú". En simultáneo, una columna de vehículos entraba al Regimiento de Infantería de Monte Número 29 ubicado en los suburbios de la ciudad.


Hace 40 años, el 5 de octubre de 1975, Montoneros atacó el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa

En total, participaron unos setenta guerrilleros. Montoneros quería demostrar que tenía la capacidad de tomar incluso un cuartel del Ejército muy alejado de Buenos Aires. Un golpe para desmoralizar a los militares.

PENSABAN QUE LOS JÓVENES CONSCRIPTOS DE GUARDIA NO OFRECERÍAN RESISTENCIA


Pensaban que los soldados que estaban de guardia en la tórrida siesta formoseña no ofrecerían resistencia; al final, eran todos jóvenes pobres de 21 años, tan peronistas como sus padres, y ellos, Montoneros, defendían los verdaderos intereses del pueblo.

Pero, ocurrió que los "colimbas" —el servicio militar era obligatorio y duraba un año— no se rindieron y rechazaron a los atacantes luego de un combate que duró treinta minutos y provocó veinticuatro muertos, doce atacantes y doce defensores del cuartel: diez soldados conscriptos; un subteniente, también de 21 años, y un sargento primero, de 32 años.

EN EL COPAMIENTO DEL AEROPUERTO, LOS MONTONEROS MATARON A UN POLICÍA.


Los guerrilleros que sobrevivieron huyeron en el avión de Aerolíneas —un Boeing 737-200, comprado en unos ocho millones de dólares— que aterrizó en un campo en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en una pista preparada por un pelotón de montoneros santafesinos.

Luego, cuando todo había pasado, patrullas militares salieron del cuartel y mataron a tres vecinos que no habían tenido nada que ver con el ataque.


Vecinos del Regimiento de Infantería de Monte nº 29 de Formosa. Entre ellos hubo 3 víctimas fatales. Octubre de 1975



Los tres decretos


Todas las fuerzas políticas condenaron el ataque de Montoneros, que apuntaba al corazón del gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón: al "monopolio de la violencia física legítima" que caracteriza a todo Estado moderno, según el economista y sociólogo alemán Max Weber.

EL ATAQUE APUNTABA AL CORAZÓN DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE ISABEL PERÓN


Isabelita estaba de licencia médica en Ascochinga, Córdoba, y su cargo era ocupado en forma interina por el titular del Senado, Ítalo Luder. Aquel lunes, Luder se reunió con el ministro de Defensa, Angel Robledo, en la Casa Rosada, y decidieron impulsar tres decretos que satisfacían los reclamos de los jefes militares en la lucha contra la guerrilla.


Italo Luder -presidente interino en el momento del asalto al cuartel de Formosa- e Isabel Perón, presidente de la Nación (1975)

El presidente interino convocó al mediodía a todo el gabinete y a los tres jefes militares; el general Jorge Videla había viajado a Formosa y en su lugar concurrió el jefe de su Estado Mayor, el general Roberto Viola. Luder indicó a Tomás Vottero, ministro de Defensa, que leyera los tres decretos.

—Se ponen a consideración las firmas de estos decretos para terminar con la subversión, señaló luego Luder.

LOS DECRETOS DELEGABAN EN LAS FUERZAS ARMADAS LA LUCHA CONTRA LAS GUERRILLAS


Nadie dijo nada y los decretos quedaron aprobados por todo el gabinete. En resumen, esos decretos delegaban en las Fuerzas Armadas la lucha contra las guerrillas, prácticamente sin control porque el gobierno de Isabelita estaba muy deteriorado por una tormenta de violencia política, inflación, desabastecimiento y denuncias de corrupción.

Uno de esos decretos, el número 2771, disponía que el ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo el control operativo de los militares. Esos acuerdos fueron rubricados al día siguiente. El secretario Técnico de la Presidencia, Julio González, me contó que el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, "tomó presuroso la palabra y dijo: ´Yo quiero tener la satisfacción de ser el primero en firmar el acta´; y lo hizo".


Los diarios de la época reflejan el mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas, como resultado del asalto guerrillero al cuartel de Formosa. Seis meses después, derrocarían al gobierno constitucional.

El martes 7 de octubre, el embajador estadounidense Robert Hill informó a su gobierno en el cable reservado 6713 que, "luego de casi dieciocho meses de respaldos y rellenos no concluyentes, el gobierno finalmente estableció un enfoque unificado para manejar el problema subversivo". Tres días después, en otro cable reservado, el número 6814, Hill analizó el decreto 2772 y concluyó: "Las Fuerzas Armadas tienen ahora la autoridad que han buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento ha sido en gran medida manejada (o mal manejada) por la Policía Federal".

El ex vicepresidente y ex gobernador Carlos Ruckauf era ministro de Trabajo: "Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba".


La conducción de la organización Montoneros. De izq. a der: Roberto Quieto, Mario Eduardo Fimenich y Fernando Vaca Narvaja

Ruckauf se refería a que los militares ya actuaban en la provincia de Tucumán para reprimir el foco guerrillero del ERP, instalado en marzo de 1974, durante la presidencia de Juan Perón.

Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso el 29 de octubre.

El ataque activó también una serie de urgentes reuniones entre los jefes militares y Luder, quien rechazó desplazar a la viuda de Perón. Tanto Videla como el brigadier Héctor Fautario —que siempre se opuso al golpe— me contaron que esa frustrada negociación derivó en que Videla y el jefe de la Marina, Emilio Massera, fijaran el 24 de marzo de 1976 como la fecha del golpe de Estado que ya se venía organizando.

LOS PARIENTES DE LOS GUERRILLEROS MUERTOS FUERON INDEMNIZADOS COMO VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO


Los años pasaron y los parientes de los guerrilleros muertos fueron indemnizados como si hubieran sido Víctimas del Terrorismo de Estado con el equivalente a cien veces el sueldo más alto de la administración pública nacional.

Por su lado, los padres de los colimbas muertos cobran una pensión muy baja, que en 2010, cuando fue publicada la primera edición de mi libro Operación Primicia, era de 842 pesos por mes.

Aquel año, la indemnización para las Víctimas del Terrorismo de Estado ascendía a 620.919 pesos.

Un cálculo simple indicaba que la madre de Sosa, por ejemplo, debía cobrar esa pensión de 842 pesos todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada uno de los guerrilleros. Y sin que hubiera inflación.

LOS SOLDADOS QUE SOBREVIVIERON SIGUEN TAN POBRES COMO ANTES


El juez federal Claudio Bonadio investiga ahora si hubo delito en el pago de las indemnizaciones a los parientes de los guerrilleros muertos por lo cual ya allanó dos veces la sede de la secretaría de Derechos Humanos.

Además, los guerrilleros muertos son recordados como héroes y mártires en sus pueblos y ciudades, y figuran en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado ubicado en la Costanera porteña.


Los guerrilleros muertos en el asalto al cuartel de Formosa en octubre de 1975 son recordados como víctimas del terrorismo de Estado

Tres años atrás, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del radicalismo, presentó un proyecto de ley para equiparar los subsidios a los parientes de uno y otro bando, pero luego de muchas idas y vueltas el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados kirchneristas.

Los soldados que sobrevivieron —siguen hoy tan pobres como antes— han solicitado el cobro de un subsidio, que fue negado por el Ejército y el gobierno nacional.

Todo muy previsible, considerando que el Ejército hasta se niega a entregarles una medalla conmemorativa de los 40 años de aquel combate.



Editor ejecutivo de la revista Fortuna y autor del libro Operación Primicia