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miércoles, 15 de febrero de 2017

Argentina: Cinismo periodístico frente al terrorismo de izquierda

Sobre el otro terrorismo de estado 
Por Roberto Cachanosky
Prensa Republicana



En las últimas semanas, algunas víctimas del terrorismo han transitado por algunos medios exponiendo sus sufrimientos. Se ve a periodistas y juristas escucharlos con atención y decir que lamentan los que les pasó pero que como hubo terrorismo de estado no tienen nada que reclamar. Algo así como: tengo que darte la razón para no quedar mal ante el público, pero me importa un carajo si los terroristas mataron a niños, a gente inocente, si secuestraron o torturaron. Nunca se ve una condena explícita y categórica hacia el terrorismo e inmediatamente remiten a la represión militar a partir del 24 de marzo de 1976 para desviar el eje del debate, no mostrar las atrocidades que cometieron los terroristas y volver a centrar la atención en el golpe militar.

En rigor hacen casi lo mismo que cuando entrevistan a una persona que se defendió de un acto delictivo. ¿Usó el agredido una fuerza excesiva contra el delincuente que lo amenazaba con un arma? ¿No podía defenderse de otra manera? ¿Tenía balas el revólver con que lo amenazaba el delincuente? ¿Estaba seguro que el delincuente le iba a disparar? Nuevamente la víctima del delito pasa a ser sospechosa para muchos periodistas, con lo cual alientan la criminalidad y las muertes de inocentes porque terminan envalentonando a los criminales, cuando no terminan justificándolos.

Volviendo al tema principal, este sistemático comportamiento de buena parte del periodismo demuestra que su supuesta defensa de los derecho humanos es solo una postura y que en última instancia comparten el proyecto autoritario que a sangre y fuego quisieron establecer en Argentina y en buena parte de América Latina organizaciones terroristas entrenadas en Cuba, Libia y con el apoyo de la Unión Soviética.

El grado de cinismo de buena parte del periodismo llega a niveles tales como querer hacer un arbitrario corte el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué ese deliberado corte histórico? ¿Es que ese día se levantaron de mal humor una docena de generales y empezaron matar y desaparecer gente? No, el corte se hace deliberadamente el 24 de marzo de 1976 porque durante la época de Perón comienza el terrorismo de estado con la creación de la Triple A. Un grupo que fuera de la ley empezó a combatir al terrorismo.


En rigor desde España, Perón  alentó a los terroristas en sus fechorías y luego, cando llegó a la Argentina y vio que los terroristas querían coparle el poder, es Perón el que inicia la acción contra los terroristas. El punto de máxima tensión llega el 25 de septiembre de 1973, dos días después de que Perón gana las elecciones de septiembre de 1973, cuando Montoneros asesina al dirigente sindical José Ignacio Rucci, amigo de Perón. El mensaje de Montoneros fue muy claro a Perón, o hacía una revolución al estilo cubano para establecer una dictadura o ellos la iban a hacer por su cuenta desalojando a los tiros y los bombazos al gobierno de Perón.

La realidad es que el periodismo nunca dice que los terroristas atacaron a un gobierno elegido en las urnas, el de Perón. En ese momento no combatían contra el gobierno militar, combatían contra un gobierno elegido por el voto.

Frente a este asesinato y tantos otros, Perón reacciona y lanza todas las fuerzas legales y no legales para combatir a los terroristas, pero por conveniencia política muchos dirigentes políticos y periodistas hacen silencio sobre el período previo al 24 de marzo de 1976. ¿Por qué no hablan de esos años anteriores a marzo de 1976? Tal vez por ignorancia o, lo que es más grave, porque es políticamente incorrecto señalar a Perón como el que inicia la cacería fuera de la ley de los terroristas. Es esa postura la que los hace poco serios como periodistas.

Pero ojo que también fue terrorismo de estado lo que hicieron los terroristas. En efecto, el apoyo logístico, entrenamiento y financiamiento que recibían de Cuba los transforma en una fuerza agresora externa que mediante el terror apoyado en estados extranjeros intentaron tomar por la fuerza el poder en Argentina para establecer una dictadura. En otras palabras, muchos de los terroristas hoy andan dando vueltas por los medios hicieron terrorismo de estado y deberían estar presos. Es más, siendo que el terrorismo de estado de los terroristas se apoyaba en estados extranjeros, es, a mi juicio, mucho más grave que el terrorismo de estado de los militares, porque mediante el terror otro estado quiso tomar el poder en Argentina. En todo caso acá hubo dos terrorismos de estado, pero el más grave fue el de los terroristas apoyados por estados extranjeros.


Cabe aclarar, también, que hay serias sospechas que acciones terroristas utilizaron el apoyo logístico de gobiernos provinciales que simpatizaban con los sectores marxistas, lo cual los hace terroristas de estado, como fue el caso del mencionado asesinato de Rucci.

Luce patético también que algunos periodistas sostengan que si bien la cifra de los 30.000 desaparecidos no es cierta, hay que mantenerla como un emblema nacional. Ninguna mentira puede ser emblema nacional y menos se puede construir un país basándose en la mentira. Eso muestra, una vez más, que mucho periodista y político no tienen realmente interés en los derechos humanos, sino que solo pretenden defender a los terroristas con los que simpatizan forzando el argumento hasta el ridículo para no reconocer que los montoneros, ERP y demás bandas armadas también cometieron crímenes de lesa humanidad.

Ahora que se está levantando el velo de tanta mentira y hechos que tratan de ocultarse de la década del 70, pareciera ser que los falsos defensores de los derechos humanos buscan nuevos argumentos para defender a los terroristas de estado apoyados en estado extranjeros.

