La revolución radical de 1905
El 4 de febrero de 1905 tuvo lugar la revolución cívico-militar organizada por la Unión Cívica Radical y dirigida por Hipólito Yrigoyen, que intentó derrocar al gobierno constitucional de Manuel Quintana, en reclamo de elecciones libres y democráticas. Fue una de las rebeliones más importantes que sufrió la Argentina hasta ese momento, por el número de militares comprometidos, las fuerzas vinculadas y la extensión del movimiento a lo largo del país.
Hacia finales de 1893 la Unión Cívica Radical enfrentaba su primera disputa interna y se encontraba dividida en dos grupos: los radicales rojos que apoyaban la conducción del partido por parte de Leandro Alem, y los radicales líricos que apoyaban la interpretación de Hipólito Yrigoyen respecto a la toma del poder y su liderazgo en el radicalismo.
Los rojos eran partidarios de la revolución como método para cambiar el sistema imperante mientras que los líricos eran considerados "evolucionistas" y no confiaban en la realización de un golpe de estado como método para los cambios que ellos consideraban necesarios.
Apoyaban a Alem en la interna partidaria dirigentes como Bernardo de Irigoyen, Francisco Barroetaveña, Leopoldo Melo, Mariano Demaría, Lisandro de la Torre, Vicente Gallo, Simón S. Pérez, Joaquín Castellanos, Adolfo Saldías, José Nicolás Matienzo, Martín Torino, Mariano Candioti, Adolfo Mugica, Víctor M. Molina, entre otros. Apoyan a Yrigoyen algunos jóvenes como Marcelo T. de Alvear y la mayoría de los dirigentes radicales en la provincia de Buenos Aires, cuyo comité provincial estaba liderado por el mismo Yrigoyen.
En 1896, Aristóbulo Del Valle fallece y Leandro Alem, hundido en una profunda depresión afectado por las sucesivas derrotas políticas, una fallida relación amorosa y la profunda división interna del radicalismo, se suicida. En ese momentos los dos grupos radicales intentan volver a unificarse ante la muerte de los dos máximos líderes del partido. Pero la unión duró poco y en 1897 se vuelve a producir la separación.
Los ex rojos, ahora liderados por Bernardo de Irigoyen y llamados radicales coalicionistas o bernardistas, luego del suicidio de Alem, intentan alcanzar un acuerdo con el general Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Nacional para enfrentar al roquismo en los comicios presidenciales y de Buenos Aires de 1898. El acuerdo incluía la formación de una fórmula mixta para la presidencia de la Nación, encabezada por el radical Bernardo de Irigoyen, y lo mismo, pero encabezada por el ingeniero Emilio Mitre, dirigente de la UCN, para la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Este acuerdo se lo conoció como la "política de las paralelas" y ponía la semilla para una futura reunificación de la Unión Cívica, como estaba confirmada en 1890 antes de la división que aconteció al año siguiente entre radicales y mitristas, pero Yrigoyen y sus aliados (ahora conocidos como intransigentes o hipolistas) se negaron a aceptarla e hicieron todo lo posible para boicotearla desde su bastión del comité radical de la provincia de Buenos Aires.
Al final el acuerdo entre radicales y mitristas se cayó definitivamente debido a la acción de Yrigoyen de disolver el Comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, lo que terminó con toda posibilidad que el radicalismo de la provincia aceptara un candidato mitrista para la gobernación de la provincia. La caída de la política de las paralelas pavimentó el camino para la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca.
Aun así, en la provincia de Buenos Aires, los autonomistas nacionales de Pellegrini, los radicales coalicionistas y los intransigentes de Hipólito Yrigoyen lograron negociar en el Colegio Electoral y lograron establecer a Bernardo de Irigoyen, líder de los radicales coalicionistas, como gobernador de la provincia junto al radical intransigente Alfredo Demarchi como vicegobernador, para arrebatarle la provincia a la Unión Cívica Nacional, quienes habían vencido en el voto popular.
A lo largo de los siguientes años el radicalismo ingresaría en un tumultuoso periodo en el que todas las estructuras partidarias colapsaron y la interna entre coalicionistas e intransigentes nunca se saldo. Durante la gobernación de Bernardo de Irigoyen, los hipolistas fueron sus principales opositores, por lo tanto el gobierno provincial sobrevivió gracias al apoyo de los pellegrinistas y del gobierno nacional de Roca.
