miércoles, 18 de diciembre de 2024
viernes, 11 de octubre de 2024
Revolución Libertadora: Rebelión militar del fascista del Valle
Ni una maldita rebelión militar puede organizar un peroncho
Argentina en la Memoria
@OldArg1810
El 9 de junio de 1956 tuvo lugar el levantamiento del general Juan José Valle, y otros militares y civiles que participaban en la resistencia peronista, contra el gobierno de la Revolución Libertadora, presidido por el general Pedro Eugenio Aramburu.
Al adoptar sus duras políticas antiperonistas, el gobierno debió tomar en cuenta la posibilidad de la violencia contrarrevolucionaria. Sobre todo en razón de las medidas punitivas que adoptaba contra aquellos a quienes consideraba beneficiarios inmorales del "régimen peronista". La detención de personalidades prominentes, la investigación de personas y compañías presuntamente involucradas en ganancias ilícitas, y las amplias purgas que afectaron a personas que ocupaban cargos sindicales y militares contribuyó a formar un grupo de individuos descontentos.
No era sino lógico esperar que algunos de ellos, en especial los que tenían formación militar, apelaran a la acción directa para hostigar al gobierno o para derribarlo. Aunque los incidentes por sabotajes hechos por obreros fueron comunes en los meses que siguieron a la asunción de Aramburu, fue sólo en marzo de 1956, como consecuencia de los decretos que habían declarado ilegal al Partido Peronista, prohibido el uso público de símbolos peronistas y otras descalificaciones políticas, cuando empezaron las confabulaciones.
Un factor que contribuyó a ello, aunque en última instancia condujo a error, pudo ser la decisión del gobierno, anunciada en febrero, de eliminar del código de justicia militar la pena de muerte para los promotores de rebeliones militares. Este castigo, que había sido promulgado por el Congreso controlado por el Partido Peronista, y que representaba los intereses de Perón, después del intento golpista de septiembre de 1951, encabezada por el general Menéndez, se eliminaba del código militar sobre la base de que “es violatorio de nuestras tradiciones constitucionales que han suprimido para siempre la pena de muerte por causas políticas”. Los hechos probarían que esta declaración era prematura.
La figura prominente en los intentos de conspiración contra Aramburu fue el general (RE) Juan José Valle, que se había retirado voluntariamente tras la caída de Perón y de participar activamente en la Junta Militar de oficiales leales que consiguió la renuncia de Perón y entregó el gobierno al general Eduardo Lonardi en septiembre de 1955.
Valle trató de atraer a otros oficiales descontentos con las medidas del gobierno. Uno de los que optó por unirse a él fue el general Miguel Iñiguez, profesional que gozaba de gran reputación y que aún estaba en servicio activo, aunque revistaba en disponibilidad, a la espera de los resultados de una investigación de su conducta como comandante de las fuerzas leales en la zona de Córdoba, en septiembre de 1955. Iñiguez no había intervenido en política antes de la caída de Perón, pero con profunda vocación nacionalista, el general Iñiguez se unió al general Valle en la reacción contra la política del gobierno de Aramburu.
A fines de marzo de 1956, Iñiguez consintió en actuar como jefe de estado mayor de la revolución, pero pocos días después fue arrestado, denunciado por un delator. Mantenido bajo arresto durante los cinco meses subsiguientes, pudo escapar al destino que esperaba a sus compañeros.
La conspiración de Valle fue, en esencia, un movimiento militar que trató de sacar partido del resentimiento de muchos oficiales y suboficiales en retiro así como de la intranquilidad reinante entre el personal en servicio activo. Aunque contaba con la cooperación de muchos civiles peronistas y con el apoyo de elementos de la clase trabajadora, el movimiento no logró la aprobación personal de Juan Domingo Perón, por ese entonces exiliado en Panamá.
El degenerado sexual y su banda
El plan disponía que grupos comandos de militares, en su mayor parte suboficiales y civiles coparán unidades del Ejército en varias ciudades y guarniciones, se apropiaran de medios de comunicación y distribuyeran armas entre quienes respondieran a la proclama del levantamiento.
Este incluía diversos ataques terroristas a edificios públicos, a funcionarios nacionales y provinciales, a locales de los partidos políticos relacionados a la Revolución Libertadora, y a las redacciones de diversos diarios del país. También había una extensa lista de militares y dirigentes políticos, simpatizantes del gobierno, que serían secuestrados y fusilados por el Movimiento de Recuperación Nacional, cuyos domicilios fueron marcados con cruces rojas en esas horas.
Uno de ellos fue el que ocupaban el dirigente socialista Américo Ghioldi y la profesora Delfina Varela Domínguez de Ghioldi, en la calle Ambrosetti 84, en pleno barrio de Caballito. Otros domicilios que fueron marcados con las cruces rojas fueron los de Pedro Aramburu, Isaac Rojas, de los familiares del fallecido Eduardo Lonardi, Arturo Frondizi, del monseñor Manuel Tato, Alfredo Palacios, entre otros.