Como última reflexión le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo llamaría Ud. a un argentino que se levanta en armas contra un gobierno elegido por el voto para establecer una dictadura mediante el terror, siendo apoyado, estimulado e impulsado por un gobierno extranjero?

economiaparatodos.net

lunes, 9 de enero de 2017

Hereros y Namas demandan a Alemania por genocidio colonial

Alemania está siendo demandada por su genocidio olvidado
Quartz



Consecuencias históricas. (Foto AP / Markus Schreiber)

Los descendientes de las personas masacradas en el olvidado genocidio de Alemania hace 110 años están demandando al actual gobierno de Berlín. Las personas de Herero y Nama de Namibia presentaron una demanda colectiva en una corte de Nueva York el 5 de enero, exigiendo daños y perjuicios por el primer genocidio del siglo XX.
Después de más de un siglo, Alemania finalmente se disculpó por el genocidio de 1904-1907 el año pasado y entabló conversaciones con el gobierno de Namibia sobre un entendimiento y una política comunes para abordar el asesinato en masa a menudo ignorado. Los jefes de los dos grupos dicen que han sido excluidos de las negociaciones.
"Ellos han decidido poner sus cabezas en la arena la manera del avestruz, la falta de respeto a nuestra gente y nuestro gobierno. Tenemos fe en que prevalecerá la justicia restaurativa ", declaró Vekuii Rukoro, jefe supremo de ovaHerero, al periódico namibiano.
El jefe, que también es un defensor legal, dijo que había intentado la ruta diplomática y no tenía resultados, diciendo que él creía que el derecho internacional y de derechos humanos estaba de su parte.
Hace un siglo, las tropas coloniales alemanas cometieron lo que los historiadores creen que fue un precursor del Holocausto. En tres años, las tropas alemanas supervisaron el exterminio del 85% de la población de Herero y miles de Nama, expropiaron sus tierras y se apoderaron de su ganado, su principal fuente de riqueza. Muchas mujeres y niñas indígenas también fueron violadas por colonos y utilizadas como trabajo forzoso.
Hoy en día, los Herero, una vez poderosos, representan alrededor del 10% de la población de Namibia y viven en algunas de las regiones más subdesarrolladas del país, luchando con el alto desempleo juvenil. Los demandantes también están pidiendo reparaciones por los miles de kilómetros cuadrados de tierra que fueron incautados por las autoridades coloniales alemanas, de acuerdo con la demanda.
Berlín se ha negado a pagar reparaciones, diciendo que en su lugar financiaría proyectos de desarrollo específicos. La demanda no afectará las negociaciones en curso, dijo Ruprecht Polenz, enviado especial de Alemania para el diálogo con Namibia. Para Alemania, tratar el genocidio no es una cuestión legal, sino una cuestión política y moral, dijo.
"Estamos negociando con el gobierno de Namibia las consecuencias políticas y morales", dijo a la cadena alemana Deutsche Welle.
"No hay garantía de que ninguna de las propuestas de ayuda externa de Alemania llegue o ayude a las comunidades indígenas de minorías que fueron directamente perjudicadas", dijo el abogado de los demandantes, Ken McCallion, a Reuters. "No puede haber negociaciones o acuerdos sobre ellos que se haga sin ellos".

lunes, 12 de diciembre de 2016

Guerra Antisubversiva: La genial contrainteligencia destroza la "Contraofensiva" montonera

Archivos secretos de la dictadura revelan su alto conocimiento de los planes de Montoneros
Estos documentos, que Infobae publica por 1ª vez, se usarán en el juicio por la “Contraofensiva” de 1979-80 porque en ellos se admite la captura de desaparecidos, pero a la vez muestran un modus operandi de los jefes guerrilleros funcional a la represión
Por Claudia Peiró - Infobae



Documentos que serán usados en el juicio por la Contraofensiva

En 1979, cuando la dictadura había casi completado el exterminio de las organizaciones guerrilleras en el país, la conducción de Montoneros, que se había exiliado a fines del 76 para preservarse, decidió lanzar lo que llamó una "Contraofensiva", para lo cual reagrupó a los militantes que habían sobrevivido a la represión y que estaban dispersos en distintos países, México, España, Brasil, etc.

Pese a tratarse de una operación clandestina, el anuncio fue público y el reclutamiento también. "Si querés volver al país a combatir la dictadura, dejá tu nombre en la urna", fue la frase final de una reunión en un club de Madrid, en tiempos en que la militancia en esas organizaciones costaba la vida.

El archivo al que Infobae tuvo acceso evidencia el detallado conocimiento que tenía la dictadura tanto de la situación interna de la organización, como de sus planes, metodología, blancos posibles de los atentados que pensaban cometer y, más grave aún, la identidad de la mayoría de sus cuadros.
 Los documentos incriminan a los represores; revelan detenciones de personas hoy desaparecidas. Pero también la trama de una larga cadena de caídas anunciadas
Los documentos, desde ya, son autoincriminantes para los represores, puesto que revelan detenciones de personas que hoy están desaparecidas. Pero leerlos es como sumergirse en la trama de una larga cadena de caídas anunciadas que la conducción de Montoneros pudo evitar pero por el contrario casi pareció fomentar.

Cuando en agosto de 2003 el juez Claudio Bonadío detuvo a los jefes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja y pidió la captura de Mario Firmenich (estaba en Barcelona donde Interpol no lo pudo hallar) por considerarlos "partícipes necesarios" del secuestro de varios de sus militantes en aquella Contraofensiva, los organismos de derechos humanos pusieron el grito en el cielo ante una iniciativa que contradecía su relato. El aire de los tiempos hizo que esa causa se cerrara pronto.


