Argentina: El rol del gobierno en el ataque a La Tablada

“Coordinando” el ataque a La Tablada. 
Por Sebastián Miranda
Fuente: Prensa Republicana





El 23 de enero se cumplieron 27 años del ataque a los cuarteles de La Tablada. Cuando todavía no se había disipado el olor a pólvora, desde distintos sectores políticos se levantaron gravísimas acusaciones contra la rama Capital de la Coordinadora de la UCR, principal apoyo de R. Alfonsín para llegar a la presidencia, señalando a varios de sus integrantes como los responsables políticos de la acción en alianza con los terroristas del MTP. Este tema quedó en el olvido y espera aún hoy una investigación de la Justicia.

Abogados de erpianos

       Las vinculaciones entre los radicales y los grupos terroristas no eran nuevas, en 1972 S. Frondizi y R. Alfonsín actuaron como abogados defensores de varios integrantes del PRT-ERP, el segundo fue abogado defensor de O. Montanaro en la causa por el secuestro y asesinato del empresario O- Sallustro. El 4 de septiembre de 1985, el diario Ámbito Financiero dio a conocer una noticia titulada Efecto no deseado en el juicio al general Camps. El general (RE) Osiris Villegas –entonces defensor del general (RE) Ramón Camps– presentó ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas un escrito firmado por Alfonsín, F. Rodríguez Araya, C. González Gartland donde aparecían como defensores de M. R. Santucho, acusado del secuestro y asesinato de O. Sallustro.[1] El escrito formaba parte de la causa 305 caratulada Privación ilegal de la libertad y homicidio referida a la persona de O. Sallustro. En ella figuraban como imputados M. R Santucho, Da Silva Parreira, Liliana O. Montanaro y la defensa fue asumida por los mencionados abogados.

Las relaciones con el gobierno

        En el caso de Enrique Nosiglia –Ministro del Interior de Alfonsín y titular de la rama Capital de la Coordinadora- su hermana María Magdalena alias Pupi, Nora, hoy desaparecida, fue integrante del ERP.  Participó junto a su pareja Oscar Ciarlotti, en el secuestro del contralmirante Francisco Aleman el 1 de abril de 1973. Ciarlotti era sobrino del contralmirante. Refiriéndose al suceso E. G. Merlo afirmó:

“(…) Su sobrino, el Pato Ciarlotti y su compañera, Nora, facilitaron la detención de ese contralmirante. Tanto el Pato como Nora eran compañeros nuestros, Nora –se llamaba en realidad María Magdalena Nosiglia– era hermana de Coti Nosiglia, era una gran compañera, muy inteligente y de gran humildad. Desapareció en el ’76 en Rosario (…)”.[2]

G. Merlo hizo amplia referencia a los contactos de los sobrevivientes del PRT-ERP con el gobierno de Alfonsín: “Las conversaciones más importantes con el radicalismo las hicimos con Nosiglia, que en ese momento era Ministro del Interior y con Gil Lavedra, que lo secundaba en ese ministerio. Incluso el contenido de una de ellas fue publicado por los periódicos en los días previos a La Tablada (…)”.[3] Desde 1988 el jefe erpiano y del MTP vivía clandestinamente en un departamento en la calle Yerbal en el barrio de Flores alquilado a nombre de F. Provenzano, miembro del MTP e íntimo amigo de E. Nosiglia: “Esta relación entre Nosiglia y Provenzano fue muy publicitada en los meses previos al ataque por Guillermo Cherashny, ex rival del Coti en la Juventud Radical. Diez días antes del ataque del 23 de enero, Cherashny escribió una columna con el título “El ERP y la Coordinadora”. Allí decía que un sector del ERP liderado por G. Merlo y la Junta Coordinadora de la UCR –que lideraba Nosiglia– habían alcanzado un acuerdo táctico. En el mismo artículo, señalaba que G. Merlo había invertido un millón de dólares en un diario de centroizquierda. No aclaraba que era Página/12, pero se intuía (…). En su columna afirmaba que Nosiglia les había pedido a los dirigentes del MTP que denunciasen un pacto entre Menem y Seineldín. Cherashny también escribió sobre un encuentro entre Nosiglia y los dirigentes del MTP Felicetti y Provenzano a fines de diciembre en la confitería Paladiun”.[4]
        Las relaciones no pasaron desapercibidas para los medios de comunicación El 14 de diciembre de 1988 el diario El Cronista Comercial alertó sobre el peligro de las iniciativas que convocaban a la resistencia civil en una columna de noticias titulada Espontáneas:

      “Algunos sectores juveniles del radicalismo, en especial de la militancia de la Coordinadora bonaerense, que lidera Federico Storani, activan la formación de Comités de Defensa de la Democracia, cuya integración no está limitada a los cuadros radicales sino abierto a la participación de otros grupos políticos y de sectores independientes. Entre los embarcados en la iniciativa figuran por ejemplo, los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), entre cuyos máximos dirigentes revista E. G. Merlo, ex lugarteniente de M. R. Santucho y actual jefe de una de las facciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores”.[5]

      Al terminar los combates en los cuarteles de La Tablada, el 26 de enero de 1989 el diario Ámbito Financiero publicó una noticia: “Se ha comprobado también que insistentemente F. Provenzano se ha puesto en contacto con Carlos Ochoa, funcionario de la Secretaría del Interior [de Cuba] con quien mantiene un trato amistoso requiriéndole una entrevista con el doctor Facundo Suárez Lastra, alegando que ya consiguió las cosas que este último le había pedido y que al mismo tiempo espera unas respuestas de su parte”.[6] Ochoa era uno de los líderes más importantes del régimen castrista. La información no aclaraba qué era lo que F. Provenzano le había conseguido a Facundo Suárez Lastra, contra quien también se levantaron los dedos acusadores tras el ataque al RIM 3.  Provenzano murió en el ataque al RIM 3.

      Los encuentros entre E. Nosiglia y F. Provenzano también llamaron la atención de los propios radicales “A fines de 1988, los seguidores del riojano estaban convencidos de que sectores liberales del Ejército se opondrían de cualquier manera al triunfo del justicialismo. Y manejaban dos hipótesis: un atentado contra Menem o un golpe previo a las elecciones para asegurar la continuidad radical. En uno de ellos no hablaba de Nosiglia, pero sí del sector radical que él lideraba, y alertaba a estar atentos frente a un posible hecho desestabilizador organizado por la Coordinadora que tendría como objetivo la continuación del régimen socialdemócrata”.[7] Radicales y peronistas sospechaban que un sector de la Coordinadora intentaría alguna maniobra para privar al justicialismo de una segura victoria electoral y asegurar la continuidad del gobierno.

      El ex senador justicialista Horacio Félix Bravo Herrera escribió: “Medios periodísticos de Porto Alegre (Brasil) revelaron en su momento –y  entre nosotros, nadie tuvo en cuenta esa información- que el intendente comunal de esa ciudad brasileña había sido el anfitrión de una reunión social de la que participaron Enrique Nosiglia, Carlos Becerra, Enrique Gorriarán Merlo y Jorge Baños, en diciembre de 1988 (…). Es posible que en aquel encuentro en Brasil, los funcionarios gubernamentales y los dos miembros de la dirección del MTP hayan acordado los términos de una operación de acción psicológica que se desenvolvería –como ocurrió- a partir de enero de 1989, con la denuncia de una supuesta conspiración de Menem, Seineldín y Miguel. También su financiamiento, que habría sido abundante, al punto de tentar a Gorriarán Merlo y a Baños a continuar por su cuenta con un operativo como el llevado a cabo en La Tablada”.[8] La denuncia del senador era gravísima y nunca fue tenida en cuenta por la Justicia. La reunión se habría realizado el 23 de diciembre de 1988 en un bar de Vila Madalena en San Pablo con el fin de coordinar las acciones sobre el RIM 3.