El gobierno tenía conocimiento desde hacía poco tiempo que se preparaba una conspiración, aunque no sabía con precisión su alcance ni su fecha. A principios de junio, varios indicios, entre ellos la aparición de cruces pintadas, hicieron pensar que el levantamiento era inminente. Por este motivo, antes que el presidente Aramburu saliera de Buenos Aires entre compañía de los ministros de Ejército y de Marina para una visita programa a las ciudades de Santa Fe y Rosario, se resolvió firmar decretos sin fecha y dejarlos en manos del vicepresidente Rojas para poder proclamar la ley marcial, si las circunstancias lo exigían.
El 8 de junio la policía detuvo a cientos de militares gremiales peronistas para desalentar la participación obrera en masa en los movimientos planeados. Los rebeldes iniciaron el levantamiento entre las 23 y la medianoche del sábado 9 de junio, logrando el control del Regimiento 7 de Infantería con asiento en La Plata, y la posesión temporaria de radioemisoras en varias ciudades del interior. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, los rebeldes coparon rápidamente el cuartel general del distrito militar, el departamento de policía, y el centro de la ciudad. En la Capital Federal, los oficiales leales, alertados horas antes del inminente golpe, pudieron frustrar en poco tiempo el intento de copar la Escuela de Mecánica del Ejército, y su adyacente arsenal, los regimientos de Palermo, y la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo.
Sólo en La Plata los rebeldes pudieron sacar partido de su triunfo inicial, con la ayuda del grupo civil, para lanzar un ataque contra el cuartel general de la policía provincial y el de la Segunda División de Infantería. Allí, sin embargo, con refuerzos del Ejército y la Marina que acudieron en apoyo de la Policía, se obligó a los rebeldes a retirarse de las instalaciones del regimiento donde, tras los ataques de aviones de la Fuerza Aérea y la Marina, se rindieron a las 9 de la mañana del 10. Los ataques aéreos sobre Santa Rosa, capital de La Pampa, también terminaron en la rendición o la dispersión de los rebeldes, más o menos a la misma hora, por lo tanto la rebelión terminó siendo un fracaso.
El general Pedro Eugenio Aramburu, de regreso en Buenos Aires tras su breve visita a Santa Fe y Rosario, dio un discurso a través de la Cadena Nacional, en el que hablaba sobre los hechos que transcurrieron durante la madrugada del 9 de junio.
La insurrección del 9 de junio fue aplastada con una dureza que no tenía precedentes en los últimos años de la historia argentina. Por primera vez en el siglo XX un gobierno ordenó ejecuciones al reprimir un intento de rebelión. Según las disposiciones de la ley marcial, proclamada poco después de los primeros ataques rebeldes, el gobierno decretó que cualquier persona que perturbara el orden, con armas o sin ellas, sería sometida a juicio sumario. Durante los tres días siguientes, veintisiete personas enfrentaron los escuadrones de fusilamiento.
Durante la noche del 9 al 10 de junio, cuando fueron ejecutados nueve civiles y dos oficiales, los rebeldes aún dominaban un sector de La Plata y no podía descontarse la posibilidad de levantamientos obreros en el Gran Buenos Aires y otros lugares. Esas primeras ejecuciones fueron, según el gobierno, una reacción de emergencia para atemorizar y evitar que la rebelión se transformara en guerra civil. Esto explicaría la rapidez del gobierno para autorizar y hacer públicas las ejecuciones, rapidez que se demostró en la falta de toda clase de juicio previo, en la inclusión, en los que enfrentaron los escuadrones de fusilamiento, de hombres que habían sido capturados antes de proclamarse la ley marcial, y en las confusiones de los comunicados durante la noche del 9 al 10 de junio.
Durante esa noche se comenzaron a exagerar el número de civiles rebeldes fusilados e informaban erróneamente sobre la identidad de los oficiales ejecutados, para inferir miedo en los rebeldes y que no salieran a las calles a intentar participar del movimiento.
En la tarde del 10, tuvo lugar una manifestación multitudinaria en la Plaza de Mayo, que dio lugar a escenas de júbilo y alivio, a medida que multitudes antiperonistas acudían a la Plaza de Mayo para saludar al presidente Aramburu y al vicepresidente Rojas, y pedir castigos para los rebeldes nacionalistas/peronistas.
Allí, el almirante Isaac F. Rojas dio un discurso desde el balcón de la Casa Rosada:
Escenas semejantes, aunque con los papeles invertidos, habían ocurrido en el pasado, cuando muchedumbres peronistas exigieron venganza contra los rebeldes en septiembre de 1951 y junio de 1955. Sólo que esta vez el gobierno prestó más atención que Perón al clamor de sangre. Tras este acto en Plaza de Mayo, el vicepresidente Rojas, la Junta Consultiva Militar en pleno, Aramburu y los tres ministros militares, tomaron la funesta decisión sobre fusilar a los prisioneros que habían participado de la revolución en contra del gobierno.
Contra el consejo de algunos políticos civiles, entre ellos algunos miembros de la Junta Consultiva, que instaron a terminar con las ejecuciones, inclusive una delegación formada por Américo Ghioldi y otros miembros de la Junta Consultiva que fueron a la Casa de Gobierno, para solicitar clemencia y que se pusiera fin a las ejecuciones e intentos de algunos generales que se oponían a las ejecuciones llamando a Arturo Frondizi para que presionara sobre las autoridades, y por más que oficiales que integraban las cortes marciales recomendaron que los rebeldes fueran sometidos a la justicia militar ordinaria, los miembros del gobierno de facto resolvieron seguir aplicando los castigos previstos en la ley marcial.