Información sobre los planes de la organización Montoneros

Pero los documentos que aquí se publican sustentan algo que en aquel momento dijo el juez: que esos "jefes" no tomaron todos "los recaudos necesarios para que sus decisiones no fueran funcionales a la estructura ilegal de la represión". Las capturas de los militantes enrolados en la Contraofensiva les fueron servidas en bandeja a los militares. El número ascendió a más de 80, en tiempos en que la organización no superaba los 400 efectivos en total.
 Firmenich desde Nicaragua decide que la Contraofensiva debe continuar 3 meses más; lo que dio lugar a la caída de algunos de sus cuadros
En enero de 1980, la primera etapa de la Contraofensiva había concluido -con muchas bajas- y la segunda –que acabaría igual- estaba en curso. En un informe de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), del 30 de enero de ese año, hay un párrafo muy significativo: "…existe una división a nivel cúpula de la BDT [N. de la R: Banda de Delincuentes Terroristas] Montoneros: una de las ramas mantiene la línea que la lucha armada en la Argentina no debía continuar, sino que volcarían los cuadros a la actividad política exclusivamente (…). El otro sector se pronuncia por la lucha armada con la convicción que la contraofensiva debe continuar en la Argentina, ratificando estos conceptos el DT [N.de la R: Delincuente Terrorista] FIRMENICH desde Nicaragua. Es así que este dirigente envía cuadros conformados en el exterior de TEI y TEA [N. de la R: Tropas Especiales de Infantería y Tropas Especiales de Agitación, según la  nomenclatura militarista adoptada por el grupo], los que debían operar solamente tres meses, pero luego decide que su accionar debe continuar tres meses más; lo que dio lugar a que se produjera la caída de algunos de sus cuadros (muertes y detenciones)".

Un poco más atrás en el tiempo, el 20 de septiembre de 1979, un parte de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, dice: "Se ha tomado conocimiento de que esta organización ha formado las TEA (Tropas Especiales de Agitación) (que) serán integradas por militantes que han ingresado al país, junto a otros que habían quedado en la Rep. Argentina 'desenganchados'. Se sabe (que) ha constituido asimismo las TIE [N. de la R: por TEI, Tropas Especiales de Infantería]". El informe incluye los nombres de los jefes de las TEA en Córdoba, Litoral y Capital Federal: Manuel Quintana, "Gervacio" (sic) y Ernesto Ferrer.

También hay un listado de los miembros de Montoneros, entre 191 y 243 (dentro del país). Fuera del país, se estima un número entre 222/243. "TOTAL APRECIADO EN LA BDT: 413/491", concluye el informe.

Listado de miembros de la organización




En un parte posterior se dice que la conducción "avala como correcta y positiva la 'maniobra de la contraofensiva' (y) estima que tuvo tres grandes aciertos: dividió a los campos enfrentados (oligarquía-trabajadores y pueblo), señaló que es la clase obrera quien debe conducir la lucha por la liberación nacional y, por último, que es la BDT quien debe conducir a aquella". En síntesis, se dicen "satisfechos" con lo logrado y "aunque el costo fue elevado, de lo que culpan a la disidencia de (Rodolfo) Galimberti [N.de la R. de febrero de 1979], los resultados lo justifican".

"A pesar de las bajas sufridas –agrega el informe-, pérdidas de material y escaso rédito obtenido durante 1979, nuevamente ingresarán militantes, durante el transcurso del presente año".

En septiembre del 79, los militares sabían que "actualmente en el País, habría dos grupos de Tropas Especiales de Infantería (TEI), cada uno compuesto por 11/12 delincuentes terroristas". Y agrega. "Se pudo determinar que una de las TEI estaría liderada por el DT HECTOR PEDRO PARDO (a) ALCIDES (…) presumiéndose que opera en el Gran Buenos Aires. La otra TEI estaría encabezada por el DT MIGUEL OLMEDO, con jurisdicción en Capital Federal".

En otro informe del mismo mes se revela la estructura de una de las TEA, con los nombres legales de sus integrantes ("Teniente RICARDO DANIEL SANTILLI (NG) 'PABLO', ARGUELLO (NG) 'SUBTENIENTE ADRIANA' Y ANGELA A SALOMONE (NG) 'MILICIANA EVA O NEGRA"). Se agrega la trayectoria y descripción física de unos 14 miembros de las TEA.

Estructura de los grupos que operan en la Contraofensiva



En otro parte de Inteligencia del mismo mes, se lee: "Se tiene conocimiento de que la BDS MONTONEROS se encuentra abocada al entrenamiento intensivo de pequeños pelotones de combate para la realización de  acciones subversivas en nuestro país". Ese entrenamiento se estaría realizando "en Palestina [sic, probablemente en referencia al Líbano] y en Cuba". "Las precitadas acciones tendrían su comienzo en el corriente mes y para ellos los grupos de marras ingresarían a nuestro país por diferentes medios y lugares (preferentemente por Brasil, Paraguay y Bolivia)".

Los militares conocen el nombre legal y la falsa identidad del responsable de la base de documentación en Brasil: José Alberto Vitar y Julio César Celia, respectivamente. "Ha viajado a Bolivia, donde se lo vigila para detectar los contactos que realice, para luego proceder en consecuencia", dice el parte.

Información sobre las TEA, Tropas Especiales de Agitación de Montoneros



La primera etapa de la Contraofensiva tuvo lugar en 1979 y en ella cayeron varios cuadros de la organización, algunos históricos, como María Antonia Berger (sobreviviente de los fusilamientos de Trelew), Armando Croatto, Horacio Mendizábal, Guillermo Amarilla y otros.

Operación Guardamuebles

El 27 de diciembre de 1979 tiene lugar un incendio en un guardamuebles en la calle Conde 2400, Capital Federal, dejando al descubierto un escondite de armas montoneras y una metodología, que llevará a la detección de muchos otros depósitos similares.

El incendio y el hallazgo fueron reportados por los diarios. Pero ni la conducción "estratégica" (Firmenich) ni la "operativa" (Perdía) tomaron recaudos. Los militantes fueron a retirar los pertrechos depositados.

