Pinochet: "A estos huevones me los fusilan a todos"
Miembros de la custodia de Allende fueron de los primeros fusilados por la represión que marcó los 17 años de dictadura.
La Nueva Tribuna
Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
Poco después del mediodía del 11 de septiembre de 1973, el Palacio presidencial de La Moneda ardía en llamas bajo el bombardeo aéreo de los militares golpistas, cuando un grupo de hombres abandonó el edificio y se rindió. Eran los integrantes del GAP -Grupo de Amigos del Presidente, encargados de la seguridad personal de Salvador Allende-, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y algunos asesores que acompañaban al presidente chileno en las horas finales del ataque al Palacio. Los hombres fueron llevados al Regimiento Tacna, brutalmente torturados y dos días después enviados en camiones al campo militar de Peldehue, donde fueron sumariamente ejecutados. Simultáneamente, por todo Chile los militares llevaban a cabo una cacería implacable a los seguidores del gobierno socialista depuesto. Allende estaba muerto y centenares de sus partidarios morirían en los próximos días. El régimen militar que se instauraba en Chile por 17 años estaría marcado por la brutalidad y por la práctica de ejecuciones sumarias, teniendo a los GAP entre sus primeras víctimas.
El país estaba bajo estado de sitio. Millares de chilenos eran llevados a campos de prisioneros improvisados. Eran tantos que once estadios de fútbol fueron convertidos en prisión y centros de tortura. El bando número 1 de los militares decía que cualquier “acto de sabotaje” sería castigado “en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos”. Los comandantes y jefes de zona estaban autorizados a realizar consejos de guerra y aplicar la Ley de Fuga para justificar las ejecuciones.
Las embajadas extranjeras estaban llenas de perseguidos que
intentaban obtener asilo político y escapar a la prisión y la muerte.
Miles buscaron protección de diversos organismos internacionales y otros
optaron por abandonar el país clandestinamente.
Cinco horas después del inicio del golpe, la Junta Militar
emitió el bando número 10. Contenía los nombres de 92 integrantes del
gobierno depuesto de la Unidad Popular que deberían presentarse al
Ministerio de Defensa antes de las cuatro de la tarde. Luis Maira
era uno de ellos. Durante 12 días, el ex coordinador del grupo
parlamentario de la UP, entonces con 33 años, se escondió en Santiago,
cambiando de dirección cada 24 horas, hasta conseguir asilo en la
embajada de México. Allí estuvo por nueve meses con otros 200 chilenos,
hasta conseguir partir al exilio.
Cincuenta años después Maira recordó, en declaraciones al diario chileno “La Tercera”, que decidió dejar el país al escuchar el duro pronunciamiento del comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, por cadena nacional. “Dijo que habían detenido a muchos extremistas, pero que se habían dado cuenta de que las listas no tenían las debidas prioridades, por lo que habían seleccionado a 13 personas, a los dirigentes principales a los que calificó de marxistas antipatriotas. [Deberían] detenerlos para interrogarlos, apremiarlos y castigarlos”, recordó Maira. “Me di cuenta de que ya no tendría muchas posibilidades de sobrevivir”, añadió.
El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos
El miedo imperaba en el país. Desde las primeras horas del nuevo régimen, los chilenos tenían noticias de torturas y muertos. Y también de delación de ciudadanos, que denunciaban a vecinos, colegas de trabajo, adversarios, que acababan detenidos y muchas veces muertos. Las universidades y los medios de comunicación fueron intervenidos. Se declaró la disolución de todas las organizaciones de trabajadores, campesinas, estudiantiles, culturales, gremiales y deportivas.
Por decreto, los registros electorales fueron quemados, por el motivo obvio de que estaba suspendida la democracia representativa por el voto. La represión era indiscriminada. Parte de la historia de este período está documentada en el impresionante Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en Santiago, fundado en el 2010 para que no sea olvidada (MMDH - Museo de la Memoria y los Derechos Humanos).