Al tomar esa decisión, se persuadían a sí mismos de que daban un ejemplo que aumentaría la autoridad del gobierno y desalentaría futuros intentos de rebelión, previniendo así la perdida de más vidas. No se sabe si la Junta Militar, en la reunión del 10 de junio, tomo en cuenta el hecho de que la mayoría de los ya ejecutados eran civiles y que si se suspendían las ejecuciones los jefes militares sufrirían castigos más leves que esos civiles. Lo cierto es que la Junta Militar rechazó la sugerencia del comandante de Campo de Mayo, coronel Lorio, en el sentido de limitar las ejecuciones pendientes a la de uno o dos oficiales de menor jerarquía.
El almirante Rojas se opuso enérgicamente a hacer excepción con los oficiales de mayor antigüedad por considerar que eso era una violación a la ética que la “historia” no perdonaría; prefería suspender todas las ejecuciones a tomar cualquier medida que permitiera a los jefes militares escapar el castigo impuesto a quienes los habían seguido. En última instancia, la Junta Militar asumió la responsabilidad directa de ordenar la ejecución, en los dos días subsiguientes, de nueve oficiales y siete suboficiales.
El 12 de junio, Manrique fue a buscar a Valle, con el convencimiento que los fusilamientos se interrumpirían, y lo llevó al Regimiento de Palermo, donde lo interrogaron y lo condenaron a muerte. Aramburu estaba convencido de hacerlo y decía que "si después que hemos fusilados a suboficiales y a civiles le perdonamos la vida al máximo responsable, a un general de la Nación que es jefe del movimiento, estamos creando un antecedente terrible; va a parecer que la ley no es pareja para todos y que entre amigos o jerarquías parecidas no ocurre nada; se consolidará la idea de que la ley se aplica sólo a los infelices".
A las ocho de la noche les avisaron a los familiares de Valle que sería ejecutado a las 10. Su hija fue a pedirle al monseñor Manuel Tato, deportado a Roma en junio de 1955 durante los conflictos entre Perón y la Iglesia Católica y que era apuntado por el movimiento de Valle, que hiciera algo. Tato habló con el Nuncio Apostólico, quien telegrafió al Papa para que le pidiera clemencia a Aramburu. Pero el pedido fue denegado. Valle se despidió de su hija y le entregó unas cartas, incluso una dirigida a Aramburu en la que decía "Usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado (...) Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral (...) Como cristiano, me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos".
Poco después, varios marinos lo llevaron a un patio interno y allí lo fusilaron. Momentos después del fusilamiento de Valle, el gobierno suspendió la aplicación de la ley marcial, cediendo a la presión cada vez mayor de civiles y militares que reclamaban el fin de las ejecuciones.
Los partidos políticos agrupados en la Junta Consultiva Nacional apoyaron al gobierno frente a la sublevación. Hubo una reunión secreta de la Junta Consultiva, el 10 de junio, en la que todos dijeron que estaban de acuerdo con lo que se decidiera y lo que se resolvió fue un apoyo al gobierno. No hubo nada relacionado a las ejecuciones. Solamente Frondizi le reclamó a Aramburu, al día siguiente y a título personal, que no se fusilara a civiles.
Américo Ghioldi, que había buscado parar los fusilamientos, escribió un articulo para el diario La Vanguardia en el que desarrollo una justificación de estos, luego de enterarse que el levantamiento del general Valle buscaba el propio fusilamiento del dirigente socialista, diciendo: "Se acabó la leche de la clemencia. Ahora todos saben que nadie intentará, sin riesgo de vida, alterar el orden porque es impedir la vuelta a la democracia. Parece que en materia política, los argentinos necesitan aprender que la letra con sangre entra".
Juan Domingo Perón, en carta a John William Cooke desde su exilio, fue muy critico del levantamiento de Valle y culpa a varios de los integrantes del intento de revolución de haberlo traicionado durante los acontecimientos de septiembre de 1955, diciendo: "El golpe militar frustrado es una consecuencia lógica de la falta de prudencia que caracteriza a los militares. Ellos están apresurados, nosotros no tenemos por qué estarlo. Esos mismos militares que hoy se sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictactorial no tenían la misma decisión el 16 de septiembre, cuando los vi titubear ante toda orden y toda medida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas (...) Si yo no me hubiera dado cuenta de la traición y hubiera permanecido en Buenos Aires, ellos mismos me habrían asesinado, aunque solo fuera para hacer méritos con los vencedores".
Los primeros que fomentarían el recuerdo de "los mártires del 9 de junio" serían los distintos grupos neoperonistas, como la Unión Popular de Juan Atilio Bramuglia, que harían campaña en 1958 contra la orden de Perón de votar por Arturo Frondizi en las elecciones presidenciales de ese año.
martes, 6 de agosto de 2024
Argentina: La masacre peronista de Rincón Bomba
Rincón Bomba: el silencio de Perón y la masacre étnica en Formosa que fue ocultada durante más de medio siglo
En 1947, durante el primer gobierno de general, la Gendarmería, con el apoyo de la Fuerza Aérea, mató entre 500 y 750 hombres y mujeres del pueblo aborigen pilagá, por temor a un “un ataque indígena”. Más de setenta años después, la justicia calificó la acción como “genocidio”, aunque jamás llegó a condenar a los responsables
En marzo de 2020, la Cámara Federal de Resistencia declaró que la masacre contra el pueblo indígena pilagá en la zona de Rincón Bomba, Formosa, debía ser calificado como un “genocidio”. El crimen contra el pueblo indígena, llevado a cabo por fuerzas de la Gendarmería y la Fuerza Aérea, era de larga data. Había sido perpetrado el 10 de octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Perón. La sentencia ordenó la reparación económica colectiva del pueblo pilagá, con inversiones públicas de infraestructuras y becas de estudio, pero no la reparación individual de los familiares de las víctimas de la etnia.