Los militares montaron el "Operativo Guardamuebles", por el cual detectaron varios depósitos más y emboscaron a sus dueños. La orden fue relevar las empresas del rubro allí donde saben que actuará la "BDT" -Capital y Gran Buenos Aires, Córdoba, etc.- y ordenan controlar especialmente los depósitos realizados de octubre a diciembre (1979), tener en cuenta que los guerrilleros depositan pocos elementos, que las armas, explosivos y demás objetos están ocultos en sillas tapizadas, sillones, bafles, termotanques, televisores, etc. que la estadía fue pagada por adelantado y generalmente hasta febrero, que las cosas son traídas directamente por el cliente y no por flete. Y advierten que por lo general "el depositante" utiliza DNI. Esto es porque su uso no estaba tan difundido como hoy y las cédulas de identidad eran más difíciles de falsificar.

Referencia al incendio en un guardamuebles y a la posición de Firmenich (ver último párrafo)



La Operación Guardamuebles tendrá una eficacia casi del cien por cien. En solo 3 días, del 27 al 29 de febrero, detienen a diez militantes de la segunda ola de la contraofensiva, apenas ingresados al país, entre ellos, Ricardo Zucker (hijo del actor Marcos Zucker). Los arrestos siguen hasta mayo, completando un total de 20, porque los militares montan emboscadas en las citas de control.

Bajas producidas por el Operativo Guardamuebles



La mayoría de los caídos en este grupo eran personas que habían sobrevivido a la primera ola de la Contraofensiva, en 1979, pero fueron enviados nuevamente al país. Entre ellos, había una adolescente, Verónica Cabilla, de 16 años. Está desaparecida.

La Operación Guardamuebles –dice un informe "estrictamente confidencial y secreto", de marzo del 80- permitió saber que Montoneros retomaría sus actividades ese mes, que los "miembros de la BDT" ingresarían "desde el exterior", aprovechando el "caudal turístico veraniego", que no usarían vuelos intercontinentales porque los aeropuertos eran demasiado controlados para "sus pasaportes apócrifos". "Las vías de ingreso (serían) Brasil, por cualquiera de sus fronteras, Paraguay, por todas sus fronteras terrestres, Chile, en particular por Mendoza y Bariloche, y Uruguay, (sólo para) los elementos no muy conocidos en Capital Federal".

Lógicamente, esas fronteras serán especialmente vigiladas. Es la "Operación Murciélago".

En febrero del 80, una pareja de cuadros de la Organización es secuestrada al intentar ingresar al país por Mendoza. Sigue el arresto de otro, en el aeropuerto de la misma provincia. Eso les permite "neutralizar" -según el siniestro eufemismo utilizado- a otros 5 cuadros, casi todos del área de Prensa. El 9 de septiembre del 80 "neutralizan" a otro militante con grado de Tte 1º, en Punta de Vacas, Mendoza, por el cual llegan a otros dos.

Información sobre la preparación de los cuadros que regresaban al país


La conducción montonera llama "deserciones" a los desacuerdos políticos. El documento cita el caso de Manuel López (NG Alberto), ex jefe del TEI n°1 que se niega a cumplir la orden que le da Roberto Perdía de volver al país en desacuerdo con la evaluación de la primera etapa de la Contraofensiva y la posibilidad de seguir, "a raíz de las bajas sufridas en el año anterior y de no haberse logrado suficiente repercusión de masas".

Pese a todo, "para la segunda maniobra de la contraofensiva, en particular en los meses de marzo, abril y mayo, (…) funcionará el grupo TEI a asentarse en la zona norte del gran Buenos Aires, a cargo de (NG) CHINO".

El objetivo es producir atentados importantes, uno antes del 24 de marzo, contra algún alto funcionario del gobierno. Incluye la lista: "JUAN ANTONIO NICHOLSON, subsecretario de Coordinación económica, MARCOS RAUL FIRPO, de la Sociedad Rural, RICARDO GRUNEISSEN, del grupo empresarial ASTRA, EDUARDO BRAUN CASTILLO, empresario, ARTURO ACEVEDO, del grupo Acindar,…" etcétera.

Operación Murciélago



Un segundo informe de Inteligencia de Prefectura, del 11 de abril de 1980 dice: "La CN [Conducción Nacional] de la BDT persiste en su 'contraofensiva', pero advierte que "esto encuentra serias dificultades en su implementación", debido a la "rígida posición sustentada por el DT FIRMENICH", la "presión de las FFAA", la "disconformidad de 'cuadros' de conducción media y de nivel TEI y TEA por el balance de la 'ofensiva estratégica' que no arroja los resultados esperados", el "temor de los 'cuadros' TEI y TEA de ingresar al país por las caídas sufridas".

Pero la conducción de la organización desoyó todas las advertencias y tildó de desertores a los críticos. La Contraofensiva se detuvo sólo cuando ya no quedaban cuadros para enviar al país.


Ampliación de la conducción de Montoneros


El juicio

La larga etapa –seis años- de instrucción de la causa por las desapariciones en el marco de la Contraofensiva ha concluido y ha sido elevada a juicio oral. El doctor Pablo Llonto, abogado de más de treinta familias querellantes en esta causa, teme que el juicio no comience pronto porque el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín donde se tramita la causa está saturado de expedientes.

El abogado santacruceño Rafael Flores, que representa uno solo de los casos, el de Gervasio Martín Guadix, a quien conoció, también se muestra escéptico respecto de que el juicio se efectivice pronto. "Es el drama de la lentitud de los procesos en Argentina. Los expedientes no caben físicamente en los locales del Tribunal. Los jefes de inteligencia del Batallón 601 son personas de 80 años. No me causa gracia juzgar a personas de esa edad". Guadix, entonces de 26 años, fue secuestrado en Capital en agosto de 1980 y asesinado en Paso de los Libres en diciembre de ese mismo año, en un hecho que quiso ser presentado burdamente como un suicidio.