Para el año 1900, el sector bernardista del radicalismo, que agrupaba a algunos de los hombres que más cercanos habían sido de Alem, se incorporaron al Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, que lideraba Carlos Pellegrini. La fusión entre el Partido Autonomista y el sector bernardista del radicalismo eventualmente resultó en la formación de los Partidos Unidos, que llevó a Marcelino Ugarte a la gobernación de Buenos Aires en 1902, siendo el ex radical Adolfo Saldías su vicegobernador.
Hacia los primeros años del siglo XX, la Unión Cívica Radical había dejado de existir oficialmente. Pero la sobrevivencia del radicalismo como fuerza política hasta la actualidad fue mayormente obra del trabajo de Hipólito Yrigoyen y el círculo político que lo acompañaba desde la interna partidaria de 1893. A comienzos de 1903, Yrigoyen comenzó a reorganizar a la Unión Cívica Radical, invitando a un acto político para el 26 de julio de ese año, en el decimotercero aniversario de la Revolución del Parque.
El acto recibió una gran respuesta del público y fue asistido por aproximadamente 50.000 personas. Yrigoyen también tuvo éxito en atraer a importantes figuras que habían formado parte de las filas del radicalismo y que para esos años formaban parte de otros partidos políticos, como el caso del cordobés Pedro C. Molina, que formaba parte del Partido Republicano, liderado por Emilio Mitre.
En octubre de 1903, se reunió en Buenos Aires la llamada "Convención de Notables", formada por más de 300 dirigentes políticos de todo el país, que tenía como objetivo elegir al candidato a presidente que debía reemplazar a Julio Argentino Roca en el cargo en 1904.
La Convención de Notables se desarrolló en medio de la fuerte disputa entre Roca y Carlos Pellegrini, que se venía dando desde la ruptura de relaciones entre ambos en 1901 luego de un desacuerdo por un proyecto de unificación de la deuda externa, que dividió al Partido Autonomista Nacional en dos sectores: roquistas y pellegrinistas.
Antes de la convención, Pellegrini se perfilaba como el principal candidato a la presidencia de la Nación pero durante el desarrolló de la misma, Roca logró bloquear la candidatura de Pellegrini. Por esa razón, Pellegrini acusó públicamente a Roca de destruir al Partido Autonomista Nacional. La ruptura entre ambos, que se insinuó en la segunda presidencia de Roca, terminó por concretarse y Pellegrini fundó el Partido Autonomista. Por tal motivo Pellegrini y sus partidarios abandonaron la convención, cosa que también hizo el núcleo político que lideraba Bernardo de Irigoyen.
Debido a la ruptura con Pellegrini y con parte de la dirigencia del interior, Roca tuvo que pactar con Marcelino Ugarte, gobernador de Buenos Aires, quien impuso el nombre de Manuel Quintana como candidato a la presidencia para intentar posicionarse él como su sucesor. El triunfador de la Convención de Notables fue Marcelino Ugarte quien pudo imponer a Manuel Quintana, que era un hombre "extraño a los partidos" y que había sido rival político de Roca en 1893/1894 cuando se desempeñaba como hombre fuerte del gobierno de Luis Sáenz Peña, como presidente y aceptó al cordobés José Figueroa Alcorta, nombre que impulsaban las dirigencias del interior asociadas al oficialismo, como vicepresidente.
En febrero de 1904, Yrigoyen organizó una convención partidaria, la primera desde la convención de 1897 que debatió la política de las paralelas. Sin embargo, casi ningún antiguo alemnista o bernardista regresó a las filas partidarias y el radicalismo que se reorganizaba estaba compuesto casi exclusivamente por aquellos hombres que formaron parte del viejo grupo radical bonaerense de Yrigoyen.
La reconstrucción de la UCR llevada a cabo por Yrigoyen mostró una serie de rasgos distintivos. Para reunir al partido, el líder bonaerense recurrió a los símbolos sagrados del radicalismo: la figura de Alem, la revolución de julio de 1890, las convenciones partidarias y la revolución. Yrigoyen supo emplear la simbología partidaria para darle a su organización una imagen de continuidad con la agrupación original.
Obviamente no fue mencionado que durante la década de 1890 el sector político de Yrigoyen se había comportado como una organización independiente del tronco partidario, que su líder había mantenido una tensa relación con Alem, que la participación de Yrigoyen en la revolución del Parque de 1890 había sido menor, que se sospechaba que se había negado a cooperar en los alzamientos armados proyectados por Alem después de 1893, y que había desafiado la autoridad de la última convención del partido en 1897.