Con la vuelta de la democracia, en marzo de 1990, fue creada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig -por el nombre de su presidente, el jurista Raúl Rettig-, para investigar los crímenes cometidos por la dictadura contra los derechos humanos. Más tarde, otro grupo, la Comisión Valech -por el obispo Sergio Valech- dio continuidad a dicho trabajo.
En los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas: 2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas
Según los informes Rettig (1991) y Valech (2003), ambos actualizados con el tiempo, en los 17 años de dictadura hubo 3.216 personas muertas: 2.129 ejecutadas, 1.087 desaparecidas. El 68,57 % de las detenciones reconocidas por la Comisión Valech ocurrieron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973. El número de personas que sufrieron prisión política y/o torturas, fue de casi 40.000. A pesar de la concentración de víctimas en los primeros meses, la práctica de la prisión, tortura y ejecución contra los opositores fue mantenida durante muchos años.
La ejecución de los miembros de seguridad del presidente Allende el día 13 de septiembre de 1973 fue típica de lo que ocurriría en los años siguientes. El episodio fue reconstruido en detalle por Jorge Escalante, en el reportaje “Yo maté a los prisioneros de La Moneda”, publicado en 2002 en el diario “La Nación”. Uno de los periodistas chilenos que más investigó sobre el aparato represivo, Escalante consiguió entrevistar a uno de los militares que participó en la ejecución de los GAP, que relató lo ocurrido.
Después de que llegaron al regimiento Tacna, a poco más de un kilómetro del Palacio de la Moneda, los hombres fueron mantenidos boca abajo, tendidos en el suelo. Durante dos días fueron torturados. El general Pinochet en persona fue hasta el lugar. Uno de los presos, Pablo Zepeda Camilliere, consiguió escapar pues lo trasladaron por error al Estadio Chile. Zepeda, cuenta el periodista, asistió al siguiente diálogo entre Pinochet y el comandante del regimiento, Joaquín Ramirez Pineda.
Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP
Pinochet le pregunta quiénes son los prisioneros. “Estos son los escoltas de Allende, mi general, son los GAP y otros asesores”. Pinochet es directo en la respuesta: “A estos huevones me los fusilan a todos”. El relato coincide con lo que Escalante oyó del coronel Fernando Reveco Valenzuela. Según el coronel “Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando cómo torturaban a los GAP”.
El número de ejecutados en este episodio es incierto, pero de acuerdo con relatos de algunos militares fueron 27 los guardaespaldas, asesores y agentes presos después de rendirse en La Moneda. Todos menos Zepeda fueron llevados en un camión, atados de pies y manos, hasta el campo militar de Peldehue, en las afueras de Santiago. Al llegar al destino se les desataron los pies para que dieran los últimos pasos de su vida. Uno a uno, fueron ejecutados a tiros de ametralladora y lanzados directamente en un pozo seco y profundo, con las manos atadas.
Los militares volvieron al mismo pozo en 1978 para llevar a cabo otra operación. En aquel año fueron encontrados los cuerpos de 15 campesinos que habían sido presos por una patrulla de carabineros el 8 de octubre de 1973, en la comunidad rural de Isla de Maipo, sin que nunca más aparecieran. Sus restos mortales estaban dentro de unos hornos abandonados de una mina de cal de Lonquén. Era la primera prueba concreta de lo que todos en el país sabían, pero que los militares negaban descaradamente: que el gobierno ejecutaba opositores y que había detenidos-desaparecidos. Fue un doloroso descubrimiento para los familiares de decenas de desaparecidos: sus seres queridos, muy probablemente estaban también muertos.
Para los militares, el momento era de alerta. La aparición de nuevas víctimas de ejecuciones dejaría al régimen vulnerable a las presiones internas y de la comunidad internacional. La orden era hacer desaparecer todos los restos mortales escondidos clandestinamente en Chile. Fue así que, en diciembre de 1978, un vehículo militar se estacionó junto al pozo de Peldehue. Los soldados desenterraron lo que encontraron de los cuerpos de los GAP y otros asesores de Allende ejecutados cinco años antes. En sacos, fueron embarcados en helicópteros Puma y lanzados al mar, bien lejos de la costa en el Océano Pacífico. El procedimiento macabro se repitió en otras tumbas clandestinas por todo el país.