      La hipótesis sostenida por los peronistas se vio alimentada por los contactos que el Ministerio del Interior tenía con Jorge Baños, abogado del CELS que resultaría abatido durante los combates en La Tablada:“(…) Los menemistas empezaron a prestarle atención cuando vieron que sus denuncias ocupaban grandes espacios en los canales y radios oficiales donde la Coordinadora tenía influencia. Además, se enteraron de que este abogado frecuentaba el despacho de Nosiglia. Aun no se sabía que Jorge Baños era el afortunado propietario de un departamento en Barrio Norte, comprado gracias a un crédito del Banco Hipotecario Nacional, manejado por la Coordinadora. En sólo tres días, en marzo de 1986, el BHN entregó 18.000 dólares. Sin dudas Baños era muy recomendado (…)”.[9]

      Tras el ataque nada menos que el ex presidente Arturo Frondizi disparó contra la Coordinadora. El diario La Prensa en su portada del 19 de septiembre de 1989 publicó una noticia titulada Frondizi acusó en Córdoba a Becerra por el copamiento de La Tablada. En la misma informaba: “El ex presidente Arturo Frondizi , acusó al ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Becerra, de haber sido quien organizó el copamiento del cuartel de La Tablada, perpetrado en enero último por el Movimiento Todos por la Patria (MTP). Él organizó todo –afirmó Frondizi-, porque es tan marxista como Marx. Y allí gastó nueve millones de dólares. De manera que lo de La Tablada fue organizado por el gobierno, dijo en alusión a la anterior administración. Expresó que el gobierno llamado radical, desde 1983 en adelante aplicó un plan soviético. Y esto se corresponde con las opiniones que tenía el doctor Alfonsín. Yo no soy enemigo de él, pero sostenía que el capitalismo es incompatible con la democracia, que era un sistema agotado. La idea de él era adoptar el socialismo”.[10]   Becerra fue otro de los blancos de las acusaciones tras el ataque ya que, además de ser integrante de la Coordinadora, en la Secretaría de la Presidencia se desempeñaban como funcionarios varios ex miembros del ERP e integrantes del MTP que participaron en el ataque al RIM 3.

      Otras acusaciones llegaron desde los sectores liberales representados por María Julia Alsogaray y su padre Álvaro. El  diario La Razón informó el 25 de enero de 1989: “La diputada liberal María Julia Alsogaray adjudicó al Ministro del Interior, Enrique Nosiglia, al jefe de la SIDE Facundo Suárez, las máximas responsabilidades de lo ocurrido en el regimiento de La Tablada pues, a su juicio los funcionarios solamente creen que la violencia proviene de la derecha”.[11] Nuevamente se apuntó a la Coordinadora y a la SIDE.

       Integrantes del ERP y del MTP también figuraban en cargos menores dentro de la administración radical: Oscar Ciarlotti (doble cuñado del Coti Nosiglia), Víctor Carlos Marchesini, Juan Manuel Murúa, Aníbal Luis Viale, Julio Neder, Marcelo Adrián Ambroggio (miembros del PRT-ERP) y el ex conscripto Hernán Alejandro Invernizzi. Este último actuó como entregador al permitir la entrada de un grupo del ERP al Comando de Sanidad del Ejército Argentino el 6 de septiembre de 1973 . Juan Manuel Murúa, alias Federico o teniente Caña, integró la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, participó en el asalto al Batallón 141 de Comunicaciones y fugó al Exterior junto con Enrique Gorriarán Merlo luchando en la revolución sandinista. Posteriormente se integró al MTP y murió durante el ataque al RIM 3. Julio César de Jesús Santucho: también fue miembro del PRT–ERP. Con la caída de la dirigencia de la organización se refugió en Italia. Volvió a la Argentina en 1996 y se desempeñó como asesor del entonces diputado Federico Storani.[12] Fue autor del libro Los últimos guevaristas donde hizo amplias referencias sobre las relaciones entre la UCR y el PRT–ERP.

       A pesar de todas estas acusaciones, la hiperinflación, los saqueos y la salida anticipada del gobierno de R. Alfonsín parecieron superar los hechos y la memoria y, una vez más, la Justicia no investigó.