Mientras que otros sectores del viejo radicalismo se habían dispersado y fundido en diferentes partidos políticos, Yrigoyen se presentaba como el heredero legítimo de la Unión Cívica Radical, leal a sus objetivos y estrategias fundacionales. La nueva organización radical se manifestaba contra la omnipotencia del PAN, contra su política económica, contra la corrupción, y contra la ausencia de garantías para elecciones limpias.
La UCR retomaba en parte su viejo lenguaje y estilo, aunque lo hacía en un contexto marcadamente distinto al anterior y con algunas particularidades propias. En la primera década del siglo XX, el PAN se encontraba en plena decadencia y completamente dividido, la economía retornaba a sus altos ritmos de crecimiento y nuevos partidos políticos, como el Socialista y el Republicano, experimentaban los beneficios directos de la competencia electoral.
El 29 de febrero de 1904, el recién reorganizado Comité Nacional de la Unión Cívica Radical declaraba la abstención electoral del partido en las elecciones presidenciales y legislativas del año 1904. Pero mientras declaraban su abstensión electoral para los comicios de 1904, sus dirigentes conspiraban. Hipólito Yrigoyen había recorrido el país convenciendo y comprometiendo a centenares de militantes radicales y jóvenes oficiales del Ejército, e incluso había formado una junta revolucionaria que lideraba, secundado por José Camilo Crotto, Delfor del Valle y Ramón Gómez.
El objetivo inicial era que este movimiento revolucionario estallara el 10 de septiembre de 1904, durante el gobierno de Julio Roca. Pero la revolución debió postergarse. El gobierno sospechaba y había tomado algunas medidas preventivas. Yrigoyen, único que conocía toda la trama revolucionaria, decidió esperar el momento adecuado.
El 12 de octubre de 1904, Roca completó su mandato presidencial y entregó la presidencia a su sucesor, Manuel Quintana. Por su parte, Yrigoyen les explicaba a sus correligionarios que no se trataba de una revolución contra una persona sino contra "el Régimen", por lo que poco importaba si se iniciaba antes o después.
Finalmente, en la madrugada del 4 de febrero de 1905, el movimiento revolucionario cívico-militar, que se venía preparando desde principios de 1904 por los dirigentes de la Unión Cívica Radical y aliados dentro del Ejército, se inició en la Capital Federal, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Rosario y Santa Fé.
En la Capital Federal, el elemento clave del complot era la toma del Arsenal, desde donde se distribuirían armas a grupos de militantes radicales. Sin embargo, una infidencia permitió al gobierno conocer el plan revolucionario. El general Carlos Smith, jefe del Estado Mayor, en colaboración con el coronel Rosendo Fraga, jefe de policía de la Capital Federal, se anticipó y se hizo fuerte en el Arsenal, impidiendo el levantamiento de los vecinos regimientos 1 y 10 de infantería. De esta forma evitó que grupos de revolucionarios civiles fueran provistos de armamento. Sin esas armas el plan estaba destinado a fracasar. Si bien en las jornadas previas el caudillo radical había advertido la posibilidad de un fracaso, ya era tarde para dar la contraorden. No obstante, lo ocurrido en el Arsenal no fue suficiente para detener a centenares de militantes radicales que, durante toda la madrugada, atacaron numerosas comisarías de la ciudad.
El gobierno del presidente Manuel Quintana, que conocía los planes revolucionarios, reaccionó con rápidas medidas: declaró el estado de sitio en todo el país por los próximos noventa días, y estableció la censura de prensa. La policía, leal al gobierno nacional, allanó decenas de edificios en busca de revolucionarios. Tan sólo algunas tropas del 9 regimiento de Infantería marcharon hacia Buenos Aires desde Campo de Mayo, pero poco después se dispersaron. Las tropas leales y la policía recuperaron pronto las comisarías tomadas por sorpresa y los cantones revolucionarios. Al mediodía del 4 de febrero la revolución en la Capital Federal había sido vencida completamente.