Acerca de la posibilidad de que los jefes montoneros sean citados, Llonto es categórico. Considera que la iniciativa de Bonadío fue un delirio y que plantear alguna responsabilidad de la conducción montonera en lo sucedido equivale a culpar a las víctimas. El abogado va incluso más allá y defiende toda la actuación de Montoneros, comparando la Contraofensiva con la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo y la de la CGT.

Otra es la opinión de Flores. "La Contraofensiva fue un error gravísimo y no me detengo en otras posibilidades no porque no las piense sino porque no tengo pruebas. Lo que pasó es tremendamente triste, porque era gente valiosa, honesta, capaz. Más allá del disparate, las víctimas eran personas convencidas de que había que luchar. Pero, como decía aquel jefe de policía de Napoleón, Fouché, 'en política, algo peor que un crimen es una equivocación".

Informe Especial de Inteligencia 02/80

sábado, 17 de septiembre de 2016

Guerra Antisubversiva: Sentencia cuida a Perón como terrorista de Estado

La Perla y Julio Yessi: pequeña corrección a sentencias justas
Acaba de finalizar la megacausa de La Perla, Córdoba, con la condena de la mayoría de los represores. Las sentencias evitan denostar al principal líder del movimiento justicialista.
Sergio Bufano - Perfil


La Perla y Julio Yessi: pequeña corrección a sentencias justas La Perla y Julio Yessi: pequeña corrección a sentencias justas 
Foto:Cedoc

Acaba de finalizar la megacausa de La Perla, Córdoba, con la condena de la mayoría de los represores. Finalmente, luego de las declaraciones de cientos de testigos, la justicia cordobesa cierra un capítulo nefasto de nuestra historia.

El tribunal, presidido por el juez federal Jaime Díaz Gavier, agrega con justeza que el terrorismo de Estado “imperaba en nuestro país aún con anterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976”, aunque sitúa el inicio de este terrorismo en 1975. Coincide así con la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien en marzo de este año, al condenar a Julio Yessi a cuatro años de prisión, sostuvo que la Triple A “fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación”, refiriéndose a José López Rega.

Es necesario introducir una pequeña corrección en ambas sentencias. Porque contienen el mismo error: en un caso se modifica la fecha del inicio del terrorismo de Estado, y en el otro, se evita nombrar a quien designó a Yessi y ascendió a los cinco jefes de la Triple A, el entonces Presidente de la Nación General Juan Domingo Perón.

El 29 de enero de 1974, el Presidente nombró como subjefe de la Policía Federal y Superintendente de la fuerza a Alberto Villar y Luis Margaride, respectivamente. El primero había sido formado por la temible Organisation de l´Armée Secrète (OAS) en París. Ambos tuvieron activa participación en la Triple A. Poco después, el 18 de febrero, el Presidente designó a Juan Ramón Morales como comisario inspector y a Rodolfo Eduardo Almirón como inspector (decreto 562/74). Todos ellos fueron la cabeza de los escuadrones de la muerte que asolaron al país.

En el mes de mayo el plan de nombramientos continuó con el decreto 1412, firmado por el General, que nombró a Julio Yessi como presidente del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (Boletín Oficial, 13 de mayo 1974). Con despacho, naturalmente, en el ministerio de Bienestar Social, desde donde alían los grupos armados a matar opositores. Luego, mediante el decreto 1350, ascendió a comisario general de la Policía Federal, el cargo más alto de esa institución, a su hombre de confianza, José López Rega. En los fundamentos del decreto señaló “que de los antecedentes que se acompañan resta que el hoy ministro de Bienestar Social, don José López Rega, tuvo un brillante desempeño en la Policía Federal hasta la fecha de su retiro, dispuesto el 3 de abril de 1962”.

¿Cuál es el motivo por el que dos jueces federales evitan referirse a quien nombró a los cinco jefes de una organización terrorista previa a 1976? El mismo que recorre buena parte de la historiografía cuando se trata de Juan Domingo Perón: el temor a denostar al principal líder del movimiento justicialista.

Las pruebas son tan contundentes y abrumadoras que llama la atención la obstinada decisión de salvar su imagen. Es entendible que los partidarios de justicialismo lo hagan; su adhesión incondicional trasciende los delitos que haya cometido. Pero ¿por qué la Justicia? Debe reconocerse que hubo militantes peronistas de aquella época que llegaron a denunciar la tragedia: Juan Carlos Añón, dirigente de la Regional I de la JP, afirmó en abril de 1974: “nosotros creíamos que la violencia se terminaba el 25 de mayo y eso lamentablemente no fue cierto. Juventud Peronista tuvo más muertos del 25 de mayo (1973) hasta hoy que en los últimos ocho años de la dictadura militar”.

También Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde lo reconocieron en febrero de 1974, al titular en su revista Militancia que el gobierno de Perón era cada día más gorila: “En la Argentina hay bandas de ultraderecha, por supuesto. Pero no tienen vida propia si el Estado y su aparato represivo no las apoyan. Cuando dejan de ser puramente declarativas y entran a funcionar como  “escuadrones de la muerte” es porque han sido oficializadas”.

Acerca de que las Tres A comenzaron a actuar luego de la muerte del líder, conviene recordar que el primer atentado con su firma se produjo el 21 de noviembre de 1973 contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen, defensor de presos políticos. Entre julio y diciembre de 1973 se cometieron más de 20 asesinatos y 17 secuestros seguidos de torturas; entre enero de 1974 hasta la muerte del Presidente, hubo 38 crímenes cometidos por la Triple A y 24 secuestros de personas que salvaron su vida pero fueron cruelmente torturadas. A ello hay que sumar cientos de atentados contra diarios, imprentas, locales de partidos políticos opositores al gobierno y también de la Tendencia. Que la Justicia disimule los hechos históricos no es un buen ejemplo. Ni para los jóvenes que están estudiando leyes, ni para la sociedad que necesita conocer su propio pasado.