La represión de los aborígenes era una triste herencia del peronismo, gestada desde la División de Informaciones Políticas de la presidencia de la Nación, que dirigía el comandante de Gendarmería, general Guillermo Solveyra Casares.
Solveyra había creado y comandado el primer servicio de inteligencia de la fuerza en la década del ‘30 e internó a los gendarmes, vestidos de paisanos, en los bosques del Territorio del Chaco para buscar información que ayudara a capturar a Segundo David Peralta, alias “Mate Cosido” -a quien popularizó León Gieco en el tema “Bandidos rurales”- y otros bandoleros sociales que atormentaban, con asaltos y secuestros, a gerentes de compañías extranjeras y estancieros.
Para la época de la masacre del pueblo pilagá, Solveyra Casares tenía su despacho contiguo al del presidente Perón en la Casa Rosada y participaba en las reuniones de gabinete.
En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional, que dependía del Ministerio del Interior, exterminó alrededor de 500 indios de la etnia pilagá en Rincón Bomba, Territorio Nacional de Formosa. Más de dos centenares de ellos desaparecieron durante los veinte días que duró el ataque de los gendarmes, con el apoyo de la Fuerza Aérea.
La operación había sido ordenada por el escuadrón de Gendarmería de la localidad de Las Lomitas en respuesta al temor a una “sublevación indígena”.
Para reducir ese temor, exterminaron a los indígenas.
El conflicto se había iniciado unos meses antes.
En abril de 1947, miles de hombres, mujeres y niños de diferentes etnias marcharon hacia Tartagal, Salta, en busca de trabajo. La Compañía San Martín de El Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón Costas, se había interesado en contratar su mano de obra para la explotación azucarera.
Patrón Costas era el representante político de los terratenientes. Había fundado la Universidad Católica de Salta, luego fue gobernador de esa provincia y presidente del Senado de la Nación. Su candidatura a presidente por el régimen conservador se malogró en 1943 por el golpe militar del GOU. También se acusaba a Patrón Costas de apropiarse de tierras indígenas en Orán.
Lo cierto es que una vez que llegaron a Tartagal, los caciques se rehusaron a que los hombres y mujeres de la etnia trabajasen en condiciones de esclavitud. Habían acordado una paga de 6 pesos diarios y cuando iniciaron sus labores les pagaron 2,5.
Patrón Costas decidió echarlos y los aborígenes retornaron a sus comunidades. Eran cerca de ocho mil.
El regreso se hizo en condiciones miserables, con una caravana que arrastraba enfermos y hambrientos. Durante varios días de marcha, desandaron a pie más de 100 kilómetros hasta llegar a Las Lomitas.
La caravana estaba compuesta por mocovíes, tobas, wichís y pilagás, la etnia más numerosa. Tenían la costumbre de raparse la parte delantera del cuero cabelludo, hablaban su propio idioma, además del castellano, y habitaban en varios puntos de Formosa. Vivían como braceros de los terratenientes, o de lo que cazaban y recolectaban.
Luego de su paso frustrado por Tartagal, se asentaron en Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Allí podían conseguir agua. La miseria de la etnia asustaba.
La Comisión de Fomento del pueblo pidió ayuda humanitaria al gobernador del Territorio Nacional, Rolando de Hertelendy, nacido en Buenos Aires y educado en Bélgica, y designado en el cargo por el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 1946.
La falta de recursos en las arcas de la tesorería del Territorio hizo que Hertelendy trasladara el pedido al gobierno nacional.
Perón reaccionó rápido. Conocía el tema.
En el año 1918, al frente de una comisión militar, había ido a negociar con obreros de La Forestal en huelga en el bosque chaqueño y había logrado apaciguar el conflicto. Les había aconsejado que hicieran los reclamos de buenas maneras.
De inmediato, Perón ordenó el envío de tres vagones de alimentos, ropas y medicinas.
En la segunda quincena de septiembre de 1947, la Dirección Nacional del Aborigen ya los tenía en su poder en la estación de Formosa.
Pero la carga fue recibida con desidia por las autoridades. La ropa y las medicinas fueron robadas, los alimentos quedaron a la intemperie varios días y luego fueron trasladados a Las Lomitas para ser entregados a los aborígenes. Ya estaban en estado de putrefacción.
El consumo provocó una intoxicación masiva: vómitos, diarreas, temblores. Dada la falta de defensas orgánicas, los ancianos y los niños fueron los primeros en morir. Los indios denunciaron que habían sido envenenados. Las madres intentaban curar a sus bebés muertos en sus brazos.