Pero no ocurría lo mismo en otros lugares del país. El levantamiento había tenido éxito en Mendoza, Córdoba y Bahía Blanca, donde los civiles habían contado con el apoyo de varios regimientos militares. En Mendoza, toda la guarnición militar se sumó al alzamiento junto a un regimiento de artillería de montaña de San Juan. Estas tropas proveyeron armas a los civiles que se identificaban con sus boinas blancas. Los revolucionarios atacaron la capital mendocina, se llevaron 300.000 pesos del Banco Nación y atacaron los cuarteles defendidos por el teniente Basilio Pertiné. El gobierno mendocino y algunos militares intentaron resistir en la Casa de Gobierno pero depusieron las armas. José Néstor Lencinas, jefe de la Junta Revolucionaria, constituyó un gobierno provisional luego de derrocar al gobernador constitucional Carlos Galigniana Segura.
En Córdoba, las tropas militares al mando del coronel Daniel Fernández se movilizaron desde las primeras horas de la madurgada y comenzaron a moverse luego de una arenga del coronel Fernández, en la que dijo: “¡Soldados: vamos a realizar una cruzada trascendental! Para la argentinidad próxima a morir, que es el reverso de Caseros y Pavón”!
Las tropas militares rebeldes tomaron la Jefatura de Policía, coparon la ciudad capital y se enfrentaron contra las tropas leales al gobernador Olmos, dirigidas por el coronel Gregorio Vélez. Las hostilidades, duraron hasta el mediodía y arrojaron varios muertos de ambos bandos. Una vez finalizados los comabates, derrocaron al gobierno de José Vicente Olmos para imponer un gobierno provisional al mando del coronel Daniel Fernández, acompañado por Abraham Molina y Aníbal Pérez del Viso como ministros. La proclama difundida en Córdoba marca el tono de los revolucionarios radicales: "... ha llegado el día en que termina el régimen oprobioso que ha dominado el país desde hace 30 años, cubriéndolo de ignominia ante propios y extraños".
En Córdoba, los revolucionarios radicales tomaron como rehenes al gobernador Olmos, al vicepresidente José Figueroa Alcorta, que por casualidad se hallaba en Córdoba, al diputado Julio Roca, hijo del general Julio Argentino Roca, a Francisco J. Beazley, que regresaba de actuar como interventor en San Luis, a Felipe Yofre, exministro del Interior durante la presidencia de Roca, al Barón Antonio Demarchi, yerno del expresidente Roca, entre otros funcionarios y dirigentes políticos de la oposición.
Los radicales también se dirigieron hacia la estancia La Paz, propiedad de Julio Argentino Roca, para intentar detener al expresidente, pero Roca, que había sido advertido de que los revolucionarios se dirigían hacia su estancia, logró escapar de ser tomado prisionero y se dirigió a la vecina provincia de Santiago del Estero.
En Rosario las tropas militares radicales marcharon desde San Lorenzo hacia Rosario, donde grupos civiles habían tomado la estación del Ferrocarril Central Argentino. En Rosario también se produjeron intensos combates en la zona del Arroyito. Sin embargo, conocido el fracaso de la revolución en Buenos Aires, las tropas sublevadas retornaron a sus cuarteles, y abandonaron a su suerte a los civiles.
Las tropas sublevadas en Bahía Blanca y otras ciudades del interior ni tuvieron perspectiva, ni hallaron eco en el pueblo. El presidente Manuel Quintana empleó la misma táctica usada en 1893 para sofocar el movimiento radical; el estado de sitio se convirtió en ley marcial. Pese a los éxitos iniciales en Córdoba y Mendoza, el gobierno nacional mantenía la situación bajo control y envió tropas desde diferentes puntos del país para reducir los focos revolucionarios.
La intentona revolucionaria no había prosperado en las otras provincias, y los radicales cordobeses quedarían solos en la lucha. En búsqueda de una salida a la difícil situación, el ministro revolucionario Aníbal Pérez del Viso llevó al vicepresidente Figueroa Alcorta hasta las oficinas del telégrafo, donde le hizo establecer comunicación con el presidente Manuel Quintana. Una vez realizada la misma, Pérez del Viso tomó el lugar de Figueroa Alcorta y comenzó a proponer distintas soluciones, que obviamente protegían a los insurrectos. Los revolucionarios llegaron a solicitarle al presidente Quintana su renuncia a cambio de la vida del vicepresidente Figueroa Alcorta, sin embargo el presidente no cedió y la amenaza no fue ejecutada.