(*) Coautor de Perón y la Triple A, las 20 advertencias a Montoneros.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Guerra Antisubversiva: Asalto al Comando de Sanidad del EA

Asalto al Comando de Sanidad del Ejército



El 6 de septiembre de 1973 un comando terrorista del ERP intentó tomar el Comando de Sanidad del Ejército, sito en Parque Patricios, para apoderarse de las provisiones y medicamentos que había allí. Gracias a la complicidad del soldado entregador Hernán Invernizzi, los terroristas tomaron el Comando e intentando recuperarlo perdió la vida el Teniente Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy, quien instantes antes de ser asesinado había instruido a sus subordinados que no tiraran a matar a nadie, cuando ya había bandera blanca de rendición por parte de los terroristas.
Luego de quitarle la vida a Duarte Ardoy los terroristas se entregaron a las autoridades policiales. Esto ocurría en el período democrático posterior al ex presidente Cámpora, siendo Lastiri quien dirigía al país, esperando que Perón asumiera la presidencia.
Terrorista entregador Hernán Invernizzi

Varios de los terroristas eran conocidos, dos de ellos, Ramón Alberto Gómez y Benito Urteaga, habían escapado del Penal de Villa Urquiza en 1971 donde habían sido asesinados 5 guardicárceles. Otro terrorista, Tomás Ponce de León, había sido procesado por el secuestro y asesinato del empresario italiano Oberdan Sallustro pero había sido beneficiado por la amnistía de Cámpora para volver a matar. Por su parte, Ferreira Beltrán era uno de los terroristas que había secuestrado el avión de Austral. Eduardo Anguita fue otro de los terroristas detenidos y que luego fue condenado a fines de los 70 a 18 años de cárcel por el intento de toma del Comando de Sanidad, pena que desgraciadamente no cumplió entera por haber sido liberado con el retorno de la democracia en el gobierno de Alfonsín. Por último, cuando el Cnel. Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado, el 11 de agosto de 1974, parte de lo que se pidió por su libertad fue la excarcelación de cinco de los terroristas involucrados en la toma del Comando.



Terrorista del ERP Eduardo Anguita

Esto nos da un panorama del nivel de violencia y nos deja en claro que cuando se eligen las armas para tomar el poder e imponer una dictadura de izquierda, no hay reinserción social, amnistía o perdón que valga para los terroristas…ellos solo propagan agresión.

sábado, 30 de julio de 2016

Guerra antisubversiva: Buscan reabrir la causa del asesinato del Cap. Viola (EA)

Piden que un crimen del ERP sea considerado delito de lesa humanidad y reabrir la causa
Se trata de los asesinatos del capitan Viola y su pequeña hija de tres años, ocurridos en 1974. Infobae accedió al documento que la viuda presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por Nicolás Gilardi - Infobae



El capitán Viola y su pequeña hija María Cristina. Fueron asesinados por el ERP

El violento ataque que culminó con el asesinato del capitán del Ejército Humberto Viola y su pequeña hija de tres años María Cristina, y provocó serias heridas a María Fernanda, de cinco, fue uno de los más violentos que perpetró el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El lamentable episodio ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, en pleno gobierno constitucional peronista, y se convirtió en un caso paradigmático de la violencia guerrillera, que no dudó en disparar contra menores.

A más de cuatro décadas de los hechos, la viuda de Viola, María Cristina Picón, que estaba embarazada de cinco meses cuando ocurrió el trágico crimen, busca que los responsables sean castigados. Tras un largo derrotero judicial que llevó al expediente al olvido, Picón de Viola hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando que el asesinato de su esposo y su hija sean considerados delitos de lesa humanidad y se reabra la investigación.

Infobae accedió al largo escrito que el abogado de Picón de Viola envió a la CIDH. Allí, la viuda de Viola denunció la violación de los derechos contemplados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25° (protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de Ginebra de 1949.


El capitán Humberto Viola

Este último artículo puede resultar clave para que prospere la petición, ya que configura como delitos de lesa humanidad a los atentados contra civiles inocentes en conflictos armados, ya sean internacionales o de orden interno, como el que vivía la Argentina en aquellos trágicos años.

Asimismo, Picón de Viola citó numerosos testimonios, libros e incluso publicaciones de las organizaciones armadas, que la llevan a concluir que "los miembros de la guerrilla fueron instruidos en Cuba, de quienes recibieron un apoyo directo financiero y militar". Se trata de otro dato de relevancia, ya que explicita el apoyo de otro país al accionar terrorista en la Argentina.



"Los terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que los acribillaron por la espalda, seguían las enseñanzas de Ernesto Guevara; estaban envenenados por el odio como factor de lucha, ese odio intransigente al enemigo que no reconoce límites morales; se habían convertido, como él lo exigía, en 'efectivas, violentas, selectivas y frías máquinas de matar'", sostuvo en otra parte de la presentación.

Los testimonios y pruebas citada por la señora Viola también apuntan a demostrar que el Estado argentino, por acción u omisión, facilitó en cierta manera el accionar de los grupos terroristas.


María Cristina Picón, viuda de Viola

En la parte final del escrito, la mujer hizo referencia a los recientes casos de corrupción del kirchnerismo que salieron a la luz y señaló que "como es público y notorio, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner estuvieron integrados por prominentes miembros de la guerrilla montonera y erpiana".

"En los días en que se presenta esta denuncia, la enorme corrupción de esos gobiernos va saliendo a la luz y son encarcelados ex funcionarios y empresarios ligados a sus máximos dirigentes políticos, mientras la ex presidenta de la Nación es indagada", agregó al respecto.