El asentamiento indígena se convirtió en un mar de dolores y de llantos que retumbaban en el pueblo. El cementerio de Las Lomitas aceptó los primeros entierros, pero luego les negó el paso del resto de los cuerpos. Ya había más de cincuenta cadáveres.
Los indígenas los llevaron al monte y enterraron a los suyos con cantos y danzas rituales.
En Las Lomitas se instaló la creencia de que ese grupo de enfermos y famélicos estaba preparando una venganza. Se difundió el rumor del “peligro indígena”, una rebelión en masa contra las autoridades y los vecinos del pueblo.
Desde hacía días, las madres aborígenes golpeaban las puertas del cuartel de la Gendarmería y de las casas de Las Lomitas con sus hijos. Al principio se las ayudó. Pero de un día para otro se las dejó de recibir. La fuerza armó un cordón de seguridad en su campamento y no se les permitió el ingreso al pueblo.
Más de cien gendarmes armados las vigilaban con ametralladoras.
El 10 de octubre de 1947 se reunieron el cacique Nola Lagadick y el segundo jefe del escuadrón 18 de Las Lomitas, comandante de Gendarmería Emilio Fernández Castellano. Era una entrevista a campo abierto.
El comandante tenía dos ametralladoras pesadas apuntando contra la multitud de indígenas, dispuestos detrás de su cacique. Eran más de mil, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos portaban retratos de Perón y Evita.
El cacique exigió ayuda a la Gendarmería. Querían tierras para la explotación de pequeñas chacras, semillas, escuelas para sus hijos. Invitó al comandante para que visitara el campamento y tomara conciencia de sus miserias.
Hay distintas versiones de cómo sucedieron los hechos.
Una indica que los aborígenes comenzaron a avanzar hacia la reunión. Otra, que los hechos se desencadenaron como ya habían sido planeados: provocar una “solución final” al problema indígena en el Territorio de Formosa.
Como fuese, la fuerza estatal abrió fuego contra la etnia desarmada. Lo hizo con ametralladoras, carabinas y pistolas automáticas. Fernández Castellano se sorprendió del ataque y ordenó detenerlo. Sus dos baterías no habían disparado. Pero el segundo comandante Aliaga Pueyrredón, que no estaba de acuerdo con parlamentar con los indígenas, había desplegado ametralladoras en puntos estratégicos y acababa de dar la orden.
El ataque provocó la huida de la etnia pilagá hacia el monte. Algunos arrastraban los cadáveres de sus familiares. Los heridos fueron siendo rematados. La persecución continuó durante la noche; los gendarmes lanzaron bengalas para iluminar un territorio que desconocían. Desde el pueblo se escuchaba el tableteo de las ametralladoras.
La Gendarmería continuó la matanza porque no quería testigos. Muchos civiles de Las Lomitas, miembros de la Sociedad de Fomento, colaboraron para que el “peligro indígena” cesara en forma definitiva y brindaron asistencia logística. Recorrieron los montes Campo Alegre, Campo del Cielo y Pozo del Tigre para marcar los escondrijos en la espesura.
Muchos cadáveres fueron incinerados. La persecución no dejaba tiempo para enterrarlos. Otros cuerpos fueron tirados en el descampado, en un camino de vacas, y la tierra y la maleza los fueron cubriendo con el paso del tiempo.
El trauma que produjo la represión, y el temor a otras nuevas muertes, fue enterrando el etnocidio bajo un muro de silencio. El diario Norte del Chaco mencionó que había habido un “enfrentamiento armado” ante la sublevación de los “indios revoltosos”.
Los diarios de Buenos Aires, a mediados de octubre de 1947, informaron sobre la incursión de un “malón indio”, para justificar la masacre.
Perón hizo silencio.
Nadie de la Gendarmería fue castigado.
Lo mismo había sucedido en Napalpí, en el Chaco, en 1924, durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, aunque en ese caso existió un proceso judicial para convalidar el ocultamiento.
En Las Lomitas no. Se calcula que entre 750 hombres, mujeres y niños de distintas etnias, en especial los pilagás, murieron a manos de la Gendarmería.
Desde 2005, un grupo de antropólogos forenses realizaron excavaciones por orden judicial en el cuartel de la fuerza de seguridad. Los huesos que encontraron estaban apenas por debajo del nivel de la superficie.
La matanza, además de la tradición oral que se extendió en los pilagá, fue narrada por uno de los represores , el gendarme Teófilo Cruz, que publicó un artículo en la revista Gendarmería Nacional.
En 2010 la documentalista Valeria Mapelman estrenó dos documentales sobre la masacre, Octubre pilagá, relatos sobre el silencio y La historia en la memoria en el que logró registrar historias personales de algunos sobrevivientes y sus hijos, y testigos de la masacre.
Dado que la incursión de la Gendarmería había contado con el apoyo de un avión con ametralladora, la justicia federal en la última década -cuando se inició el expediente-, llegó a procesar a Carlos Smachetti en 2014, que disparó contra los originarios de la comunidad de pilagá desde un avión que había despegado el 15 de octubre desde la base de El Palomar. Murió al año siguiente, a los 97 años. Otro de los imputados que participó de la masacre como alférez de Gendarmería, Leandro Santos Costa, luego se había graduado de abogado y fue juez de la Cámara Federal de Resistencia. Había utilizado una ametralladora pesada para eliminar a los aborígenes, y la Gendarmería lo había condecorado por su “valerosa y meritoria” intervención en el hecho. Murió en 2011, antes de que el proceso finalizara.