En marzo de 2001, once años después de la redemocratización, fueron realizadas nuevas pesquisas en el pozo de Peldehue por orden judicial. Los peritos encontraron quinientas piezas óseas, lo que permitió identificar a algunos de los ejecutados: tres miembros del GAP, un ingeniero, un sociólogo y un médico psiquiatra.
Al comienzo de la dictadura, la violación sistemática de los derechos humanos fue ejecutada por medio de órganos estatales que ya existían: Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero pronto otras estructuras fueron creadas especialmente para este fin. En 1974 surgió la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cuyo comando estuvo el coronel Manuel Contreras, que respondía directamente a Pinochet. Todos los días Contreras iba a buscar al dictador a su casa y le acompañaba en coche hasta su despacho, momento en el que le informaba detalladamente de sus operaciones. Conocida por su brutalidad, la DINA persiguió de forma implacable a los izquierdistas que estaban en la clandestinidad. Un año después surgió el Comando Conjunto, una organización clandestina que dependía de la Fuerza Aérea y que actuó durante dos años.
En 1977 la DINA fue sustituida por la Central Nacional de Informaciones (CNI), que actuó hasta 1990. La disolución se produjo por presión de los EE.UU., cuando se constató que agentes del órgano estaban involucrados en el asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier. El atentado ocurrió en septiembre de 1976 y en él murió también la americana Ronni Moffitt. Uno de los implicados en el asesinato fue el ciudadano estadunidense Michael Townley, reclutado como agente de la DINA. Townley fue también el asesino del general Carlos Prats, ministro de Defensa de Allende, que murió junto a su mujer en un atentado con bomba en Buenos Aires, en septiembre de 1974.
El rastro de sangre de la Caravana de la Muerte
Uno de los casos más emblemáticos de la barbarie de la dictadura fue conocido como La Caravana de la Muerte, en 1973. Pocos días después del golpe, Pinochet ordenó una operación de caza y eliminación de los partidarios de Allende en todas las regiones del país. El mando de la misión le fue entregado al general Sergio Arellano Stark, que debería revisar los procesos judiciales iniciados inmediatamente después del golpe contra partidarios de la Unidad Popular, y exigir el máximo castigo. El día 30 de septiembre, la comitiva partió al sur de Chile a bordo de un helicóptero militar Puma y recorrió la zona de Puerto Montt. Enseguida partió hacia el norte, entre Arica y La Serena. En cada ciudad en donde se posaba, el Puma de Arellano Stark dejaba un rastro de sangre. La misión concluyó el 22 de octubre. En menos de un mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas.
En menos de un mes, La Caravana de la Muerte ejecutó al menos a 72 personas
La dinámica de esta operación fue revelada magistralmente por la periodista chilena Patricia Verdugo en su célebre libro Los Zarpazos del Puma, que años más tarde se convirtió en uno de los expedientes acusatorios más importantes sobre los crímenes cometidos por el general Augusto Pinochet y sus cómplices. Una de las muchas paradas de La Caravana de la Muerte fue en la ciudad de La Serena, según relata Patricia Verdugo:
“El helicóptero Puma llegó a La Serena el martes 16 de octubre de 1973, alrededor de las once de la mañana. El comandante del regimiento motorizado de Arica, teniente coronel Ariosto Lapostol Orrego, recibió al general Sergio Arellano en el aeropuerto local y fue notificado de la calidad extraordinaria que ostentaba: Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y la Junta Militar de Gobierno (…) Dos jeeps militares con boinas negras se estacionaron frente al recinto carcelario como a las 13 horas y aumentó ostensiblemente la guardia militar frente a la puerta. Quince prisioneros fueron sacados rumbo al regimiento poco antes de las 14 horas. Su salida quedó registrada en el folio número 35 del Libro de Detenidos 1973. Y, como a las 16 horas, se escucharon fuertes y repetidas descargas de metralletas”. Los ejecutados eran todos jóvenes socialistas.