El camino de la investigación

En octubre de 2009, la viuda de Viola apeló ante la Cámara Federal de Tucumán la sentencia del juez federal subrogante Daniel Bejas, quien se negó a reabrir la investigación al considerar que no se trataba de delitos de lesa humanidad.

La Cámara no compartió el criterio de Bejas y recordó que la CIDH estableció que la aparición de nuevas pruebas que permitan establecer que un crimen fue delito de lesa humanidad puede permitir la reapertura de un expediente. Sin embargo, se opuso a esto último al considerar que los responsables ya habían sido juzgados.

La señora de Viola interpuso a su vez un recurso en Casación, al considerar que los autores mediatos del ataque contra sus familiares habían sido los integrantes del buró político de la organización guerrillera que lideraba Roberto Santucho. La Cámara rechazó también este recurso y luego la Corte Suprema se opuso a abrir el recurso extraordinario. Ahora, la viuda del militar asesinado recurrió a la CIDH en la búsqueda de justicia.


Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo

miércoles, 1 de junio de 2016

Guerra Antisubversiva: Condenan al Plan Cóndor

Argentina, primer país que condena a los jerarcas del Plan Cóndor
Un tribunal certifica el pacto de las dictaduras latinoamericanas para asesinar disidentes

Carlos E. Cué - El País


Los dictadores Augusto Pinochet (Chile) y Jorge Videla (Argentina)


El Plan Cóndor fue algo único. Un pacto entre seis dictaduras latinoamericanas para intercambiar información y sobre todo colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos que luchaban para derrocarlas. Es una de las historias trágicas más conocidas de América, con centenares de víctimas. Y sin embargo, más de 30 años después de su acta fundacional, firmada el 28 de diciembre de 1975 en Santiago de Chile y encontrada en el “Archivo del Terror” de Paraguay, ninguna sentencia judicial había reconocido su existencia como una asociación ilícita organizada para matar. Argentina, un país en el que el proceso de los juicios de lesa humanidad está muy avanzado y no cesa, se ha convertido en el primero que condena formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor en un larguísimo juicio con 105 víctimas y 18 imputados que empezó en 1999 con cinco casos y ha ido creciendo poco a poco. Un tribunal federal condenó por "asociacion ilícita en el marco del Plan Cóndor" entre 8 y 25 años a los principales imputados.


El exagente de inteligencia Miguel Ángel Furci (izq.) escucha su condena. 

Entre los condenados está Reynaldo Bignone, último dictador argentino, y el general Santiago Riveros. También está el coronel uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado en 2007 a Argentina desde Brasil, y el exagente de la inteligencia argentina Miguel Ángel Furci, que recibieron las penas más altas, de 25 años de cárcel. No figuran los máximos jefes del Plan Cóndor porque han muerto, pero simbólicamente el proceso judicial también va contra ellos. De hecho, el más cruel y conocido de los dictadores argentinos, Jorge Videla, murió tres días después de declarar en este juicio. Afrontar su responsabilidad en el Plan Cóndor fue lo último que hizo en vida. Videla aseguró ante el tribunal que se hacía cargo de toda la responsabilidad pero sin dar ningún detalle nuevo.
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“Lo importante de este juicio es que por primera vez en América Latina un tribunal reconoce la existencia del Plan Cóndor como asociación ilícita, es un juicio clave porque si estuvieran vivos Pinochet o Stroessner estarían en esta causa", explica Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en Argentina que ha promovido este y otros muchos juicios contra los jerarcas de la dictadura militar.


La prensa de la época da cuenta del hallazgo de cadáveres.

La nacionalidad de las 105 víctimas cuyos familiares escuchaban emocionados la sentencia da una idea de las dimensiones del Plan Cóndor. 45 de ellos eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos. Entre los presentes en el tribunal estaba Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García, que fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya y recuperó su identidad en el 2000, a los 23 años. La nieta del fallecido poeta Juan Gelman escuchó con satisfacción la condena a Cordero, que fue recibida con aplausos en la sala de audiencias.

Argentina abre así una puerta que en otros países parece mucho más cerrada. Por ejemplo, en Brasil, rige una ley de amnistía que impide llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes cometidos por su dictadura (1964-1985). De hecho ninguno de los miembros del Plan Cóndor ha llevado a cabo un proceso como el argentino, un país en el que prácticamente todos los personajes clave de la dictadura están en la cárcel o en arresto domiciliario por su avanzada edad. La memoria histórica se ha convertido en una política de Estado que se ha mantenido con Mauricio Macri como presidente, como muestran los el medio centenar de juicios en los que el Estado es querellante. El otro gran juicio por el Plan Cóndor se desarrolla lejos del continente, en Roma, en un proceso contra 30 exmilitares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de la desaparición y muerte de 43 opositores, entre ellos varios de origen italiano.

La creación del Plan Cóndor quedó absolutamente probada durante el juicio argentino, tanto es así que existe incluso ese acta fundacional firmada durante una reunión de los responsables de la inteligencia de las dictaduras y firmada por los representantes de Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE, que aún no representaba a una dictadura militar), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército). Brasil no firmó esa primera acta pero otros documentos muestran con claridad que participó en el Plan Cóndor.

En el “Archivo del Terror” de Paraguay se encontró una invitación de la DINA -servicios secretos de Pinochet- “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. En el texto formal firmado en Chile se señala: “Se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”.

El plan empezó como un intercambio de información y fue creciendo hasta que pasó a la fase de secuestrar o asesinar directamente a los disidentes en los países donde estuvieran escondidos, siempre con la autorización implícita de la dictadura local. El Plan Cóndor fue extendiendo sus fronteras y la dictaduras empezaron a asesinar a disidentes en Europa y EEUU, como el conocido caso de Orlando Letelier, exministro del Gobierno de Salvador Allende, asesinado en Washington en septiembre de 1976.