En su sentencia de 2020, la Cámara Federal destacó la responsabilidad del Estado Nacional al momento de la masacre y lo condenó a reparaciones colectivas, un monumento en el lugar de la masacre, incluir el 10 de octubre como fecha recordatoria, becas estudiantiles a jóvenes escolarizados y un dinero anual para inversiones de infraestructura y otro para sostener a la Federación de pilagá. Y calificó la masacre como genocidio, que había sido rechazada por primera instancia.
Pasaron más de siete décadas del crimen masivo, y las comunidades indígenas perdieron sus tierras y los montes fueron arrasados por las topadoras. Todavía viven en las vías muertas de los ferrocarriles o en la periferia de las ciudades, en busca de una vivienda, un trabajo o algo para comer. Como hace más de setenta años.
Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Su último libro publicado es “Fuimos Soldados. Historia secreta de la Contraofensiva Montonera”. Ed. Sudamericana, noviembre de 2021.
martes, 30 de julio de 2024
Guerra Antisubversiva: La primera baja de la FAA
Primer efectivo de la Fuerza Aérea Argentina caído combatiendo la guerrilla peronista
ARGENTINA EN GUERRA. 1959-1990 GUERRA ANTISUBVERSIVA: EL 13 DE MARZO DE 1972 FALLECE UN SOLDADO CONSCRIPTO DE GUARDIA EN LA VIIª BRIGADA AÉREA DE MORÓN, GRAN BUENOS AIRES, BALEADO LA JORNADA ANTERIOR, ASESINADO POR LA SUBVERSIÓN CASTROGUEVARISTA. EL PRIMER EFECTIVO DE FUERZA AÉREA ARGENTINA CAÍDO EN COMBATE CONTRA LA SUBVERSIÓN COMUNISTA
Sean Eternos los Laureles
En 1972 la Argentina era, por gran diversidad de factores, muy distinta a la que hoy la mayoría de argentinos conocen, no sólo por gozar aún del coletazo de esa Argentina potencia que llegó a ocupar uno de los 10 primeros puestos del mundo entre finales del Siglo XIX y 1939, llegando a ser la Economía número 1 del mundo a finales del Siglo XIX y principios del XX, y conservando el puesto 6 aún durante la presidencia de Torcuato de Alvear, sino por la excelente educación, amplias perspectivas de desarrollo y trabajo que aún existían, y los altísimos índices de seguridad que eran envidiables a nivel mundial y a pesar de la violencia política que ya se vivía, siendo Argentina atacada terroristamente desde el año 1959 por mafiosas organizaciones extremistas comunistas castroguevaristas, sin que ello tenga nada que ver ni con el bombardeo a la Casa Rosada y el Golpe de Estado de 1955, que habitualmente esas mafiosas organizaciones empleaban como infantil excusa para justificar su criminal accionar, ¡pues en realidad respondian a directivas de potencias externas de gobiernos comunistas de ultraizquierda! (o sea la antítesis del peronismo fascista de ultraderecha), pues los extremistas eran comandados, entrenados y armados desde Cuba y respondían a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa), operando generalmente a través de Checoslovaquia, lanzándose la ofensiva extremista contra los nacionalismos latinoamericanos, entre ellos contra Argentina en 1959, siendo casi aniquilada hacia 1961, para resurgir luego bajo las directivas de la Operación Manuel, ideada por los judíos Raúl Castro y Ernesto "Che" Guevara, y el cubano Ramiro Valdez, como y tal cual consta en archivos del StB o ŠtB checoslovaco (Státní bezpečnost, en eslovaco, Štátna bezpečnosť), o sea la Seguridad del Estado que era como la CIA o el KGB de ese país, como dejó constancia en su informe de inteligencia A-00921/10-67 redactado a modo de balance 3 años después de iniciada la "Operación Manuel" en 1964, por la Administración Primera, con Copia al Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco (Octavo Departamento), y donde entre otras cosas se especificaba la captación, reclutamiento, entrenamiento, organización, equipamiento, financiación, objetivos de las fuerzas extremistas que debían actuar atacando a Latinoamérica, incluida a la Argentina, y existiendo otros 12.000 documentos de este tipo hoy desclasificados que prueban que los extremistas que actuaban en Argentina lo hicieron a órdenes de Cuba y la URSS, intermediando Checoslovaquia como filtro para la infiltración. Esta ofensiva se extinguió hacia el año 1965, pero se retomó bajo esas mismas directivas y aún mejor organizada, con mayor violencia, en 1969, para ir ya convirtiéndose en una guerra de baja intensidad, siempre con la iniciativa subversiva castroguevarista operando sucia e irregularmente contra las Instituciones y la Sociedad argentina, que respondía como podía al criminal planteó extremista.