En 2015, el general en la reserva Joaquín Lagos Osorio, comandante militar de la región de Antofagasta en aquella época, haría un tenebroso relato a la fiscalía, aunque con una pequeña discrepancia en el número de presos: “La Comitiva del General Arellano había sacado del lugar de detención a 14 detenidos que estaban en proceso, los había llevado a la quebrada del ‘Way’ y los habían muerto a todos con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición; después habían trasladados los cadáveres a la morgue del Hospital de Antofagasta y como ésta era pequeña y no cabían todos los cuerpos, la mayoría estaba afuera. Los cuerpos estaban despedazados, con más o menos 40 tiros cada uno y en estos momentos así permanecían al sol y a la vista de todos cuantos pasaban por ahí. Ordené que armaran sus cuerpos, los médicos militares y del hospital, y avisaran a los familiares y les hicieran entrega de los cuerpos, en la forma más digna y rápida posible”.
En aquel momento el general Arellano y su comitiva ya volaban a bordo del Puma en dirección a Copiapó, donde ejecutaron a otros 14 presos.
En junio de 2023, la Corte Suprema condenó a cuatro militares retirados por la muerte de 12 opositores en la ciudad de Valdivia, dentro de la operación de La Caravana de la Muerte. Entre ellos estuvo el general retirado Santiago Sinclair, de 92 años, que fue brazo derecho de Pinochet en la represión política. A pesar de la edad, cumplirá la pena en la cárcel. El general Arellano murió en 2016, con 94 años, sin pagar por sus crímenes. Llegó a ser condenado en 2008 a seis años de prisión, pero no cumplió su pena por sufrir de Alzheimer.
La periodista Patricia Verdugo vivió su propio drama familiar durante la dictadura. En 1976 su padre fue secuestrado y días después su cuerpo apareció flotando en el río Mapocho, que corta Santiago. El constructor civil Sergio Verdugo Herrera era jefe del Departamento de Abastecimientos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales e investigaba un caso de corrupción en la empresa estatal. Para su desgracia, el caso involucraba a militares del nuevo régimen.
Verdugo es también autora de Quemados Vivos, sobre otro caso de gran repercusión. En 1986, cuatro años antes del fin de la dictadura, los chilenos osaban salir a las calles contra el régimen militar. En julio de aquel año, una protesta fue violentamente reprimida por agentes del Ejército en la comuna de Estación Central. Los militares actuaron de forma especialmente cruel contra dos jóvenes: la psicóloga Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, que fueron golpeados y tuvieron gran parte de su cuerpo quemado con el combustible que les arrojaron los propios carabineros. Rojas murió y Quintana sobrevivió con graves secuelas.
Un año antes, en marzo de 1985, otro episodio terrible conmovió al país: el Caso de los Degollados. Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes del entonces proscrito Partido Comunista, fueron secuestrados cuando andaban en diferentes lugares de la capital. Forzados a entrar en vehículos y llevados a un cuartel, fueron torturados y degollados. Sus cuerpos aparecieron cerca del aeropuerto internacional de Santiago.
Otra operación macabra ocurrió en junio de 1987, esta vez contra doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nueve hombres y tres mujeres fueron asesinados por agentes de la Central Nacional de Informaciones con el objetivo de aniquilar la organización, que un año antes había realizado la fracasada tentativa de asesinato contra el general Augusto Pinochet. Se conoció como Operación Albania. Veinte años después, la Justicia condenó a cadena perpetua al ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, por su participación en el crimen.