Una de las grandes preguntas que quedan pendientes es la participación de EEUU en el Plan Cóndor. Durante el juicio, según los investigadores del CELS, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de que algún organismo de este país promoviera el plan pero sí ha quedado claro por distinta documentación, entre ellas alguna desclasificada por el propio Departamento de Estado de EEUU, que lo conocían con detalle.

Muchos investigadores confían ahora en que la promesa de Barack Obama de desclasificar más documentos relacionados con las dictaduras latinoamericanas, especialmente los de la CIA, ofrezca mucha más información. Lo que sí se sabe es que EEUU se fue alejando a medida que el Plan Cóndor empezó su oleada de asesinatos en distintos países y dejó de ser un plan secreto. Son los documentos de EEUU los que con más detalle explican el objetivo del plan: “Implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’”, detalla. En cualquier caso, explican en el CELS, la operación Cóndor fue un plan latinoamericano, diseñado por las dictaduras para acabar con sus propios disidentes.

domingo, 14 de febrero de 2016

Guerrra Antisubversiva: La payasada de los juicios de lesa humanidad

El teatro de los juicios
El autor indaga acerca de las razones del poder político para realizar juicios por delitos de lesa humanidad sin guardar la imparcialidad debida.

Por Luis Alberto Romero
Historiador. Club Político Argentino.
Especial para Los Andes



La payasada de los juicios de lesa de humanidad en Bahía Blanca

¿Cuál es el balance de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos han dañado seriamente el estado de derecho y el principio del gobierno de la ley. Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se han abroquelado en el silencio. Se ha castigado, masivamente y al bulto, pero muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es exactamente lo que se quiso mostrar?

La justicia siempre ha tenido una dimensión teatral: una escenificación destinada a expresar de modo sencillo el principio abstracto que la guiaba. En Inglaterra se trataba de la majestad de la justicia. Para eso estaban las pelucas y las togas, el estrado elevado, el juramento de los testigos, los alegatos y el fallo, en el que la culpabilidad debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

En el Tribunal Revolucionario de la Francia jacobina, en cambio, se escenificaba el poder soberano del Pueblo, encarnado en el fiscal Fouquier-Tinville. Él recibía las denuncias, ordenaba las prisiones, elegía a los jueces y jurados, seleccionaba el público, redactaba la acusación e interrogaba a los testigos; luego del fallo, disponía las carretas que llevaban a los “enemigos del pueblo” a la guillotina, y al pie de ésta recibía al verdugo. Así fueron ejecutados María Antonieta, Brissot, Danton, Robespierre, y finalmente el propio Fouquier.

Los juicios actuales por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el estado de derecho. Estos, en cambio, son manipulados sin  disimulos por el gobierno y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, escenifican los atributos más valorados por el gobierno: su discrecionalidad y su impunidad.

El primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada sistemáticamente, incluso a los muy enfermos. Así han muerto en sus celdas más de 300 detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían,  pero es un argumento inaceptable en un estado de derecho.

El público, que jugó un papel importante, era usualmente preparado previamente por la prensa y los militantes. En algún caso, se realizó un festival de rock, convocado bajo el lema “Democracia con justicia y verdad” y presidido por la fiscal general Gils Carbó y el secretario de Derechos Humanos. En las sesiones, tribunas vociferantes presionaron a los testigos y “escracharon” a los abogados defensores. Los fiscales, generalmente militantes, designaron fiscales ad hoc, elegidos entre los abogados querellantes y notoriamente parciales.

Preparados por sus abogados y por los fiscales, los testigos recordaron, treinta años después de los hechos, detalles que nunca habían mencionado antes. Si se salían del libreto, el fiscal y hasta el juez les recordaban por dónde debía ir su testimonio. En sus alegatos, los fiscales repitieron el mismo texto en diferentes juicios. Entre los jueces, hubo militantes que condujeron el proceso con mano firme, y otros timoratos, acostumbrados a un ejercicio más serio de su función pero incapaces de resistir la doble presión de los militantes y del poder político.

Lo peor fueron las sentencias. En los casos de quienes habían sido jóvenes oficiales, policías o gendarmes, el único indicio de culpabilidad fue que prestaban servicios en una dependencia en donde se torturaba o mataba. Habitualmente no había pruebas fehacientes de que hubieran participado, y se sabe que solo una parte de ellos eran convocados a ese nefasto servicio. Sin embargo, el criterio aplicado por los tribunales fue el del “partícipe necesario”: no podían no haber participado o sabido qué es lo que allí pasaba -daba lo mismo-, y eso los hacía culpables.

Esta es la desviación más grave del principio judicial de la prueba “más allá de toda duda razonable”. En la tradición judicial, y en la doctrina de los derechos humanos, se afirma que todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Aquí se ha partido del principio inverso: el acusado es culpable, a menos que pueda probar su inocencia. Salvo, claro, en el caso de Milani.
Muchos intervinientes en estos juicios han contado, en general privadamente, estas barbaridades jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias son endebles y no resisten una revisión. Es posible que esto ocurra cuando lleguen a la Corte Suprema, o cuando la presión del gobierno no sea tan notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá muerto.

Estos juicios van a dejar gravemente herida a la justicia y al principio de los derechos humanos, víctima de un gobierno que, curiosamente, se gloria de defenderlos. ¿Para qué? La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios. No es justificable y es deplorable, pero es entendible. Poner la otra mejilla nunca ha sido un principio popular.

Pero se necesita algo más para explicar la grosería del procedimiento y el pisoteo de la tradición judicial. Me parece que todo es tan deliberado como un discurso de Cristina o unas declaraciones de Aníbal Fernández. Se trata de mostrar y escenificar qué valor le asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de que el pueblo le ha confiado la suma del poder. Es la versión más terrible de una manera de entender la política, que remonta a la Revolución Francesa. Hoy, como entonces, la teatralización no es accesoria sino central.

La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.