Pero Argentina en 1972 estaba también sumergida en una transición absoluta: política, economica, social, cultural, tecnológica e industrial; de la que las Fuerzas Armadas no eran ajenas. El exiliado Teniente General y dos veces ex-Presidente de la Nacion Argentina (y golpista serial) Juan Domingo Perón estaba en pleno proceso de retorno a nuestro país, que también se encaminaba en otro retorno a esa democracia que en 1930 había comenzado a ser violada por el mismo Juan Domingo Perón (ver enlaces adjuntos), y ello ocurría en medio de la violencia política con un extremismo comunista al que el propio Perón toleraba para generar desestabilización política y social como un camino para hallanar su retorno. En ese contexto, la Fuerza Aérea Argentina también atravesaba un período de profunda evolución tecnológica, pudiendo destacar que, precisamente en el escenario donde se produjo el hecho que a continuación vamos a recordar, por esas fechas en la Base Aérea de la localidad de Morón, en el Gran Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires, la VIIª Brigada Aérea incorporaba los modelos de helicópteros más avanzados disponibles en el mercado, con los obsoletos cazas subsónicos de origen británico Gloster F.Mk-IV Meteor, arribados a la Argentina a partir del año 1947 cuando aún era uno de los cazas más avanzados del mundo (pero apenas 2 años antes de quedar totalmente superado por una nueva generación de jets de caza. Ídem enlaces), y que allí operaban en impotente defensa de la Capital Federal de la Nación, volando sus últimas horas en su rol de entonces casi inservibles interceptores, pues ya comenzaban a ser reemplazados por los cazas supersónicos Dassault Mirage IIIEA/DA adquiridos en 1970 y que comenzaban a incorporarse (ídem enlaces), al Escuadrón Mariano Moreno de la cercana Base Aérea de igual nombre en la localidad bonaerense así llamada, habiendo en la Base Aérea de Morón una febril actividad operativa.
Es de ese modo cómo, el domingo 12 de marzo de 1973 el Soldado Conscripto Clase 1952 (SC/52) Luis Alberto Molina, quien había nacido el 4 de agosto de 1952 en la cercana localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, se hallaba realizando una guardia perimetral en el puesto de la entrada de calle Fray Justo Santamaria de Oro en su intersección con calle Gobernador Máximo Paz (que podemos ver en unas imágenes de hoy), entrada inhabilitada en la mayor parte del tiempo, lindante con la vía pública y poco transitada pero donde habitualmente, sobre todo los fines de semana, algún ocasional transeúnte se aproximaba para apreciar la actividad aérea que ocasionalmente se realizaba y se podía ver en la pista a lo lejos, es en ese momento que se detiene un automóvil y descienden dos jóvenes mujeres que se aproximan hasta la reja y entablan un diálogo con el Soldado Molina, desconociendo qué es lo que le manifestaron pero que evidentemente se trataba de un ardid para que el centinela se arrimara al franqueo y bajara la guardia, pues las mismas eran dos avezadas terroristas comunistas castroguevaristas pertenecientes a la mafiosa organización subversiva ERP-PRT (Ejército Revolucionario del Pueblo-Partido Socialista de los Trabajadores), las cuales simulando ser simples ciudadanas curiosas o extraviadas en algún momento extrajeron sus armas de puño e intimaron al efectivo de la Fuerza Aérea para que les entregue el fusil FAL que portaba; sin embargo el Soldado Molina no se amedrentó y, lejos de dejarse intimidar intentó resistir el ataque, siendo inmediatamente agredido a balazos, logrando las subversivas sustraerle el fusil por hallarse Molina ya malherido e inconsciente en el suelo, y dándose a la inmediata fuga las agresoras ante el estupor de algunos transeúntes, que dieron rápido aviso a las autoridades de lo acontecido.
De inmediato el Soldado Molina fue asistido, se le brindaron atenciones en la enfermería de la misma Guarnición Aérea, y luego se lo trasladó al Hospital Aeronáutico Central, donde al día siguiente falleció. El médico de guardia en la Guarnición de Morón que en esa jornada atendió al Soldado Molina, el Doctor Fernando Espiniella, recuerda que recibió "un balazo en el tórax por debajo de su tetilla izquierda que perforó pleura y pulmón con importante pérdida de sangre, lo canalizé y lo transportamos en un Hiuss al HAC con sus piernas hacia arriba para tratar el shock. Soldados compañeros se ofrecieron y dieron su sangre para Molina. Una actitud de solidaridad y compañerismo como nunca ví en mi vida. Pocas horas después de una intervención quirúrgica muy complicada falleció. Fuí a la Compañía de Soldados y dí la triste noticia; llanto, bronca, impotencia, insultos se juntaron entre sus compañeros. Era la última guardia que hacía su clase pues esa semana se iban de baja."
El Soldado Conscripto Clase 52 Luis Alberto Molina, había sido asesinado, y fue la primera baja mortal de la Fuerza Aérea Argentina provocada por elementos subversivos desde que iniciaron su accionar 13 años antes, pues hasta ese momento la aeronáutica militar de nuestro país no había formado parte de los principales objetivos del terrorismo comunista. Fue ascendido, post mortem, al grado inmediato superior de Cabo, mediante Orden 256/73 del 9 de marzo de 1973 - BAR Nº 1856.