Al acercarse las poderosas columnas encabezadas por los generales Lorenzo Winter e Ignacio Fotheringham, los revolucionarios en Córdoba y Mendoza comenzaron a dispersarse. Finalmente la Junta Revolucionaria Radical decidió deponer las armas para evitar más derramamiento de sangre. El 8 de febrero, no quedaba ningún foco revolucionario en toda la República. Inmediatamente, el gobierno del presidente Manuel Quintana, detuvo y mandó a enjuiciar a los sublevados, que fueron condenados con penas de hasta 8 años de prisión y enviados al penal de Ushuaia, muchos otros se exiliaron en Chile o Uruguay. En el caso de los militares, quienes se plegaron al alzamiento perdieron sus carreras.
La represión se llevó a cabo contra los revolucionarios radicales y simultáneamente contra el movimiento obrero, los socialistas y sus organizaciones, su prensa, etc, aunque ellos no había tenido ninguna vinculación con el movimiento del 4 de febrero. Fueron detenidos centenares de gremialistas, la prensa socialista y anarquista fue prohibida, se allanaron los locales de los periódicos La Vanguardia y La Protesta, entre otros, y los locales sindicales fueron clausurados.
Después de los sucesos del mes de febrero, Quintana se dirigió al Congreso y dijo al respecto: "Al recibir el gobierno conocía la conspiración que se tramaba en el Ejército y por eso dirigí aquella incitación para se mantuviera extraño a las agitaciones de la política invocando al mismo tiempo el ejemplo de sus antepasados y la gloria de sus armas. Una parte de la oficialidad subalterno no quiso escucharme y ha preferido lanzarse a una aventura que no excusa la inexperiencia ante los deberes inflexibles del soldado".
Luego de la derrota de la revolución, Yrigoyen se retiró a la clandestinidad ya que era buscado por las autoridades nacionales y durante meses no se tuvo noticias sobre su paradero. Finalmente, el 19 de mayo, se presentó ante la Justicia para asumir su responsabilidad como jefe máximo de la Junta Revolucionaria.
La revolución fue derrotada, pero desencadenaría una corriente de cambio institucional dentro del oficialismo que ya no podría ser detenida. El Partido Autonomista Nacional se había dividido, y tanto Carlos Pellegrini como Roque Sáenz Peña, principales referentes del nuevo Partido Autonomista, fundado en 1903, comprendían la necesidad de realizar profundos cambios institucionales si se pretendía contener el creciente conflicto social y político.
Aunque por el momento las hostilidades contra el gobierno nacional seguían en alta y el 11 de agosto de 1905 se produjo un atentado contra Quintana, mientras se dirigía en su carruaje a la Casa de Gobierno, un hombre dispara varias veces contra el presidente sin lograr hacer fuego. El coche siguió su marcha, y los agentes de custodia detuvieron al agresor, que resultó ser un obrero catalán llamado Salvador Planas y Virella, simpatizante anarquista, que actuó por iniciativa propia.
En marzo de 1906 fallece el presidente Manuel Quintana y es reemplazado en el cargo por José Figueroa Alcorta, quien hasta entonces era el vicepresidente de la Nación y se inclinaba políticamente hacia el pellegrinismo. En junio de 1906, Figueroa Alcorta y Pellegrini impulsan una Ley del Olvido, para ofrecer una amnistía general a todos los radicales participantes de la revolución del año anterior, desterrados en Uruguay y Chile o que se hallaban ocultos o presos.
En los años que siguieron, el radicalismo fue creciendo en apoyo entre los sectores de la incipiente clase media de la Capital Federal y del interior, especialmente entre aquellos jovenes profesionales, hijos de inmigrantes. También cambió la composición social de la dirigencia radical con respecto a aquella de la década de 1890. La mayoría de sus dirigentes pareció provenir mayormente de fdamilias que habían llegado al país en fechas recientes y que habían tenido poca o ninguna participación en política. En comparación a aquella luego de la Revolución del Parque, en donde sus dirigentes provenían de familias tradicionales del país.
El sistema político también fue cambiando en aquellos años, cuando un sector de la clase dirigente decidió una apertura y una transformación de las reglas de juego de la política. Los reformistas encabezados por el presidente Figueroa Alcorta creían en la necesidad de promover una reforma electoral que estableciera un gobierno realmente representativo. Y la reforma electoral finalmente llegó, en 1912, de la mano de Roque Sáenz Peña. Cuatro años después, el 12 de octubre de 1916, el líder de la revolución de 1905, Hipólito Yrigoyen, asumía como presidente de la Nación.