Tres meses después, la CNI detuvo a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo
Fuenzalida Navarrete, Julio Muños Otárola, Julián Peña Maltés y
Alejandro Pinochet Arenas. Fueron acusados del secuestro de un coronel
del Ejército. Llevados al cuartel Borgoño -el recinto operativo más
importante de la CNI- fueron torturados y recibieron una inyección
letal. Los cuerpos fueron amarrados con rieles de ferrocarril y un
helicóptero del Ejército los arrojó al mar. Fueron considerados los
últimos detenidos-desaparecidos de la dictadura. Pero no serían las
últimas víctimas. El 27 de octubre de 1988, los dos máximos dirigentes
del FPMR, los comandantes José Miguel y Tamara, fueron detenidos, torturados y sus cuerpos fueron arrojados al río Tinguiririca.
Como señaló Carlos Huneeus en su libro El Régimen de Pinochet, la dictadura “conservó el carácter de un Estado policial a lo largo de sus 17 años de vida, con un estricto control de la población y una sistemática persecución de las organizaciones opositoras”. Fue un gobierno que tuvo como característica adicional estar fuertemente centralizado en Pinochet, al punto de que éste se jactaba de que “no se movía una hoja en Chile” sin que él lo supiera.
Seis meses después del golpe, el periodista brasileño Eric Nepomuceno escribió un largo artículo sobre su encuentro secreto con integrantes de la resistencia chilena, publicado en la mítica revista argentina Crítica, que dirigía entonces Eduardo Galeano. Nepomuceno observó: “De todo lo que los militares hicieron por Chile después de septiembre, acaso su obra más perfecta sea la represión, el terror impuesto y grabado en la gente, ese extraño olor a miedo y muerte que hay en cada sitio”.
El cineasta Patricio Guzmán, que filmó el documental La Batalla de Chile -un raro registro audiovisual de los años de Allende-, tiene una visión
semejante 50 años después: “El Golpe de Estado fue tan poderoso, tan
devastador; el hecho de que hayan matado tres comités centrales del PC,
dos del PS, el MIR fue exterminado, una cantera de jóvenes maravillosos,
todos muertos y torturados en las condiciones más terribles, eso creó
una sensación de ‘no te muevas, porque si no eres tú es tu hijo al que
lo van a tomar preso’. Creo que ese trauma fue desproporcionado y feroz.
No hay cosa peor que el terror”, dijo en declaraciones al diario
chileno “The Clinic”.
En base a documentos norteamericanos desclasificados, Dinges sostiene que el presidente argentino Juan Domingo Perón, que fallecería poco después, estaba preocupado con los informes de inteligencia sobre la existencia de la Junta Coordinadora Revolucionaria, integrada por Montoneros, MIR y Tupamaros, entre otros, y de una reunión cerca de Mendoza. Después de esa reunión en Argentina, que puede considerarse como anterior al Cóndor, hubo unas 120 víctimas que cayeron como resultado de esta inicial coordinación represiva.
La coordinación comenzó cuando Chile invitó a agentes de inteligencia de los países vecinos, en particular de Brasil, Uruguay y Argentina, para llevar a cabo interrogatorios de los prisioneros que eran buscados en sus países.
En entrevista con el diario argentino “Clarín”, Dinges aseguró: “Perón aprobó medidas contra ellos, a quienes definía como extremistas marxistas”. Después del golpe del 76, Argentina fue el país más activo: el número de crímenes de Cóndor cometidos en dicho país fue de 469 detenidos, la mayoría desaparecidos, más 143 víctimas de nacionalidad argentina detenidos en otros países. Uruguay le sigue, con 294 víctimas de nacionalidad uruguaya, la gran mayoría detenidos en Argentina. Chile fue anfitrión de las dos primeras reuniones de la alianza Cóndor, pero en número de víctimas está en menor rango: 107 chilenos, la mayoría detenidos en Argentina y 52 crímenes cometidos contra extranjeros en Chile. Pero el Cóndor no solo actuó en los países vecinos, se documentaron operaciones en Europa, Estados Unidos (asesinato de Letelier) y en México.
Dinges sostiene que la CIA no participó ni en la creación ni en la ejecución de los operativos. Pero Estados Unidos fue cómplice, ya que conocía en detalle las operaciones y no actuó para evitar los crímenes.