Durante la visita que el 18 de abril de 1975 el Presidente de facto chileno, General Don Augusto Pinochet Ugarte, realizara a nuestro país para reunirse con la Presidente de la Nación Argentina, Doña María Estela Martínez de Perón, con el fin de discutir, entre otros temas, la elaboración del oportuno Plan Cóndor ¡para responder coordinadamente a 16 años de coordinada agresión terrorista contra los nacionalismos latinoamericanos!, si bien el Presidente chileno nunca salió de la Base Aérea Militar de Morón, lugar donde se celebró el encuentro, no sabía lo cerca que estuvo de ser víctima de un atentado terrorista, y si bien al caer la noche de esa misma jornada, Pinochet abordó el mismo avión en el que había llegado y partió de regreso a Chile, escoltado por la escuadrilla de cazas que lo había acompañado durante su travesía por territorio argentino, pocas horas después se supo que la Policía de la Provincia de Buenos Aires había desbaratado un atentado contra su persona, organizado por la mafiosa BDDT (Banda De Delincuentes Terroristas), como en vida el propio Presidente Perón calificaba a las organizaciones terroristas, y se trataba precisamente de la misma que Perón expulsó de Plaza de Mayo, Montoneros-JP.
El hecho tuvo lugar el 10 de abril, en el Camino de Cintura, en el deslinde de los partidos de La Matanza y Morón, donde un comando de terroristas judeomarxistas castroguevaristas apostados a lo largo del trayecto abrieron fuego contra efectivos policiales, desencadenando un tiroteo que finalizó al cabo de una hora con la detención de 6 extremistas -entre ellos una mujer- y el secuestro de igual número de vehículos, además del armamento. A consecuencia de ese enfrentamiento la policía bonaerense desbarató una poderosa célula de la “Junta Coordinadora Revolucionaria”, que los diarios de la época la dieron por “extinguida”, aunque en esas fechas desconocían la verdadera dimensión de la organización que nucleaba al ERP-PRT de Argentina, MIR de Chile, PRTB-ELN de Bolivia y MLN-T Tupamaros de Uruguay), falleciendo 2 extremistas y resultando heridos graves dos policías, pero produciéndose la detención de 25 terroristas (21 extranjeros), el secuestro de un poderoso arsenal valuado en 1.000 millones de pesos viejos. ¿Que tenía que ver este suceso con el asesinato del primer efectivo de Fuerza Aérea Argentina acaecido unos 3 años antes?
Los detenidos en el enfrentamiento resultaron ser Miguel E. Acosta, Roberto Aníbal Bottarini, Héctor Horacio Borotto, Ricardo Horacio Oudkerk, Armando Tomás Cernada y María Cristina Rodríguez, a quienes se les secuestró una pistola Browning calibre 9×19 número de serie 12.561 de la Policía Federal, robada al Agente Ramón Díaz el 1 de noviembre de 1973; una pistola Colt 11,25 mm N° 112.131, sustraída durante el copamiento de la empresa Chrysler, el 18 de octubre de 1971; , una pistola Browning 7,65 mm N° 22.695 y un revolver Rubí de fabricación nacional N° 64.200, ¡y el fusil FAL calibre 7,62×51 mm perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, arrebatado al Soldado Luis Roberto Molina el 13 de marzo de 1972, antes de ser ultimado! (orden del día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires N° 23.268); siendo los vehículos capturados un Fiat 128 chapa C-420142, un Fiat 125 chapa B-067437, otro Fiat 128 chapa B-1183715, una camioneta pick-up Ford chapa B-1056102 y un Rastrojero diésel chapa B-1222969. Por encontrárselos vinculados a la causa, fueron también legal y constitucionalmente detenidos Dante "Canca" Gullo, montonero y dirigente de la JP (compañeros de andanzas de Patricia "La Piba", "Cali", "Carolina Serrano" Bullrich), y Dardo Cabo, director de “El Descamisado”. Se supo ese mismo día, que en lo más recio del tiroteo un importante número de terroristas habían logrado escapar, algunos a bordo de una camioneta desde la cual, según versiones extraoficiales, habrían arrojado granadas.
En aquellas fechas el suceso de este humilde argentino que prestando su Servicio Militar Obligatorio dio todo por la Patria al ser asesinado por los acaudalados burgueses y aristócratas subversivos comunistas que conformaban los cuadros de las mafiosas organizaciones subversivas, eran titulares de las tapas de diarios y noticieros televisivos, que son los mismos diarios y noticieros televisivos que hoy guardan silencio de aquellos sucesos cada vez que victimizan a los victimarios terroristas comunistas al mismo tiempo que invisibilizan a sus verdaderas víctimas y demonizan a todo aquel que en defensa de la Patria se vió forzado a combatirlos en esa guerra sucia e irregularmente planteada por los mismos subversivos.
Hoy, en la Base Aérea de Morón los apátridas políticos que gobiernan Argentina han colocado placas de honor para glorificar a los terroristas castroguevaristas que bajo órdenes de potencias externas atacaban sucia e irregularmente a la Argentina, a nuestra Sociedad, a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluida la misma Base Aérea de Morón donde asesinaron al Soldado SC/52 Luis Alberto Molina, una verdadera infamia, que es mayor aún al no permitir que ninguna placa recordatoria haga honor a ese valiente soldado que, haciendo honor a las palabras del General Manuel Belgrano "No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor", sin dudar dió su vida muriendo con honor para salvar la Patria del extremista flagelo comunista totalitario.
CABO LUIS ALBERTO MOLINA, ¡SALUDO UNO!